lunes, 12 de noviembre de 2018

El aviso de la debacle



Vienen tiempos muy difíciles para Colombia. El poder gubernamental ha sido arrebatado en las urnas mediante artimañas y propaganda negra por una fiera sedienta de venganza, que hace dos años estaba herida de muerte por las negociaciones de paz y hoy se encuentra resucitada y con nuevos bríos, gracias al absurdo plebiscito que en 2016 se inventó el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Santos creyó que la refrendación del acuerdo con las Farc -a la que no estaba obligado- sería pelea de toche con guayaba madura, confiado en que el pueblo quería la paz y ello representaría una dura derrota para Uribe, pero no previó que los miles de votantes que en las encuestas aparecían decididos en mayoría aplastante por el SÍ, el día crucial del referendo pensaron “si vamos a ganar por más de 20 puntos, mejor me quedo en casa. Un voto menos no cuenta”.

Y vino la aplastante derrota de la paz, cuyas nefastas consecuencias hoy padecemos, al punto de hallarse la JEP en cuidados intensivos y tener en la presidencia del Senado a un sujeto del que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si terminó el bachillerato, un tal Ernesto Macías que fue objeto de la maratón de condecoraciones más aparatosa que se haya visto en la historia de Colombia, 15 en un solo día, la primera de ellas la Cruz de Boyacá (así mancillada) de manos del presidente Duque y las 14 restantes a cargo de la corrupta clase política, empresarial y gubernamental del Huila, haciendo la debida claridad en que otra parte de la clase política y empresarial opita sí es decente.

Es comprensible la ola de apoyos y gratitud que suscitó Santos tras su salida de la presidencia, básicamente por haber acabado con las Farc, pero es también de caballeros imbuidos de franqueza señalar que no tuvo la suficiente entereza, valentía o arrojo para resistir la embestida de la fiera acudiendo a la mejor ‘arma’ que siempre estuvo a su alcance, pero nunca quiso utilizar: la verdad sobre Álvaro Uribe. Y si no me creen pregúntenle a Enrique Santos Calderón, su hermano mayor.

Sea como fuere, no es la hora de llorar sobre la leche derramada sino de advertir sobre los peligros que se ciernen para la institucionalidad de la nación, el primero de ellos desde la curul del ‘bachiller’ Macías, quien de manera impúdica lanzó una amenaza de toma del poder judicial por la vía populista-autoritaria de convocar a una Constituyente si sus Cortes no se alinean a los deseos y designios de su patrón. El objetivo es claro: aplastar cualquier voz disidente que pueda surgir en el camino de pavimentarle a Uribe una impunidad jurídica a perpetuidad. Y así se expresa el designio:

“Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso, verdaderas reformas a la Justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El Presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente”. E.M.

Eso de “el presidente no debe descartar" suena a ucase imperial, pues Macías no habló a título personal, por supuesto. El solo es un servil amanuense del ‘caudillo’, su duquecito en versión Senado.

Según el analista Fernando Posada, estamos frente a “un descaro inédito: el presidente del Congreso invitando a evitar el curso de proyectos en el Congreso y proponiendo el uso de otros caminos. Increíble que sean palabras del jefe de una rama del poder, que debe proteger la credibilidad institucional; no debilitarla públicamente”. (Ver trino).

Es aquí en últimas donde se verá la verdadera catadura ética y moral del Congreso, cuyos integrantes tienen dos opciones: lanzarnos al abismo de una dictadura camuflada en la carita de niño bueno de un monigote que se prestó para que Uribe recuperara el poder perdido; o preservar la institucionalidad y la solidez jurídica de la nación, evitando que se vean deshonradas por el apetito insaciable de un sátrapa, hoy en condición sub júdice, necesitado de darles cristiana sepultura a los ‘pequeños’ obstáculos que se le atraviesan para completar la toma total y definitiva del Estado.
Ante tan ominoso panorama, que incluye en el plano económico a un presidente Robin Hood a la inversa (asaltando a los pobres para darles a los ricos) elevamos nuestras oraciones al Altísimo, suplicándole que en su infinita sabiduría nos salve de la debacle que se avecina.

En caso contrario, si ocurriere que Dios está inhabilitado para evitar la hecatombe debido al asunto ese del libre albedrío de su humana creación, que al menos nos coja confesados...

DE REMATE: Dos asuntos álgidos cuya investigación exige nombrar un fiscal general ad hoc: uno, Néstor Humberto Martínez le abrió investigación al amigo que en 2015 atendió como abogado de Corficolombiana, a quien le recibió unas denuncias que nunca admitió haber conocido, solo ahora que las destapó Noticias Uno. Y dos, el denunciante (Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht) y su hijo (Alejandro Pizano) murieron de manera repentina con horas de diferencia, no solo en la misma finca sino en la misma silla del mismo escritorio... (Ver noticia).


lunes, 5 de noviembre de 2018

Objetivo: sacarle billete a un magnicidio


Guardadas las proporciones, pues Álvaro Gómez Hurtado fue un destacado líder político y Pablo Escobar un desalmado asesino, llama poderosamente la atención la forma en que los deudos de uno y otro personaje han coincidido en sacarle provecho a la muerte de su respectivo pariente.

Lo de Escobar lo trae a colación la periodista laureano-uribista María Isabel Rueda en columna titulada con acierto ¿Víctima o sinvergüenza?, cuando dice que “la familia de Escobar (…) resolvió sacarles provecho a los delitos del capo. Su hijo, hoy llamado Juan Sebastián Marroquín, ha escrito dos libros: ‘Pablo Escobar, mi padre’ y ‘Pablo Escobar, in fraganti’. Aunque el perdón que pide en nombre de su padre podría ser sincero, lo ha explotado comercialmente con mucho éxito”.

En lo referente a Álvaro Gómez está el libro-panfleto de su hermano Enrique, Por qué lo mataron, al que le pusieron precio de huevo para que se vendiera como ídem. Pero está sobre todo la obsesiva presencia acusadora de sus parientes en los medios, como eternas plañideras, que les ha servido para usufructuar el único patrimonio político que poseen, el de ser parientes del líder inmolado. O como dijera el exfiscal Eduardo Montealegre: “nunca han podido construir algo distinto a esa herencia, viven de una gloria prestada. Sin ella sólo serían recordados por la agresividad de sus palabras, el sectarismo y la mediocridad de sus ideas”.

Esa ‘herencia’ hoy se concentra en dos hermanos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hijos de Enrique Gómez Hurtado, a quien se le recuerda por haberse reunido en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva cuando este huía de la justicia, acusado de haber ejecutado el plan para asesinar a su hermano. Al recibir esa visita clandestina incurrió en dos delitos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero hasta hoy no ha dado ninguna explicación ni respondido ante la ley.

De Miguel, economista él, se sabe que se ‘quemó’ en su intento de hacerse elegir al Senado por el Partido Conservador (siendo cabeza de lista…), mientras que a Enrique, de profesión abogado, el 2 de noviembre pasado en coincidencia con un aniversario más del magnicidio se le escuchó de nuevo su letanía de víctima, que incluyó “un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador”. (Ver noticia).

Pero lo llamativo no está ahí, sino en que ahora los Gómez Martínez han decidido saltar del provecho político al usufructo económico, y en función de dicho objetivo el propio EGM le dio a RCN Radio la “primicia” según la cual “la familia de Álvaro Gómez presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio”, de nombre Héctor Paul Flórez Martínez y de quien Gómez Martínez dijo que “tenía antecedentes (…) por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar”.

De entrada habría que decir que el condenado (a 40 años, de los cuales cumplió 18 y hoy está en libertad condicional) no era un delincuente menor sino un asesino confeso, miembro de una temible banda de sicarios, quien reconoció “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”.

Está además la delación de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le contó haber disparado cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron 4 los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con 4 orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”.

Por muy aberrante que parezca, la estrategia de defender al asesino del tío (a quien antes acusaron) podría resultarles exitosa, gracias precisamente a los buenos oficios de María Isabel Rueda, amiga y asesora del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien consiguió que la Fiscalía desechara la hipótesis que giraba en torno a un grupo de militares golpistas, tesis esta seguida por todos los fiscales anteriores y apoyada hasta por el exembajador de EE UU en Colombia, Myles Frechette.

Hoy la Fiscalía está casada con la versión de los Gómez Martínez, quienes se anotaron como éxitos que después de muchos años de brega obtuvieron la retractación de Lugo (ver retractación), y pusieron a rodar una aplanadora jurídica que ha llegado hasta lograr que el ente acusador profiriera acusación contra los tres policías que en cumplimiento de sus actividades rutinarias recibieron hace 23 años la declaración de Carlos Alberto Lugo… y hoy están acusados por favorecimiento y fraude procesal. (Ver noticia).

El espectador desprevenido se preguntará a qué obedece tanto apoyo altruista al condenado por el crimen contra su pariente, y la respuesta llega en forma de autoincriminación cuando el mismo Gómez Martínez declara en su “primicia” para RCN que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”, ocultando así que años atrás ellos mismos, como parte civil en el proceso, ayudaron a condenar al delincuente confeso.

O sea, van es por billete, y por partida doble: a la jugosa comisión para el abogado demandante si logra probar la inocencia de su “cliente”, se sumaría la millonaria indemnización que recibirían los parientes de la víctima. Ahora bien, para hacerse merecedores a lo segundo, deben encargarse de lo primero: sacar libre de culpa al condenado por haber asesinado al tío.

Con la declaratoria ilegal que a finales de 2017 hizo el fiscal general al definir el crimen como de lesa humanidad (de la mano de los ultragodos María Isabel Rueda y Pablo Victoria) se revivieron los términos para que los deudos puedan demandar responsabilidad patrimonial del Estado y tener acceso a la indemnización, pero hay un obstáculo a salvar: Héctor Paul Flórez: mientras haya un solo condenado por el crimen, la justicia lo asume como caso juzgado.

¿Ya entienden entonces por dónde va el agua al molino, cuando Enrique Gómez Martínez anuncia que se ha puesto en la tarea de tumbar el fallo contra el único condenado que hubo por el asesinato de su tío? Y  en ese estado de cosas, ¿no será que el tío debe de estar revolcándose en su tumba?

Mejor dicho, a tono con la columna de la señora Rueda arriba citada, ¿son los hermanitos Gómez Martínez víctimas del magnicidio… o unos sinvergüenzas?

DE REMATE: Este y otros temas con impactantes revelaciones forman parte de un libro próximo a salir, que lleva por título Objetivo: Matar a Álvaro Gómez.

lunes, 29 de octubre de 2018

Un Zuleta zalamero y un secuestro sospechoso


Ocurrió hoy hace once días pero es un tema que no puede quedar en el olvido, y menos permitir que lo sepulten: Felipe Zuleta Lleras me señaló en su columna de El Espectador de haber acusado al  presidente de la República del secuestro del niño Cristo José Contreras. ¿De haber dirigido u organizado el rapto? No sé, no lo dice en forma clara, lo único claro de su escrito zalamero es que le habla “al oído del presidente”.

Antes de entrar en materia, permítanme exhibir la prueba reina del carácter meloso o lisonjero al que hago referencia, en su segundo párrafo: “A todos nos consta que el presidente no para, literalmente, ni un minuto. Viaja a los sitios en donde hay problemas, está pendiente de todos los temas que le atañen a un primer mandatario. Es serio y coherente en sus posiciones, y fuera de eso es amable, honesto y afectuoso”.

Solo le faltó mandarle un besito.

Y ahora sí vamos al primer párrafo, para entrar en materia: “Leí hace unos días en la web de este diario una columna de un señor Jorge Gómez Pinilla, quien palabras más palabras menos, acusa del secuestro del menor Cristo José Contreras con fines mediáticos al presidente de la República. Este señor es por supuesto antiuribista y claramente no quiere a Duque”. (Ver mi columna).

Ahí solo acierta en que soy antiuribista (a mucho honor), mientras confunde a sus lectores con eso de que no quiero a Duque, pues hasta donde llega mi formación profesional el periodismo no se define por gustos personales, sino por la búsqueda de la verdad. Y la verdad sea dicha, la discusión no puede centrarse en si quiero o no quiero a alguien, aunque es de encomiar el esfuerzo que hizo Zuleta para demostrarle al presidente que él sí lo quiere, y mucho, mucho, mucho. Ay.

Sea como fuere, releí mi columna con el dedo presto sobre el celular para llamar a mi abogado, abatido por la angustia, buscando la frase donde el suscrito acusaba al mismísimo presidente de la República de haber orquestado “palabras más palabras menos” el secuestro del “menor”, pero no la hallé. Así las cosas, tengo la leve impresión de que la columna del señor Zuleta Lleras constituye una temeraria afrenta contra el suscrito, que daría incluso para escribir cosas como “si algo me pasa, responsabilizo a…”.

Por eso mismo, el tema no puede quedar sepultado en el olvido. Y el tema no es si acusé o no acusé al presidente Duque, diría incluso que él no tiene velas en este entierro. El tema de fondo es que en la mañana del 3 de octubre pasado se presentó el supuesto secuestro del hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander), Edwin Contreras, y en horas de la tarde el mismo Duque anunció que el pequeño había sido rescatado, pero luego se supo que “uniformados del Ejército se trasladaron hasta el lugar y no se obtuvo ningún rastro del menor”, y el mismo alcalde salió a aclarar que “todo es una noticia falsa. Sigo reunido con el Gaula para dar con el paradero de mi hijo”. (Ver noticia).

Si de noticias falsas se ha de hablar, Colombia no es territorio donde alguien pueda escandalizarse porque un columnista hace preguntas sensatas frente a un suceso plagado de interrogantes: comenzando con que el niño fue rescatado de su ‘cautiverio’ sin señal alguna de que hubiera permanecido aislado ni le estuviera haciendo falta la mamá, quien afirmó no estar interesada en saber quiénes lo secuestraron; siguiendo con que no se produjo ninguna captura, pese a que “la zona fue asegurada con más de 5.000 hombres”; pasando porque no se cumplieron los protocolos de atención psicológica a la ‘víctima’ por parte de Medicina Legal, y rematando con el ingreso triunfal del niño con nombre bíblico a la Casa de Nariño para recibir las atenciones y los cariños del presidente Iván Duque.

Colombia es un país donde es muy fácil armar tramoyas para hacerle creer a la gente lo que no es: como cuando -según Semana- oficiales del Ejército montaron atentados en Bogotá previos a la segunda posesión de Uribe, entre ellos “un carro bomba que mató al ciudadano José Antonio Vargas (…) presentado como una víctima de la guerrilla”. (Ver noticia).

O cuando armaron el montaje que llevó a la cárcel al exconcejal Sigifredo López, con la activa participación de RCN, y le hicieron creer al país que era un guerrillero camuflado de las Farc. O en caso casi copiado del anterior, cuando a Jubiz Hasbún el DAS le dañó la vida al capturarlo con la única intención de ocultar a los verdaderos asesinos de Luis Carlos Galán.

O los mismos falsos positivos, en clara muestra de la capacidad operativa que tuvieron casi todas las brigadas del Ejército para asesinar “sistemáticamente” (según la ONU) a miles de jóvenes y hacerlos pasar por muertos en combate. O la Operación Jaque ocurrida hace diez años, de la cual cables de Wikileaks revelaron que semanas antes del famoso operativo, el que aparecía como un guerrillero burlado, alias César, venía adelantando acuerdos con el gobierno Uribe para entregar a varios secuestrados de las Farc. (Ver columna al respecto).

Por todo lo anterior, aunque no soy experto en el manejo de redes sociales, quizá debería haber un hashtag o movimiento o algo que permita exigirle al fiscal Néstor Humberto Martínez que cumpla la promesa que hizo en cuanto a que el secuestro de Cristo José “no va a quedar impune”. Por ejemplo #FiscaliaResponda, yo qué sé.

La más sagrada misión del periodismo es la de llegar a la verdad, repito, y frente al caso que nos ocupa esa debería ser la tarea de los medios de comunicación, no la de andar congraciándose con los poderosos o haciéndoles ojitos.

DE REMATE: La “liberación” del niño Cristo José tiene un elemento en común con el decreto contra la dosis mínima. El gobierno sabe que es inconstitucional y que solo los traficantes y los policías corruptos se están beneficiando con la medida, como lo demuestra sin margen de duda este informe de La FM. Pero les importa un pepino, porque la noticia se fabrica para las mayorías ignorantes: las señoras que van a misa y ven telenovelas quedan convencidas de que “¡por fin un presidente se preocupa por los niños!”. Y cuando la Corte tumbe el decreto por inconstitucional, las mismas señoras dirán que “¡esos magistrados no piensan en nuestros hijos!”. Y así.

lunes, 22 de octubre de 2018

El alcalde de Neiva y sus “hombres probos”


En la imagen el magistrado Jorge Alirio Cortés y los concejales detenidos.

El pasado martes 16 de octubre publiqué en El Espectador un artículo titulado ‘El hombre del maletín y el alcalde de Neiva’, el cual provocó en la capital opita un terremoto político tan fuerte que Rodrigo Lara Sánchez se vio obligado a responder en un “Comunicado a la opinión pública”, que a su vez me obliga a dar respuesta.

De entrada, dijo que “luego de los más de veinte días de exposición de interceptaciones telefónicas a los acusados por parte de la Fiscalía en la audiencia de legalización de captura, no se escuchó una sola grabación en la que se me comprometiera con aquellos acontecimientos”.

Falso: según un audio al que tuvo acceso el portal Ondaopita.com, Rodrigo Lara sí sabía de la elección irregular del contralor y la personera del municipio. En la grabación citada el diputado Oscar Urueña, del partido Alianza Verde —el mismo del alcalde— se comunica con el recién elegido contralor municipal José Hildebrán Perdomo para informarle que el alcalde Lara lo va a llamar, y le avisa de una reunión “a las cinco de la tarde en la casa de él, el lunes festivo, con Heidy (Lorena Sánchez, la personera), usted y yo y vamos a llevar a Carlos Sterling”, este último también concejal de los verdes. (Escuchar audio).
 
Un alcalde puede encontrarse con quien le parezca, pero que se reúna en su propia casa con el contralor luego de su elección resulta abiertamente contrario a la ética y desdice de su cacareada lucha contra la corrupción (la misma que lo hizo elegir), en consideración a que se trata del funcionario encargado de controlar las finanzas de la alcaldía. Guardadas las proporciones, es como si luego del reparto un juez y su acusado se reúnen en privado, en desarrollo del juicio.

Si de interceptaciones legales se ha de hablar, brilla con voz propia la del empresario René Cantillo Álvarez, amigo personal del alcalde, hoy preso -a quien se le conoció como ‘el hombre del maletín’ por haber sido el que repartió el billete grueso para la elección-, en conversación precisamente con el elegido contralor, Hildebrán Perdomo.

En el informe presentado por el investigador de la Fiscalía que escuchaba las grabaciones, se lee: ‘Hombre desconocido llama a Hildebrán Perdomo y le dice que hay dos cosas que le manda a decir la ‘Nana’, secretaria del magistrado Jorge Alirio Cortés Soto: la primera es que ahí no hay nada, que lo miraron con el magistrado; y segunda, que proyectó la admisión sin suspensión provisional… Hildebrán dice que descansó, gracias súper”.

El desconocido resultó ser el hombre del maletín, Cantillo, y en la llamada le comunica al contralor sobre la decisión del fallo que habría de emitir el Tribunal Administrativo del Huila por mediación del magistrado Cortés, referente a una demanda contra su elección interpuesta por Roberto Carranza, Hugo Alberto Llanos Pavón y María Cecilia Ocampo, tres de las personas que se presentaron al concurso de méritos pero perdieron.

Primer hecho llamativo: Hugo Alberto Llanos, cuota política del senador Jorge Eduardo Géchem Turbay, se abstuvo de apelar después de que el Tribunal negó la pretensión de los demandantes, y a continuación el alcalde Rodrigo Lara Sánchez lo nombró como su secretario de Gobierno.

Ahora fijémonos en la actuación del magistrado Cortés Soto, quien conformó la Sala de Decisión en el estudio de las demandas de nulidad presentadas, defendió los alcances de los dos fallos y negó cualquier participación en los hechos que originaron la detención de los concejales, pese a que su nombre apareció en varias de las 33.000 llamadas interceptadas por la Fiscalía.

Segundo hecho llamativo: unos días después de que el mencionado Tribunal hubiera negado la demanda, la alcaldía de Neiva firmó un contrato de prestación de servicios con la firma de abogados Consultas y Soluciones Jurídicas S.A.S., cuyo representante legal es Arnoldo Tamayo Zúñiga, cuñado del magistrado Jorge Alirio Cortés, por 1.310 millones de pesos (Ver facsímil).

El alcalde Lara Sánchez, cuyo gobierno se presenta como el más transparente en la historia de Neiva, adjudicó el contrato a dedo, con una empresa que no está en el Registro Único de Proponentes (RUP) para adelantar un cobro pre jurídico, algo que solo puede hacer en forma directa la administración municipal. El magistrado Cortés y René Cantillo son vecinos del mismo condominio residencial, y la Fiscalía investiga si este último habría tenido algún tipo de injerencia en el favorecimiento del contrato a familiares del togado, y si el mencionado contrato de prestación de servicios por tan exorbitante suma es legal o si en su suscripción se violó la ley.

En entrevista con el periódico La Nación, al ser interrogado sobre el hecho de estar bajo la lupa de la Fiscalía, el magistrado Jorge Alirio Cortés respondió: “Me gustaría poder colaborar con todo lo que esté a mi alcance para dejar en claro que este tribunal es una corporación honesta, de hombres probos, de hombres responsables, que jamás hemos participado en actos como los que se están investigando”. (Ver entrevista).

Dice el acalde Rodrigo Armando Lara, en expresión que me atañe como autor del artículo arriba citado, que “no sabemos si existen intereses oscuros al tratar de enlodar el buen nombre de la administración”. Sería bueno que lo aclare y dilucide, pero mientras tanto no sobra que reflexione en que la acción desplegada por la Fiscalía General de la Nación sobre el concejo de Neiva y sobre actos de su administración, que condujo a la captura de ocho concejales y dos exconcejales, un diputado, la Personera, el Contralor y un empresario, permite concluir sin lugar a dudas que detrás de tan amañada elección sí hubo “intereses oscuros”.


DE REMATE: En días recientes fue noticia nacional un sujeto hablando desde su celular contra Juan Carlos Vélez y Claudia Gurisatti, a los que trató de criminales, delincuentes y ratas: “ojalá les pasara algo”, “celebraría que alguien matara a…”, “yo los odio profundamente”. El tipo debe andar feliz pensando “¡miren lo fácil que me quedó volverme famoso!”. Es cierto que Vélez y Gurisatti son periodistas de RCN al servicio reverencial de la extrema derecha, pero volver noticia la propagación de mensajes insultantes o cargados de odio no es ético, ni sano, ni correcto.

lunes, 15 de octubre de 2018

¿Duque salvó a Cristo... o Cristo salvó a Duque?


Si el gobierno de Álvaro Uribe se 'distinguió' por los falsos positivos (más de 4.000 jóvenes inocentes ejecutados sin fórmula de juicio por diferentes brigadas del Ejército), el de Iván Duque parece mostrar preferencia por los falsos negativos, entendiéndose el secuestro de un niño inocente como algo negativo pero que, en el caso que nos ocupa, termina por convertirse en algo muy positivo para el precoz presidente.

El efecto psicológico en lo social por la liberación del niño Cristo José Contreras fue de una escala similar al ramalazo de alivio colectivo que se vivió con la Operación Jaque, cuando tras la liberación de Íngrid Betancourt y tres norteamericanos secuestrados por las Farc el entonces presidente Uribe convocó a sus ministros y los puso a rezar el rosario en agradecimiento a la Virgen María.

A esta altura del partido no es posible -todavía- afirmar o negar que haya sido un montaje, pero tratándose de algo tan abominable como el secuestro de un niño, resulta legítimo e imperativo exigir claridad de las autoridades en cuanto a quién lo secuestró y cuál fue su motivación, si extorsiva o política. Muchos analistas que he consultado coinciden en que parece una historia más truculenta que real, en la que desde Cristo José hasta el presidente lucen actuando para un novelón melodramático, de esos que llegan al corazón de las señoras que ven telenovelas y van a misa.

Todo indica que asistimos a un remake del ‘hechizo mediático’, cuando un genio de la propaganda política como Álvaro Uribe mantuvo hipnotizado al país durante ocho años, los cuales se habrían prolongado a doce -hasta eternizarse, como Hugo Chávez- si no hubiera sido porque la Corte Constitucional les puso el tatequieto a sus ansias dictatoriales.

En círculos ilustrados se burlan del tan publicitado ‘rescate’, como la encuesta que pregunta cuál ha sido la mejor película de ficción, si Matrix, Avatar, Terminator o El secuestro de Cristo José. Muy ingeniosos, pero eso les importa un pepino a los ‘creativos’ de la trama, porque cumplieron el objetivo de enternecer a la población atada a un pensamiento religioso atávico, alrededor de la figura bonachona del presidente y la cara bonita de un niño con nombre bíblico por partida doble, rescatado de las fauces de unos hombres malos, tan malos que secuestran niños y tan poderosos que no dejan ningún rastro de su accionar...

Son muchos los interrogantes sin aclarar, comenzando por la actitud del niño luego de su rescate, sin ninguna señal de miedo o prevención, alegre y rozagante, como si regresara de un paseo:

Si la zona fue asegurada con más de 5.000 hombres y la liberación se produjo “ante la presión de los cuadrantes establecidos por la Fuerza Pública”, ¿por qué no hubo ninguna captura y los raptores se volaron sin que nadie los detectara? ¿Y cómo es eso que citan al papá para que vaya a recoger a su hijo, y las fotos del encuentro son suministradas por la oficina de prensa del Ejército? Y ¿quién fue el libretista que tras su liberación le dijo al niño que dijera “Gracias, Colombia”? ¿Y por qué no se cumplieron los protocolos de atención psicológica a la ‘víctima’ por parte de Medicina Legal?

Si nos pusiéramos de capciosos diríamos que se trató de una ingeniosa cortina de humo para distraer la atención sobre las graves acusaciones de Salvatore Mancuso contra Álvaro Uribe, expuestas por el jefe paramilitar en la W Radio justo el día de la liberación (vaya coincidencia), donde aseguró que en varias ocasiones se reunió con él y con familiares suyos.

A modo de constancia se debe advertir que los regímenes fascistas de Alemania, Italia y España pusieron todo su empeño en controlar los medios exaltando la figura del respectivo caudillo, persiguiendo a los periodistas independientes, utilizando masivamente la propaganda para inculcar valores como patria, jefe o raza superior.

Hoy los perros rabiosos del uribismo se dedican desde su bancada en el Senado y desde sus ruidosas cuentas de Twitter (incluida la de su amo y caudillo) a censurar, matonear o atacar por la vía legal al periodismo crítico, mientras controlan el Congreso a sus anchas y desarrollan una poderosa campaña de propaganda orientada a los sectores más ignorantes -y mayoritarios- de la población.

No estamos en condiciones de afirmar que la revista Semana forme parte del ‘plan de medios’ de dicha campaña, pero es obligatorio hacer referencia a una crónica en exceso lacrimosa, publicada el mismo día de la liberación (vaya coincidencia) en Semana.com, de autor desconocido y al parecer redactada para la ocasión, donde el niño aparece como un mítico portador de milagros, si hemos de creerle al título: Libertad, el segundo milagro en la vida de Cristo José. (Ver crónica).

Mientras no se tenga claridad sobre lo ocurrido con un niño cuyo nombre en el imaginario colectivo evoca a la Sagrada Familia, mientras el fiscal general cumple su promesa de impedir que el secuestro quede impune, seguiremos atentos al desenlace de una historia con mil visos de truculencia, donde la supuesta víctima de un rapto sale a repartir sonrisas y a entrevistarse -muy agradecido- con el presidente de la República, mientras sus padres dicen que no les interesa saber quién secuestró al niño”. (Ver noticia). Aquí entre nos, ¿a cuál papá no le interesa saber quién secuestró a su hijo…?

Puedo estar equivocado, repito, pero todo parece apuntar en la misma dirección que se movía la propaganda política de un Franco en España o un Mussolini en Italia, hacia la construcción de leyendas épicas para uniformar el pensamiento de las capas más bajas de la población en torno al caudillo. En el caso que nos ocupa, hacia el objetivo táctico-estratégico de convertir a Iván Duque en lo que no es: un líder carismático.

Es lo que necesita el patrón, y para eso es la propaganda.

DE REMATE: Algún día la historia recordará los dos más grandes males que en orden cronológico tuvo Colombia, terminando el siglo XX y comenzando el XXI: las FARC y Álvaro Uribe Vélez.

martes, 9 de octubre de 2018

El hombre del maletín y el alcalde de Neiva


El alcalde Rodrigo Lara Sánchez con su amigo el empresario René Cantillo, conocido como ‘el hombre del maletín’,  durante la posesión de su protegida María del Pilar Trujillo Ruiz como Líder de Infraestructura.


Por JORGE GÓMEZ PINLLA

Para que esta historia no empiece coja se debe saber que el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por las balas de Pablo Escobar, tuvo dos hijos con el mismo nombre: Rodrigo Lara Restrepo, hoy senador de la República por Cambio Radical; y Rodrigo Armando Lara Sánchez, hijo de la secretaria del Partido Liberal en Huila, con quien Lara Bonilla tuvo un affaire que condujo a su nacimiento.

Lara Sánchez es hoy el alcalde de Neiva, cargo que conquistó en representación del partido Alianza Verde con la más alta votación en la historia esa ciudad, 74.212 sufragios.

Este segundo Rodrigo tiene mayor parecido físico al papá que el otro Rodrigo, pero es hora de saber si en su lucha contra la corrupción también se le parece. Lo cierto es que está inmerso en un escándalo de corrupción con tentáculos que enredan a varios aportantes de su campaña a la alcaldía, y lo tienen como corcho en remolino: ni se hunde ni sale a flote.

El escándalo explotó el pasado 23 de agosto, cuando la Fiscalía capturó a ocho concejales y dos exconcejales, un diputado, la Personera y el Contralor, así como a un empresario y un particular que se desempeñó como coordinador de la Oficina de Proyectos de la Universidad Surcolombiana (Usco), que avaló el proceso de selección de personero.

El diputado capturado responde al nombre de Oscar Urueña, de Alianza Verde, y es acusado de haber sido el que pactó la ‘compra’ de los concejales para asegurar la elección del contralor y la personera.

El motivo de la captura, todos se habrían puesto de acuerdo “de forma ilícita con la finalidad de lograr a toda costa que resultaran elegidos Heidy Lorena Sánchez como personera de Neiva y José Hildebrán Perdomo como contralor municipal, y para lograr el cometido se desconocieron requisitos esenciales relacionados con el concurso de méritos", según declaró el oficial del CTI a cargo del operativo.

Detrás de la amañada elección se percibe la mano de la alcaldía para acomodar esos dos órganos de control a sus intereses, con personera y contralor de bolsillo, e involucra anomalías como la adjudicación de millonarios contratos para los financiadores de su campaña o con familiares directos de estos, o la repartición de sumas de hasta 12 millones de pesos para cada uno de los concejales capturados y que están siendo procesados.

El mismo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, calificó el hecho como “absolutamente bochornoso”, y anunció que existen audios, chats, fotografías y videos que demuestran que se pagaron altas sumas por los votos a favor de los candidatos del alcalde que salieron elegidos.

En lo referente al diputado Urueña, en una llamada fechada el 23 de enero de 2016 este le informa a René Cantillo Álvarez que les entregó sendas sumas de ocho millones de pesos a los concejales Roberto Escobar y Dolcey Andrade, pero Cantillo lo interrumpe y le dice que este último se está quejando de que no le entregaron la plata completa. (Ver noticia).

Cantillo, el hombre del maletín
¿Y quién es René Cantillo? Es un amigo personal del alcalde Rodrigo Lara, del que se dice fue el mayor aportante a su campaña y sobre quien recae la repartición más gruesa de esos dineros calientes, motivo por el cual es conocido en Neiva como “el hombre del maletín”.

Cantillo es un reconocido empresario cafetero y contratista del Estado, y en las cuentas “oficiales” entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) figura un aporte suyo de 26 millones de pesos; suma insignificante para todo lo que recibió a cambio: por un lado se ha visto favorecido con contratos de hasta 200 millones de pesos para familiares suyos, y tiene a otros parientes nombrados en cargos clave del municipio.

Una hermana de René Cantillo, Tulia, ha recibido contratos por $105.310.000,00 de pesos, así: Contrato No. 286 de 2016 por $35.310.000,00 cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales a la secretaria de desarrollo social y comunitario en la coordinación, fortalecimiento, funcionamiento y operatividad del programa casa de apoyo  del habitante de la calle en el municipio de Neiva”; Contrato No. 440 de 2017, por $35.000.000,00 con el objeto de “Prestación de servicios profesionales a la secretaria de equidad e inclusión para ejecutar actividades de apoyo, asesoría y acompañamiento al programa dirigido a beneficiar a la población habitante de calle del municipio de Neiva”. Contrato No. 644 de 2018, por valor de $35.000.000,00, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales a la secretaría de equidad e inclusión para ejecutar actividades de apoyo, asesoría y acompañamiento al programa dirigido a beneficiar a la población habitante de calle del municipio de Neiva, en cumplimiento de la ley 1641 de 2013”.

Su hija Cindy Cantillo Camacho recibió contratos por $53.750.000,00, así: Contrato No. 443 de 2017 por $26.250.000,00, cuyo objeto es “Apoyo en la elaboración de estrategias publicitarias para la alcaldía de Neiva, para proyectar la imagen institucional a los medios y a la comunidad en general, contribuyendo en la transformación positiva de la percepción de la administración municipal”. Contrato No. 317 de 2018 por $27.500.000.00 cuyo objeto es “Apoyo en la elaboración de estrategias publicitarias para la alcaldía de Neiva, para proyectar la imagen institucional a los medios y a la comunidad en general, contribuyendo en la transformación positiva de la percepción de la administración municipal”.

Su esposa (hoy exesposa) Luisa Fernanda Tamayo fue contratada por $8.000.000.00 mediante contrato No. 1015 de 2016 para la “Prestación de servicios de apoyo a la operativización del parque de la música Jorge Villamil Cordovez”, en la secretaria de Cultura, Deporte y Recreación de Neiva.

Por sus aportes los contrataréis
Pero ahí no para la cosa. Exceptuando los 26 millones de René Cantillo, para la financiación de la campaña de Rodrigo Lara, se registraron otros 16 aportantes, según información entregada al CNE, por un valor total de $302’514.093.00. Entre ellos se destacan seis personas naturales, a saber:

Carlos Augusto Rosero Tafur, 26 millones, cédula 12116304
Diego Muñoz Marroquín, 26,5 millones, cédula 7688292
Alfonso Rosero Falla, 19,5 millones, cédula 7711267
Dorian García Alvira, 25 millones, cédula 79950800
Francisco José Rosero Tafur, 25 millones, cédula 12130277
Andrea Marcela Lozano Lozano, 24,05 millones, Cédula 1110448088

Estos seis aportantes se han visto favorecidos en la adjudicación de contratos o nombramientos de familiares, así:

Alfonso Rosero Falla, pariente de los también aportantes hermanos Carlos Augusto y Francisco José Rosero, se vio favorecido con el nombramiento de su esposa (a dedo, sin meritocracia), Erika Paola Losada Cardoza como gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, cuyo presidente de la Junta Directiva es el alcalde Rodrigo Armando Lara.

Diego Muñoz Marroquín obtuvo para su empresa, Muñoz Abogados SAS, un contrato de las Empresas Públicas de Neiva por $22’572.800 para adelantar el proceso de registro de marca de la imagen corporativa de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P. ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Trámite que es sencillo, se puede hacer por Internet y es gratuito.

Por cierto, el cambio de imagen de Las Ceibas tuvo un costo de 137 millones de pesos, y por el solo diseño del nuevo logotipo la alcaldía pagó 35 millones, dos cifras desde todo punto de vista exorbitantes. (Ver noticia).

Muñoz Marroquín también se vio favorecido con la designación de Hernando Josué Benavides Vanegas como gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, quien trabajaba en la oficina de abogados de Diego Muñoz antes de posesionarse como funcionario de la alcaldía. Sumado a lo anterior, fue evidente el apoyo de Rodrigo Lara Sánchez a la candidatura Muñoz Marroquín al Senado en 2017.

Según el periodista huilense Édgar Artunduaga, “Diego Muñoz Marroquín marcha a la sombra del alcalde Lara Sánchez, detrás del poder y los favores que puede dispensar el cargo. (…) Actúa como jefe del alcalde y como el socio político que lo sentó en el cargo, como el asesor y el puente para muchos efectos”. (Ver columna).

Continuando con los aportantes, Dorian García Alvira recibió contratos por más de mil millones de pesos en las Empresas Públicas de Neiva.

Otro caso de posible favorecimiento es el de la empresa 4G4 Ingeniería S.AS, que le organizó una reunión política a Lara Sánchez el 10 de octubre de 2015 (a tres semanas de la elección), y hoy tiene contratos con Empresas Públicas de Neiva que suman 1.200 millones, cuyo objeto es “optimizar y mejorar las redes del acueducto”.

John Jairo Andrade, hermano del exsenador conservador Hernán Andrade que movió votos por Lara, tiene contratos por más de 2.500 millones de pesos para reponer y construir alcantarillados.

De otro lado, la firma de Ingeniería Joules M.E.C. Ltda., de propiedad de los cuñados del exrepresentante a la Cámara Héctor Javier Osorio Botello, quien apoyó la gestión del alcalde Rodrigo Lara Sánchez, fue escogida cuatro veces consecutivas por Empresas Públicas de Neiva para trabajos de pavimentación.

Andrea Marcela Lozano, otra de las aportantes, se vio favorecida con el contrato para Suministro de impresiones gráficas, vallas, pendones, pasacalles y demás material publicitario y gráfico requerido para la difusión de la nueva estrategia de marca de Empresas Públicas de Neiva-EPN, por valor de $33’141.200.

Volviendo al hombre del maletín, René Cantillo, la foto que acompaña este artículo lo muestra en diciembre de 2016 ‘cubriendo’ ante el alcalde Rodrigo Lara la posesión de su protegida María del Pilar Trujillo Ruiz como Líder de Infraestructura, dentro del despacho de la alcaldía: un lugar donde el primer requisito para ingresar es dejar los celulares en la recepción.

El Espectador intentó comunicarse con el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, para conocer su versión de los hechos. Fue llamado a su celular y contestó una mujer, a quien le dijimos que había dos preguntas para hacerle en torno al tema en cuestión. Ella quedó de informarle, para que él respondiera. Sin embargo, al cierre de esta edición no había reacción alguna de su parte o de uno de sus funcionarios.

En declaraciones a los medios de comunicación, en agosto pasado y una vez se llevó a cabo el operativo de captura de los concejales y demás supuestos implicados, el burgomaestre lamentó lo sucedido y lo calificó como un hecho desafortunado que no ayuda al desarrollo de la ciudad y que quebrantaba la confianza de los ciudadanos con sus instituciones públicas, pidiendo celeridad para solucionar la situación.

“Que prevalezca la justicia y la verdad en este caso, brindando las garantías que requieren los concejales que lamentablemente están involucrados, así como los representantes de los organismos de control. Tenemos proyectos muy importantes por discutir, entre ellos el de la creación de la empresa de Alumbrado Público, que tiene dentro de sus objetivos la modernización de la iluminación pública”, manifestó Lara Sánchez en ese momento.

COLOFÓN: En honor a la verdad, fue a raíz de las denuncias que hizo Mateo Trujillo siendo presidente de Concejo de Neiva, que la Fiscalía se puso en la tarea de interceptar a los concejales y demás personas luego capturadas. Mateo Trujillo Segura pertenece al mismo partido del alcalde, Alianza Verde, y centró su acusación en que la elección de contralor y personero se había pactado desde el Concejo anterior.

lunes, 8 de octubre de 2018

“Somos culturalmente diferentes”


Tengo un amigo empresario -tocayo él y paisano, de apellido Uribe para más señas- al que veo poco porque viaja mucho, y cuando nos vemos le dedicamos horas a “arreglar” los problemas del país, con visiones de algún modo afines. Él nació en una familia conservadora pero hoy es dueño de ideas liberales, como el suscrito, y entre lo conservador de su talante brilla con luz propia que es honrado a más no poder.

Hablando de honradez, en días recientes me contaba de un importante negocio que estaba a punto de cerrar en una ciudad capital, a donde había sido llamado por un alto funcionario de la administración para finiquitar los términos del contrato, y mi amigo presentía que este habría de pedirle alguna comisión antes de estampar la rúbrica. No era la primera vez que le pasaba, por cierto, y en tal medida tenía la respuesta que para esos casos acostumbra dar: “muchas gracias, pero frente a ese tema somos culturalmente diferentes”.

El aspecto cultural, me explicaba, es que en esos círculos se asume casi como una cultura ese tipo de transacciones por debajo de cuerda, y por eso el modo de zanjar cualquier insinuación en torno a una eventual ‘tajada’ consistía en hacerle ver a su interlocutor que practicaba otras costumbres.

Hasta ese punto se ha llegado, al de asumir la trampa o el entuerto como algo inherente a nuestra sociedad, y una manifestación patética de dicha 'cultura' se aprecia en cómo atornillaron contra viento y marea a la abogada Claudia Sofía Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Al ‘presidente’ Duque ya le había estallado en las manos su nombramiento como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras conocerse unos trinos suyos cargados de odio contra las personas que debía proteger.

En esta ocasión Semana.com le descubrió una falsedad en la hoja de vida que Ortiz presentó para aspirar al cargo (ver denuncia): ahí señaló entre su experiencia laboral ser socia de la empresa Consultores Asociados-Abogados & Asociados SAS desde junio de 2005 hasta la fecha, siendo que dicha firma -con domicilio en Otanche (Boyacá)- fue constituida en la Cámara de Comercio de Tunja el 15 de enero de 2016.

Esa sola inconsistencia daría para que fuera descalificada ipso facto, porque cayó de modo flagrante en una mentira, que a su vez es falsedad en documento público. Pero no le pasa nada porque este gobierno está sumergido hasta los tuétanos en la cultura de la trampa o el esguince, mientras pregona de labios para afuera -el presidente, no su patrón- que “el que la hace la paga”.

Un caso aún más protuberante que el de Ortiz es el del Minhacienda Alberto Carrasquilla, también atornillado a su cargo bajo orden expresa de Uribe y obedecida por su subalterno el presidente de la República. Se dirá que es llover sobre mojado si no fuera porque hay un hecho novedoso, sobreviniente, que flota en el piélago de la permisividad a la que se refería mi amigo el empresario honrado, y deja ver el témpano de ilegalidad que se esconde bajo el iceberg de los Bonos Agua.

La novedad la exhibe José Roberto Acosta en columna para El Espectador, titulada Las mentiras de Carrasquilla, donde denuncia que Carrasquilla “no recibió $8.000 millones por cuenta de su participación (en dichos documentos) sino $22.658 millones (…) tal y como consta en la contabilidad de la fiduciaria encargada del negocio”; y enseguida explica que “se tienen cartas firmadas por varios alcaldes que confirman la labor comercial que adelantó Carrasquilla ante los municipios afectados con esos perjudiciales créditos”. Allí se revela además -segunda novedad- de qué modo aparece involucrado el exministro en el traspaso de Cafesalud a Medimás. (Ver columna).

Un tercer caso ligado a esa permisividad ‘oficial’ se presenta con la senadora María Fernanda Cabal: a dos de sus colaboradores en la campaña de marzo pasado, ambos funcionarios de la Secretaría de Integración Social del Distrito, John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, un juez los envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, acusados de constreñimiento y corrupción al sufragante; pero milagrosamente la Cabal no se enteró de nada, o sea que esos tipos habrían decidido encochinarse por su cuenta y riesgo. (Ver noticia).

A la señora Cabal le fue mejor que a Aída Merlano, política barranquillera consentida de Roberto Gerlein, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por hacer lo mismo que la otra, comprar votos para hacerse elegir senadora, con una diferencia notoria: la Cabal es de los afectos del “presidente Uribe”, quien ya está en condiciones -de nuevo- de impedir que le toquen a su gente.


Hoy medio país tolera, aplaude e incluso promueve esa cultura ‘traqueta’ del que abusa de la norma o la atropella porque es el que tiene la sartén (y la cachiporra) por el mango, mientras otro medio país se opone con los medios a su alcance, en este caso legales. Es la gente que solo puede expresar su escandalizado asombro ante el despiporre general de la corrupción y la molicie, y para sus adentros solo puede exclamar “somos culturalmente diferentes”, mientras espera sin mucha ilusión que un día reine la decencia en Colombia.

DE REMATE: Aquí entre nos, ¿qué hizo el bachiller Ernesto Macías para merecer la Cruz de Boyacá, máxima condecoración creada por el libertador Simón Bolívar para “honrar a los vencedores de gestas heroicas”? Fácil: ganarse la gratitud del “presidente Uribe” por su venenoso discurso contra el gobierno de Juan Manuel Santos el día de la posesión de su subalterno, Iván Duque.