lunes, 27 de mayo de 2019

“The New York Times” y una “Semana” para reflexionar



Por los mismos días en que estalló el escándalo por el artículo de The New York Times que denunciaba el regreso de los falsos positivos mediante directrices trazadas por la comandancia del Ejército, y se conocía del bochornoso ocultamiento que hizo Semana de esa misma información, se supo también de una carta que más de 260 intelectuales de Colombia y el mundo le dirigieron al presidente Iván Duque, donde le expresan su preocupación por el “sistemático derramamiento de sangre” y advierten que “desde los lugares de poder gubernamental y los medios de comunicación, se incita a una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada". (Ver carta).

Así es, y lo que viene ocurriendo con ciertos medios de comunicación encierra un mensaje preocupante. La salvación moral de la nación debería descansar sobre estos como vigilantes del poder y en función de evitar sus abusos, pero con frecuencia cada vez mayor a algunos -de los más poderosos- se les ve practicando precisamente lo contrario.

Digámoslo a calzón quitado, asistimos a la prostitución del periodismo en manos del gran capital. Un segundo ejemplo lo constituye el otrora diario más representativo de Colombia y el más liberal, El Tiempo, hoy en manos de un banquero a quien mucho le sirvió la oficiosa colaboración que desde la Fiscalía General le brindó su exempleado Néstor Humberto Martínez para sacarlo impune en el caso Odebrecht, pero dejó por el piso su credibilidad como periódico.

En medio de la desazón que producen los principales medios en manos del capital financiero, una señal de que no todo está perdido la da la última columna de Daniel Coronell, donde critica a la misma Semana que le publica sus columnas, apuntando su afilado estilete sobre el director, Alejandro Santos Rubino. Según Coronell la revista “emprendió un camino más relacionado con la conveniencia política que con el deber periodístico”, y según Santos desde su cuenta de Twittter “siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público”. En todo caso, Coronell puso el dedo en la llaga cuando señaló que Semana “privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar a los ciudadanos”.

Ahora bien, señalar la mayor responsabilidad en el director del medio es buscar el ahogado río arriba, pues los periodistas están sujetos -o si se quiere maniatados- a los intereses políticos y económicos de los dueños, y “donde manda capitán no manda marinero”. Falta ver en qué estarían pensando Felipe López o sus nuevos socios, los Gilinski, cuando prefirieron ponerse del lado del gobierno al no publicar la información. En tal sentido, me atrevo a pensar que donde Coronell ve una conveniencia política, se percibe más bien la búsqueda de una utilidad económica, en cuanto a que semejante “ayuda” podía verse compensada a futuro con la presentación de la respectiva cuenta de cobro.

Lo preocupante es que con tal tipo de prácticas la polarización ha terminado por contagiar al periodismo, ubicando a los medios en dos bandos: los amigos del gobierno… y los otros. Estos últimos, o sea los independientes, requieren del más decidido apoyo colectivo, pues luchan a brazo partido para no convertirse en meretrices del poder político y/o económico. Entre ellos todavía brillan con luz propia los nombres de El Espectador, Noticias Uno, La Silla Vacía o Las 2 Orillas, aunque dando una batalla desigual, en consideración a que “poderoso caballero es don dinero”.

Hablando de los periodistas que privilegian su relación con el gobierno, está lo que el pasado lunes 27 dijo el director de Blu Radio, Néstor Morales, contra Daniel Coronell: palabras más palabras menos, que “el que las hace las imagina”, y que por qué cuestiona a la revista que le dio trabajo pero nunca cuestionó al gobierno de Juan Manuel Santos, y preguntaba si eso sería porque “le dieron un noticiero gratis". Morales está en libertad de opinar sobre un colega suyo, pero hay temas en los que quizá debería declararse impedido, en su condición de “primer cuñado de la nación”. Sea como fuere, Coronell lo puso en su sitio cuando le enrostró una copiosa serie de publicaciones críticas que hizo contra -y durante- el gobierno de Santos. (Ver trinos).

Mejor dicho, nunca antes como ahora estuvo en mayor riesgo la libertad de prensa. El modo atrabiliario como reaccionó el gobierno -en cabeza del canciller y el ministro de Defensa- contra uno de los diarios con mejor reputación internacional, sumado al temerario señalamiento que le hizo la senadora María Fernanda Cabal al periodista Nicholas Casey y que obligó a su salida del país para proteger su integridad física, exige adoptar medidas de choque en defensa del periodismo (y de la verdad, en últimas).

La urgencia del momento es tratar de impedir que se siga ‘perrateando’ el ambiente, y en tal dirección lo ideal sería conformar un frente unido de medios independientes que cada cierto tiempo monitoree el estado de la nación, vele por el cumplimiento de las normas que hacen posible el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, y haga pronunciamientos que sirvan como mecanismo de presión, en particular sobre el gobierno de Iván Duque, que desde muy temprana hora comenzó a mostrar sus garras hacia la imposición de un modelo autoritario que llegó a comprar lealtades (“todo hombre tiene su precio”, decía don Vito), a trabajar para los ricos y a restringir libertades. Todo ello amparado en que cree contar con la tácita aprobación de Donald Trump, y sin desconocer la eficaz colaboración que ha recibido de una soterrada alianza entre la DEA y la Fiscalía, sobre todo a la hora de armar montajes para hacerle daño al tribunal de justicia transicional conocido como JEP.

En este contexto, la invitación es a que El Espectador lidere la iniciativa aquí expuesta. Don Fidel, hable ahora o calle para siempre.

DE REMATE: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas”. Atribuido a George Orwell.

Respuesta del director: Cada medio es libre de ejercer el periodismo como mejor le parezca y su audiencia será la que lo juzgue. Yo respondo por El Espectador, donde he sido libre para ejercer el periodismo en el que creo. Pero no espere de mí que lidere una suerte de gremio de medios independientes para que todos sigamos una misma línea de acción. También tengo diferencias netamente periodísticas con muchos medios independientes –y no creo que yo tenga más razón que ellos, no, simplemente que lo haría diferente--. Creo más en la pluralidad de voces y de estilos, para que sean los ciudadanos los que seleccionen y premien con su confianza a quienes les parezcan mejores.

sábado, 18 de mayo de 2019

Después de la tempestad viene… la hecatombe




El exministro de Justicia Yesid Reyes puso el dedo en la llaga cuando en entrevista con Semana.com señaló lo que en realidad se esconde tras las objeciones a la ley estatutaria de la JEP planteadas por el gobierno de Iván Duque: “Se trata de someter a la rama judicial al poder del Ejecutivo. Eso es lo que se está buscando. El propósito real de las objeciones no era que estas pasaran, sino provocar la situación de caos que se acaba de crear".

En ese mismo contexto de maquinación (o conspiración) contra el acuerdo de paz, se entiende un video divulgado el mismo día en que la JEP echó atrás la extradición de alias “Jesús Santrich”, donde este aparece en una reunión con agentes infiltrados de la DEA concretando un supuesto negocio de coca. El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP, al ser interrogado por El Espectador sobre por qué la JEP no tuvo en cuenta ese video, así respondió: “Debo ser enfático, videos no tenemos. Los audios, provenientes de otro asunto, eran de interceptaciones telefónicas. En el indictment se habla de videos; los pedimos, pero no llegaron, no los pudimos valorar”. (Ver entrevista).

Lo que de ahí se infiere es que la Fiscalía, la DEA, la embajada de Estados Unidos, el Centro Democrático y la Presidencia de la República necesitaban que la JEP emitiera un fallo favorable a Santrich, pues si los magistrados hubieran recibido esa prueba y en consecuencia hubieran aprobado la extradición del exguerrillero, ello habría fortalecido la JEP como tribunal de justicia. Y lo que necesitan es acabarla.

Eso es perverso, es ruin, y debe ser objeto de la más enfática denuncia: esconden la información que habría obligado a la JEP a autorizar la extradición del comandante fariano, pero revelan la supuesta ‘prueba reina’ que habían escondido justo después de que por falta de pruebas ese mismo tribunal -actuando en derecho- solo tuvo la opción de negar la extradición de Santrich. 

El propósito estratégico era hacerle daño a la JEP, y lo lograron, pues repartieron lodo y agua sucia por todo el vecindario para que no se note lo cochinos que están por igual el fiscal y su ahora íntimo aliado, Álvaro Uribe Vélez. Tan preparado estaba el montaje, que media hora después de conocida la sentencia el Fiscal presentaba renuncia irrevocable con un discurso de filigrana retórica que debió haber sido preparado con sobrada antelación. (Ver noticia).

Lo que están haciendo con ímpetu de aplanadora es crear las condiciones para radicalizar el embate contra la JEP, o sea contra el acuerdo de paz. La tormenta que tras la renuncia del fiscal desataron las fuerzas más reaccionarias de este país (hoy de pipí cogido con Donald Trump) es tan solo la borrasca que anuncia la hecatombe perfecta: gracias a que cuentan con la tácita aprobación del amo del Norte y con la activa, cómplice y soterrada participación de la DEA (por cierto, seguimos sin conocer la identidad del misterioso mexicano que armó lo de Santrich), es obvio que esas fuerzas oscuras, subversivas a más no poder, no entrarán en miramientos a la hora de alterar el orden constitucional vigente y crear el estado de confusión y zozobra institucional que les permita aparecer luego como los salvadores del entuerto que propiciaron.

Es ahí donde coge sentido el ominoso anuncio del senador Uribe Vélez en el sentido de que “Santrich debe ser extraditado”, acompañado de un trino que actúa como ucase u orden perentoria al subalterno de más alto rango que tiene, para que proceda: “Sabemos que el buen criterio del Presidente de la República, doctor Iván Duque, en su labor de recuperar el ejercicio de autoridad que el país había cedido en favor de la Farc y de otros grupos terroristas, considerará todas las opciones que conduzcan a la extradición de J Santrich”.

Unas horas después, en cumplimiento de dicha “orden”, Santrich fue recapturado en el momento en que abandonaba la Picota, con base en supuestas nuevas pruebas que según la Jurisdicción Especial para la Paz “nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión”. (Ver noticia).

Ahora viene un pulso de alquilar balcón entre los que consideran que se debe preservar la solidez de las instituciones, y los (y las) que andan como locas histéricas vociferando que la JEP entregó el país al narcotráfico, en macabra reedición del libreto para el plebiscito de tres años atrás, cuando clamaban a grito herido que el acuerdo de paz conduciría a que en los colegios repartieran cartillas que volverían homosexuales a “nuestros niños”. Y ganaron.

Pese a que hoy se trata del mismo engaño, solo que con distinto ropaje, entre los partidarios de la sensatez quedan voces como la de El Espectador -sereno y firme- que en su editorial de viernes 17 de mayo le puso los puntos sobre las íes al corrupto fiscal renunciante: “No tiene presentación que en lugar de acatar las decisiones judiciales y obrar dentro del Estado de derecho que dice defender con su renuncia, haya escogido dar un manotazo sobre la mesa para dejar un manto de duda sobre la institucionalidad y sobre el Acuerdo de Paz, llamando incluso a una movilización ciudadana en su contra”. (Ver editorial).

Movilización sí debe haber, por supuesto, pero para impedir que se salgan con la suya el señor Álvaro Uribe y su cuadrilla de rufianes, matones y malandrines ansiosos de llevar a buen término la impunidad a perpetuidad que necesita su patrón.

Lo que de ningún modo se puede omitir -y menos puede olvidarlo la justicia terrenal- es que a dicho sujeto sub judice le urge aplastar, eliminar o abolir la JEP a como dé lugar, por una razón protuberante: para que queden sepultadas las verdades que lo incriminan.

DE REMATE: La prueba reina de que fue la Fiscalía la que armó el montaje para descalificar la sentencia de la JEP la trae La Silla Vacía, cuando en referencia al video de Santrich dice que ese portal “supo de dos medios que les llegó de la oficina de prensa de la Fiscalía”. ¿Y cuándo fue filtrado ese video a los medios?: “justo la noche de la decisión (de la JEP) y la renuncia” del Fiscal NHM. (Ver artículo).

martes, 7 de mayo de 2019

Defensa del agua, fracking, mentiras y video



La más sagrada misión del periodismo es la búsqueda de la verdad y, frente al páramo de Santurbán, la más grande verdad nos dice que ahí hay por lo menos 9 millones de onzas de oro. Y hay una empresa minera árabe dispuesta a mover cielo y tierra para que le dejen extraer el mineral, pero un obstáculo de marca mayor se le atraviesa: la señalada afectación al agua de más de tres millones de santandereanos, que podría provenir del uso industrial de aguas subterráneas. A no ser que Minesa logre demostrar que eso no pasará, y que puede garantizar la calidad del preciado líquido.

Está pendiente la re-delimitación del área que quedará comprendida como páramo, o sea como santuario inviolable, y en el interregno de su definición se mueven diversas fuerzas.  Aunque la norma establece que no es posible hacer minería en paramos, el debate se mueve muy político, unos a favor y otros en contra de la explotación del oro, así como también vigorosos poderosos económicos, todos a favor.

La mayor fuerza política a favor de explotar el oro está representada en el Centro Democrático, partido de bolsillo de Álvaro Uribe, en cuyos dos primeros periodos de gobierno se otorgó la bobadita de 7.869 títulos mineros, muchos de ellos en páramos. (Ver noticia).

Igual hay voces contra el “ambientalismo fundamentalista”, como la del abogado y jurista Ramiro Bejarano, quien, consultado por este columnista, afirmó de modo tajante: “yo no creo que en Santurbán vaya a pasar una tragedia, porque un uso regulado del agua sí se puede hacer. Y hay técnicas para lograrlo. Obviamente, estamos hablando de la minería legal. El problema con los ambientalistas es que quieren demostrar que la minería ilegal es igual a la legal”.

En este punto, los defensores del proyecto consideran que Minesa cumple con la ley en lo de no hacer minería dentro de un páramo, puesto que la zona que pretenden explotar es “cerca de Santurbán”, y en tal sentido afirman que “se bajaron 1.500 metros por debajo de lo que podría ser la línea de páramo”.

También hay un video de una reunión donde al presidente de la empresa árabe se le escucha decir que “si tengo el mundo incendiado pero en Bogotá estamos bien, estamos bien”. Como dijo La Silla Santandereana sobre ese video, “es normal que se pongan sobre la mesa esa clase de planteamientos, (pero) que hayan quedado al descubierto afectó el discurso que había tratado de vender la minera”. (Ver video). Ahora bien, esto a su vez significa que por mucha marcha en defensa del agua -como la de este viernes 10 en Bucaramanga-, los de Minesa la tienen clara: “Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria (…), nos funciona”. (Ver video).

O sea, los tomadores de decisiones en el gobierno central se sienten tranquilos con esa empresa en particular y con la megaminería en general, pues en la presidencia de Colombia el señor Uribe sentó a alguien al que durante la campaña le pusieron a decir -después de teñirle el pelo- que se oponía al fracking, porque eso daba votos: “en Colombia no se hará”, dijo en Bucaramanga (Ver video). Pero ya elegido le tocó aceptar que el fracking va, pues “una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”.

Algo similar se avecina con la explotación del oro en Santurbán, en cuanto a que “poderoso caballero es don dinero”, y a que tienen de su lado al gobierno de… Uribe. Es de esperar que la empresa esté haciendo un trámite legítimo y ajustado a la ley para obtener su permiso, pero no es para hacerse ilusiones: en Colombia un pesimista es un optimista bien informado.

Está además el tema político en torno a Santurbán. Según Leonidas Gómez, candidato a la gobernación, “mi principal contrincante es Minesa”. Y agrega: “en Bucaramanga hay una lista con gente muy amiga de Minesa, todos a favor de que haya minería” (Ver entrevista). Hemos de suponer que es la lista del Centro Democrático, y pare de contar, porque la defensa del agua tiene tan buen rating que nadie más se atreve a navegar contra esa corriente.

Sea como fuere, teniendo en cuenta que con el gobierno actual (tercer periodo de Uribe) es más factible que triunfen los intereses de la megaminería que las fuerzas “fundamentalistas” a favor del medio ambiente, habría que preguntarse si la lucha no debería enfocarse -adicionalmente- a dos temas prioritarios: garantizar que de ningún modo el agua del páramo se vería afectada con la explotación minera, y revisar el tema de las regalías.

¿Sabe usted cuál es el porcentaje de regalías por concepto de explotación minera que les queda a los gobiernos de Chile y Bolivia?: 30 y 35 por ciento, respectivamente. ¿Y sabe cuál es el que le queda a Colombia?: 3,2 por ciento…

DE REMATE: La mejor prueba de que por los lados de Minesa están tranquilos, es que después del video arriba citado solo sacaron un comunicado. Así han operado siempre, nunca dicen nada. Si tuvieran algún temor, habrían salido a dar explicaciones. En eso me baso para pensar que la licencia de explotación del oro “va porque va”. ¿O será que esa confianza está sustentada en el rigor técnico…? Y por último, la pregunta del millón: ¿qué pasará con la región de Soto Norte y con el oro allí depositado si Minesa se va? ¿Se quedará enterrado ahí, por los siglos de los siglos?

De otro lado, escuchen lo que le dijo a Vanguardia el director de Fendipetróleo, Farid Jones: “De ser sancionado por el presidente el Plan de Desarrollo (PND), se le estaría dando luz verde a las compañías que han solicitado licencias ante la autoridad ambiental para que inicien sus labores”. Se refiere a licencias de fracking, pero traza el camino a seguir para las demás. Ya sabemos, pues, lo que nos corre pierna arriba. (Ver noticia).