Absolución al coronel Plazas: triunfó la barbarie

Tomado de El Espectador

Un confidencial de Semana.com un día después de que la Corte Suprema de Justicia en apretada decisión (5-3) decretó la falta de prueba suficiente en torno a la responsabilidad del coronel Alfonso Plazas Vega frente a dos de los desaparecidos del Palacio de Justicia, aporta luces sobre el verdadero motivo por el cual habría ocurrido esa absolución.

Según Semana “el coronel había sido condenado por una teoría del alemán Claus Roxin denominada de ‘autoría mediata por aparatos organizados de poder’. Esta permite condenar a una persona, así no hayan (sic) pruebas que lo relacionen directamente con el delito, por su posición de líder dentro del organismo que cometió esos crímenes. En el acuerdo que presentó el gobierno y las FARC se excluye esa teoría. La Corte suprema, por su parte, que la había aplicado en el pasado, también la descartó en el juicio de Plazas, lo cual fue clave para declararlo inocente”.

Aquí la revista de Felipe López (autor de los Confidenciales) hace pensar que la Corte Suprema estaría siguiendo una directriz trazada desde La Habana, cuyo punto de partida sería la exclusión de la teoría de Roxin tanto para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP) como para el Ejército Nacional. Esto daría para sospechar que la justicia transicional ha comenzado a aplicarse, y que en tal medida algunas de las decisiones de tan alto tribunal se están tomando con base en situaciones ajenas a los estrados judiciales, más bien a la medida de los requerimientos de las dos fuerzas enfrentadas en el conflicto armado a punto de acabar.

En otras palabras, que ha comenzado a obrar el “Compromiso del gobierno nacional” en la aplicación de la jurisdicción especial para la paz a los agentes del Estado, que en uno de sus apartes establece que “la responsabilidad de mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de la jurisdicción”. O sea, que al desaparecer la cadena de mando el sujeto responde solito ante eventuales acciones criminales, y al Estado le corresponde probar que las cometió. Ante Plazas Vega la Corte consideró que no se pudo probar culpabilidad, sin que eso signifique que se haya probado su inocencia.

Al descartarse la teoría de Roxin se tiende ahora un manto de impunidad para muchos delitos de guerra y de lesa humanidad, llámense torturas, desapariciones, terrorismo de Estado o asesinatos selectivos, como los de Jaime Garzón y Álvaro Gómez. Y si las cosas siguen en esta tónica, no hay duda en que ese manto se extenderá a los ‘falsos positivos’, horrenda cadena de crímenes de corte genocida a cuyos autores el expresidente Álvaro Uribe sigue llamando héroes de la patria y perseguidos por la Fiscalía.

Si esta es la clase de sapos que tendremos que tragarnos, todo sea por conquistar la anhelada paz. Pero eso obliga a que se destapen las cartas sobre la mesa, y la primera de las condiciones para la concesión de impunidad en ambos bandos es que no se embolate la verdad. Y parte de la verdad comienza por reconocer –por ejemplo- que en el caso del Palacio de Justicia "fue la fuerza pública la que emboscó a la guerrilla, la dejó entrar a la ratonera para liquidarla y de paso liquidar como autoridad el gobierno de Belisario". Esto no solo lo dice Alfredo Molano en columna reciente, sino la Comisión de la Verdad creada en 2005 para esclarecer lo ocurrido, integrada por tres expresidentes de la Corte Suprema (Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera), la cual en relación con el abandono de la fuerza policial de custodia estableció que “las razones que se han dado para el desmantelamiento de la seguridad, a fuerza de ser falaces, a nadie convencen”.

Si fue levantada la seguridad para favorecer la entrada de los guerrilleros y allí cazarlos como en ratonera, significaría que hubo un trabajo coordinado, una cadena de mando y en consecuencia un aparato organizado de poder. Eso es lo que ahora se pretende descartar, pero no porque la teoría de Roxin esté errada sino por el bien de la patria, por conveniencia institucional, por alguna razón extrajudicial en últimas. Sea como fuere, no sobra preguntarse si dos Cortes Supremas con diferentes integrantes pueden sentar jurisprudencia contraria, pues la que acaba de absolver a Plazas determinó que “el Ejército no sabía que el 6 de noviembre de 1985 se iban a tomar el Palacio de Justicia”, siendo que con base en información de la Policía Nacional (la misma que retiró el esquema de seguridad) el 18 de octubre de 1985, apenas tres semanas antes de la toma, varios medios informaron sobre el descubrimiento de plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. He aquí una de las pruebas reina: ver recorte de prensa.

Esto en la práctica significa que el aparato organizado de poder se salió con la suya, e incluso hizo moñona, según La Silla Vacía. Lo único que en tal terreno de impunidad venidera ayudaría a equilibrar las cargas sería que, si hemos de creerle al vicefiscal Jorge Perdomo, con el anunciado Tribunal de Paz que comenzará a obrar tras la firma de los acuerdos “quienes creían que iba a facilitar la impunidad se quedarán con los crespos hechos, porque habrá verdad judicial y reparación a las víctimas”.

Invoquemos entonces al Niño de Belén para que se nos conceda al menos ese milagrito, el de la verdad judicial, de modo que en un mediano plazo podamos resolver de una vez por todas si fue que hubo o no terroristas en ambos bandos (unos desde la extrema izquierda, otros desde la ultraderecha enquistada en el Estado), o qué tan limpios están los que hoy se presentan como los más virtuosos adalides de esa lucha.

DE REMATE: ¿Cuál es el valor estratégico que tiene para el presidente Santos conservar al general Rodolfo Palomino en su puesto, y que en ese propósito no les dé credibilidad a serias investigaciones periodísticas de Vicky Dávila, Claudia Morales y Daniel Coronell? ¿Hay algún nuevo escándalo que Santos quiera evitar si Palomino pierde el mando? No se pierda el próximo capítulo de esta apasionante novela de misterio…