Caso Álvaro Gómez: sobrino, esa platica se perdió

Tomado de El Espectador

Un deliberado intento de engaño a la Corte Suprema de Justicia acaba de fracasar en la figura de Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, después de que el alto tribunal ratificó la pena a 40 años de prisión contra el único condenado que hubo, Héctor Paul Flórez. A él, hasta donde llega la información que se conoce, la justicia le probó haber sido uno de los sicarios que disparó contra el dirigente conservador el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la universidad Sergio Arboleda en compañía de su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir.

Fueron varios los intentos que en representación de otros miembros de su familia hizo el abogado Gómez Martínez de torcerle el cuello a la justicia, con una finalidad puramente monetaria, si hemos de creerle al mismo demandante cuando el 2 de noviembre de 2018, en un nuevo aniversario de la inmolación de su tío y el mismo día que pidió revisión del fallo que encontró responsable del crimen a su ‘cliente’, afirmó sin ruborizarse que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”. (Ver noticia).

Por eso dije en columna anterior que Álvaro Gómez debe de estar revolcándose en su tumba, pues es impresentable que su familia como parte civil haya logrado la condena del asesino a 40 años y más de 20 años después, ya consumado el propósito de desviar la investigación, el sobrino de la víctima aparezca defendiendo a uno de los sicarios. El Consejo de la Judicatura tendría aquí un caso elocuente para investigar y juzgar a Enrique Martínez Gómez por conflicto de intereses.

Pero ahí no para la cosa, porque el pasado domingo 17 de febrero se presentó una situación que escapa a toda lógica: en horario AAA durante su emisión de las 7 de la noche, Noticias Caracol presentó un reportaje de casi 6 minutos, donde en tono de primicia nacional mostraban de refilón un informe de la Dirección de Policía Judicial que probaría que la investigación por el crimen había sido desviada y –en reminiscencia de un capítulo de Los Informantes de 2014- presentaban a Héctor Paul Flórez como un angelito  a quien la justicia convirtió en “chivo expiatorio”. La prueba reina que quisieron presentar como hecho sobreviniente fue un documento que todo el tiempo estuvo incorporado al proceso, pero en la nota lo hicieron figurar como si fuera el hallazgo judicial del siglo. (Ver informe de Noticias Caracol).

Lo sorprendente está en que luego de machacar sobre la injusticia que se habría cometido con tan larga condena, la inocente reportera (ella sí) afirma que “a Héctor Paul le queda un último recurso: la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la suerte del único condenado por el magnicidio”.

Lo que no se dice allí es que once días antes de la presentación de ese reportaje, el miércoles 6 de febrero, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández la sala penal de la Corte Suprema ya había rechazado la acción de revisión en la que Enrique Gómez pedía tumbar la condena, mediante un documento de 32 páginas donde refuta uno a uno sus argumentos, basada en que los elementos aportados como prueba sobreviniente ya habían sido tenidos en cuenta en otros estrados judiciales: “no es novedoso el contenido de las declaraciones rendidas por los testigos a los que alude la defensa”.

Pero en desarrollo del citado reportaje, que coincide con la llegada a ese noticiero de Mauricio Gómez Escobar, periodista estrella del mismo e hijo de la víctima, se le escucha orondo a su primo Enrique afirmar que “hay documentos que fueron ocultados hasta hoy (…) hace menos de cinco o seis meses por la Policía, y los vinimos a conocer por otras fuentes”.

La piedra del escándalo reside en que habiendo fallado la Corte sobre las pretensiones del demandante y luego de haber sido notificado, Enrique Gómez asaltó la buena fe del noticiero cuando once días después desconoció (u ocultó, aquí sí) la providencia “no susceptible de ser recurrida”, y dio declaraciones que engañaron o confundieron a la opinión pública, pues hizo creer que el recurso de reposición interpuesto aún seguía su curso: “mientras el país espera por el recurso ante la Corte, la Fiscalía avanza en la investigación por la presunta desviación de esta investigación (sic)”, dice la engatusada autora del reportaje, cuyo nombre no aparece quizá por vergüenza propia.

La providencia de la Corte Suprema se traduce en que la condena a 40 años de cárcel contra Héctor Paul Flórez -de los cuales pasó 23 en la cárcel y hoy está en libertad condicional- es cosa juzgada. En otras palabras, que a Enrique Gómez Martínez y demás deudos esa platica se les perdió.

Remato esta columna con el párrafo final de un equilibrado artículo de Semana en su última edición, donde en una primera parte le quitaron al suscrito columnista la palabra de la boca, pero en la segunda no: “Todo lo anterior arroja dos escenarios diametralmente opuestos. Por un lado, no tiene lógica pensar que a la sala penal de la Corte Suprema le interese desviar la investigación de un crimen de esa trascendencia nacional. De ser así, esta sería una teoría de conspiración que a nadie le cabe en la cabeza. Por otro lado, igual de improbable es que la familia del inmolado líder conservador encabece un movimiento para reivindicar la inocencia de quien según la justicia es el autor material”. (Ver artículo).

Aquí entre nos, eso de “igual de improbable” también podría ser sometido a revisión, pues en la práctica lo han venido haciendo. Sobre todo desde lo mediático, con agresivas acusaciones contra el gobierno de Ernesto Samper para lograr que el magnicidio se configure como crimen de Estado (detrás de lo cual habría otro jugoso botín), y donde la voz cantante de tal despropósito siempre ha sido la columnista conservadora María Isabel Rueda, quien acostumbra recurrir a los buenos oficios de sus invaluables amigos, las vacas sagradas del periodismo nacional.

Sea como fuere, si la conspiración para ocultar a los verdaderos responsables del asesinato de Álvaro Gómez no proviene de la Corte Suprema, se hace casi de Perogrullo inferir que podría provenir de los parientes de la víctima…

DE REMATE: En días recientes se hizo viral la noticia de una estafadora conocida como ‘la mona Jaller’, quien al momento de su captura afirmó saber quién mató a Álvaro Gómez, y agregó: “aténganse a las consecuencias”. El periodista Mauricio Collazos de RCN Radio le preguntó si algún político tendría que preocuparse, y la señora respondió: “Pregúntele a Pastrana”. A continuación el analista Jorge Restrepo, al informar desde su cuenta de Twitter sobre esa entrevista, incurrió en grave falta a la ética periodística cuando en trino suyo –que también se hizo viral- puso en boca de su colega Collazos una pregunta que este no formuló: “¿Quién tiene que preocuparse, acaso Horacio Serpa?”. El primero en pedir rectificación debería ser el periodista afectado, negando enfáticamente haber dicho eso. Si no lo hace, debe ser que no le ve problema a que su nombre sea utilizado por un superior suyo para confeccionar una noticia falsa.

Monseñor Pimiento y su problema con las divorciadas

Tomado de El Espectador

Que el cardenal santandereano José de Jesús Pimiento Rodríguez haya llegado en pleno uso de sus facultades a la edad de 100 años daría para pensar que el celibato es fuente de salud y vitalidad, o que Dios lo tiene entre sus elegidos para que perdure en el apostolado terrenal antes de llamarlo a su santo reino.

Nacido el 18 de febrero de 1917 en Zapatoca, “ciudad levítica”, el cardenal Pimiento es un ícono del pensamiento conservador dentro de la Iglesia Católica, y en tal medida representa una prédica muy, muy diferente a la que propone el papa jesuita Francisco.

En lo eclesial se nutre de las canteras ideológicas del obispo antioqueño Miguel Ángel Builes Gómez, quien escribía encendidas pastorales donde pregonaba tesis de claro cuño laureanista, como esta: “lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo, y el liberalismo es esencialmente malo”. Pero más conocido se hizo porque inventó dos nuevos pecados para las mujeres, montar a caballo y vestir como hombre, o sea con pantalones: “han resuelto aparecer ante la faz del mundo, pásmese el cielo, vestidas de hombre y montadas a horcajadas en caballos, con escándalo del pueblo cristiano y complacencia del infierno”.

No es por posar de aguafiestas en su centenario sino en defensa del pensamiento liberal, que obliga a recordar en monseñor Pimiento posturas de calibre similar a las de Builes. En entrevista con el director del periódico conservador El Frente, Rafael Serrano Prada (también de Zapatoca, amigo del suscrito columnista y pariente lejano), este le pregunta por “una batalla muy fuerte que libró usted en Manizales contra una gobernadora”, y Pimiento responde: “Fue una molestia que me causó el presidente Belisario Betancur. Una señora de una familia distinguida, liberal, le había dado unos voticos para la candidatura y el presidente se creyó obligado a darle la gobernación. Ella vivía en estado anormal, en adulterio. Casada con uno, se habían separado y se juntó con otro, y eso para Manizales era una ofensa. No solamente para mí, sino para la sociedad; le reclamé (a Belisario) y nunca resolvió nada. Tres años le estuve rogando que la quitara y no lo logré. (…) Con Alfonso López Michelsen, liberal, en Pereira sucedió algo semejante: hubo un obispo en Pereira que actuó con derecho y reclamó, y en 24 horas Alfonso López resolvió el problema, la cambió y dejó de hacer esa ofensa a la sociedad y al obispo”. (Ver entrevista).

El primer caso hace referencia a Dora Luz Campo de Botero, nombrada en 1975  por López Michelsen como gobernadora de Risaralda. A ella el obispo de Pereira, monseñor Darío Castrillón, le impuso un veto invocando su condición de pecadora, pues se había casado por lo civil. El “baculazo a la gobernadora", como se conoció el suceso, mantuvo al país en vilo durante dos semanas, hasta que la señora prefirió renunciar al cargo antes de posesionarse. Iglesia 1 –Estado 0.

El otro caso ocurrió cuando el 17 de agosto de 1982 doña Beatriz Londoño de Castaño fue nombrada gobernadora de Caldas, y al día siguiente el obispo de Manizales, monseñor Pimiento, le hizo saber a Belisario que el Congreso Presbiterial no vería con buenos ojos que, “dado su estado civil”, ella asumiera la Gobernación. Pero la ‘sindicada’ le salió con pantalones y le mandó decir al obispo ofendido que los nombramientos no los hacía la Curia sino el presidente y que "yo tengo la suficiente entereza para mantenerme en mis funciones; aunque respeto la posición del arzobispo, demando respeto hacia mí y mi familia". Por su parte el presidente Betancur le brindó un respaldo categórico, y el 20 de agosto el obispo recogió velas con un lacónico comunicado donde invocó su falta de competencia para reprobar nombramientos hechos por el "poder temporal". Estado 1 – Iglesia 1.

Lo más llamativo –como lección para la historia- es ver la paradoja de un presidente liberal que cedió al pataleo de un obispo, en contraste con uno conservador que asumió una posición liberal, pues no se dejó mangonear y sostuvo el nombramiento, lo cual le produjo a monseñor Pimiento una larga “molestia” de tres años.

Podría pensarse que eran otros tiempos, pero no es así. Lo de monseñor Pimiento es aquí el pretexto para desarrollar un tema que hoy vuelve a coger fuerza y se torna preocupante, como es la injerencia de la religión en la política o en las decisiones del Estado, laico por naturaleza. Pese a que parecía un asunto superado, asumiendo por sentido común que una y otra no deben mezclarse, el discurso religioso como arma política ha resucitado con fuerza avasalladora, sobre un escenario crispado por la polarización, donde solo ha habido un cambio de actores: antes mandaba la Iglesia Católica hasta en el currículum escolar, hoy comienzan a asomar con frenético impulso los “pastores”, llámense evangélicos o cristianos, y el fascista Bolsonaro en Brasil es ominosa muestra de lo que nos corre pierna arriba.

En Colombia, durante la campaña por el plebiscito de 2016  se comenzó a gestar como huevo de serpiente el proyecto político-religioso de extrema derecha que condujo al triunfo del NO, cuando fanáticas como la diputada Ángela Hernández y la senadora “liberal” Viviane Morales –secundadas por el procurador y ‘perseguidor’ Alejandro Ordóñez-emprendieron rabiosa cruzada para hacerles creer a sus rebaños de ignorantes que el acuerdo de paz encarnaba el propósito diabólico de convertir a los niños en homosexuales desde las aulas… y triunfó la mentira sobre la verdad.

Esa misma estrategia del engaño volvió a triunfar en la elección presidencial de 2018, y las consecuencias se ven retratadas en censura y persecución contra todo pensamiento diferente al oficial, y en que hoy el Partido Conservador pretende cobrarle su apoyo al presidente Iván Duque mediante la creación y conducción del Ministerio de la Familia, válgame Dios.

Y ya sabemos lo que se puede esperar de eso, pues en nombre de una Fe religiosa siempre se han cometido las peores atrocidades.

DE REMATE: A monseñor Pimiento también lo entrevistó María Isabel Rueda. Lo puso a hablar de lo divino y lo humano, de Duque y Maduro pasando por Guaidó, todo al gusto político de la periodista: “ahí está Dios cumpliendo la tarea de salvar a Venezuela”. Eso sí, olvidó preguntarle por su rechazo a las mujeres que se separan, y en particular por la gobernadora de Caldas que lo ofendió con su matrimonio civil. Pero bueno, se entiende: habría sido como mencionar a Watergate delante de Nixon. Por eso, prefiero la entrevista de mi paisano.

RABILLO: Causó revuelo un video del general (r) Rito Alejo del Río diciendo cosas como "yo he sido uno de los más sacrificados por defender a Uribe. No lo vuelvo a hacer". Cualquiera pensaría que el oficial está dispuesto a delatar a su antiguo aliado, pero más bien parece jugando al “hagámonos pasito”, sin soltar ninguna verdad comprometedora. Por ejemplo, Del Río sabe cómo fue lo del “accidente" del helicóptero en que murió Pedro Juan Moreno (el mejor amigo de Uribe hasta que se ‘abrió’ del parche) pero sigue callando.

Jaime Garzón, Álvaro Gómez: coronel implicado, cúpula impune

Tomado de El Espectador

La información fechada el pasado 6 de febrero dice que “la fiscal del caso del asesinato de Jaime Garzón pidió a un juez especializado del circuito que condene al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo como coautor de este crimen”. Y según la Procuraduría, “aprovechó su poder cuando era comandante de inteligencia de la Brigada 13 para cometer un acto criminal”. (Ver noticia).

Basta conocer la carrera militar y el prontuario delictivo del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo para tener certeza de la doble acusación, pero sobre todo para descubrir que su participación como coautor se habría hecho extensiva al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, no solo por testimonios aportados al proceso sino por confesión propia. Al momento de ser recapturado luego de una fuga (purgaba condena de 40 años por el secuestro y asesinato del empresario  Benjamín Khoudari), el abogado de Plazas Acevedo afirmó que su defendido “quiere decir la verdad sobre el crimen de Garzón y el de Álvaro Gómez Hurtado, la masacre de Mapiripán y otros homicidios atribuidos a los “paras” en asocio con militares”. La misma ‘verdad’ que hoy pretende llevar ante la JEP para tratar de eludir tan larga condena.

En lo referente al magnicidio del dirigente conservador, a Plazas Acevedo se le habría asignado el control del perímetro y al coronel Bernardo Ruiz la planeación táctica, sobre un escenario en el que se habrían desplegado tres grupos básicos: de choque (vigilancia), de asalto (seguridad perimetral) y de seguridad (objetivo). Ambos, Plazas Acevedo y Ruiz Silva, pertenecían a la Brigada 20 de Inteligencia Militar el día que se consumó el atentado. Según un testigo presentado en la revista Semana como “el hombre clave”, esa mañana del 2 de noviembre de 1995 intervinieron más de 30 personas en garantizar el ‘éxito’ de la operación.

Un papel similar habría desempeñado el coronel Jorge Eliécer Plazas en el también ‘exitoso’ operativo que condujo al asesinato de Jaime Garzón: su coordinación logística cuatro años después, consistente en suministrar a los sicarios de la banda La Terraza de Medellín la información requerida para ubicar y matar al día siguiente a Garzón, el 13 de agosto de 1999.

Para esa fecha Plazas Acevedo ya no actuaba desde la Brigada 20 que dirigía el coronel Ruiz Silva sino desde la Brigada 13, ambas de Inteligencia Militar, esta última presidida por el general Rito Alejo del Río, el mismo a quien Álvaro Uribe Vélez le rindió un sentido y concurrido homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama el 29 de abril de 1999, cuatro meses antes de que se encargaran de lo de Garzón.

El coronel Plazas Acevedo tiene todas las trazas de no ser un angelito, sino todo lo contrario, pero la pregunta del millón es si de su participación en ambos crímenes no se enteraron sus superiores inmediatos, en cuyo caso habría actuado como rueda suelta. En busca de una respuesta clarificadora aparece otro artículo de Semana (titulado En reunión militar se habría dado la orden de asesinar a Jaime Garzón) donde se habla de “uno de los investigadores de la época, Ender Olejua, quien fue uno de los testigos de la Fiscalía en el proceso” y se refirió una “junta militar” para discutir el caso de Garzón. Según Olejua, “se reunieron algunos militares y de ahí salió la orden para que Carlos Castaño hiciera el mandado”. (Ver artículo).

Por su parte Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’, involucró a los generales Jorge Enrique Mora (entonces comandante del Ejército) y Harold Bedoya, y al mayor de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, hoy preso en EE.UU. por paramilitarismo y narcotráfico. (Ver declaración). Este último (Santoyo, no Uribe) se habría encargado de interceptar las comunicaciones de los jefes de La Terraza e invitar a ocho de ellos a una finca de Carlos Castaño en Córdoba, donde fueron masacrados y enterrados en fosa común, dentro del objetivo compartido de desviar la investigación y ocultar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen.

Pero ahí no paran las sorpresas, porque el 16 de diciembre de 2013 Semana.com reveló (en artículo titulado Rito Alejo y el magnicidio de Gómez Hurtado) las declaraciones que el 15 de mayo de ese año dio a fiscales de Justicia y Paz el exparamilitar Edwin Zambrano, alias “William”, quien afirmó que “para agosto de 1995 se hizo un consenso de comando de milicias urbanas de las autodefensas en la finca Campo Dos en la vía a Valencia, presidida por Carlos Castaño, Vicente Castaño y varios narcotraficantes como ‘Varela’, Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y el general Rito Alejo del Río”. (Ver artículo).

En esa reunión los asistentes habrían expuesto que Álvaro Gómez “estaba dando bastante incentivo a los medios sobre la influencia del narcotráfico en la campaña de Samper, por lo que era necesario betar (sic) esa propaganda para que no se distorsionara una posible negociación de narcotraficantes en el futuro”. Según Zambrano, el general Rito Alejo del Río “determinó que el operativo más seguro sería a la salida de la universidad donde laboraba el doctor Gómez, y que la única forma era filtrar la seguridad por medio del mismo Estado”.

No es posible saber a ciencia cierta quién miente y quién dice la verdad frente a dos crímenes que se supone debieron haber tenido diferente motivación (Jaime Garzón y Álvaro Gómez), pero la aparente vinculación en uno y otro de oficiales como los coroneles Jorge Eliécer Plazas, Bernardo Ruiz y Mauricio Santoyo, así como de los generales Harold Bedoya y Rito Alejo del Río (para no mencionar a Álvaro Uribe, cercano a todos los anteriores), podría conducir a pensar que si se unificaran en un solo proceso las investigaciones por uno y otro caso, quizás se llegaría a sorprendentes resultados…

DE REMATE: Según un estudio de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el orden, control y cultura paramilitar siguen vigentes en el país: “es claro que las organizaciones sucesoras del paramilitarismo (Bacrim) tienen vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia”. Esto significa que un grupo subversivo de extrema izquierda conocido como FARC está siendo remplazado por un grupo paramilitar de extrema derecha conocido como AUC, aunque hoy con otros nombres, y sus focos están dedicados a copar los espacios dejados por las FARC. Ahí les dejo ese trompo, pa’ que lo bailen en una uña.

Acción Popular busca que el fiscal general sea apartado de su cargo

Por JORGE GÓMEZ PINILLA

Especial para EL ESPECTADOR

El abogado Luis Eduardo Parra explica los alcances de la demanda que interpuso y se defiende de quienes lo acusan de haberlo hecho para promocionar su candidatura a la Gobernación de Santander por la Colombia Humana.

Son varias las demandas que se han interpuesto ante diferentes instancias judiciales en busca de anular la elección del Fiscal General de la Nación. La más reciente, radicada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), alegaba que Néstor Humberto Martínez omitió “información grave y relevante” sobre su conocimiento en torno al escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero el Consejo de Estado determinó que la acción judicial se presentó de manera extemporánea, lo cual no significa que haya sido improcedente. (Ver noticia).

Ahora ha surgido una nueva demanda, esta vez una Acción Popular interpuesta por el abogado Luis Eduardo Parra, natural de Barbosa (Santander), quien solicitó medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el Fiscal sea apartado de su cargo considerando que “se evidencia la ocurrencia de un daño contingente, (con) el riesgo de que este se materialice derivado de las actividades ilegales propiciadas por sus clientes comerciales, Corficolombiana-Grupo Aval y sus directivos, a los cuales estaba obligado a investigar y enjuiciar con imparcialidad”.

La información sobre esta nueva demanda fue divulgada por la W Radio. El propósito sería “evitar que el mencionado ciudadano en ejercicio de su cargo pueda seguir incurriendo en conductas violatorias de los principios de transparencia y honestidad que estimulan la moralidad pública”.

Luis Eduardo Parra es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital de Bogotá, con magister en Saneamiento y Desarrollo Ambiental de la Javeriana, expresidente de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela.

Usted entabla una demanda de acción popular, pero el Consejo de Estado acaba de inadmitir una anterior, sustentado en que había prescrito la acción. ¿Qué le hace pensar que ahora sí acogerán su tesis?

El Consejo de Estado se equivoca ahí, pues va contra su propia jurisprudencia: al momento en que fue ternado el fiscal, le ocultó deliberadamente a la Corte Suprema y al presidente Santos que tenía serios conflictos de interés para desempeñar el máximo cargo de la acción penal de la rama jurisdiccional. Esos hechos no se conocieron en el momento de la acción. Luego, los 30 días hábiles que establece el Código Contencioso Administrativo para interponer la demanda de nulidad se deben contar desde el momento en que los hechos se hicieron notorios. Y son hechos que la sociedad no debe demostrar. Es el fiscal general quien ostenta la carga de la prueba frente a todos los conflictos de interés que tiene por el caso Odebrecht. Si el Consejo de Estado decidió inadmitir la demanda de Dejusticia, entonces vamos como sociedad civil a pedir que se amparen los derechos colectivos establecidos en la Constitución.   

¿Usted asume la moralidad pública como un derecho colectivo?

Es un derecho colectivo, sí. Lo establece el Artículo 88 de la Constitución y lo desarrolla la Ley 472 de 1998 que dice que entre todos los derechos, incluido el medio ambiente como derecho al espacio público, hay el derecho a la moralidad pública en su faceta de moralidad administrativa. Es un derecho colectivo, que reside en cabeza de cada ciudadano. Yo como parte del colectivo social le digo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ese señor ocultó información deliberadamente. Hay pruebas que han salido a flote, no solo cosas noticiosas como él quiere hacer creer, que es un complot de Luis Alberto Moreno desde la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo con periodistas como Daniel Coronell o María Jimena Duzán. No, es que los hechos se volvieron notorios, y los ciudadanos no tenemos la obligación de demostrarlos. Es él quien debe demostrar con pruebas que esos hechos no son ciertos, que él no había ocultado esa información.

¿En qué momento se va a fallar su Acción Popular?

La demanda está presentada y fue remitida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ellos tienen máximo 10 días para admitirla o inadmitirla, con base la probidad y la juridicidad de dicho Tribunal.

¿Admitirla significaría que proceden a retirar a Martínez Neira de su cargo?

En la demanda pedí en cuaderno separado que se nos otorgue una medida cautelar de Urgencia, frente a la cual se puede pronunciar el juez sin necesidad de haber admitido la demanda. Por eso la mandé en cuaderno separado, en consideración a que el nuevo ordenamiento jurídico prevé que es de tal urgencia, que lo debe apartar del cargo. Yo no estoy diciendo que anule su elección como Fiscal. 

¿Apartarlo del cargo mientras toma el alto Tribunal toma una decisión…?

Una decisión de fondo, exactamente. Mientras se adelantan las investigaciones del caso. La separación del cargo no significa que se anule su elección, es ahí donde tratan de confundir. No, es una acción popular que busca amparar el derecho colectivo a la moralidad pública.

Y después de separarlo del cargo, ¿qué?

A continuación, le pido al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia que designen su remplazo. El ordenamiento jurídico prevé que el remplazo debe ser el vicefiscal. El fiscal Martínez Neira ya se ha declarado impedido en 17 líneas de investigación, luego, nos está probando que efectivamente había conflictos de interés. Razón más que suficiente para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tome la decisión de separarlo provisionalmente del cargo.

¿Es cierto que usted en este momento está aspirando a ser el precandidato de Colombia Humana para la Gobernación de Santander?

Quiero hacer una claridad al respecto: soy de la provincia de Vélez, exactamente del municipio de Barbosa. Hago vida económica y social aquí, soy productor de panela hace 30 años. Fui presidente de los paneleros, es decir soy una persona reconocida en la provincia santandereana. Mi propósito no es utilizar este tipo de acciones para convertirlas en política partidista. Es un ejercicio profesional de ciudadano, al margen de mi condición como facilitador para Santander de Colombia Humana.

En su condición de facilitador de Colombia Humana, ¿debo asumir que está en campaña por su candidatura a la Gobernación de Santander? No lo digo en sentido descalificador.

Nuestros líderes regionales han visto la necesidad de que Colombia Humana tenga un candidato a la Gobernación, que vaya a consulta abierta con el candidato de la coalición del Polo y de los Verdes, Leonidas Gómez. Algunos dirigentes de Santander me pidieron encabezar ese propósito, les he respondido que estamos en una etapa de consolidación. Yo vengo de viejas luchas, no solo jurídicas o legales, sino también de luchas populares en reivindicación de sectores marginados, como el de los servicios públicos domiciliarios. Eso me da una conectividad con Santander.

¿Por qué usted y no otro dirigente santandereano?

En Santander hay dirigentes valiosos. Ojalá fuera una mujer la próxima gobernadora, en homenaje a heroínas como Manuela Beltrán o Antonia Santos en el Bicentenario de la Independencia. Pero si me corresponde, con gusto lo haré. Yo haría una campaña en busca de la transformación de Santander, orientada a luchar contra la inequidad social, por el ordenamiento territorial, la defensa de los recursos naturales renovables, sus páramos, su biodiversidad, algo que no podemos mercantilizar. El agua no puede ser una mercancía, es un derecho y como tal no podemos entregársela al sector privado.

Si saliera positiva la demanda contra el Fiscal y este fuera separado del cargo, eso podría beneficiarlo en su aspiración a la Gobernación. ¿No existiría ahí también un conflicto de interés…?

No. La petición de algunos líderes santandereanos ha sido posterior a este propósito. Usted entiende, todas las acciones institucionales, la acción popular y la de cumplimiento, son acciones públicas y los medios lo registran. Yo solo actúo en función del interés colectivo. Como ciudadano, tengo el deber de pedirle a la justicia que el señor Néstor Humberto Martínez Neira sea separado del cargo para que se estudie su caso y se ampare el derecho de los colombianos a la moralidad pública y administrativa.  

Todos contra Leonidas, con traidor a bordo

Tomado de El Espectador

La campaña electoral en Santander prendió motores anticipados desde que Leonidas Gómez Gómez anunció su candidatura a la gobernación, pues puso en estado de alerta máxima a los partidos tradicionales (Conservador, Liberal, Cambio Radical, La U, Centro Democrático) e hizo que se conformara una especie de precoz Toconleo: Todos contra Leonidas.

Leonidas es el candidato con mayores posibilidades de hacerse elegir gobernador de Santander –hace cuatro años obtuvo 230.475 mil votos- pero la división que se comienza a gestar entre los alternativos podría conducir en lo local a una reedición del fracaso ocurrido en la segunda vuelta del año pasado, cuando la preferencia de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo (y del mismo Leonidas) por el voto en blanco le abrió las compuertas al tercer período de Álvaro Uribe, con las consecuencias negativas que traerá.

Una muestra del camino poblado de espinas que le espera a Leonidas fue la actitud mezquina y divisionista asumida por su segundo a bordo, Emiro Arias Bueno, quien al parecer lo único que tiene de bueno es su apellido. Arias aparecía como el más opcionado candidato a la gobernación por parte de Dignidad Santandereana, y cuando su jefe le anunció que había renunciado al Senado para asumir él mismo esa tarea, acogió la decisión de buena gana y produjo un audio de Whatsapp para “todos los compañeros de coordinación” de su partido, donde dijo cosas como esta: “Les envío este mensaje de tranquilidad, de esperanza, diciéndoles que hemos asumido la decisión de Leonidas con una gran humildad. Me convierto nuevamente en un soldado de la causa, bajo mi candidatura para ponerme al servicio de los intereses supremos del departamento”. (Escuchar audio completo).

Misteriosamente, unos días después Arias comenzó a conceder entrevistas diciendo que la decisión de Gómez Gómez lo había tomado “por sorpresa”, hasta que el pasado jueves 31 de enero cogió a patadas el tablero donde se jugaba la partida por la candidatura del Polo y anunció, dando un portazo, que se retiraba del partido.

Si Leonidas renunció al Senado debió ser porque descubrió que se había equivocado, tal vez aburrido de tratar con tanto lagarto y politiquero en los fríos pasillos del Congreso, y por ello habría decidido enderezar el rumbo y regresar a su Santander templado, donde se siente más a gusto. Y es comprensible que el súbito viraje haya 'descolocado' a Arias, pero lo que este ha venido haciendo es de una deslealtad que no tiene presentación, algo de quinta, como dicen las señoras bogotanas.

En lugar de lavar la ropa sucia en casa, Arias prefirió orear los trapos al sol, los de Leonidas y los suyos. Su ego de narciso herido se expresó luego en un memorial de agravios que fue acogido en forma entusiasta por los medios afectos al Toconleo, del que el propio Arias ya hace parte, pues parece que para sacarse el clavo piensa montarle competencia a quien fuera su mentor: “pueden tener la seguridad de que no me voy a quedar con los brazos cruzados en mi propósito de lograr el apoyo de los santandereanos hacia una propuesta que…”.

Poseído por un arrebato de ira e intenso dolor, en modo plañidera, Arias no parece ser consciente del daño que con su actitud infantil provoca, primero porque no tiene la más mínima posibilidad de ser elegido gobernador, y segundo porque al atravesarse como vaca muerta en la contienda electoral, solo contribuye al triunfo de la derecha.

Por lo mismo y tanto, el affaire Arias no es de poca monta: el uribismo anda dedicado a cometer ‘asesinatos morales’ contra rivales suyos, y la exesposa de Hollmann Morris armando un escándalo en el que también orea los chiros de su familia y aparece representada por el uribista Abelardo de la Espriella, es prueba diciente. La quejumbrosa carta de Arias contra Leonidas se ubica en el mismo escenario, donde un Judas salido de las entrañas de la izquierda es usado para hacerle daño a quien mayor posibilidad tiene de ser el próximo gobernador de Santander.

Lo que debe mandar la parada entre los sectores alternativos es la UNIDAD en torno a un solo candidato. En lo que atañe a la Gobernación de Santander, lo más democrático sería que la nominación de Leonidas fuera el resultado de una consulta abierta, en la que puedan participar precandidatos de los partidos Verde de Claudia López, Polo Democrático de Jorge Robledo, Compromiso Ciudadano de Fajardo y Colombia Humana de Petro.

En las toldas petristas comienza a sonar duro el nombre de Luis Eduardo Parra, natural de Barbosa, de quien no se descarta una sorpresa, pues maneja brillante oratoria. Se trata del mismo abogado que entabló una acción popular ante el Tribunal Superior de Cundinamarca para que el fiscal Néstor Humberto Martínez sea separado de su cargo, alegando que su permanencia al frente del ente acusador está causando un “daño colectivo a la moralidad pública”. La demanda fue interpuesta la semana pasada y debe ser fallada en los próximos días.

A algunos les incomoda el apoyo que Leonidas Gómez recibió de los “políticos tradicionales” Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera y Juan Manuel Galán, como si fuera señal de abdicación ante el establecimiento. Pero el argumento se derrumba por su propio peso, pues son tres ‘apóstatas’ que renunciaron al liberalismo después de que César Gaviria vendió la independencia del Partido Liberal por un plato de lentejas: la embajada de Egipto para su esposa, Ana Milena Muñoz.

Y en política se trata es de sumar, no de restar.

La pelea que se viene es dura, el camino es culebrero. Ahora bien, Santander podría ser el mejor caldo de cultivo para un experimento regional exitoso de UNIDAD que por fin cobije a la centro izquierda, donde se logren deponer las vanidades personales y la lucha contra la corrupción sea la bandera que los cobije a todos.

DE REMATE: Uribe se montó al poder sobre el caballito del odio a las Farc. Hoy la mitad de la población colombiana lo ve como su caudillo, pero otra mitad sensata lo odia, por el modo atrabiliario en que maneja su desmedido poder. Son dos mitades irreconciliables, y lo que viene en camino es una incursión militar de EE. UU. sobre Venezuela, que fortalecerá al uribismo y dejará en plan de quejosos a la otra mitad, a los que no entienden que es "por el bien de la Patria, estudien, vagos". Esto va para algo muy feo.