martes, 27 de noviembre de 2018

Zapatoca y Girón, tan cerca y tan lejos




Girón y Zapatoca son municipios hermanados en muchos aspectos, entre ellos por la estancia en sus tierras del aventurero y comerciante alemán Geo Von Lengerke (1827-1882), quien construyó un camino de piedra entre ambos pueblos, regó su descendencia por toda la comarca y murió en Zapatoca. Su ‘semilla’ (en nada parecida a la de la quina que exportaba a Europa y sacaba por el río Magdalena), dejó huella en mucho santandereano pelirrojo o con semblante europeo, pero nos estamos saliendo del tema.

El tema en cuestión habla del contraste tan marcado que hoy se percibe entre dos pueblos separados por una carretera de apenas 68 kilómetros, con tanto en común desde hace casi 300 años, como los cultivos de tabaco o el apellido Pinilla. Pero la distancia entre los dos es cada día más grande, no por pleitos entre gironeses y zapatocas sino porque al frente de sus respectivas alcaldías están dos administraciones con perfiles por completo diferentes.

En el caso de Zapatoca podría pensarse que sus callecitas impecables y su belleza arquitectónica tan bien preservada obedecen a la mano femenina de su alcaldesa, Diana Gisela Prada. Es innegable su impronta en tal sentido, pero el mérito también es colectivo: si hay un pueblo donde todos sus habitantes se conocen entre sí y brilla con luz propia la colaboración y la camaradería (al punto de identificar a las familias por apodos burlescos como los ‘Chochagrande’ o los ‘Tirapedos’), ese pueblo es Zapatoca.

Hablando de colectivos, cuenta además con una Fundación no de garaje sino presente y actuante, ProZapatoca, dedicada a gestionar recursos que invierte durante el día en conservar el mobiliario urbano como una tacita de plata, y por las noches en dictar cursos para aprender a bailar salsa… completamente gratis.

Caso diferente ocurre con Girón, un municipio manejado por poderosos clanes y regentado por una especie de cacique mayor conocido como ‘el Loco Quintero’, Luis Alberto Quintero González, quien cuando no es alcalde -y lo ha sido cinco veces- influye para que el que gane haya contado con su apoyo político o financiero.

Al margen de los tejemanejes políticos, la preocupación de muchos gironeses apunta al nulo interés que el actual alcalde, John Abiud Ramírez, muestra por su zona colonial conocida como el casco antiguo, sometida al abandono y al más olímpico desaseo, objeto de chambonadas urbanísticas que dejan ver la total ignorancia de esta administración por el tema conservación arquitectónica, como pintar inmensas y abundantes señales de Prohibido Parquear sobre calles coloniales empedradas, o “restaurar” esas mismas calles con cemento de construcción y convertirlas en colchas de retazos, o contratar para la alameda de Las Nieves unas luminarias carísimas (12 millones cada una) y super modernas, que rompen de modo abrupto con el entorno colonial.

El alcalde de Girón se parece al de Bogotá en que privilegia el cemento sobre cualquier otra consideración. Trató de meterse a remodelar el hospital, construcción colonial, y el ministerio de Cultura alcanzó a impedirlo, pero sí demolió las tres cuartas partes de la biblioteca virtual Isaías Duarte Cancino para construir una glorieta justo donde comienza el casco antiguo, al que atravesará en uno de sus costados para conectarlo con la vía al aeropuerto de Palonegro. ¿Un parque que les dé la bienvenida a los turistas a la zona histórica? No, él no sabe de eso ni le interesa, porque el turismo no da votos. Va la glorieta, porque va.

John Abiud Ramírez tiene para mostrar tres cosas: obras al por mayor, una planta de personal equiparable a la de la Gobernación (más de 20 secretarías municipales con sedes regadas por el pueblo para poder albergar a más de 1.000 contratistas de prestación de servicios y 45 cargos con honorarios superiores a seis millones mensuales) y un aumento escandaloso de los impuestos -Predial y de Industria y Comercio- para financiar todo lo anterior.

Muestra del nulo interés de la alcaldía por el casco antiguo de Girón es la plazoleta de Las Nieves con su emblemática capilla del mismo nombre, joya colonial del s. XVII a la que es imposible tomarle fotos porque su perímetro permanece invadido por vehículos, como cualquier parqueadero público. Un día le hablaron al alcalde Ramírez sobre la necesidad de peatonalizar el casco antiguo, y respondió que no estaba dispuesto a asumir ese costo político.

La otra cara de la moneda reside en que hay entidades del orden privado que luchan por preservar el patrimonio histórico y cultural, o sea que hacen lo que debería ser una obligación de la alcaldía. Entre esas está la Cámara de Comercio de Bucaramanga seccional Girón, que todos los años organiza el concurso de Fachadas, Puertas y Ventanas, el cual para Girón va en su edición 14 y para Zapatoca en la séptima, y sirve tanto para dar realce al “orgulloso legado histórico y cultural” como para promover la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los habitantes de ambos municipios.

Pero aquí no se trata de hacer aparecer a unos como los buenos y a otros como los malos. Se trata de respetarle al alcalde de Girón sus obras, incluso de reconocer que traerán progreso, pero resulta obligante enviarle un mensaje de URGENCIA para hacerle ver que el casco antiguo de Girón está tirado al olvido y sometido a un proceso de franco deterioro. Y eso exige pronta solución, y en tal medida se requiere que tome conciencia y “enderece el rumbo”.

DE REMATE: Valga la pena aclarar que el apodo ‘Chochagrande’ aludía a una familia de zapatocas muy devota de la Virgen, cuyos miembros rezaban el rosario en una camándula elaborada con pepas grandes de altramuz conocidas como chochas. Ya lo de ‘Tirapedos’… bueno, eso no requiere explicación adicional.

lunes, 19 de noviembre de 2018

El fiscal general y la llamada delatora




Queda uno súpito, atónito, estupefacto, escandalizado y todos los superlativos que se quieran agregar, al saber que quien había sido gran amigo de Néstor Humberto Martínez murió de un ataque al corazón tres días después de entregarle a Noticias Uno un material ‘explosivo’, que incluyó una conversación de tres años atrás, donde Jorge Enrique Pizano en calidad de auditor del consorcio Ruta del Sol II le contaba a quien luego sería el fiscal general cosas que este jamás manifestó conocer y menos investigó porque “nunca me dijo que eran coimas”.

La verdad se destapó con el fallecimiento repentino de Pizano, y hemos de creerle a Medicina Legal cuando dictamina que murió “de muerte natural por infarto fulminante”, pero queda flotando cierta desconfianza luego de saber que su hijo Alejandro murió envenenado con cianuro tras beber de una botella de agua saborizada que encontró sobre el escritorio de su padre (y que su hermana no recuerda haber visto ahí).

De otro lado, ¿se le puede creer al CTI de la Fiscalía que encontró cianuro en casa de Jorge Enrique Pizano, cuando lo que más le convenía al fiscal general -o sea al jefe de todos ellos- era que encontraran cianuro en esa casa?

Ahí están servidos todos los ingredientes para un thriller de suspenso, los mismos que por elemental sentido común obligarían al fiscal a presentar renuncia a su cargo, sobre todo porque estamos ante una verdad inocultable: de aquí en adelante queda en entredicho su credibilidad para investigar tanto las muertes súbitas de Pizano y su hijo Alejandro, como todo lo concerniente a Odebrecht, cascarón de proa de la Fiscalía en su supuesta lucha contra la corrupción. Para decirlo sin ambages, la legitimidad y la credibilidad del ente de control entran en cuidados intensivos mientras Néstor Humberto Martínez Neira permanezca al frente de la institución.

Un segundo motivo para dudar ya no de la credibilidad sino de la clase de amistades que se trae el fiscal, es la delatora llamada que recibió de “Yamhure” mientras era entrevistado por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Al día siguiente otra periodista, Darcy Quinn de Caracol Radio, le preguntó por lo que según ella generó todo tipo de suspicacias: “¿por qué lo llama a usted el señor Yamhure?”. Y así respondió, atropelladamente:

“No, pero perdóneme. La única suspicacia que no pueden tener mis amigos periodistas es que me llamen periodistas, porque yo recibo, como todos ustedes de la mesa, llamadas de ustedes todos los días”.

Allá el fiscal si considera que Ernesto Yamhure es periodista. Lo preocupante de todos modos es constatar la relación tan cercana que el Fiscal General de la Nación tiene con ese sujeto, al punto de tenerlo en su celular por el apellido, y es cuando cobra validez esta frase de Héctor Abad Faciolince en su última columna: “Aquí no obró el azar ni la mala suerte, sino el mal cálculo: hay alta probabilidad de quedar en evidencia cuando uno se relaciona con gente así”.

Con gente sub júdice, mejor dicho, pues se trata de alguien al que siendo columnista de El Espectador se le descubrió que tenía línea directa con Carlos Castaño, quien revisaba sus columnas y le indicaba qué dejar y qué agregar.

El día que el periódico de Vladdo le destapó esa relación pecaminosa con el máximo comandante de las AUC, el hombre puso pies en polvorosa y huyó a Miami. Allá creó una fábrica de propaganda negra y noticias falsas conocida como Los Irreverentes, desde donde disparaba salvas cargadas de mentiras contra el gobierno de JM Santos y ahora la emprende contra todo lo que no es del agrado de Álvaro Uribe, como cuando dijo que el exmagistrado Iván Velásquez estaba “señalado de haber cometido un homicidio en Guatemala”. (Ver falacia).

Hablando de noticias falsas, es fácil conocer el motivo de la llamada al fiscal cuando al día siguiente de la entrevista aparece publicado en su sinuoso portal un artículo según el cual “Pizano se habría suicidado”, donde dice que “un abogado (no identificado) de la firma de Abelardo de La Espriella (uribista rabioso), le aseguró a este portal que desde que el fiscal Jaime Zetién inició la investigación en su contra, Jorge Enrique Pizano empezó a cargar pastillas de cianuro en el bolsillo de su saco”. Idea cuya autoría original habría que atribuírsela a José Obdulio Gaviria.

La llamada pudo ser entonces para ponerlo al tanto de la “ayudita” mediática que venía en camino, y de paso hizo evidentes las excelentes relaciones que se manejan entre el fiscal y el uribismo (descritas en columna mía hace dos años), en las que Yamhure aparece actuando desde lo mediático como ‘vaso comunicante’ entre este y aquellos.

Estamos hablando de un sujeto denunciado por injuria y calumnia por la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, después de que afirmara que ella es “del cartel de Cali”, en respuesta a una columna de la periodista en la que habló del elogioso libro que Yamhure escribió sobre Jorge Pretelt, 'Magistrado en la mira', y se refirió además a “las amistades secretas de quien había logrado colarse como columnista en El Espectador y como comentarista en Caracol Radio”. (Ver columna).

¿Esa es pues la clase de amistades que tiene Néstor Humberto Martínez? Y, ¿cuál garantía de imparcialidad como fiscal nos puede brindar a quienes hemos sido víctimas de los rastreros ataques de ese individuo?

Me atrevo a pensar que los críticos del fiscal general y de su hoy aliado estratégico deberíamos ir pensando en reforzar nuestros esquemas de seguridad, o al menos tomar la precaución de no aceptar ningún ofrecimiento que nos hagan de agüita en botella.

DE REMATE: Debería ser buen síntoma de depuración institucional el escándalo que tiene al fiscal general contra las cuerdas, si no fuera porque Ramiro Bejarano nos aterriza bruscamente a la más cruda realidad en su columna del domingo pasado, cuando advierte que “Néstor Humberto (…) se quedó sin aire como fiscal, pero lo peor es que no puede renunciar, ni conviene que lo tumben”. Es tristemente cierto, no nos llamemos a engaños: el mismo Alejandro Ordóñez podría postularse porque le tiene muchas ganas al cargo y, ahí sí, Dios nos coja confesados…

lunes, 12 de noviembre de 2018

El aviso de la debacle



Vienen tiempos muy difíciles para Colombia. El poder gubernamental ha sido arrebatado en las urnas mediante artimañas y propaganda negra por una fiera sedienta de venganza, que hace dos años estaba herida de muerte por las negociaciones de paz y hoy se encuentra resucitada y con nuevos bríos, gracias al absurdo plebiscito que en 2016 se inventó el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Santos creyó que la refrendación del acuerdo con las Farc -a la que no estaba obligado- sería pelea de toche con guayaba madura, confiado en que el pueblo quería la paz y ello representaría una dura derrota para Uribe, pero no previó que los miles de votantes que en las encuestas aparecían decididos en mayoría aplastante por el SÍ, el día crucial del referendo pensaron “si vamos a ganar por más de 20 puntos, mejor me quedo en casa. Un voto menos no cuenta”.

Y vino la aplastante derrota de la paz, cuyas nefastas consecuencias hoy padecemos, al punto de hallarse la JEP en cuidados intensivos y tener en la presidencia del Senado a un sujeto del que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si terminó el bachillerato, un tal Ernesto Macías que fue objeto de la maratón de condecoraciones más aparatosa que se haya visto en la historia de Colombia, 15 en un solo día, la primera de ellas la Cruz de Boyacá (así mancillada) de manos del presidente Duque y las 14 restantes a cargo de la corrupta clase política, empresarial y gubernamental del Huila, haciendo la debida claridad en que otra parte de la clase política y empresarial opita sí es decente.

Es comprensible la ola de apoyos y gratitud que suscitó Santos tras su salida de la presidencia, básicamente por haber acabado con las Farc, pero es también de caballeros imbuidos de franqueza señalar que no tuvo la suficiente entereza, valentía o arrojo para resistir la embestida de la fiera acudiendo a la mejor ‘arma’ que siempre estuvo a su alcance, pero nunca quiso utilizar: la verdad sobre Álvaro Uribe. Y si no me creen pregúntenle a Enrique Santos Calderón, su hermano mayor.

Sea como fuere, no es la hora de llorar sobre la leche derramada sino de advertir sobre los peligros que se ciernen para la institucionalidad de la nación, el primero de ellos desde la curul del ‘bachiller’ Macías, quien de manera impúdica lanzó una amenaza de toma del poder judicial por la vía populista-autoritaria de convocar a una Constituyente si sus Cortes no se alinean a los deseos y designios de su patrón. El objetivo es claro: aplastar cualquier voz disidente que pueda surgir en el camino de pavimentarle a Uribe una impunidad jurídica a perpetuidad. Y así se expresa el designio:

“Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso, verdaderas reformas a la Justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El Presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente”. E.M.

Eso de “el presidente no debe descartar" suena a ucase imperial, pues Macías no habló a título personal, por supuesto. El solo es un servil amanuense del ‘caudillo’, su duquecito en versión Senado.

Según el analista Fernando Posada, estamos frente a “un descaro inédito: el presidente del Congreso invitando a evitar el curso de proyectos en el Congreso y proponiendo el uso de otros caminos. Increíble que sean palabras del jefe de una rama del poder, que debe proteger la credibilidad institucional; no debilitarla públicamente”. (Ver trino).

Es aquí en últimas donde se verá la verdadera catadura ética y moral del Congreso, cuyos integrantes tienen dos opciones: lanzarnos al abismo de una dictadura camuflada en la carita de niño bueno de un monigote que se prestó para que Uribe recuperara el poder perdido; o preservar la institucionalidad y la solidez jurídica de la nación, evitando que se vean deshonradas por el apetito insaciable de un sátrapa, hoy en condición sub júdice, necesitado de darles cristiana sepultura a los ‘pequeños’ obstáculos que se le atraviesan para completar la toma total y definitiva del Estado.
Ante tan ominoso panorama, que incluye en el plano económico a un presidente Robin Hood a la inversa (asaltando a los pobres para darles a los ricos) elevamos nuestras oraciones al Altísimo, suplicándole que en su infinita sabiduría nos salve de la debacle que se avecina.

En caso contrario, si ocurriere que Dios está inhabilitado para evitar la hecatombe debido al asunto ese del libre albedrío de su humana creación, que al menos nos coja confesados...

DE REMATE: Dos asuntos álgidos cuya investigación exige nombrar un fiscal general ad hoc: uno, Néstor Humberto Martínez le abrió investigación al amigo que en 2015 atendió como abogado de Corficolombiana, a quien le recibió unas denuncias que nunca admitió haber conocido, solo ahora que las destapó Noticias Uno. Y dos, el denunciante (Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht) y su hijo (Alejandro Pizano) murieron de manera repentina con horas de diferencia, no solo en la misma finca sino en la misma silla del mismo escritorio... (Ver noticia).


lunes, 5 de noviembre de 2018

Objetivo: sacarle billete a un magnicidio


Guardadas las proporciones, pues Álvaro Gómez Hurtado fue un destacado líder político y Pablo Escobar un desalmado asesino, llama poderosamente la atención la forma en que los deudos de uno y otro personaje han coincidido en sacarle provecho a la muerte de su respectivo pariente.

Lo de Escobar lo trae a colación la periodista laureano-uribista María Isabel Rueda en columna titulada con acierto ¿Víctima o sinvergüenza?, cuando dice que “la familia de Escobar (…) resolvió sacarles provecho a los delitos del capo. Su hijo, hoy llamado Juan Sebastián Marroquín, ha escrito dos libros: ‘Pablo Escobar, mi padre’ y ‘Pablo Escobar, in fraganti’. Aunque el perdón que pide en nombre de su padre podría ser sincero, lo ha explotado comercialmente con mucho éxito”.

En lo referente a Álvaro Gómez está el libro-panfleto de su hermano Enrique, Por qué lo mataron, al que le pusieron precio de huevo para que se vendiera como ídem. Pero está sobre todo la obsesiva presencia acusadora de sus parientes en los medios, como eternas plañideras, que les ha servido para usufructuar el único patrimonio político que poseen, el de ser parientes del líder inmolado. O como dijera el exfiscal Eduardo Montealegre: “nunca han podido construir algo distinto a esa herencia, viven de una gloria prestada. Sin ella sólo serían recordados por la agresividad de sus palabras, el sectarismo y la mediocridad de sus ideas”.

Esa ‘herencia’ hoy se concentra en dos hermanos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hijos de Enrique Gómez Hurtado, a quien se le recuerda por haberse reunido en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva cuando este huía de la justicia, acusado de haber ejecutado el plan para asesinar a su hermano. Al recibir esa visita clandestina incurrió en dos delitos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero hasta hoy no ha dado ninguna explicación ni respondido ante la ley.

De Miguel, economista él, se sabe que se ‘quemó’ en su intento de hacerse elegir al Senado por el Partido Conservador (siendo cabeza de lista…), mientras que a Enrique, de profesión abogado, el 2 de noviembre pasado en coincidencia con un aniversario más del magnicidio se le escuchó de nuevo su letanía de víctima, que incluyó “un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador”. (Ver noticia).

Pero lo llamativo no está ahí, sino en que ahora los Gómez Martínez han decidido saltar del provecho político al usufructo económico, y en función de dicho objetivo el propio EGM le dio a RCN Radio la “primicia” según la cual “la familia de Álvaro Gómez presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio”, de nombre Héctor Paul Flórez Martínez y de quien Gómez Martínez dijo que “tenía antecedentes (…) por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar”.

De entrada habría que decir que el condenado (a 40 años, de los cuales cumplió 18 y hoy está en libertad condicional) no era un delincuente menor sino un asesino confeso, miembro de una temible banda de sicarios, quien reconoció “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”.

Está además la delación de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le contó haber disparado cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron 4 los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con 4 orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”.

Por muy aberrante que parezca, la estrategia de defender al asesino del tío (a quien antes acusaron) podría resultarles exitosa, gracias precisamente a los buenos oficios de María Isabel Rueda, amiga y asesora del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien consiguió que la Fiscalía desechara la hipótesis que giraba en torno a un grupo de militares golpistas, tesis esta seguida por todos los fiscales anteriores y apoyada hasta por el exembajador de EE UU en Colombia, Myles Frechette.

Hoy la Fiscalía está casada con la versión de los Gómez Martínez, quienes se anotaron como éxitos que después de muchos años de brega obtuvieron la retractación de Lugo (ver retractación), y pusieron a rodar una aplanadora jurídica que ha llegado hasta lograr que el ente acusador profiriera acusación contra los tres policías que en cumplimiento de sus actividades rutinarias recibieron hace 23 años la declaración de Carlos Alberto Lugo… y hoy están acusados por favorecimiento y fraude procesal. (Ver noticia).

El espectador desprevenido se preguntará a qué obedece tanto apoyo altruista al condenado por el crimen contra su pariente, y la respuesta llega en forma de autoincriminación cuando el mismo Gómez Martínez declara en su “primicia” para RCN que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”, ocultando así que años atrás ellos mismos, como parte civil en el proceso, ayudaron a condenar al delincuente confeso.

O sea, van es por billete, y por partida doble: a la jugosa comisión para el abogado demandante si logra probar la inocencia de su “cliente”, se sumaría la millonaria indemnización que recibirían los parientes de la víctima. Ahora bien, para hacerse merecedores a lo segundo, deben encargarse de lo primero: sacar libre de culpa al condenado por haber asesinado al tío.

Con la declaratoria ilegal que a finales de 2017 hizo el fiscal general al definir el crimen como de lesa humanidad (de la mano de los ultragodos María Isabel Rueda y Pablo Victoria) se revivieron los términos para que los deudos puedan demandar responsabilidad patrimonial del Estado y tener acceso a la indemnización, pero hay un obstáculo a salvar: Héctor Paul Flórez: mientras haya un solo condenado por el crimen, la justicia lo asume como caso juzgado.

¿Ya entienden entonces por dónde va el agua al molino, cuando Enrique Gómez Martínez anuncia que se ha puesto en la tarea de tumbar el fallo contra el único condenado que hubo por el asesinato de su tío? Y  en ese estado de cosas, ¿no será que el tío debe de estar revolcándose en su tumba?

Mejor dicho, a tono con la columna de la señora Rueda arriba citada, ¿son los hermanitos Gómez Martínez víctimas del magnicidio… o unos sinvergüenzas?

DE REMATE: Este y otros temas con impactantes revelaciones forman parte de un libro próximo a salir, que lleva por título Objetivo: Matar a Álvaro Gómez.