Juan Manuel Santos, traidor

Tomado de El Espectador

Si algo le debe estar doliendo en lo más profundo de su ser a Álvaro Uribe es que haya sido Juan Manuel Santos quien ‘acabó’ con las FARC y no él, sobre todo porque el modo que tenía en mente para acabarlas era muy diferente al que logró imponer el actual mandatario.

Desde la tarde de septiembre de 2012 en que Santos anunció el inicio de conversaciones con las FARC, Uribe y sus corifeos del Centro Democrático no han dejado de vociferar a los cuatro vientos que el exministro de Defensa de la Seguridad Democrática traicionó la causa para la cual fue elegido. Eso es cierto hasta la mitad: los votos que en 2010 lo hicieron presidente sí le pertenecían en inmensa mayoría a Uribe, pero esa desventaja en su gobernabilidad se revirtió cuando cuatro años después fue reelegido con votos propios, enfrentado a los votos del candidato de Uribe que lo iba derrotando en la primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga.

Una acusación de traidor es palabra con sabor a INRI. Tal vez previendo que habrían de utilizarla, el mismo presidente Santos le dijo a Patricia Lara en entrevista del 31 de diciembre de 2010 que al terminar su gobierno lo llamarían “traidor de su clase”, como a Franklin Delano Roosevelt. Traidor no bajo la lente acusadora de Uribe, sino en la circunstancia del aristócrata y millonario que adelanta reformas sociales o económicas cercanas más a un ideario ideológico de izquierda que de derecha (Ver entrevista).

Este no es el caso de Juan Manuel Santos, por supuesto, quien ha aplicado un modelo económico neoliberal donde la venta de Isagén brilla con luz propia (venta que ya había intentado Zuluaga como ministro de Hacienda de Uribe),  sin desconocer iniciativas de corte liberal y progresista como las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras impulsadas por Juan Fernando Cristo, la última de las cuales tiene unidos contra el gobierno al procurador Alejandro Ordóñez y al todavía presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en férrea alianza con los despojadores de tierras.

Según Martha Ruiz, Consejera editorial de Semana, el presidente Santos “es un liberal pragmático, ortodoxo, racional y, sobre todo, institucionalista. Pero de ahí a ser un reformista en toda la extensión de la palabra, hay mucho trecho” (Ver columna). Eso es cierto, sin desconocer que la demoledora oposición del uribismo lanzó a Santos en brazos de la izquierda, quien supo agradecer el apoyo con sendos ministerios para el Polo y Alianza Verde, y ello impide apreciar que las descargas cerradas de Uribe contra el gobierno son ‘fuego amigo’, pues en lo económico son tan neoliberales este como su hábil sucesor.

Ahora bien, lo que no se puede soslayar es que Juan Manuel Santos sí fue, es y seguirá siendo un traidor de su clase por el solo hecho de haber llevado a buen puerto el proceso de paz. Una inmensa mayoría del empresariado nacional era partidaria de las tesis uribistas, por una sencilla razón: porque a cualquier poderoso industrial o banquero colombiano, sea el que fuere, le produce salpullido la sola idea de tener que saludar de mano un día de estos a Rodrigo Londoño Echeverri (antes conocido como Timochenko) en su calidad de senador del Frente Amplio para la Reconstrucción de Colombia - Esperanza de Paz (FARC-EP), nombre que al parecer pretenden usar como partido político.

Pero no es eso a lo que más le temen, sino al tribunal de justicia que se acordó en La Habana, definido como Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), el cual tendrá como objetivo “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. Un tribunal de similares características funcionó en Sudáfrica por iniciativa de Nelson Mandela durante las negociaciones de paz, y condujo a la más importante catarsis para esa nación, la del esclarecimiento de la verdad a todo nivel.

Es pertinente al respecto citar la sentencia que en mayo de 2015 emitió el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín con motivo de la condena al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde advirtió que “ese capítulo de los financiadores de los crímenes de los paramilitares aún está abierto; mientras los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz empiezan a recuperar su libertad tras pagar su pena alternativa de ocho años, quienes les entregaron millonarios recursos para garantizar su sostenimiento ni siquiera han sido investigados”. Y compulsa copias para que se investigue a reconocidos ganaderos de Córdoba, y pide que se procese a los fiscales que han dejado dormir en sus despachos esos procesos penales. (Ver sentencia).

En tal contexto, se entiende con claridad el alcance de esta frase del senador Uribe en su declaración tras la firma del acuerdo en La Habana: “cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió, como condición para no ser condenado a la cárcel”. (Ver declaración).

Ahí se hace palmaria la verdadera traición de Santos, de la que se resienten tanto Uribe como todo poderoso ganadero o empresario consciente de que habrá verdades que acabarán por destaparse. La Jurisdicción de Paz será un escenario de sinceramiento, catártico, donde no se descarta por ejemplo el general de la República que decida confesar de quién recibió las órdenes para colaborar con los grupos paramilitares o para poner en marcha la maquinaria genocida de los ‘falsos positivos’, o cualquier otra violación sistemática de los Derechos Humanos como las que por millares hubo durante el oprobioso régimen de la Seguridad Democrática.

La ‘ira y santo dolor’ de Uribe este 23 de junio fue evidente y es comprensible, pues le significó ser testigo inerme del primer triunfo político de las FARC ante el mundo y el país entero, al abrirse las compuertas para que los dirigentes de ese grupo sean escuchados sin el calificativo de terroristas, en igualdad de condiciones con la sociedad civil y con las fuerzas vivas de la nación.

¿Entienden ahora por qué Álvaro Uribe y gran parte del empresariado nacional ven en Juan Manuel Santos a un traidor de su clase? ¿Y se imaginan la cara destemplada que pondrán cuando la Academia Sueca le conceda el Premio Nobel de Paz, que merecido lo tiene?

DE REMATE: Dice el procurador Alejandro Ordóñez que “existen personas vinculadas a las FARC  que han recibido entrenamiento militar y están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos”, como “terrorismo y masacre de soldados e infantes de marina”. Justo el día anterior, se había caído un helicóptero con 17 soldados. ¿Qué coincidencia tan llamativa, no? ¿Será que de aquí en adelante se van a presentar nuevos “actos violentos”, atribuibles a lo que dice Ordóñez?

CODA: Es obvio que detrás del video de la joven Lina Quintero contra el proceso de paz que se volvió viral no solo hay un libreto armado y una maquiavélica edición de alto nivel, sino una organización política de extrema derecha. "Por el desayuno se va sabiendo cómo será el almuerzo". Esto es solo el comienzo de la PROPAGANDA NEGRA que se vendrá contra el proceso de paz y contra el gobierno de Santos.