No debe sorprendernos la captura de Santiago Uribe Vélez, acusado por
la Fiscalía de homicidio agravado y concierto para delinquir. En el curso de
los últimos años diversos testigos lo identificaron como el jefe de la banda
Los Doce Apóstoles que asesinaba a delincuentes, drogadictos y sospechosos de
auxiliar a la guerrilla. Entre esos testigos están los comandantes
paramilitares Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso y
Daniel Herrera, alias ’Don Mario’, pero el puntillazo de la acusación lo aportó
el mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, quien le contó a Olga Behar con
pelos y señales cómo era que el hermano de Álvaro Uribe dirigía esa organización
criminal. (El clan de Los Doce Apóstoles, Ícono Editorial, 2011).
Eso no debe sorprendernos, decía, pero sí asombra que su hermano el
senador y expresidente siga en libertad y disfrutando de impunidad total, pese
a que sobre él también recaen fuertes acusaciones y a que muchos de sus
colaboradores están en la cárcel por delitos de la más variada laya, que
ocurrieron mientras él fue Presidente de Colombia.
No hace ni un año, con motivo de la condena proferida por la Corte
Suprema de Justicia contra dos exministros (Sabas Pretelt, Diego Palacio), dos
exsecretarios de Casa de Nariño (Bernardo Moreno, Alberto Velásquez) y la
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, mucha gente se preguntaba en las
redes sociales por qué la justicia no ha caído todavía sobre el que les habría
dado las órdenes para delinquir.
En esa ocasión la Corte hizo extensiva la culpa al jefe de los
condenados cuando así sentenció: “Siguiendo instrucciones del entonces
presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los
exministros de Protección Social y del Interior dispusieron del poder que les
conferían sus altos cargos para pagar con una serie de nombramientos el voto
favorable de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño”. Si la Corte
Suprema lo señala de ser quien instruyó a sus subalternos para la comisión de
esos delitos, la pregunta es de Perogrullo: ¿por qué no han ido por él?
La respuesta en parte está en el fuero presidencial, que lo blinda de
ser juzgado por los tribunales ordinarios de justicia y descarga la potestad en
la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de carácter netamente
político, a la que con justa razón llaman de Absoluciones. Pero parte de esa
impunidad también recae en el apoyo que recibe del ‘establishment’, a veces
camuflado, a veces abierto.
La manifestación más patética de dicho apoyo se dio el domingo 28 de
febrero con la columna del experiodista Mauricio Vargas Linares, cuando intentó
torcerle el cuello al Derecho y al sentido común al afirmar que los delitos
cometidos (y los delincuentes que los cometieron) durante el gobierno de Álvaro
Uribe deberían quedar cobijados por la justicia transicional que se aplicará a
las FARC. En medio de un sartal de incoherencias jurídicas, sobresale esta
desvergonzada perla: “los uribistas pueden alegar que las maniobras para
garantizar la reelección están relacionadas con el esfuerzo del Estado para
acabar con el conflicto. Y si el narcotráfico es conexo porque financiaba el
conflicto, no puede ser que las dádivas a Yidis Medina no lo sean si buscaban
no financiarlo sino terminarlo”. (Ver
columna). ¿A quién estaría haciéndole el mandado, ah? ¿Acaso a su gran
amigo el exministro Diego Palacio? Averígüelo el mismo Vargas...
Volviendo al tema que nos ocupa, tal vez no sea posible probar si Uribe
sabía de las andanzas de su propio hermano por los linderos de Yarumal
(Antioquia); o si conocía a qué se dedicaban los dos consecutivos jefes de
Seguridad en la Presidencia, generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago antes
de que se descubriera su prontuario criminal y fueran condenados; o si instruyó
a Jorge Noguera para poner el DAS al servicio de los grupos paramilitares de la
costa Caribe; o si aprobó el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis,
ordenado por Noguera; o si sabía que su primo Mario Uribe andaba de ‘uña y
mugre’ con los paracos de Córdoba, donde por coincidencia está la hacienda El
Ubérrimo.
Ahora bien, no se descarta que su talón de Aquiles se halle en
eventuales delitos cometidos antes de ser presidente, entre los cuales brilla
con luz propia la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 cuando se desempeñaba
como gobernador de Antioquia, por la que el Tribunal de Medellín lo vinculó al
proceso y en tal sentido ordenó investigarlo mediante providencia donde detalla
cómo en el curso de diez años Uribe estuvo rodeado de tal cantidad de personas
involucradas con grupos paramilitares, que “no era posible estar dentro de esa
piscina sin mojarse”.
Sea como fuere, en torno a la masacre del Aro hay dos muertos que
desde su tumba parecieran jalarle las patas y enredarle el caminado a Uribe:
uno, Francisco Villalba, testigo estrella en su contra y uno de los
perpetradores de la matanza, condenado a 33 años y dejado misteriosamente en
libertad condicional para que unos días después, el 23 de abril del 2009, fuera
asesinado frente a su esposa y su hija de cuatro años. Villalba aseguró que esa
masacre se planeó por instrucciones del entonces gobernador de Antioquia con el
fin de rescatar a su primo Mario, secuestrado con otras seis personas por las
Farc. Dijo que la orden la dio Uribe “directamente. Se la dio a Carlos Castaño,
la comunicó y yo estaba presente”. (Ver video de Noticias Uno).
El otro muerto es Pedro Juan Moreno, quien (según Don Berna) siendo
secretario general del gobernador Álvaro Uribe le pidió a Carlos Castaño
asesinar al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, debido a que tras
la masacre de El Aro este se dedicó a denunciar alianzas entre la Fuerza
Pública y los paramilitares que la ejecutaron. Moreno terminó distanciándose de
su gran amigo Álvaro cuando este llegó a la presidencia, y ahora se investiga
si su muerte fue un accidente o el resultado de un sabotaje al helicóptero en
el que se movilizaba durante su campaña al Senado, en cuyo recinto prometió contar
cosas sobre su antiguo aliado apenas fuera elegido. (Ver investigación
de El Espectador).
En busca de posibles coincidencias entre Francisco Villalba y Pedro
Juan Moreno, encontramos una en particular: ambos ‘sabían demasiado’ sobre la
masacre de El Aro. Es posible que Álvaro Uribe nunca vaya a parar a la cárcel,
pero de solo saber que su hermano está preso, se justifica citar el famoso
refrán: “tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe”.
DE REMATE: Si la Fiscalía logra demostrar la acusación contra Santiago
Uribe y este fuera condenado por la justicia, significaría que Colombia tuvo
durante ochos años seguidos como Presidente de la República al hermano de un
asesino redomado.
1 comentario:
mentid, mentid, mentid que algo quedara
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