lunes, 24 de febrero de 2020

Marihuana y aborto: absurda demora en legalizar




Si de algo ha servido el libro de Enrique Santos Calderón donde hace una depurada selección de artículos de la extinta revista Alternativa, es para darnos patética cuenta de que Colombia sigue estancada en las miasmas de su propia hipocresía, atada a prejuicios religiosos y a preceptos conservaduristas que le impiden ponerse a tono con la modernidad.

Para alegría del suscrito, encuentro en ese libro dos artículos míos, uno sobre el drama de las mujeres que se veían obligadas a abortar (Una tragedia clandestina, pág. 331) y otro sobre un tema que desde esos días de 1977 ya se comenzaba a ventilar: ¿Legalizar la hierba? (pág. 365).

Ahora bien, para tristeza del suscrito, sorprende hasta el escándalo constatar que casi 50 años después permanecemos atascados en la misma discusión inútil, como si la historia se negara a avanzar, en vívido recuerdo del segundo Concilio Vaticano de Nicea (13 de octubre de 787) convocado porque en el primero (25 de julio de 325) la Iglesia no había podido resolver un enigma de marca mayor: si el sexo de los ángeles era masculino o femenino.

De sexo hay que hablar cuando se toca el tema del aborto, frente al cual se sigue desconociendo la más absoluta e incuestionable verdad: tan sagrado e íntimo es el cuerpo de una mujer, que solo ella puede decidir con plena libertad lo que quiere hacer con él. Todo lo que ocurra en su superficie o en su interior es sagrada decisión de ella, desde follar o masturbarse o abortar o cuidar con infinito amor su vientre para proteger el hijo anhelado que viene en camino. Ahí nadie ajeno a ella puede intervenir... ¡y menos legislar!

Si me corto un brazo o agarro mi cabeza contra las paredes, o en busca de experimentar nuevos estados de conciencia me trabo con marihuana o me inyecto heroína o consumo alcohol hasta el delirio (o hasta la sobredosis letal), es un asunto inherente a la plena, soberana y también sagrada autonomía del individuo, llámese hombre o mujer. ¿Por qué no existe ninguna legislación sobre el cuerpo del hombre, pero sí sobre el de las mujeres en el tema del aborto, restringiéndoles así la libertad de hacer lo que les venga en gana con su propia humanidad agobiada y doliente… o gozosa y sonriente?

Dicen los (y las) provida que la vida se debe defender desde el momento mismo de la unión entre el esperma y el óvulo, o sea que no lo definen como un embrión carente de conciencia sino ya como “un ser humano”. La pregunta pertinente que se hacía una amiga mía -feminista de las simpáticas, no de las odiosas- es ¿por qué no protegen también al potencial ser humano presente en cada espermatozoide y en tal medida establecen como sagrada prohibición la masturbación masculina? ¿Acaso en cada eyaculación infecunda no se está condenando a muerte -o sea “asesinando”- a miles de criaturitas a las que no se les permitió nacer por cuenta de “un placer egoísta”?

El artículo de Alternativa sobre el aborto contaba de la situación que cuatro décadas atrás vivían las mujeres -sobre todo las pobres- que viéndose obligadas a abortar y ante la prohibición debían acudir a verdaderos antros que no contaban con los instrumentos ni la higiene adecuada, de modo que al drama personal del silencio (ante familiares y amigos) debían sumar las consecuencias para su salud, que iban desde la perforación del útero hasta la septicemia.

¿Algo ha cambiado para las mujeres de escasos recursos desde entonces? El único cambio es que hoy existen tres causales para el aborto terapéutico (si el feto es producto de violación o pone en riesgo la vida de la madre o viene con malformación), pero ahora eso también lo quieren tumbar y regresar al país un siglo atrás, y asistimos así al reencauche político de un Álvaro Uribe que se declara defensor de la vida el mismo día que define como “héroe de la patria” al genocida general Mario Montoya, instrumentador de los casi 5.000 asesinatos en jóvenes (y niños, según noticia reciente) ocurridos sobre persona protegida y conocidos con el eufemístico nombre de falsos positivos.

De otro lado, el artículo en Alternativa sobre la legalización de la hierba mostraba cómo para esos días ya había personas que le abrían las puertas a la sensatez, entre ellas -atérrense- un Álvaro Gómez Hurtado que en editorial del muy conservador El Siglo afirmaba esto: “hace un tiempo esta propuesta parecía un exabrupto. Hoy ya no lo es, aunque su discusión sigue envuelta en multitud de precauciones mojigatas”. (Pág. 365).

¿Sería acaso que Gómez Hurtado por esos días llegó a probar la marihuana y descubrió que era más placentera que dañina? Averígüelo Vargas…

Lo llamativo de todos modos es comprobar atónitos, súpitos y estupefactos que en asuntos de legalización -llámese marihuana o aborto- seguimos atados por el cuello a la noria de un absurdo prohibicionismo. Mientras en países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay o Chile (para mencionar solo americanos) la marihuana se vende libremente en tiendas y en la Unión Europea el aborto es libre, por la más obvia de todas las razones: porque toda mujer debe ser libre de hacer con su cuerpo lo que su conciencia le dicte y le plazca.

Mientras tanto, en lo referente a Colombia, ¿cuánto tiempo más en años o décadas tardaremos en dejar atrás tanta mojigata hipocresía y adquirir cordura?

DE REMATE: Durante el pasado Hay Festival Juan Manuel Santos dijo una verdad de Perogrullo: que el problema de las drogas solo se solucionará cuando el Estado regule su venta.  Y recordó lo que dijo Churchill cuando pidió un trago de whisky en EE.UU. y le dijeron “eso aquí está prohibido”.  Y Churchill les respondió: “qué país más extraño este, esas ganancias tan fabulosas que produce la venta del licor, se las dan a las mafias. En mi país se las damos al fisco”. Y ahora que me acuerdo, por allá en 2013 escribí para Semana algo titulado Santos, ¡legalízala! Pero no escucharon…

lunes, 17 de febrero de 2020

El asesinato de Álvaro Gómez y los que saben cómo fue la vuelta




El pasado viernes 14 de febrero el presidente Iván Duque al juramentar a su amigo Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, le hizo un pedido que atrajo la atención de los medios: esclarecer hasta sus últimas consecuencias el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. (Ver noticia).

Nada pudo ser más oportuno, pues en próximos días comienza a circular el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, donde procuro hacer exactamente lo mismo: esclarecer quiénes dieron la orden de asesinar al dirigente conservador.

Duque puso el molde jurídico a seguir cuando le dijo a Barbosa que se trata de un crimen de lesa humanidad y en tal medida “los crímenes de lesa humanidad no se pueden quedar en la impunidad, esperamos que durante su fiscalía llegue a la verdad”.

La primera pregunta que se formula todo investigador en la escena del crimen es ¿a quién le sirve…? Si me pusiera también de perspicaz detective, preguntaría a quién -o a quiénes- les sirve que se le declare crimen de lesa humanidad, como lo hizo la Fiscalía a cargo de Néstor Humberto Martínez bajo asesoría de la abogada y periodista María Isabel Rueda (ver Álvaro Gómez y un crimen de lesa redacción), mientras al nuevo fiscal le acaban de indicar que se debe sujetar a la misma línea.

¿Y en qué consiste esta nueva -o misma- línea de investigación? La conjunción entre Duque, Martínez Neira y Barbosa en torno a la lesa humanidad significa que le creen a la versión amañada del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y por tanto continúan mirando hacia el norte del Valle en busca de justificar que se trató de un crimen más de la mafia, como los de Pablo Escobar contra políticos de la talla de un Luis Carlos Galán, un Rodrigo Lara Bonilla o un Enrique Low Murtra. Esta tesis favorece de nuevo la desviación de la investigación e insiste en descartar la hipótesis de que los autores del crimen fueron militares golpistas.

La tesis que desarrollo en mi libro es que en lugar de mirar hacia el norte del Valle, podrían orientar sus pesquisas hacia Santander (del sur), en particular la V Brigada de Bucaramanga donde trabajaron juntos tres oficiales del Ejército a los que durante las fiscalías de Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez se les consideró firmes sospechosos de haber participado en el crimen: los generales Harold Bedoya y Ricardo Cifuentes, y el coronel Bernardo Ruiz Silva, este último absuelto en extraño fallo, pese a las abundantes pruebas que aportó la Fiscalía.

En alguna columna anterior mencioné que A Álvaro Gómez lo mataron los suyos, y no lo digo en plan de spoiler. Más bien, esperaría que a Barbosa pudiera servirle para ubicar la investigación en los términos que sugirió repetidamente el embajador de EE.UU. ante el gobierno de Ernesto Samper, Myles Frechette, de quien valga la pena contar que antes de morir me concedió en Washington una extensa entrevista que aparece al final del libro, en la que dice cosas como esta: “Esos militares de los que le hablo, buscaron a Álvaro Gómez y le hicieron la pregunta”.

Regresando a la directriz que recibió el fiscal Barbosa, convendría dilucidar “a quién le sirve” el nombramiento del santandereano Gabriel Ramón Jaimes Durán, fanático religioso y obsecuente servidor de su paisano el exprocurador Alejandro Ordóñez, cuya carrera se forjó bajo su sombra y quien desde la Procuraduría General tuvo injerencia directa en la recepción de la declaración de ‘Rasguño’ dentro del proceso, como contó Semana en revelador informe de febrero de 2010 donde habla de las personas que viajaron a una cárcel de Nueva York a recoger el testimonio, además del fiscal delegado ante la Corte: “el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, uno de los hombres de confianza del procurador Alejandro Ordóñez; y el abogado de la parte civil, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez”. (Ver Informe de Semana titulado ¡Está loco!).

Y trae esta perla: “sorprende (…) que en varios apartes sean estos dos últimos quienes le sugieren nombres e incluso le corrigen fechas y datos a ‘Rasguño’ cuando éste se equivoca o no se acuerda”.

Precisamente Jaimes Durán -de quien Noticias Uno aporta este perfil- acaba de ser nombrado jefe de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, y la suspicacia se enciende cuando el mismo artículo de Semana advertía sobre algo que hoy obliga a emitir una nueva señal de alerta: “llama la atención que el procurador Ordóñez se haya mostrado tan interesado en este caso. Ordóñez es gran amigo del exsenador Pablo Victoria, quien supuestamente participó con Álvaro Gómez en una de las reuniones en las que se estaba fraguando el golpe de Estado contra Samper. La amistad llega a tal punto que Victoria regresó de España, donde había fijado su residencia, cuando nombraron a Ordóñez procurador, y éste nombró procuradora auxiliar a su esposa”.

Lo llamativo del nombramiento es que, al menos en lo relacionado con aquello que tanto le interesa a Duque que se resuelva, Gabriel Ramón Jaimes tendría que declararse impedido de actuar. Nadie que intervenga como funcionario en un proceso puede, después de cambiar de cargo, ni siquiera asomarse al conocimiento de un asunto en el que ha intervenido. ¿Qué pretenden entonces los que están detrás de las directrices que recibió el presidente Duque, las cuales este acató y transmitió obediente a su prohijado el fiscal Barbosa? Ojalá no sea desviar de nuevo la investigación, para perseguir a gente inocente y permitir que sigan en la impunidad los verdaderos ejecutores.

En el mismo contexto, no puede quedar por fuera lo que le respondió Daniel Coronell a Camila Zuluaga en entrevista de 2014 para W Radio, cuando esta le preguntó “¿a qué cree que ha obedecido la dilación en la entrega de resultados por parte de la Fiscalía?”. Y Coronell respondió: “El caso Álvaro Gómez ha sido objeto de múltiples demoras, unas atribuibles a falta de diligencia de la justicia, otras al propósito de desviar la investigación. Y otra, a que personas que son allegadas o miembros de la familia Gómez han querido desechar una parte de la investigación. Desde el primer momento que se cometió el delito, hay fuertes indicios de que miembros de la Fuerza Pública han estado involucrados en eso. Y resulta que esa versión parece no satisfacer a una rama de la familia, y entonces han querido buscar al culpable en otra parte”.

La mejor conclusión que uno puede sacar de todo esto es que los verdaderos autores del magnicidio de Gómez Hurtado han puesto al presidente Duque y a su fiscal Guillermo Barbosa a buscar el ahogado río arriba… porque ellos sí saben cómo fue la vuelta.

DE REMATE: En su discurso de posesión el fiscal Barbosa les pidió al procurador Fernando Carrillo y al contralor Carlos Felipe Córdoba que lo apoyen en su propuesta de impulsar la “inhabilidad temporal” para evitar que altos funcionarios puedan salir de sus cargos a hacer política. Hay quienes dicen que dicha iniciativa pretende frustrarle a Carrillo su interés de ser el candidato del Partido Liberal a la presidencia del 2022. Si así fuere, habría que decirle a la dirigencia de ese partido que están mirando para donde no es, pues el más indicado candidato del liberalismo vuelve a ser -ahora más que nunca- Humberto de la Calle Lombana.

martes, 11 de febrero de 2020

Aída Merlano, el exfiscal Martínez y la masacre de Tamalameque




Esta columna le hace seguimiento a una investigación que adelanté para Elunicornio.co, titulada Aída Merlano y una masacre de la que nadie habla.

Centré la atención sobre algo que la exsenadora declaró ante un tribunal venezolano de justicia, a partir del minuto 24’35”, relacionado con un secuestro del que habría sido víctima luego de su fuga: “Quisiera también contar que (…) después de todas las cosas que pasaron, hubo una masacre en Cesar. Me parece grave, me parece un poco sospechoso que mataron a tres personas en un municipio de César. Y no sé si quizás fue en el mismo lugar en el que me secuestraron, y no sé si de pronto son las mismas personas que me tenían secuestrada y a las que me les fugué, en retaliación o quizás para evitar que confesaran quiénes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí”.

Considerando que Aída llevaba unos dos meses escondida en Maracaibo, me puse a la tarea de investigar si por los días y por la región en la que ella relató haber estado retenida “cerca de Valledupar”, se había presentado alguna masacre. Y efectivamente, encontré que en zona rural de Tamalameque, a unos 200 km de Valledupar, fueron asesinadas tres personas con tiros de gracia el 18 de diciembre de 2019.

Como primer hecho llamativo, pese a que por esos días de fin de año se venía presentando una racha de asesinatos de líderes sociales y de otra índole, con amplia repercusión mediática, la masacre de Tamalameque no fue noticia en ningún medio nacional, tan solo en dos medios locales. O sea, ese crimen recibió un tratamiento informativo de “bajo perfil”.

Los dos medios locales que reportaron el suceso fueron elpaisvallenato.com y pepeojeda.com, y el elemento en común de las dos noticias es que desconocían algo que hoy se sigue desconociendo: los móviles del crimen y sus autores materiales. La única hipótesis que se ventiló en la región fue que se podía tratar de ladrones de motos, debido a que al lado de los cuerpos se encontraba una motocicleta incinerada, pero igual pudo ser para borrar huellas de los victimarios.
 
No existe certeza en que se trate de los tres “raptores” de Merlano, pero difícilmente puede considerarse mera casualidad o triquiñuela del azar que en su huida hacia Venezuela ella haya sabido que “mataron a tres personas en un municipio de César”, y en coincidencia de lugar y tiempo haya ocurrido esa masacre.

¿Que Duque quería asesinarla? Suena delirante, soy de los que creen que ahí Merlano dice lo que Maduro quiere escuchar, para que le concedan el asilo. Pero deja sobre la mesa un asunto que no deja de sorprender: tras su fuga el 1 de octubre se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información tendiente a su recaptura, y esta suma se incrementó sorpresivamente a 200 millones dos semanas después, por los días que ella habría logrado liberarse no sabemos si del cautiverio, pero sí de la vigilancia a la que era sometida, para pasar luego a Venezuela.

Aída también señaló al exfiscal Néstor Humberto Martínez de haber urdido el plan para incriminarla, y este le respondió con un decálogo de puntos al que esta columna no puede sustraerse, si de llegar a la verdad se trata.

Dice Merlano que el allanamiento a su sede fue “viciado” por la Fiscalía y la Policía, que “sembraron pruebas” para involucrarla, y Martínez responde: “MENTIRA: El general Mariano Botero, de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que el 11 de marzo de 2018 había actuado la Sijín en caso de flagrancia”. Aquí miente, pues en este video de Noticias Uno se ve a dos policías haciendo eso, “sembrando” pruebas durante la diligencia.  Martínez alega a su favor que “ninguna fiscal participó en la diligencia que adelantó la Policía el 11 de marzo de 2018”, pero esto no es óbice para que no se hubieran sembrado pruebas.

En lo que sí tiene razón el exfiscal de marras, es en que Merlano miente cuando afirma que la condenaron a 15 años “por delitos que no cometí”. Son numerosas las pruebas -de video y documentales- que demuestran que formaba parte de la red de compra de votos que motivó su condena, la cual tiene a su vez a Arturo Char respondiendo a la justicia, pero deja aún con total impunidad (¿o inmunidad?) a quien fuera su más seguro protector y amante, Julio Gerlein, a su vez cercano a los afectos políticos del exfiscal Martínez.

Volviendo a la masacre de Tamalameque, el artículo de Elunicornio.co decía que “es de suponer que durante la necropsia se tomaron fotos del rostro de las tres víctimas, y este punto es crucial para determinar la veracidad de lo dicho por la supuesta víctima del secuestro. Si hubiera cooperación judicial entre las autoridades de Colombia y Venezuela, Aída Merlano podría colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.

Es evidente que de parte del Gobierno colombiano y de la misma Fiscalía (hoy en manos de un gran amigo del subpresidente Duque), no parece haber el más mínimo interés en repatriarla. Podría tener razón Duque cuando afirma que “esa señora tiene una deuda con la justicia colombiana, es corrupta, bandida y está prófuga de la justicia”, pero cuando uno se entera de que la solicitud de repatriación se la hicieron al "presidente legítimo" Juan Guaidó, comprende que son aspavientos de opereta para impedir su regreso.

Digamos a modo de resumen que no es cierto absolutamente todo lo que dijo Aída Merlano, pero sí es cierto que atesora grandes verdades, y por eso a cualquier periodista se le acrecienta el apetito de solo pensar en la “chiva” de la primera entrevista con un medio colombiano, que algún día tendrá que conceder. Buscando precisamente no ser “chiviado” por la competencia, quizá no sobre contar se adelantan los trámites del caso ante la Cancillería Venezolana, con un doble propósito: entrevista con Nicolás Maduro para El Espectador… y entrevista con Aída Merlano para El Unicornio.

Publíquese y -en la medida de lo posible- cúmplase.

domingo, 9 de febrero de 2020

EXCLUSIVA – Aída Merlano y una masacre de la que nadie habla




Hay una parte del relato de Aída Merlano al que los medios y la opinión pública le han prestado muy poca atención, pero es de gran trascendencia, pues le imprime carácter de veracidad a lo que ella refirió sobre el “secuestro” del que dijo haber sido víctima. En el minuto 24’35” de su declaración a un tribunal venezolano de justicia, dijo esto:

“Quisiera también contar que (…) después de todas las cosas que pasaron, hubo una masacre en Cesar. Me parece grave, me parece un poco sospechoso que mataron a tres personas en un municipio de César. Y no sé si quizás fue en el mismo lugar en el que me secuestraron, y no sé si de pronto son las mismas personas que me tenían secuestrada y a las que me les fugué, en retaliación o quizás para evitar que confesaran quiénes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí”.

En El Unicornio nos dimos a la tarea de investigar y descubrimos que en efecto, en circunstancias que cronológica y geográficamente coinciden con la afirmación de la exsenadora, ocurrió una masacre de tres personas, el 18 de diciembre de 2019 en Tamalameque (Cesar), con las siguientes particularidades llamativas:

Pese a que por esos días de fin de año se venía presentando una racha de asesinatos de diversa índole en los más variados sitios del país, y a que estos tuvieron amplia repercusión, este no fue publicado en ningún medio nacional, tan solo en dos medios locales. O sea, ese crimen recibió un tratamiento informativo de “bajo perfil”.

Para los dos medios que informaron sobre lo ocurrido (elpaisvallenato.com y pepeojeda.com) se desconocían -y se siguen desconociendo- los móviles del crimen y sus autores materiales.

Según el primer medio citado, “entre las víctimas hay dos venezolanos y un ciudadano de El Banco, Magdalena, quien sería el jefe de una banda de cuatreros que mantenía su accionar delictivo en el sur del Cesar, sur de Bolívar y sur del Magdalena”.

El segundo medio citado informó que el crimen ocurrió “en la vereda Brisas del municipio en el sur del Cesar. Según las primeras informaciones presuntamente se trataría de tres hombres que azotaban la zona en casos de hurtos, serían dos venezolanos y un banqueño”.

La información que citan procede de alguna autoridad oficial, aunque no mencionan si Policía o Ejército, y es posible concluir que los cuerpos eran de personas que no habitaban allí, pues nadie dio cuenta de su procedencia ni de su residencia en esa región del Cesar. En conclusión, pudieron haber sido trasladados a ese lugar luego del crimen o llevados allí para asesinarlos.

En lo referente al aspecto geográfico, Merlano se refirió a que su retención habría ocurrido en una finca en las afueras de Valledupar. Y, ¿cuál es la distancia entre Valledupar y Tamalameque? Unos 200 kilómetros, que por vía terrestre se recorren en un tiempo aproximado de tres horas.

Es de suponer que durante la necropsia se tomaron fotos del rostro de las tres víctimas, y este punto es crucial para determinar la veracidad de lo dicho por la supuesta víctima del secuestro. Si hubiera cooperación judicial entre las autoridades de Colombia y Venezuela -aunque parece haber intereses orientados a que no la hubiere-, luego de ser extraditada a su país de origen, Aída Merlano podría colaborar en el esclarecimiento de lo que ella misma dijo.

En tal caso -y solo en tal- se le podría preguntar si los cuerpos de las víctimas de esa masacre corresponden a los de sus captores. Los cuales la habrían sometido a abusos físicos, a los que pareciera que ella se prestó para propiciar unas condiciones que le facilitaran su fuga.

Y aquí conviene traer a colación otra parte de su relato: “Si de verdad ellos hubiesen cuadrado una fuga, mis captores no habrían hecho lo que hicieron conmigo todo el tiempo que yo estuve secuestrada. Me hubiesen dejado ir en el instante que les dije que yo me quería ir. Y no fue así. Tuve que hacer muchas cosas para escaparme de ellos”.

Llegados a este punto, conviene brindar claridad en lo siguiente: al margen de las diferencias políticas entre dos regímenes en apariencia dictatoriales -Colombia y Venezuela-, si hubiera cooperación entre ambos Gobiernos o entre ambas Fiscalías sería muy fácil, al menos en lo referente al supuesto secuestro al que Aída Merlano dice haber sido sometida tras su fuga de un consultorio odontológico, saber si dice la verdad o si está mintiendo.

martes, 4 de febrero de 2020

Como en la ópera de Verdi, ¿Aída cantará?




Si hemos de creerle a El Tiempo, que cita “una fuente enterada del caso”, tras su captura Aída Merlano pidió ser contactada con Nicolás Maduro y, ante la negativa de este a recibirla, elaboró dos videos que pidió le fueran transmitidos. Según dicha fuente, ahí “le decía que en Colombia iba a ser asesinada y que tenía información sensible sobre influyentes miembros de la clase política, que incluso le dieron dinero para que permaneciera en silencio. Mencionó apellidos como Gerlein, Char y sus aliados en la política, y la distribución de lo que llamó unos cupos indicativos por parte de los últimos gobiernos”. (Ver noticia).

En contraste con el manejo que le ha dado Maduro al asunto, ha sido tal la torpeza con la que el subpresidente Iván Duque manejó la recaptura de la exsenadora, que un medio neouribista como la revista Semana y una columnista prouribista como Vicky Dávila prefirieron tomar enfática distancia: la primera tituló en portada La diplomacia del absurdo, mientras la segunda afirmó que “el Gobierno hizo el oso al anunciar que pedirá la extradición de la Merlano a Guaidó”. (Ver columna: Maduro 2 – Duque 0).

Esto se traduce en que a Duque le salió el tiro por la culata, pues en lugar de cumplirse su profecía de meses atrás según la cual “Maduro tiene las horas contadas”, el affaire Merlano terminó por apuntalar y legitimar al Gobierno venezolano y dejó en el más sonoro ridículo internacional al nuestro.

Ni bobo que fuera, Maduro saltó al ruedo para proponer lo que la cordura o la sensatez o las buenas maneras obligan entre contendientes: abrir relaciones consulares que faciliten la repatriación de la capturada, consciente él del carácter “explosivo” -dentro del ambiente político colombiano- en caso de hacerse efectivo su regreso a la prisión de la que el mismo Inpec ya le había facilitado su huida.

Llegados a este punto, se le debe conceder de nuevo la razón a doña Vicky: “aquí hay más de uno que quisiera borrarla del mapa para que nunca hable. Aunque suene horrible, Aida Merlano vale más muerta que viva para los que tienen rabo de paja, algunos de categoría presidencial”. ¿Quién o quiénes podrían estar interesados en callarla? Averígüelo Vargas…

Es obvio que cuando la reportera habla de “algunos de carácter presidencial” alude sobre todo al exalcalde de Barranquilla Álex Char, en quien la derecha uribista ha puesto sus ojos complacientes para competirles en 2022 al centro y a la izquierda, por ahora encarnados respectivamente en Sergio Fajardo y Gustavo Petro, casi inamovibles.

Pero hay un escenario que no se ha contemplado: ¿y si es la misma Aída la que no quiere “cantar” porque es objeto de amenazas y no desea perjudicar a personas de su familia, o porque no tiene vocación de sapa- o sea de delatora-, o porque piensa que su silencio podría verse retribuido a futuro o en un presente mediato?

No nos llamemos a engaños, las ‘fichas’ que hasta hoy ha movido el Gobierno Uribe-Duque dan para pensar que este se esforzaría en brindarle todas las comodidades y gabelas posibles a doña Aída para que no incrimine a sus aliados de la Costa.

Aquí entre nos, en mi condición de periodista interesado como corresponde en llegar a la verdad desnuda, yo sería el primero en viajar hasta Caracas o a la misma Cochinchina para buscar una entrevista con tan atrayente y enigmático personaje, y ya llegado hasta su celda le diría de entrada que su mejor seguro de vida sería contar lo que sabe, porque “después del ojo afuera… no hay Santa Lucía que valga”.

El artículo de Semana que mencioné al comienzo trae una frase que podría entenderse como un antepenultimátum para Duque: “El Gobierno no puede limitarse a una ingenua defensa de la democracia venezolana, haciendo caso omiso de los múltiples intereses colombianos en juego. Ha llegado el momento de inyectarle una dosis de realpolitik a las relaciones exteriores del país”.

Es aquí donde veremos si Duque seguirá dando los mismos palos de ciego que parecieran favorecer a los políticos de la Costa incriminados, o si decide regresar la diplomacia a los cauces de la cordura y la sensatez, hoy extraviadas en el laberinto de la sinrazón y el absurdo.

DE REMATE: Se ha sabido que el dueño de El Tiempo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, le vendió a la Universidad del Rosario el emblemático edificio de la carrera 7 con Avenida Jiménez. Pero ahí no para la cosa, porque según Las 2 Orillas la sede de la avenida Eldorado también será vendida y en el lote se construirá un proyecto inmobiliario, el cual sin duda le será más rentable al banquero que lo que le da un pinche periódico, hoy con su credibilidad por el piso. Sin el ánimo de ponernos de burlones o capciosos, como gran moraleja de esta historia se podría concluir que “El Tiempo sí se detiene”.