El tema del que hoy nos íbamos a
ocupar era otro, pero forma parte de la coyuntura una insólita petición hecha
por la familia del inmolado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a la
Justicia Especial de Paz (JEP): que abandone la investigación por el asesinato
de su pariente para que esta pase de nuevo a manos de la Fiscalía, donde la
camarilla uribeduquista que se tomó esa entidad sigue una línea -más ideológica
que investigativa- que habla de “la ocurrencia de un crimen de Estado de lesa
humanidad en cabeza de la administración de Ernesto Samper Pizano”. Eso al
menos dice el informe que ante el alto tribunal presentó una fundación de papel
con el mismo nombre de la víctima, que maneja el autodenominado candidato
presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino del occiso, donde asegura aportar
pruebas “que desvirtúan total, claramente y de manera contundente la
autoincriminación de las Farc” (Ver
noticia).
Se trata del mismo refrito lánguido
que vienen pregonando desde que descubrieron que podrían obtener un jugoso
botín si lograban que la muerte de su pariente fuera declarada como crimen de
Estado, debido a la multimillonaria indemnización que recibirían en condición
de deudos. En busca de ese botín, como lo denuncié en esta columna y en el
libro Los
secretos del asesinato de Álvaro Gómez, llegaron hasta el
aberrante extremo de asumir la defensa del sicario Héctor Paul Flórez que hace 27
años hizo los cuatro disparos que segaron la vida de AGH. (Ver Álvaro
Gómez debe estar revolcándose en su tumba).
En esa ocasión, cuando me enteré de
semejante cinismo en su obrar (¡aliados con el asesino de su pariente!),
escribí algo que titulé Sobrino, esa platica se perdió, donde expliqué
en detalle el fracaso de tan perverso plan: “Un deliberado intento de engaño a
la Corte Suprema de Justicia acaba de fracasar en la figura de Enrique Gómez
Martínez (…) después de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a
40 años de prisión contra el único condenado que hubo, Héctor Paul Flórez. A él
(…) la justicia le probó haber sido uno de los sicarios que disparó contra el
dirigente conservador el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad
Sergio Arboleda en compañía de su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir”.
(Ver
columna).
El 2 de noviembre de 2018, en un
nuevo aniversario del magnicidio- Gómez Martínez le había pedido a la Corte
Suprema revisar el fallo que en 1997 declaró responsable del crimen a su
“cliente”. Ese día, sin ruborizarse y ante nutrida rueda de prensa, afirmó que
“una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al
Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a
una defensa justa y al debido proceso”. Con total descaro, anunciaba que iba
por la plata gruesa.
Pero el tiro le salió por la
culata porque tres meses después, el miércoles 6 de febrero de 2019, con
ponencia del magistrado Eugenio Fernández la Sala Penal de la Corte rechazó la
acción de revisión. En un documento de 32 páginas el alto tribunal refutó uno a
uno sus argumentos, basado en que los elementos aportados como prueba
sobreviniente ya habían sido tenidos en cuenta en otros estrados judiciales:
“No es novedoso el contenido de las declaraciones rendidas por los testigos a
los que alude la defensa”. O sea: es -fue y seguirá siendo -cosa juzgada.
Por eso esta columna se titula Vuelve
la mula al trigo, porque hoy regresa EGM a la escena empoderado en su
calidad de candidato del Movimiento de Salvación Nacional creado por su tío, el
cual resucitó para postularse. Y presenta como hecho sobreviniente el mismo
heno, la misma trillada paja de años anteriores, solo que ahora ante la JEP: “Clara
e indudablemente, el homicidio de Gómez Hurtado benefició a Ernesto Samper y
(…) es válido predicar la existencia en este caso de un crimen de Estado”. En
esa expresión, crimen de Estado, reside el mantra del anhelado botín.
Según la información que
suministra El Espectador, “ahora la JEP deberá estudiar el informe de la
familia Gómez y decidir si mantiene su competencia sobre la investigación”.
Otra cosa piensa RCN Radio,
aliado del sobrino infame, desde el titular: “Magnicidio de Álvaro Gómez
Hurtado: Ernesto Samper sería el determinador, advierte informe”. (Ver
libelo). Allí, con evidente mala leche editorial ocultan la mano del que
lanza la misma pedrada de la misma cauchera de los últimos veinte años, EGM, a
quien nunca hasta ahora la justicia de los más variados tribunales le ha dado
la razón.
Visto con frialdad analítica,
esta ‘jugadita’ de Enrique Gómez Martínez pretende ante todo intimidar a la
justicia civil frente a un fallo que esta deberá proferir por la demanda que el
abogado y columnista Ramiro Bejarano formuló en contra suya y de su primo
Mauricio Gómez Escobar (q.e.p.d) por daños y perjuicios derivados de sus
difamaciones. Es el estilo de esa familia, en cumplimiento de la consigna de su
tío abuelo Laureano: “Calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”.
Valga advertir que soy un
escéptico de la autoinculpación de las Farc en ese y otros dos crímenes
(general Fernando Landazábal y ‘Chucho’ Bejarano), pues la tesis de mi libro es
la misma que sostuvo en vida Myles Frechette, exembajador de EE. UU. en
Colombia durante el gobierno de Samper, sin duda el hombre mejor informado de
lo que ocurría: a Gómez Hurtado lo mandó matar un grupo de militares activos y
retirados en alianza con políticos de derecha, porque conoció la existencia de
un plan golpista que le ofrecieron y que rechazó, creyendo además que su
inmolación sería el puntillazo final para tumbar al presidente en ejercicio.
La autoinculpación de las Farc
abre un nuevo escenario hipotético, el de un eventual contubernio entre
miembros de las Farc y oficiales de Inteligencia Militar del Ejército en la
planificación y ejecución del crimen. En este terreno hoy concentro mi trabajo
de investigación periodística, hacia una segunda edición -corregida y aumentada-
de mi libro, donde pueda dar respuesta a los interrogantes que de allí se
desprenden.
En todo caso, dos cosas deben
quedar claras: una, hasta el día presente no ha sido desvirtuada ni sometida a
duda una sola línea de mi libro; dos, pese a los duros señalamientos que de
tiempo atrás he hecho en particular contra Enrique Gómez Martínez, ni él ni
ningún otro miembro de su familia me han entablado demanda alguna por injuria o
calumnia, ni siquiera una solicitud de rectificación.
¿Será acaso que el que calla
otorga? No me cabe la menor duda.
Apreciado lector, si después de
leer esto usted cree que conoce algo o sabe de alguien que sepa sobre los
verdaderos autores del magnicidio, le invito a escribir a elhombreclave14@gmail.com o dejar
alguna pista a seguir en los comentarios a esta columna.
Post Scriptum: Al margen
de cualquier diferencia personal o política, lamento el fallecimiento de
Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, abogado y colega
periodista, con quien tuve un duro encontronazo cuando quise averiguar una
información que él poseía mientras trabajó en el noticiero CM&. En esta
columna de 2017 describo lo ocurrido.
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