El sentido común nos advierte que no puede haber persona con cinco
dedos de frente que se atreva a defender a quien en su condición de comandante
de las Fuerzas Militares –la más alta dignidad dentro del Ejército- le dijo al
coronel Robinson González del Río, detenido por crímenes de lesa humanidad mal
llamados falsos positivos: “hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa
güevonada".
Pues aunque usted no lo crea, esa persona sí existe, y ostentó a su
vez la más alta dignidad a que se puede aspirar: la de Presidente de la
República de Colombia. Estamos hablando por supuesto de Álvaro Uribe Vélez, y
esto fue lo que dijo el pasado viernes 21 de febrero durante correría electoral
por El Carmen de Bolívar: “(Santos) juega con el honor de las Fuerzas Armadas;
así como jugó con el honor del general Barrero, también ha jugado con otros
generales”.
Aquí hay una aberrante deformación de la realidad que requiere ser
denunciada, pues es obvio de toda obviedad que quien deshonró la alta majestad
de su cargo fue el general Barrero al proponerle a un reo de la justicia crear
estructuras mafiosas para atacar precisamente a los encargados de administrar
justicia, o sea que no tiene asidero alguno pensar que por haberlo retirado,
Santos lo deshonró.
Con dicha declaración Uribe pretende poner de su lado no sólo al
sector ‘mafioso’ del Ejército sino a toda la oficialidad, cuando dice que además
de Barrero “también ha jugado con otros generales”. Esto –además de configurar
eventual delito de injuria- tiene un claro propósito subversivo y
desestabilizador, pues apunta tanto a quebrantar las instituciones como a minar
la moral de las tropas, en la medida en que siembra la desconfianza en su
Comandante en Jefe.
Lo asombroso es que ni la opinión pública ni el mismísimo presidente
Juan Manuel Santos parecen percibir la magnitud de tan perverso propósito, como
si todavía estuviéramos padeciendo los efectos del cloroformo mediático
aplicado durante ocho años de Seguridad Democrática. Sea como fuere, es
importante prestarle atención al modo reiterado en que Uribe viene posando de
defensor a ultranza del supuesto honor ultrajado del estamento militar, pues
allí podría estar germinando la semilla de su propia destrucción.
Si se quisiera encontrar un hilo conductor entre el coronel González y
el defenestrado comandante de las Fuerzas Militares, salta como liebre tras la
espesura el tema que ya se mencionó arriba: los falsos positivos. Según la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General (El
Espectador, febrero 19 de 2014) actualmente son investigados 4.173
militares por su presunta participación en más de 3.000 ejecuciones
extrajudiciales. De estos casos 401 son oficiales, 823 son suboficiales y 2.908
eran soldados cuando ocurrieron esos crímenes.
Es tan alto el número de acusados, que parece concederle la razón al
informe de las Naciones Unidas que con fecha mayo 25 de 2010 habló de “un
patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Así las cosas, no resulta
creíble escudarse en que se trató de casos aislados o de “manzanas podridas”,
pues se hace incomprensible que nadie en ninguna brigada hubiera percibido el
hedor que expelía tal cantidad de frutas en descomposición, o que en caso de
haberse detectado no se hubieran aplicado correctivos.
Más sorprendente aún es la actitud que ha mantenido el expresidente Álvaro
Uribe, quien al momento del destape de los falsos positivos revirtió la culpa
sobre las víctimas (“esos muchachos no estaban recogiendo café”), y desde
entonces no solo ha querido minimizar la magnitud de semejantes prácticas
genocidas, sino que nunca ha dejado de insistir en que sus autores son “héroes
de la patria” y “perseguidos por la Fiscalía”.
Lo revelador –en coincidencia con Uribe- de las conversaciones entre
el coronel González y el general Barrero, es que cuando se habla de montar una
mafia para denunciar fiscales lo que se pone en marcha es una persecución
sistemática contra la Fiscalía, a modo de asegurar la impunidad de las
acusados, como en la práctica se ha visto.
Si de coincidencias se ha de hablar, llama también la atención que –según
las conversaciones
reveladas por La FM de RCN- la misma jueza Carmen Johanna Rodríguez que
liberó a Luis Carlos Restrepo era la que le hacía los “cruces” al coronel
González y en cada conversación le mandaba apasionados "besitos" y lo
trataba de “su señoría”. Esta, digámoslo sin ambages, era dentro del aparato
judicial la ‘ficha’ que tenía el aparato militar para garantizar que el oficial
se moviera a sus anchas tras el objetivo de torcerle el cuello a la justicia.
No entraremos a dilucidar una tercera coincidencia, como es que cuando
la jueza citada le levantó la orden de detención al excomisionado Restrepo
(acusado ya no de falsos positivos sino de falsas desmovilizaciones) se logró
el propósito de torcerle el cuello a la justicia. A donde queremos apuntar es a
que en todo este entramado de cosas raras generadas desde el estamento militar,
que huelen a ‘olla podrida’ e incluyen chuzadas hasta a conversaciones privadas
del presidente Juan Manuel Santos, un único beneficiario sale a relucir: Álvaro
Uribe Vélez.
Si con lo de los falsos positivos los oficiales al mando de las
distintas brigadas se creían con licencia para matar a jóvenes indefensos “a lo
largo del país”, con sus actuaciones y declaraciones el expresidente Uribe hoy se
sigue creyendo con licencia para injuriar a todo el que se le atraviese. Y para
confundir, por supuesto, pues es el único recurso que le queda para asegurar la
impunidad de unos acusados que, en caso de que las cosas no les salgan como
pretenden, podrían abrir la boca.
Este es, entonces, el motivo por el cual los centenares de oficiales detenidos
por falsos positivos siempre han gozado de tantos beneficios y gabelas en sus
sitios de reclusión: porque donde lleguen a hablar, a su otrora todopoderoso ex
Comandante en Jefe se le viene la estantería al piso.
A lo que más le teme Uribe, en últimas, es a que se conozca la verdad.
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