Acusetas en acción

Aunque suene políticamente incorrecto decirlo, convertir a un numeroso grupo de jóvenes de Medellín en informantes a sueldo de la Fuerza Pública es una medida de claro corte fascista. En defensa de lo indefensable, Uribe declaró desde Davos (Suiza) que “el derecho a la vida lo tenemos que defender todos”. Declaración en esencia militarista, pues asume que los jóvenes deben incluso arriesgar sus vidas para proteger el derecho a la vida de los demás, cual si ya formaran parte de las filas del Ejército. Porque en la práctica, de eso se trata: de incorporarlos a la Inteligencia Militar desde los lugares donde viven o estudian, a cambio de una suma exigua de dinero. Una chichigua, diría Lucho Garzón.

Lo que acaba de hacer Uribe tiene además un trasfondo perverso, pues lanzó una carnada para atraer precisamente a aquellos jóvenes que en las barriadas en conflicto tienen la información que los organismos de seguridad necesitan. Se ha abierto si se quiere una bolsa de empleo, en la que todo joven que sea apto para asumir el cargo se convertirá a los ojos del criminal en un posible delator. Por extensión, la medida no sólo convierte a esos muchachos en objeto de eventuales retaliaciones, sino a la juventud misma, pues a partir de la puesta en marcha de tan brillante idea todo joven –al menos en esas zonas calientes- será un sospechoso en potencia.

En el campo de las reacciones se destacan la del ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo -quien lo consideró “un error garrafal”- y la del precandidato conservador a la Presidencia, José Galat, para quien "convertir a los estudiantes en acusetas no es lo más digno para el estudiante. Yo los respetaría. No los convertiría en acusadores”. Pero tiene razón el ministro de Defensa, Gabriel Silva, cuando dice que el asunto “no tiene reversa”, porque ya se regó la bola, de modo que el joven que esté necesitado de una platica y tenga alguna información, va a querer venderla.

La ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez corrió a auxiliar al gobierno por donde primero se le ocurrió, diciendo que la medida contribuirá a que los jóvenes se alejen del consumo de drogas. No se entiende cómo puede esto ocurrir cuando, por el contrario, esa platica les ayudaría a incentivar la compra. ¿O será que más bien les dará por invertir los cien mil pesos en una microempresa?

Porque, no nos llamemos a engaños, la propuesta no va tanto dirigida a universitarios (así Uribe diga que el requisito es que sean “estudiantes”), como a eso muchachos que viven en las calles por donde circula el crimen, dispuestos –ellos sí- a arriesgarse a soltar una información que les puede costar sus vidas, a cambio de algunos billetes.

Como en las películas de Al Capone, “todo hombre tiene su precio”. El de esos mil jóvenes de Medellín que en pocos días serán enlistados como informantes, ya lo conocemos: cien mil pesos mensuales.