sábado, 18 de mayo de 2019

Después de la tempestad viene… la hecatombe



Tomado de El Espectador

El exministro de Justicia Yesid Reyes puso el dedo en la llaga cuando en entrevista con Semana.com señaló lo que en realidad se esconde tras las objeciones a la ley estatutaria de la JEP planteadas por el gobierno de Iván Duque: “Se trata de someter a la rama judicial al poder del Ejecutivo. Eso es lo que se está buscando. El propósito real de las objeciones no era que estas pasaran, sino provocar la situación de caos que se acaba de crear".

En ese mismo contexto de maquinación (o conspiración) contra el acuerdo de paz, se entiende un video divulgado el mismo día en que la JEP echó atrás la extradición de alias “Jesús Santrich”, donde este aparece en una reunión con agentes infiltrados de la DEA concretando un supuesto negocio de coca. El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP, al ser interrogado por El Espectador sobre por qué la JEP no tuvo en cuenta ese video, así respondió: “Debo ser enfático, videos no tenemos. Los audios, provenientes de otro asunto, eran de interceptaciones telefónicas. En el indictment se habla de videos; los pedimos, pero no llegaron, no los pudimos valorar”. (Ver entrevista).

Lo que de ahí se infiere es que la Fiscalía, la DEA, la embajada de Estados Unidos, el Centro Democrático y la Presidencia de la República necesitaban que la JEP emitiera un fallo favorable a Santrich, pues si los magistrados hubieran recibido esa prueba y en consecuencia hubieran aprobado la extradición del exguerrillero, ello habría fortalecido la JEP como tribunal de justicia. Y lo que necesitan es acabarla.

Eso es perverso, es ruin, y debe ser objeto de la más enfática denuncia: esconden la información que habría obligado a la JEP a autorizar la extradición del comandante fariano, pero revelan la supuesta ‘prueba reina’ que habían escondido justo después de que por falta de pruebas ese mismo tribunal -actuando en derecho- solo tuvo la opción de negar la extradición de Santrich. 

El propósito estratégico era hacerle daño a la JEP, y lo lograron, pues repartieron lodo y agua sucia por todo el vecindario para que no se note lo cochinos que están por igual el fiscal y su ahora íntimo aliado, Álvaro Uribe Vélez. Tan preparado estaba el montaje, que media hora después de conocida la sentencia el Fiscal presentaba renuncia irrevocable con un discurso de filigrana retórica que debió haber sido preparado con sobrada antelación. (Ver noticia).

Lo que están haciendo con ímpetu de aplanadora es crear las condiciones para radicalizar el embate contra la JEP, o sea contra el acuerdo de paz. La tormenta que tras la renuncia del fiscal desataron las fuerzas más reaccionarias de este país (hoy de pipí cogido con Donald Trump) es tan solo la borrasca que anuncia la hecatombe perfecta: gracias a que cuentan con la tácita aprobación del amo del Norte y con la activa, cómplice y soterrada participación de la DEA (por cierto, seguimos sin conocer la identidad del misterioso mexicano que armó lo de Santrich), es obvio que esas fuerzas oscuras, subversivas a más no poder, no entrarán en miramientos a la hora de alterar el orden constitucional vigente y crear el estado de confusión y zozobra institucional que les permita aparecer luego como los salvadores del entuerto que propiciaron.

Es ahí donde coge sentido el ominoso anuncio del senador Uribe Vélez en el sentido de que “Santrich debe ser extraditado”, acompañado de un trino que actúa como ucase u orden perentoria al subalterno de más alto rango que tiene, para que proceda: “Sabemos que el buen criterio del Presidente de la República, doctor Iván Duque, en su labor de recuperar el ejercicio de autoridad que el país había cedido en favor de la Farc y de otros grupos terroristas, considerará todas las opciones que conduzcan a la extradición de J Santrich”.

Unas horas después, en cumplimiento de dicha “orden”, Santrich fue recapturado en el momento en que abandonaba la Picota, con base en supuestas nuevas pruebas que según la Jurisdicción Especial para la Paz “nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión”. (Ver noticia).

Ahora viene un pulso de alquilar balcón entre los que consideran que se debe preservar la solidez de las instituciones, y los (y las) que andan como locas histéricas vociferando que la JEP entregó el país al narcotráfico, en macabra reedición del libreto para el plebiscito de tres años atrás, cuando clamaban a grito herido que el acuerdo de paz conduciría a que en los colegios repartieran cartillas que volverían homosexuales a “nuestros niños”. Y ganaron.

Pese a que hoy se trata del mismo engaño, solo que con distinto ropaje, entre los partidarios de la sensatez quedan voces como la de El Espectador -sereno y firme- que en su editorial de viernes 17 de mayo le puso los puntos sobre las íes al corrupto fiscal renunciante: “No tiene presentación que en lugar de acatar las decisiones judiciales y obrar dentro del Estado de derecho que dice defender con su renuncia, haya escogido dar un manotazo sobre la mesa para dejar un manto de duda sobre la institucionalidad y sobre el Acuerdo de Paz, llamando incluso a una movilización ciudadana en su contra”. (Ver editorial).

Movilización sí debe haber, por supuesto, pero para impedir que se salgan con la suya el señor Álvaro Uribe y su cuadrilla de rufianes, matones y malandrines ansiosos de llevar a buen término la impunidad a perpetuidad que necesita su patrón.

Lo que de ningún modo se puede omitir -y menos puede olvidarlo la justicia terrenal- es que a dicho sujeto sub judice le urge aplastar, eliminar o abolir la JEP a como dé lugar, por una razón protuberante: para que queden sepultadas las verdades que lo incriminan.

DE REMATE: La prueba reina de que fue la Fiscalía la que armó el montaje para descalificar la sentencia de la JEP la trae La Silla Vacía, cuando en referencia al video de Santrich dice que ese portal “supo de dos medios que les llegó de la oficina de prensa de la Fiscalía”. ¿Y cuándo fue filtrado ese video a los medios?: “justo la noche de la decisión (de la JEP) y la renuncia” del Fiscal NHM. (Ver artículo).

martes, 7 de mayo de 2019

Defensa del agua, fracking, mentiras y video



La más sagrada misión del periodismo es la búsqueda de la verdad y, frente al páramo de Santurbán, la más grande verdad nos dice que ahí hay por lo menos 9 millones de onzas de oro. Y hay una empresa minera árabe dispuesta a mover cielo y tierra para que le dejen extraer el mineral, pero un obstáculo de marca mayor se le atraviesa: la señalada afectación al agua de más de tres millones de santandereanos, que podría provenir del uso industrial de aguas subterráneas. A no ser que Minesa logre demostrar que eso no pasará, y que puede garantizar la calidad del preciado líquido.

Está pendiente la re-delimitación del área que quedará comprendida como páramo, o sea como santuario inviolable, y en el interregno de su definición se mueven diversas fuerzas.  Aunque la norma establece que no es posible hacer minería en paramos, el debate se mueve muy político, unos a favor y otros en contra de la explotación del oro, así como también vigorosos poderosos económicos, todos a favor.

La mayor fuerza política a favor de explotar el oro está representada en el Centro Democrático, partido de bolsillo de Álvaro Uribe, en cuyos dos primeros periodos de gobierno se otorgó la bobadita de 7.869 títulos mineros, muchos de ellos en páramos. (Ver noticia).

Igual hay voces contra el “ambientalismo fundamentalista”, como la del abogado y jurista Ramiro Bejarano, quien, consultado por este columnista, afirmó de modo tajante: “yo no creo que en Santurbán vaya a pasar una tragedia, porque un uso regulado del agua sí se puede hacer. Y hay técnicas para lograrlo. Obviamente, estamos hablando de la minería legal. El problema con los ambientalistas es que quieren demostrar que la minería ilegal es igual a la legal”.

En este punto, los defensores del proyecto consideran que Minesa cumple con la ley en lo de no hacer minería dentro de un páramo, puesto que la zona que pretenden explotar es “cerca de Santurbán”, y en tal sentido afirman que “se bajaron 1.500 metros por debajo de lo que podría ser la línea de páramo”.

También hay un video de una reunión donde al presidente de la empresa árabe se le escucha decir que “si tengo el mundo incendiado pero en Bogotá estamos bien, estamos bien”. Como dijo La Silla Santandereana sobre ese video, “es normal que se pongan sobre la mesa esa clase de planteamientos, (pero) que hayan quedado al descubierto afectó el discurso que había tratado de vender la minera”. (Ver video). Ahora bien, esto a su vez significa que por mucha marcha en defensa del agua -como la de este viernes 10 en Bucaramanga-, los de Minesa la tienen clara: “Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria (…), nos funciona”. (Ver video).

O sea, los tomadores de decisiones en el gobierno central se sienten tranquilos con esa empresa en particular y con la megaminería en general, pues en la presidencia de Colombia el señor Uribe sentó a alguien al que durante la campaña le pusieron a decir -después de teñirle el pelo- que se oponía al fracking, porque eso daba votos: “en Colombia no se hará”, dijo en Bucaramanga (Ver video). Pero ya elegido le tocó aceptar que el fracking va, pues “una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”.

Algo similar se avecina con la explotación del oro en Santurbán, en cuanto a que “poderoso caballero es don dinero”, y a que tienen de su lado al gobierno de… Uribe. Es de esperar que la empresa esté haciendo un trámite legítimo y ajustado a la ley para obtener su permiso, pero no es para hacerse ilusiones: en Colombia un pesimista es un optimista bien informado.

Está además el tema político en torno a Santurbán. Según Leonidas Gómez, candidato a la gobernación, “mi principal contrincante es Minesa”. Y agrega: “en Bucaramanga hay una lista con gente muy amiga de Minesa, todos a favor de que haya minería” (Ver entrevista). Hemos de suponer que es la lista del Centro Democrático, y pare de contar, porque la defensa del agua tiene tan buen rating que nadie más se atreve a navegar contra esa corriente.

Sea como fuere, teniendo en cuenta que con el gobierno actual (tercer periodo de Uribe) es más factible que triunfen los intereses de la megaminería que las fuerzas “fundamentalistas” a favor del medio ambiente, habría que preguntarse si la lucha no debería enfocarse -adicionalmente- a dos temas prioritarios: garantizar que de ningún modo el agua del páramo se vería afectada con la explotación minera, y revisar el tema de las regalías.

¿Sabe usted cuál es el porcentaje de regalías por concepto de explotación minera que les queda a los gobiernos de Chile y Bolivia?: 30 y 35 por ciento, respectivamente. ¿Y sabe cuál es el que le queda a Colombia?: 3,2 por ciento…

DE REMATE: La mejor prueba de que por los lados de Minesa están tranquilos, es que después del video arriba citado solo sacaron un comunicado. Así han operado siempre, nunca dicen nada. Si tuvieran algún temor, habrían salido a dar explicaciones. En eso me baso para pensar que la licencia de explotación del oro “va porque va”. ¿O será que esa confianza está sustentada en el rigor técnico…? Y por último, la pregunta del millón: ¿qué pasará con la región de Soto Norte y con el oro allí depositado si Minesa se va? ¿Se quedará enterrado ahí, por los siglos de los siglos?

De otro lado, escuchen lo que le dijo a Vanguardia el director de Fendipetróleo, Farid Jones: “De ser sancionado por el presidente el Plan de Desarrollo (PND), se le estaría dando luz verde a las compañías que han solicitado licencias ante la autoridad ambiental para que inicien sus labores”. Se refiere a licencias de fracking, pero traza el camino a seguir para las demás. Ya sabemos, pues, lo que nos corre pierna arriba. (Ver noticia).

domingo, 28 de abril de 2019

Crimen y castigo: un gigoló asesino




El diccionario define gigoló como el “hombre joven que es mantenido por una mujer, generalmente mayor que él, a cambio de prestarle su compañía o de mantener con ella relaciones sexuales”. Esto para brindar claridad en que la relación entre la chilena Ilse Amory Ojeda y el santandereano Juan Guillermo Valderrama Amézquita no califica como “noviazgo”, según informaron los medios, sino como una sociedad de mutuo beneficio, en la que ella recibía pasión carnal y a cambio entregaba dinero o regalos, llámense un carro o una moto, que en efecto los hubo.

Para ponernos en contexto está la película Gigoló Americano (Paul Schrader, 1980) en la que un apuesto y varonil Richard Gere que hacía babear a todas –jóvenes y adultas- se convierte en el sospechoso principal tras el asesinato de una mujer a la que días antes había ‘atendido’. En su papel de Julian Kay –un treintañero culto, inteligente y atractivo- sostiene este ilustrador diálogo con una clienta:

ELLA: Quiero saber todo de ti, cuéntame.
ÉL: Acabamos de hacer el amor.
ELLA: ¿Y eso qué?
Él: Es todo lo que tienes que saber de mí. Lo que quieres saber, lo aprendes cuando te hago el amor.

Satisfecha en grado sumo la pasión de una mujer cuyas carnes comenzaban a tornarse flácidas, el enamoramiento no da espera. Dispuesta a darlo y arriesgarlo todo con tal de no perderlo, se lanza a la aventura de abandonar el trabajo y dejar su país, contrariando a hijos y hermanas, y viaja a Colombia acompañada de su muchachito. Así, se construye el primer escalón que conduce a la tragedia: una mujer adulta con una excitación alborotada y un joven de estrato bajo con una ambición desmedida.

Luego se supo que él recibía una mensualidad de $1’200.000 mensuales y que ella había tomado un seguro por 100 millones de pesos del que era único beneficiario, lo cual era como hipotecarle la vida. Pero es descubierto manteniendo una relación paralela –quizá matrimonial- con la norteamericana Becky Evans, a la par que esta se entera (por una hermana de Ilse) de su amorío con la chilena y el hombre se ve ante un callejón sin salida: “Yo sostenía conversaciones, una relación con otra persona; ella no me agregaba a ‘Face’, entonces por eso pude mantener las cosas así hasta que reventó”. (Ver noticia).

Y es cuando comienza a brillar el lado oscuro de la fatídica moneda: dispuesto a arriesgarlo todo con tal de no perderlo todo… se embarca en un camino sin regreso.

Llegados a este punto del relato, va una confesión personal que sirve de enseñanza. Cuando escuché la primera entrevista de las muchas que concedió, yo alcancé a creer en la inocencia de Valderrama, a tal punto que esto escribí en mi muro de Facebook: “Le creo al pelado. Todo un misterio. Podría pensarse que ella se esconde, o que llevada por el despecho decidió acabar con su vida sin dejar huella”. Quién dijo miedo, hubo una abrumadora mayoría –sobre todo femenina- que en sus comentarios me descalificaron por ingenuo, y no faltó la que dijo que “se le despertó el machista santandereano”.

En mi defensa solo puedo alegar que aplicaba la sentencia de Darío Echandía según la cual “a la gente hay que creerle”. Pero queda uno súpito, atónito y confundido al constatar que puede haber alguien tan cínico y con la sangre fría que mostró Valderrama para implorar ante medios y autoridades que le ayuden a buscar a la misma mujer que días atrás había asesinado, incinerado y destajado por pedazos para luego diseminarlos en un área boscosa de mil metros a la redonda.

No se puede culpar por el origen geográfico, pero es llamativo advertir que en julio de 2009 se presentó otra actuación espectacular, digna de un Óscar de la Academia, por los predios de Piedecuesta: Johanna Andrea Macías había asesinado a su hijo de dos años y lo había arrojado a un despeñadero en la vía Bucaramanga – San Gil. Ella colaboró en la búsqueda del menor, pegó carteles, salió en los medios, lloró a grito herido, recibió el respaldo de sus familiares y la visita del entonces gobernador Horacio Serpa, despertó la solidaridad nacional, todo para ocultarle a su marido la verdadera paternidad del bebé, porque este le había pedido una prueba de ADN. (Ver noticia).

Si de coincidencias se ha de hablar, las investigaciones por ambos crímenes fueron realizadas por sendos hermanos desde la comandancia de Policía Santander, con resultados exitosos y en tiempo récord: hace diez años por el general Yesid Vázquez Prada, y ahora por su hermano menor, el también general Manuel Antonio Vásquez Prada. Según Rafael Serrano en su periódico El Frente, “los casos eran similares en muchos aspectos, por lo que se debía aplicar el método infalible: exponer al criminal ante los medios, hacer que sus mentiras y contradicciones terminaran por delatarlo. Plan perfecto. Lo puso a hacer el ridículo. Utilizó al mismo delincuente para resolver el crimen”. (Ver editorial).

Una última enseñanza apuntaría entonces a la necesidad de andar con “ojos abiertos, oídos despiertos”, para evitar caer en el engaño. En Bucaramanga se develó la trama que envolvía la misteriosa desaparición de una extranjera, pero ha habido ocasiones en las que psicópatas o sociópatas con gran carisma y habilidad para el engaño o la simulación han logrado ocultar sus crímenes por décadas. Incluso se habla de avezados delincuentes que con refinada astucia lograron escalar hasta altísimas posiciones, como la Presidencia de la República, por ejemplo, y ya dueños de ella… hicieron todo lo que estuvo a su alcance para satisfacer la desmedida ambición de no soltarla.

Casos se han visto.

DE REMATE: Sea la ocasión para aclarar que me equivoqué o fui injusto con el doctor Alfonso Gómez Méndez, de quien dije en mi última columna haber solicitado repetidamente su colaboración “por haber sido durante su periodo como fiscal general cuando (Diego Edinson Cardona Uribe, el hombre clave) dio sus declaraciones. Al principio se mostró muy colaborador, luego se silenció”. Juzgo un error de mi parte no haberle consultado antes de publicar eso. En tono molesto pero respetuoso, él fue enfático en que “todas las cosas tienen sus plazos” (o sea que estaba en la búsqueda), y si no respondía era porque atendía sus obligaciones. Tiene razón, hubo precipitud de mi parte. Solo espero que este mea culpa sirva de aliciente para dejar atrás el malentendido y se reanuden los esfuerzos en busca del eslabón perdido, tan necesarios para arribar por fin a la verdad sobre los verdaderos autores del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

lunes, 22 de abril de 2019

Caso Álvaro Gómez: en busca del eslabón perdido




(Ayúdenos a encontrarlo).

Hace algún tiempo he venido anunciando un libro que recoge una investigación minuciosa sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, y voy a usar esta columna para explicar el motivo de la demora en su publicación.

Cuando ya estaba el texto en manos del editor, hubo un dato que este pidió confirmar. Entré a Google en su búsqueda mediante la combinación del qué, quién, cuándo, dónde y cómo, y entre el repertorio de enlaces posibles apareció ante mis sorprendidos ojos un artículo de Semana que nunca antes había visto, titulado El hombre clave. (Ver artículo).

El artículo fue publicado en octubre del año 2000 y la sorpresa del suscrito obedeció a que se refería a unas declaraciones de alguien cuyo nombre, Diego Edinson Cardona Uribe, no solo había permanecido ajeno a cualquier mención de prensa (pese a que en ellas “podría estar la clave para descubrir a los autores intelectuales del asesinato”), sino que tras acudir al expediente no fue posible hallar el más mínimo rastro ni de su testimonio ni de su existencia física. Y eso que –dice la revista- “ha declarado en más de 10 oportunidades y lo ha hecho de cara al proceso, es decir que esta vez no se trata de un testigo secreto, lo cual lo hace aún más importante”.

Según Semana, Cardona Uribe es -¿o era?- de Bucaramanga y perteneció al grupo de inteligencia Cazador, de ingrata recordación, adscrito a la Brigada XX de Inteligencia Militar y dirigida por el coronel Bernardo Ruiz Silva, principal sospechoso. La brigada fue cerrada en 1998 tras denuncias del entonces embajador de EE.UU., Myles Frechette, por violaciones a los derechos humanos.  (Hasta Washington viajé a entrevistar a Frechette para el libro en ciernes, y él murió tres meses después).

¿Y cuál es la tan cacareada importancia del hombre clave? Que dijo cosas como esta: “se cuidaron todos los detalles y se establecieron tres grupos básicos: de choque (vigilancia), de asalto (seguridad perimétrica) y de seguridad (objetivo). Fueron cuatro los encargados de dispararle a Gómez Hurtado, y en la operación intervinieron más de 30 personas. La inteligencia y los seguimientos estuvieron a cargo de personal de la Brigada XX, ellos aportaron los radios —punto a punto— y les prestaron una Ford Van con equipos de comunicación que se meten en los canales de la Policía, de la Fiscalía y de todos los organismos de seguridad”.

Esto coincide al dedillo con la tesis que desarrolla mi libro y, para  mayor pertinencia, parece aportar sólidos elementos de prueba. Me di entonces a la tarea de buscar el eslabón perdido y un primer elemento a favor de su existencia real es que aparece en la Registraduría con un número de cédula, aún vigente. Y aunque pudiera pensarse que se trata de un homónimo, la fecha y el lugar de su expedición –Bucaramanga- dan para pensar que se trata del mismo.

¿Y cómo llegó Cardona a Semana? La historia es la siguiente: una pariente del coronel Bernardo Ruiz que trabajaba como secretaria de un alto ejecutivo de la revista, tuvo un serio disgusto con el oficial en retiro y, en represalia, le contó a su jefe que ella conocía a alguien que sabía cosas sobre el crimen de Álvaro Gómez. Ese alguien resultó ser el hombre clave, el cual fue (o habría sido) entrevistado por la periodista Gloria Congote, fallecida en Palm Beach el 1 de enero de 2017 tras padecer una penosa enfermedad.

El modo condicional del verbo (habría sido) obedece a que Congote fue despedida en febrero de 2009, por los días en que Semana adelantaba su célebre y muy premiada investigación en torno a las ‘chuzadas’ del DAS, y se supo que ella estaba pasándole información a personal de esa entidad, “como si fuera una infiltrada”.

Así las cosas, surgió la pregunta de rigor: si la periodista había salido en malos términos con la revista, y si no aparece en el expediente un solo dato que permita corroborar que declaró a la Fiscalía, ¿sería posible que ella hubiera inventado el artículo? “No, definitivamente no. Inventarse esa vaina habría sido muy complicado. Que la entrevista se hizo, se hizo”, dijo una fuente confiable de ese medio, la cual agregó que Diego Edinson Cardona no permitió que le tomaran fotos, y la entrevista quedó grabada en un casete. Fui entonces hasta el archivo físico que ella dejó, pero el casete tampoco apareció, ni una dirección de correo postal o electrónico del entrevistado, nada.

El siguiente paso fue solicitar a Alfonso Gómez Méndez repetidamente su colaboración, por haber sido durante su periodo como fiscal general cuando Cardona Uribe dio (o habría dado) tan copiosas declaraciones. Al principio se mostró muy colaborador, luego se silenció. Además fueron escaneados y chequeados los casi 20.000 folios del expediente contra el coronel Ruiz Silva, y se le hizo un rastreo a la cédula y figura una afiliación ya cancelada a una EPS por los lados de Villavicencio, pero no apareció rastro alguno del hombre, como si se lo hubiera tragado la Tierra.

Fue por ello que de común acuerdo con el editor de mi libro se tomó la decisión de publicar esta columna, cuyo único propósito es tratar de ubicar a este personaje en algún lugar de la geografía nacional o internacional. ¿Alguien sabe de él, o él leerá esto? ¿Por qué Semana fue el único medio y ese el único artículo que acogió sus declaraciones, y por qué no tuvo repercusión en ningún otro medio? ¿Hubo acaso una especie de mano negra encargada de borrar toda huella de tan revelador, sólido y contundente testimonio?

Sea como fuere, lo primero que debemos saber es si Diego Edinson Cardona Uribe está vivo o muerto. Si es lo segundo, debemos saber cómo y cuándo murió. Y si es lo primero, que aparezca para que se ratifique o se retracte de lo dicho. En cualquier caso, debe primar la verdad.

Cualquier información al respecto, se recibe en
elhombreclave14@gmail.com

DE REMATE: A todos aquellos periodistas, editores o medios comprometidos con el mismo noble propósito de llegar a la verdad, se les extiende una cordial invitación a que con su seguimiento o difusión contribuyan al esclarecimiento de tan intrigante misterio.

lunes, 15 de abril de 2019

Dos vicepresidentas al borde del abismo


El editorial de El Espectador del domingo pasado puso los puntos sobre las íes cuando, inspirado en la sentencia “dura lex sed lex” –la ley es dura pero es la ley-, le concede la razón al Consejo de Estado al advertir que la credencial del senador Antanas Mockus efectivamente estaba viciada de nulidad y en tal medida “el régimen de inhabilidades le aplica (…) y no podía participar como candidato”. (Ver editorial).

Esto no nos exime de constatar que Mockus fue víctima de una leguleyada, entendida según el DRAE como una “maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad”. Para el caso que nos ocupa, la leguleyada consistió en que Henry Murraín nunca figuró en la Cámara de Comercio como representante legal de Corporvisionarios (entidad que el excongresista fundó y del cual fue representante legal), por lo que Mockus quedó como el responsable de todos los contratos suscritos con el Estado.

La muy shakesperiana paradoja reside en que los demandantes no son precisamente unos dechados de virtud, sino todo lo contrario: José Manuel Abuchaibe, cercano a Oneida Pinto (testaferro político del asesino ‘Kiko’ Gómez), y un exsenador que necesita que el Partido Verde pierda sus votos para que él pueda entrar al Congreso, Víctor Velásquez Reyes, de Opción Ciudadana, un partido surgido de las entrañas del paramilitarismo.

Aquí se configura el dicho popular que habla de los pájaros disparándoles a las escopetas, y sienta las bases para lo que podría ser además una usurpación o vulgar raponazo de los 536.252 votos que obtuvo Mockus al hacerse elegir como senador. Ahora se pretende asumir que como su elección se quedó sin credencial, esos votos adquirirían también el carácter de nulos y de este modo terminaría por asentar sus sucias posaderas en el Senado hasta Oswaldo Ortiz, el pastor “cristiano” que se burló de la enfermedad de Parkinson de Mockus después de haberle arrebatado su curul… de la mano del guajiro Abuchaibe. (Ver video).

Volviendo al editorial de El Espectador, este hace claridad en que “la sanción a Mockus es justa, pero no puede extenderse a que el Partido Verde sea despojado del más de medio millón de votos que le representó su candidatura. Eso, en la práctica, implicaría que los verdes perderían varias de sus curules y otros partidos las obtendrían, reacomodando el Congreso”.

Para colmo de males, al que no quiere caldo se le dan dos tazas: detrás de la demanda por lo de Mockus viene una segunda, también ante el Consejo de Estado y según Darcy Quinn a punto de fallar contra Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro y en cuya compañía conquistó la bicoca de 8’034.189 votos. Según Quinn, a Robledo le podrían arrebatar también su curul en la Cámara por una supuesta doble militancia, debido a que habría pasado del Partido Verde a ser candidata de Colombia Humana sin haber cumplido con los requisitos que exige la ley.

Aquí entre nos, si prospera esta demanda significaría que automáticamente la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez también quedaría en veremos, en sujeción a la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que en su artículo 2 establece: “Quien participe en las consultas de un partido no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Su incumplimiento constituye doble militancia y será sancionado con la revocatoria de la inscripción”.

Para El Espectador “no deja de ser sospechoso que el Consejo de Estado, letárgico por naturaleza, haya fallado con tal celeridad (en el caso de Mockus). La ley es dura, sí, y es la ley también, ¿pero la están aplicando por igual a todos los que la incumplen?”. El interrogante va entonces por igual para la vicepresidencia que buscó Ángela Robledo, como para la que conquistó Marta Lucía Ramírez.

El panorama de todos modos es aún más complejo, pues de por medio está la absurda circunstancia de saber que el movimiento que quedó de segundo en la anterior contienda electoral por la presidencia, Colombia Humana, no tiene personería jurídica. ¿Y por qué no la tiene? Por otra leguleyada: según el Consejo Nacional Electoral (CNE), compuesto no por magistrados sino por políticos expertos en componendas, le habría faltado un “requisito cualitativo” consistente en que, por no haber postulado candidatos a Cámara y Senado, Colombia Humana no obtuvo “una votación superior al 3% de los votos emitidos en el territorio nacional".

Con esta “magistral” interpretación de la norma los “magistrados” del CNE han convertido a Gustavo Petro en un paria de la política, debido a su condición de senador sin partido, y es esta inequitativa situación la que le ha impedido confeccionar listas y conceder avales para las elecciones regionales que se avecinan.

Así las cosas, se hace urgente unir voces con el editorial de El Espectador para recordarles a quienes protegen el orden constitucional que “el Consejo de Estado no puede permitir que se le haga esa trampa a la democracia del país”.

DE REMATE: Es cierto que el documento de Wikileaks profusamente divulgado el domingo de Ramos no delata una alianza de Sergio Fajardo con Álvaro Uribe, como tituló equivocadamente Publimetro, pero sí quedo demostrada su cobardía y su tibieza, pues se trata de alguien a quien le da culillo enfrentar al ser más dañino, nocivo, criminal y repulsivo que ha parido nuestra democracia en lo que llevamos de siglo XXI.

lunes, 8 de abril de 2019

Algo huele mal en Santa Marta



"El Estado que renuncia a la justicia 
no se distingue de una partida de bandidos".
San Agustín

Podría parecer un hecho aislado, pero basta fijarse en el modus operandi desplegado durante el allanamiento al despacho del alcalde de Santa Marta el sábado 6 de abril, para constatar que asistimos a la resurrección de las prácticas ilegales que imperaron mientras existió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), célebre por las persecuciones a magistrados, periodistas y opositores al régimen de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy se llama Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y su director, nombrado al día siguiente de la posesión de Iván Duque, es el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya, quien se desempeñó como jefe de la Casa Militar entre 2002 y 2010, o sea que es un hombre de toda la confianza del que sabemos.

Pues bien, fue este organismo el que sin contar con orden de ningún juez o autoridad competente, actuando bajo órdenes del alcalde (e) Daniel Rugeles, se tomó la oficina de la alcaldía samaria bajo una modalidad que bien puede calificarse como secuestro, pues el primer “procedimiento” que practicaron consistió en tapar los lentes de las cámaras de seguridad con trapos, como si se tratara de vulgares delincuentes necesitados de ocultar sus fechorías.

Daniel Rugeles era el secretario de Transparencia de la Presidencia y fue nombrado en Santa Marta de manera arbitraria (por no decir dictatorial) en remplazo del alcalde elegido por voto popular, Rafael Martínez, a quien un juez le ordenó casa por cárcel debido a un proceso que se le sigue por presunta corrupción en la contratación de unas obras de remodelación de la red hospitalaria. ¿Por qué abusiva o dictatorial? Porque el movimiento político Fuerza Ciudadana, que le dio el aval a Martínez para ser elegido, envió una terna al presidente Duque para escoger al alcalde encargado, como ordena la ley, pero en Presidencia prefirieron saltarse la norma y nombrar a Rugeles.

Precisamente desde la Presidencia –o mejor, desde la Vicepresidencia- parece haberse gestado la ilegal toma, si advertimos que el operativo no fue comandado por un miembro de la DNI ni por nadie con uniforme de esa entidad, sino por Emiro José Castro Meza, quien es oriundo de Santa Marta pero viene de trabajar como contratista del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, aliado indiscutible de la vice Marta Lucía Ramírez en Santander.

Pese a que se trató un operativo abiertamente ilegal y en tal medida debería conducir al despido fulminante (por no decir al arresto) de los que aparecen en esta foto, el alcalde (e) Daniel Rugeles expidió un comunicado que, sin proponérselo, tiene todos los visos de ser una confesión de culpa. (Ver comunicado).

“Teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas”, dice gaseoso, sin puntualizar a cuáles denuncias alude, “solicité a los organismos de inteligencia una revisión exhaustiva de mi despacho”. Revisión exhaustiva no es invadir cinco individuos vestidos de civil el despacho del alcalde, tapar con trapos las cámaras de seguridad, lanzar por la ventana un disco duro hacia un vehículo privado (constitutivo del delito de hurto) y llevar equipos de cómputo de otras oficinas al despacho principal para ser conectados a un dispositivo UFED que extrae información de discos duros, según documentada denuncia de Hoy, Diario del Magdalena.

Continúa el comunicado de Rugeles afirmando que “se ha solicitado el levantamiento de un acta con la presencia del Personero Municipal, que recoja el desarrollo de la jornada de investigación”. Un video de Noticias Uno muestra precisamente al Personero golpeando la puerta del despacho y presentándose como tal para que lo dejen entrar, con resultado infructuoso, el día del allanamiento.

Noticias Uno también entrevistó al eminente jurista Ramiro Bejarano, quien conceptuó que “lo más grave es la actitud de Director Nacional de Inteligencia; un exalmirante de la República que conoce situaciones de orden público, ¿cómo es posible que se deje dar semejante orden, sustituya a la Fiscalía y empiece a levantar pruebas como a bien tenga? ¿A qué queda expuesto? A que le pidan que empiece a espiar, a utilizar la central de inteligencia como hicieron con el DAS, que tuvieron que desaparecerlo”.

Más adelante el alcalde (e) Daniel Rugeles advierte en tono amenazante que “mientras se realizaba la revisión, aparecieron en redes sociales imágenes al interior del despacho que exhibían dicho procedimiento. El origen de estas imágenes también será materia de investigación”. Vaya tontería, la investigación arrojará que las imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad del despacho del alcalde antes de que fueran cegadas con pañuelos blancos.

Lo preocupante de todos modos no está ahí, sino en la alta dosis de cinismo que exhibe Rugeles cuando en el remate del comunicado anuncia que “como alcalde encargado de la Ciudad ejerceré mis funciones con el acompañamiento de las autoridades, con total transparencia”.

¿Cuál transparencia, por Dios, puede haber en todas las arbitrariedades y atropellos aquí expuestos? Pensándolo bien, no es que algo huela mal en Santa Marta, sino que hiede.

DE REMATE: Al cierre de esta columna se supo que Emiro José Castro Meza canceló el pasado lunes 8 de abril un contrato que tenía con la alcaldía de Floridablanca y al día siguiente –o sea ayer martes- fue nombrado secretario general del alcalde (e) de Santa Marta. (Ver noticia). O sea que el día que dirigió el allanamiento no lo unía ningún vínculo con la Dirección de Inteligencia ni con la alcaldía de Santa Marta, y el precipitado nombramiento de ayer obedecería a la necesidad de darle apariencia de legalidad a la toma del despacho.

Habría que ver además cómo se compagina lo anterior con el hecho de que su progenitora, Fanny Castro Meza, el 1 de marzo fue nombrada directora territorial para el Magdalena del ministerio de Transporte. Ambos, madre e hijo, eran hasta hace unos días fichas claves de Marta Lucía Ramírez en Floridablanca. Ahora ella hace enroque y los traslada a Santa Marta, donde tiene de alcalde encargado a otro de los suyos. Sumado a que el viceministro del Transporte, Juan Camilo Ostos, hombre de confianza de la vice, ya casi no sale de la capital samaria. Marta se está tomando a Santa Marta, mejor dicho.

En Twitter: @Jorgomezpinilla1


martes, 2 de abril de 2019

“Yo no pateo perro muerto”


Bien llamativa resultó la respuesta amenazante de Paola Holguín a la columna de Yohir Akerman donde reveló los vínculos que el papá de ella, Frank Holguín Ortiz, sostuvo con Pablo Escobar en los años 90 como narcotraficante y testaferro del capo. El trino de la senadora uribista es fiel reflejo de su catadura moral y del entorno mafioso que la envuelve: “yo no pateo perro muerto” da a entender que el periodista se va a morir… o ya se puede dar por muerto. Sea como fuere, el meollo del intríngulis reside en que si la columna de Akerman mintiera, en lugar de una amenaza ella habría anunciado denuncia penal por injuria, calumnia o atentado al "buen nombre". Si calla en eso, es porque no puede desmentirlo. O sea, no se atreve a patear al perro estando vivo. (Ver columna).

DE REMATE: Hace cuatro años por los idus de marzo publiqué algo titulado El trabajo intelectual es la puta del paseo, donde conté que “llevo diez años escribiendo columnas gratis, primero para El Tiempo, luego para Semana y ahora para El Espectador. Solo aquí se justifica, pues (…) este diario bate récord mundial como el que más columnistas tiene por kilómetro cuadrado, de modo que si les pagaran a todos se quebrarían al día siguiente”.

El Espectador fue el primer medio colombiano importante que comenzó a cobrar por la lectura de su información digital, mediante suscripciones que van desde una baratísima mensual de $19.000 hasta el paquete Súper Premium de $269.000, que incluye suscripción anual a The New York Times.

Hasta el pasado lunes 25 de marzo yo tenía acceso ilimitado en mi condición de columnista, pero justo ese día a primera hora de la mañana quise entrar a Elespectador.com y me topé con un letrero que advertía en tono amable –aunque enérgico- haber sobrepasado el número máximo de 16 visitas gratuitas permitido, y solo dejaba una opción bien visible en el centro de la pantalla:


Pensé que debía tratarse de una equivocación, así que llamé directamente al despacho de don Fidel Cano y le pregunté a su asistente con quién debía hablar para renovar la suscripción de cortesía, y ella me comunicó también en tono amable –aunque enérgico- que “de ahora en adelante toda persona que quiera leer El Espectador, desde el director hasta los empleados pasando por los columnistas, debe tomar una suscripción en cualquiera de sus modalidades”.

Le pregunté entonces –de puro atrevido- si eso incluía a los columnistas que escribimos gratis para este diario, y su monosilábica respuesta fue la misma de una novia a la que una vez conminé a que me respondiera si “¿definitivamente, tu última palabra es NO?”, y ella respondió SÍ.

Así las cosas, en vista de la intransigencia de esta casa editorial frente a una contraprestación tan mínima como sería una suscripción de cortesía ad aeternum, me veo en la penosa obligación de anunciar que a partir de este momento se cierra un ciclo, y quienes estaban pensando relamidos de la dicha que yo renunciaría a este espacio de opinión por no querer pagar pinches $19.000 mensuales de suscripción, se quedarán viendo un chispero.

Contrario a lo que podría pensarse, el suscrito columnista solo tiene motivos de gratitud con el director del periódico que le abrió sus puertas hace cuatro años, tras ser despedido de Semana por un asunto del que ya no logra acordarse, y hoy es consciente de las dificultades a las que se enfrentan otrora poderosos medios, como los mencionados en este párrafo.

Es una apuesta arriesgada la que han asumido El Espectador y Semana al sumarle al cobro de sus ediciones impresas el de su contenido digital, pero es lo que hay, así se expresa la segmentación de los mercados: se pierden lectores de bajos recursos pero se generan nuevos ingresos, los de quienes cuentan con la capacidad económica de suscribirse y saben que pagan por lo que no encontrarán en otros medios.

Si El Espectador y Semana logran mantener la calidad periodística, satisfacer las expectativas del suscriptor y no perder su capacidad de influir en las decisiones nacionales, lograrán mantener airoso a su “producto” en el cada vez más competido negocio del periodismo digital.

Según informó La Silla Vacía, El Tiempo se había puesto como fecha el seis de noviembre de 2018 para empezar a cobrar por su contenido digital, y luego lo aplazaron para diciembre porque alguien se acordó de que ese mes caía abruptamente el tráfico en las páginas de noticias. Pero se llegó abril de 2019 y la tan sonada “innovación” nada que arranca, y no sería de extrañar que el reiterado aplazamiento obedezca a la crisis de credibilidad desencadenada por las cercanas relaciones entre el fiscal Néstor Humberto Martínez, el grupo AVAL y Odebrecht.

El problema de fondo –ligado al tema económico- es la amenaza que hoy se cierne sobre el periodismo independiente, más con un gobierno de corte neofascista como el actual, que llega a barrer y decorar la casa a su gusto. Es apenas obvio que el régimen cuyas garras comienzan a aflorar hará el mejor de sus esfuerzos para darles un trato VIP a los medios de comunicación más condescendientes… y para tratar de “neutralizar” a los que sigan prefiriendo la independencia.

De ello da cuenta Noticias Uno, sobre el que pende como espada de Damocles esta amenaza lanzada por Álvaro Uribe en marzo del año pasado: “Daniel Coronell, contratista de Santos, tiene pánico y con razón: un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”. La amenaza en últimas es para todo medio, magistrado(a), político, funcionario o periodista que trate de salirse de la ‘pauta’ trazada desde arriba. Eso les traería onerosas consecuencias, como las que se vivieron durante los ocho nefastos años de la Seguridad Democrática: chuzadas del DAS, persecución a las Cortes, entrada de mafiosos a la Casa de ‘Nari’ por el sótano, Yidispolítica, etc.

Hoy más que nunca se hace urgente cerrar filas de apoyo en torno al periodismo independiente, y el único modo de preservar su independencia es pagando una suma justa y módica. Y no se vaya a pensar que el sentimiento que aquí me anima es de lo más altruista y solidario, no señores. Es que si no se suscriben, ¡¿cómo carajos vamos a hacer para que nos lean?!