martes, 25 de noviembre de 2014

María Isabel Rueda y su fábrica de ‘mala leche’



La periodista María Isabel Rueda se está convirtiendo a pasos agigantados en la ‘Negra Candela’ de la política, pero debido al prestigio del que todavía goza y a los poderosos –medios y políticos- que tiene detrás, muchos no se han dado cuenta. Entre los equivocados de buena fe está Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno y presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien el pasado lunes 24 de noviembre picó el anzuelo de la alharaca que la columnista conservadora desató con motivo de un nuevo aniversario del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Nacho Gómez le dijo a Caracol Radio que aunque no conoce detalles de lo ocurrido, cree que hay “acoso y censura” en que la Fiscalía le hubiera enviado una citación. Con todo el cariño y la admiración que se le tiene a tan ilustre colega, pero sabiendo que habla en representación de una fundación que defiende al gremio y vela por el cumplimiento de la ética periodística, conviene puntualizarle que es precisamente porque “no conoce detalles de lo sucedido”, que está desinformado al respecto.

En la mañana del lunes en mientes la ‘citada’ periodista puso el grito en el cielo y copó la atención mediática al denunciar que se siente “amedrentada” por la Fiscalía. Ocurre que desde hace dos meses en esa entidad le dieron nuevo impulso a la investigación por el crimen (¡que es lo que venía reclamando la familia Gómez Hurtado!) y ordenaron 40 pruebas, una de las cuales consistió en citarla para escucharla en el propósito de “elaborar un detallado perfil del doctor Álvaro Gómez Hurtado y de la victimización del periodismo de oposición en Colombia”. En otras palabras, se le estaba pidiendo una pinche colaboración informativa. Pero ella –ni boba que fuera- aprovechó el ‘papayazo’ que le dio la Fiscalía para sobreactuarse y armar un pandemónium de padre y señor mío, donde la única voz aterrizada fue la de Darío Arizmendi, quien manifestó su extrañeza por lo que consideró una simple solicitud de colaboración a una persona documentada en el tema.

Es natural que la opinión pública perciba como de buena fe la histérica reclamación que la periodista viene haciendo desde semanas atrás, por tratarse de alguien que trabajó muy cerca con el líder inmolado, en El Siglo como editora de las páginas editoriales y en 1984 como jefe de prensa de la campaña de su jefe a la presidencia, de donde pasó a dirigir el Noticiero 24 Horas, de la misma familia y corriente política. Y es también apenas natural que su amiga Vicky Dávila salga en su apoyo y se una al coro de las lamentaciones cuando dice que "a los periodistas hay que dejarlos hacer su labor”. Sea como fuere, hay que reconocer que la Fiscalía se equivocó en la citación, porque a María Isabel Rueda le sirvió como munición para disparar una poderosa ráfaga mediática contra el ente acusador, debido a que este se niega a seguir la línea de investigación que le quiere trazar la comunicadora, acorde con sus intereses políticos.

En lo que sí se equivoca doña Vicky es cuando dice que “la censura está a la vuelta con esto de citarla, como si ella supiera quién mató a Álvaro Gómez y dónde están los asesinos". Parece que ella no lee a su amiga y correligionaria política, pues basta con recordarle que en columna del pasado 9 de noviembre dijo esto: “Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ (…) ha hablado 4 veces ante la justicia. Ya dijo quién mató a Álvaro Gómez. Ya dijo por qué”. Como quien dice, ella sí sabe quién mató a Álvaro Gómez y dónde está su asesino.

Digámoslo sin ambages, para María Isabel Rueda el que mató a Álvaro Gómez fue Ernesto Samper. Eso no es nuevo, es una acusación que viene refregando de un tiempo para acá. ¿Y cuál prueba aporta? Lo que dijo ‘Rasguño’. Pero omite contar por un lado que según la revista Semana esas declaraciones son señal de que el hombre “¡está loco!”, y por otro lado que la Corte de Nueva York que en diciembre de 2013 lo condenó a 30 años de cárcel sentenció que “todas las declaraciones que había entregado el narcotraficante en procesos como el del magnicidio de Álvaro Gómez y la bomba del avión de Avianca carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para tratar de buscar beneficios jurídicos que le ayudaran a rebajar su condena”.

Además, esta acusación de nuevo cuño se contradice con una columna que ella publicó en Semana el 4 de agosto de 2007 (edición 1.318), donde dijo: “siempre he creído en la teoría de que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas, aliados muy probablemente con el narcotráfico del Valle, sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el magnicidio”. ¿Por qué hoy piensa otra cosa si en esa misma columna citó una declaración de alias ‘Rasguño’, según la cual fue “un favor del narcotráfico a políticos para ayudar"? Es una explicación que le está debiendo a la opinión pública, y quizá también a la Fiscalía, pues hoy acusa de asesino a un expresidente de la República y la única prueba que aporta es la declaración trasnochada y desvirtuada de un mafioso.

Pero no es la primera vez que uno repara en este tipo de actuaciones ‘mala leche’ de María Isabel Rueda: el 15 de enero de 2012, apenas a quince días de posesionado Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, se despachó con una columna titulada ‘La paja de Petro’, donde hizo un balance pormenorizado de sus anuncios (no de sus ejecutorias, considerando la brevedad de su gestión) y concluyó que “el 95 por ciento de sus propuestas no era viable, como se ha venido a demostrar en los pocos días que lleva como alcalde”.

Otro caso digno de recordación fue con motivo del lanzamiento de la campaña de Horacio Serpa al Senado, el 14 de agosto de 2013, cuando en llave con Vicky Dávila hicieron explotar justo ese día la ‘bomba’ de unas declaraciones que William Rodríguez Abadía (hijo y sobrino de los famosos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela) dio a una corte de Miami en busca de rebaja de pena, donde habló de dos supuestas reuniones que tuvo con Horacio Serpa, sin prueba alguna diferente a su palabra. Al día siguiente María Isabel Rueda dijo en La W que “esas revelaciones llevarán a que la propuesta del renacer liberal planteada por Simón Gaviria termine de pronto no incluyendo al doctor Horacio Serpa”. Si eso no es ‘mala leche’, debe ser que el kumis lo preparan con miel de abejas: la periodista convertía en noticia lo que trataba de propiciar, o sea que el director del Partido Liberal no incluyera a Serpa en la lista de candidatos al Senado, o que en caso de incluirlo lo ubicara en un lugar deshonroso, que lo obligara a desistir de su intención.

Esto demuestra que de un tiempo para acá María Isabel Rueda viene adelantando un trabajo más político que periodístico, en sintonía con una poderosa campaña mediática de propaganda negra que, para el caso del asesinato de Álvaro Gómez, parece orientada a desviar la atención sobre los verdaderos autores de tan horrendo crimen. Pero eso no es lo único preocupante, sino que ahora ella se cree con impunes atribuciones para juzgar y condenar desde sus tribunas de opinión, sin que nadie se atreva a juzgarla por sus temerarias acusaciones (que ya colindan con lo penal) y mucho menos a condenarla. ¿Quién le puede poner el cascabel a esa gata, ah?

DE REMATE: Una eventualidad preocupante en el tablero de operaciones de la guerra es que a uno de los bandos le convenga más el rescate militar del general Rubén Alzate que la liberación acordada. Es loable la buena voluntad de las dos partes –gobierno y guerrilla, con el aval de los países garantes- pero hay un tercer actor del conflicto que está ‘ardido’, y eso lo hace muy peligroso. Cualquier cosa puede pasar, mientras haya una fuerza beligerante que no se deje controlar por la institucionalidad. No es sino recordar lo que ocurrió con el Palacio de Justicia en 1985, donde también hubo unos rehenes que se convirtieron en bajas colaterales. Con razón alguien decía que en Colombia un pesimista es un optimista bien informado.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

El secuestro del general Alzate: yin y yang




Esta columna se iba a titular “El secuestro del general Alzate: ¿un falso negativo?”, en consideración al asombro y natural escepticismo que producía que un oficial del Ejército en su más alto rango pudiera caer en manos de las FARC sin disparar un solo tiro, y a que en últimas esa acción a quienes más les conviene es a los enemigos de la paz, o sea al expresidente Álvaro Uribe (el primer informado del plagio, por cierto) y a los sectores más radicales de las Fuerzas Militares que se oponen al proceso de paz.

Pero luego de una tensa espera el bloque Iván Ríos de esa agrupación informó que lo tienen, y que le respetarán su integridad física “hasta donde nos sea permitido por la ira estatal”. Aquí salta como liebre la palabra torpeza, que igual puede adjudicársele a esa agrupación subversiva como al general Alzate, y es lo que explica que el presidente Juan Manuel Santos en medio de su enfado por semejante ‘oso’ haya olvidado que la ropa sucia se lava en casa y les haya dirigido este regaño público a su ministro de la Defensa y al comandante general: “quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja”. Como dijo sabiamente Andrés Carvajal en su cuenta de @muchotropico, “la señorita Huila no sabe quién es Nelson Mandela pero no se hubiera metido sin escolta a una zona guerrillera”. Y según el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, “a primera vista parece una embarrada militar que no debe poner en riesgo el proceso de paz”.

El comunicado de las FARC utiliza un lenguaje agresivo, donde ‘cobran’ ufanos la importancia de la captura que lograron sin haber tenido siquiera que moverse, pues fue como si el lobo hambriento hubiera movido unas ramitas y apareciera frente a sus desorbitados ojos una mansa, indefensa y apetitosa ovejita. De todos modos puede hablarse también de torpeza por parte de las FARC, pues constituye una derrota moral y estratégica para el grupo guerrillero al tratarse de un hecho que genera repudio entre la población civil y ensombrece las negociaciones, en consideración a que la cúpula de esa organización se había comprometido a abandonar el secuestro.

El enojo del presidente debe entenderse como la frustración de los que desde el lado del establecimiento están procurando enrumbar el país por la ruta de la convivencia pacífica, y en tal medida entraron en conversaciones de paz con quienes pretenden destruirla, pero se encuentran de sopetón con una acción imprevista que llena de orgullo guerrero a la contraparte en medio de la negociación, y a la vez les aporta argumentos a los partidarios de que el gobierno se levante de la mesa y se escale el conflicto.

Es cierto que el general Rubén Darío Alzate no fue aprehendido en combate sino que entró inerme en su radio de acción, tal vez confiado en que por tratarse de un puente festivo y vestido de civil pasaría desapercibido. Sea como fuere, las FARC deberían hacer como en el taoísmo, donde la palabra crisis traduce oportunidad, y aprovechar este ‘papayazo’ que les dio el enemigo para ordenar la liberación de su prisionero de guerra (que lo es) y con ese gesto propiciar acercamientos entre ambos bandos, que contribuyang a aclimatar un ambiente de reconciliación antes que a agudizar las contradicciones. ¿Y cuál será ese ambiente o escenario ideal? Un cese bilateral de hostilidades. Como dijo Flavio Pinto Siabatto en La Silla Vacía, “el cese al fuego no necesariamente implica el fortalecimiento de la subversión. Implica más bien la disminución de la capacidad de maniobra de los sectores interesados en continuar la guerra”.

En este delicado escenario de crisis y crispamiento general adquieren sentido las palabras del también analista Germán Ayala Osorio, quien en su blog La otra tribuna afirma que “el secuestro del general Alzate se erige como el suceso que la cúpula militar y el sector afecto a Uribe estaban esperando para acorralar al presidente Santos". En otras palabras, si se necesitara un argumento de peso para que se acabe el proceso de paz, sería por ejemplo… a ver… ¿qué puede ser, qué puede ser? “¡lo tengo!: que la guerrilla secuestre a un general de la República”.

Continuando con el axioma taoísta que nos habla del yin y el yang como las dos fuerzas opuestas pero complementarias que acogen la dialéctica de todo lo existente, diríamos que el error que cometió el Ejército es el yin de la situación, mientras que el yang está en manos de las FARC: se trata entonces de que aprovechen lo que constituye un triunfo militar para ellos (aunque se lo encontraron, que conste), y lo conviertan en un importante capital político para invertir en el posconflicto.

¿Cómo? Muy sencillo: ordenando cuanto antes al bloque Iván Ríos la liberación del prisionero. ¿Por qué cuanto antes? Porque si el Ejército logra dar con el grupo que lo tiene en su poder y en medio del combate muere el general, del yin y el yang sólo quedarán las cenizas de lo irremediable.

DE REMATE: Una sugestiva interpretación a lo ocurrido en Las Mercedes parece aportarla El Colombiano en su página web cuando en referencia a Gloria Alcira Urrego Pava, la abogada que acompañaba al oficial, cuenta que “en la actualidad la funcionaria cursa con el general Alzate una maestría en Gestión de Proyectos en una universidad de Costa Rica”. Habrá quien se atreva a concluir “elemental, mi querido Watson”, pero eso ya se sale de nuestra racional incumbencia.


miércoles, 12 de noviembre de 2014

Las dos Marías y los dos Enriques: engañando unidos




De un tiempo para acá la derecha colombiana ha tomado como caballito de batalla lograr que declaren crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, a lo cual nadie se opone, pero lo asumen como si eso se tradujera en responsabilidad para aquellos a quienes acusan de haberlo instigado: Ernesto Samper y Horacio Serpa.

En un escenario cuyo propósito pareciera el de crear cortinas de humo para desviar la atención sobre los verdaderos responsables, ahora la senadora uribista Paloma Valencia y la columnista conservadora María Isabel Rueda (esta última con una columna mala-leche donde pinta a Samper y Serpa como un par de mafiosos dejando un reguero de cadáveres a su paso) han salido a reclamar porque Samper no firmó una carta que nadie le pidió firmar, en la que sus homólogos Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le piden a la Fiscalía declarar el crimen de lesa humanidad.

Que Samper no haya firmado es una nimiedad magnificada a la enésima potencia, pues el Fiscal Eduardo Montealegre ha aclarado que si a noviembre del año entrante –cuando se cumplen 20 años- el crimen prescribe y luego se le declara de lesa humanidad, el proceso se reabre. Así opera aquí y en Cafarnaúm, porque es norma universal de justicia. Otra cosa es que el crimen no pueda ser declarado de lesa humanidad debido a que la justicia halló culpable y condenó a uno de sus autores materiales, motivo por el cual la godarria se ha unido en torno al perverso propósito de remover ese obstáculo.

En una cosa estoy de acuerdo con la ‘mansa’ Paloma: en que “ha habido una mano muy oscura trabajando para mantener en la impunidad el crimen de Álvaro Gómez”. Solo que, para el caso que nos ocupa, esa mano negra es la de quienes quieren que se sepulte la hipótesis de la autoría intelectual de un grupo de militares. A eso precisamente dediqué mi columna de hace 15 días (verla aquí), después de observar atónito que la familia Gómez Hurtado aparece ahora defendiendo nada menos que a quien se le comprobó haber disparado contra la humanidad del dirigente conservador ese fatídico 2 de noviembre de 1995.

¿A qué puede obedecer tan delirante defensa post pena cumplida, después de que el reo pagó 18 años de cárcel y acaba de entrar en libertad condicional? A que sólo si declaran el crimen de lesa humanidad (y para ello es condición sine qua non que al único condenado le anulen su sentencia) se revivirían los términos judiciales para que la familia Gómez Hurtado pueda demandar responsabilidad patrimonial del Estado y así tener acceso a una multimillonaria indemnización.

Lo llamativo es que detrás de este propósito han montado una muy poderosa campaña mediática de propaganda negra, la cual tiene confundida a buena parte de la opinión. En ella participó activamente el programa ‘Los Informantes’ de Caracol del domingo 12 de octubre mediante lo que llamé un publirreportaje judicial, consistente en que su directora María Elvira Arango (antigua empleada del Noticiero 24 Horas) elaboró una pieza publicitaria para esa campaña donde mostró al hombre que fue condenado a 40 años de prisión, Héctor Paul Flórez Martínez, como un inocente “chivo expiatorio”, pese a que es asesino confeso de otros crímenes. Y no presentó los puntos de vista de quienes allí aparecieron como acusados de haber orquestado el asesinato, ni mencionó la primera y más fuerte hipótesis que se investigó: la de un coronel del Ejército al mando de un grupo de Inteligencia Militar conocido como Cazadores, con sede en Bucaramanga.

Pero no se trata aquí de repetir la columna citada, sino de manifestar la profunda extrañeza que produce comprobar que pasados 15 días exactos de su publicación y a pesar de la solidez de los cuestionamientos que allí les hice tanto a María Elvira Arango como a dos miembros de la familia Gómez Hurtado (ambos de nombre Enrique), no se ha producido la más mínima aclaración o solicitud de rectificación contra mí ni contra Semana.com. Ante tan yerto panorama de reacciones solo es posible concluir que “el que calla otorga”, pues en caso contrario el suscrito redactor de dicho artículo se habría visto enfrentado a una dura controversia, que tampoco rehúye.

Al margen del debate ético que María Elvira pretende eludir, a dos miembros de la familia en cuestión y a María Isabel Rueda (antigua empleada de El Siglo y exdirectora del Noticiero 24 Horas) sí se les puede conminar a que aclaren tres cosas:

UNO: Cómo explica Enrique Gómez Hurtado la reunión clandestina de dos horas que sostuvo en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva por los días en que este huía de la justicia tras ser cobijado con orden de detención, acusado de haber dirigido el complot para asesinar a su propio hermano. No se trata aquí de acusar al anfitrión, pero mientras no haya explicación a tan extraño suceso queda la impresión de un Caín en turbio lance.

DOS: Cómo hace Enrique Gómez Martínez para no entrar en conflicto de intereses con su propia familia al representar al único condenado que hubo por el asesinato de su tío, en el trámite de un recurso de revisión que busca anular la sentencia, siendo que se trata de un proceso en el que la familia intervino con su entonces apoderado Hugo Escobar Sierra desde el comienzo de la investigación, participó como parte civil y estuvo de acuerdo con la condena.

TRES: Por qué el 4 de agosto de 2007 María Isabel Rueda dijo esto en su columna de la edición 1.318 de Semana: “no creo que (Samper) haya tenido nada que ver con el asesinato de Álvaro Gómez”. Y por qué más abajo agregó: “siempre he creído en la teoría de que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas (…) sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el magnicidio”. Y por qué hoy piensa otra cosa si en esa misma columna cita una declaración de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, según la cual fue “un favor del narcotráfico a políticos para ayudar".

Lo que no puede ocurrir es que pretendan hacer recaer el peso probatorio de ese crimen en lo que ‘Rasguño’ dice que le dijeron Carlos Castaño y otros delincuentes, todos muertos. Siempre se ha sabido que Castaño quiso enlodar a la Policía para que salieran limpios los militares, y según la revista Semana las declaraciones de ‘Rasguño’ son señal de que el hombre “¡está loco!”, mientras que la Corte de Nueva York que en diciembre de 2013 lo condenó a 30 años de cárcel sentenció que “todas las declaraciones que había entregado el narcotraficante en procesos como el del magnicidio de Álvaro Gómez (…) carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para tratar de buscar beneficios jurídicos que le ayudaran a rebajar su condena”.

DE REMATE: Tienen toda la razón los que hoy luchan por conseguir que se declare como crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez, de modo que al volverse imprescriptible se pueda llegar algún día hasta sus autores intelectuales. Pero es precisamente a esos autores hasta ahora impunes a quienes conviene recordarles una frase –también imprescriptible- de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.


En Twitter: @Jorgomezpinilla

martes, 4 de noviembre de 2014

¿A qué juega el presidente Santos?




En columna de hace apenas tres semanas manifesté mi satisfacción al comprobar que el presidente Juan Manuel Santos “le está poniendo el cascabel al gato de la intransigencia militar en torno al tema de la paz”. (Ver columna aquí). Pero hay cosas que incitan al asombro y al escepticismo, y le hacen a uno preguntarse a qué puede obedecer esa esquizofrénica conducta consistente en que lo que hace con el hemisferio izquierdo de su cerebro, lo estropea con el derecho.

El 4 de noviembre de 2010, al conmemorarse el primer cuarto de siglo de la salvaje toma y retoma del Palacio de Justicia, dijo que “nuestro deber es rescatar la verdad, por dolorosa que sea, sobre lo que ocurrió en el Palacio, y acompañar a las víctimas y a los familiares”. Y reconoció que entre las víctimas hubo “al menos 12 personas de las que se desconoce su paradero”, y a renglón seguido afirmó: “no podemos olvidar tampoco a aquellos sobre los que no se tiene noticia cierta de su paradero, cuya realidad debe conocerse, por el bien moral de nuestra sociedad y de nuestro Estado”.

Pero justo cuando esa realidad empieza a conocerse, ante la ratificación de la condena a 35 años de prisión al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad en esos hechos, sale ahora Santos a decir que se trata de “una injusticia” y que “el general Arias Cabrales (…) no tuvo ni se le comprobó ninguna relación directa con los supuestos crímenes que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia”. Y entonces uno se pregunta si no le estará pasando lo mismo que a Groucho Marx, cuya tarjeta de presentación decía: “Tengo mis principios, pero si no le gustan tengo otros”.

En busca de ser objetivos, podríamos pensar que reaccionó así para equilibrar las cargas ante el sonido de serpiente cascabel emitido por el expresidente Uribe en su declaración de total respaldo al Ejército, cuando este a voz en cuello dijo desde Ibagué que “hoy son llevados a la cárcel los integrantes de nuestro Ejército. Grave, enormemente grave. Unos atacaban la justicia financiados por el narcotráfico para producir un desequilibrio institucional, enjuiciar al presidente Betancur y sacar de la Corte unos expedientes de extradición, y quienes lucían las armas de la República entraban al Palacio a rescatar a los magistrados. Y cuando los primeros, los que atacaron fueron indultados, los segundos 26 años después son llevados a la cárcel”.

Ante estas palabras de claro corte conspirativo quizá Santos tendría justificación –antes que razón- para manejar ese doble discurso pro Ejército y pro víctimas, pero la primera tarea debería dejársela a quien corresponde, o sea al que todos dicen que parece más el ministro de Defensa de Uribe que suyo, Juan Carlos Pinzón. El presidente pierde credibilidad y su majestad de estadista se empequeñece cuando un día dice una cosa… y al día siguiente dice otra. Fue como cuando ante el descubrimiento de la sala clandestina Andrómeda de Inteligencia Militar dijo que “fuerzas oscuras están detrás", pero 24 horas después afirmó que “la fachada de inteligencia es totalmente lícita”. Como quien dice, que fuerzas oscuras de inteligencia totalmente lícitas estaban detrás de todo.

El asunto no es de poca monta, pues el reciente descubrimiento de un extenso listado de correos personales y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas nacionales y extranjeros en poder de la Central de Inteligencia Militar (CIME) le da soporte a la hipótesis que con el paso de los días se fortalece, en torno a que el papel de los hackers –en particular Andrés Sepúlveda- en la reciente campaña electoral fue el de vaso comunicante entre Inteligencia Militar y la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y en cumplimiento del objetivo estratégico que se le asignó: “No al proceso de paz”.

Esa lista con más de mil correos que manejaba la CIME y los obstáculos que puso el Ejército para el cumplimiento de una diligencia del CTI de la Fiscalía, se suman a los demás indicios que parecieran advertir que las Fuerzas Militares están actuando como ruedas sueltas, o que “el malestar de los militares (o un sector poderoso de ellos) con el proceso de paz aumenta”, como expuso Juanita León en su análisis titulado “¿A qué juega Pinzón?”.

En medio de tan crispado escenario podría entenderse que el Presidente aparezca ahora solidario con su Ejército y contrario a una decisión de la justicia, quizá para resistir los lances de sable y mandoble que le manda Uribe a descampado. Pero su actitud lastima doblemente el dolor de las víctimas y conduce a que Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán (quien fue sacado vivo por soldados, como lo prueba este video) le dirija al presidente Santos una carta desde Berlín, Alemania, en estos términos: “Hoy sabemos que mi padre fue privado de la libertad cuando salía herido del Palacio, torturado y ejecutado por las Fuerzas Militares que dirigía Arias Cabrales”. Y a continuación le pregunta “cómo pretende acercarse a la paz mientras desacredita la justicia”,  y más adelante “de qué sirve reconocer que hay víctimas cuando usted, presidente, es el primero en revictimizar”.

Conocí una noche en una reunión social al joven Carlos Horacio Urán con su también joven y bella y talentosa compañera, Ana María Bidegain, y desde entonces sé que todos los que sufrimos solidariamente con el dolor de los hijos y demás parientes de las otras víctimas, queremos que los culpables de esa orgía de horror y barbarie paguen algún día por sus culpas. Amén.

DE REMATE: Recomiendo la lectura completa de la carta que desde Berlín le manda Helena Urán Bidegain al presidente Juan Manuel Santos. Es para la historia y está aquí.

DE CONTRARREMATE: “Las negociaciones de paz hay que adelantarlas también con esa extrema derecha representada por Álvaro Uribe, en su condición de Comandante en Jefe de todo lo que hay detrás suyo. Sucesos cada vez más sonoros advierten sobre la presencia agazapada de una fiera herida que, mientras no se apacigüe su dolor, en cualquier momento puede dar el zarpazo”.