El pasado domingo 12 de
enero fue la segunda ocasión en la que un artículo de prensa puso al país a
devanarse los sesos en torno a quién pudo ser el “beneficiario” de una
violación. Primero fue una violación física, o estupro que llaman. Ahora se
trata de una violación a la vida privada de un grupo de personas, mediante lo
que coloquialmente se ha conocido como “chuzadas”.
El primer caso alude a
cuando la periodista Claudia Morales denunció en columna titulada Una
defensa del silencio, haber sido violada años atrás en la habitación de un
hotel por alguien que fue su jefe, a quien solo identificó como “Él” y lo
describió como “un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo
y hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”. (Ver columna).
El segundo caso hace
referencia a la denuncia de Semana (Chuzadas sin cuartel), cuya lectura pone los pelos de punta al
enterarnos de que desde la mismísima comandancia del Ejército se venía
adelantando una poderosa campaña de espionaje a magistrados, periodistas y
opositores al gobierno del subpresidente Duque, en clara reedición de las chuzadas
que se presentaron durante el régimen de la Seguridad Democrática que de 2002 a
2010 presidió el sátrapa Álvaro Uribe Vélez.
Puesto que estamos hablando
de “Él”, la intriga surge cuando leemos que según uno de los militares que
denunció las maniobras ilegales dentro del Ejército, “nos dieron la orden de
continuar el monitoreo, los seguimientos y (…) nos ordenaron entregar esa
información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”.
Si nos pusiéramos de
detectives, la “trazabilidad” daría para pensar que en ambos casos se trata del
mismo “violador”. Ahora bien, sin que haga falta revivir los sinsabores que la
colega periodista depositó en los anaqueles del silencio, resulta muy fácil
identificar el político al cual se refirió Semana (blanco es, gallina lo
pone…) haciendo claridad en que la revista sabe de quién se trata pero se abstuvo
revelar su nombre. ¿Y por qué no lo revela? Quizá porque, desde que los Gilinsky
compraron la mitad de la revista, esta dio un radical viraje hacia el uribismo
y prefieren no mencionar a Watergate en casa de Nixon…
Es obvio que el más “reconocido
político del Centro Democrático” receptor de la información sobre las chuzadas tendría
que ser Álvaro Uribe, pero Noticias Uno en su última emisión habla de uno sus subalternos, el abogado Rafael Nieto Loaiza, miembro activo de ese partido. Esta información es en todo caso
irrelevante, pues se trata apenas de un alfil, alguien que goza de la confianza
del que sabemos para hacerle llegar el resultado de las pesquisas con la
discreción requerida. Igual pudo haber sido Paloma Valencia, Alfredo Rangel o Samuel
Hoyos, son simples peones de brega.
Lo verdaderamente
preocupante es que tanto el presidente de la República como el ministro de
Defensa hayan querido restarle trascendencia al asunto, uno hablando de
“manzanas podridas” y el otro declarando que “los responsables deberán responder
de manera individual ante la justicia”.
Señores Iván Duque y Carlos
Holmes Trujillo, no le mientan al país: no se trata de manzanas podridas ni de
responsabilidades individuales, a otro perro con ese hueso. La verdad monda y
lironda es que se adelantó un sofisticado operativo de espionaje que involucró
un nivel de coordinación institucional desde la comandancia del Ejército y
comprendía unidades de dos batallones, el de ciberinteligencia (Bacib) y el de
Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependientes
del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de
Contrainteligencia Militar (Cacim).
Digámoslo sin ambages, esto
solo es posible en regímenes dictatoriales. Las irresponsables declaraciones de
Duque y Trujillo darían para pensar entonces que ellos también son peones de
brega, puestos ahí por el senador Álvaro Uribe para propiciar la impunidad de los
generales y coroneles activos del Ejército que se prestaron como secuaces para secundarlo
en lo que a todas luces pinta como un “concierto institucional para delinquir”.
Holmes Trujillo afirmó en
rueda de prensa- rodeado de la cúpula militar- que “el país quiere conocer la
verdad”, pero a renglón seguido volvió a mentir cuando dijo lo mismo que el día
anterior había dicho el subpresidente Duque: que el general Nicacio Martínez
salió de la comandancia del Ejército “por las razones familiares que adujo”.
Como explicó La Silla
Vacía, la salida de Martínez se dio diez días después de que “una comisión de
la Corte Suprema y casi un centenar de policías judiciales adscritos a la
Procuraduría allanaron las instalaciones del batallón de ciberinteligencia en
Facatativá, en busca de evidencia sobre las chuzadas (…). También semanas antes
del discurso del presidente, el ministro de Defensa ya había sido informado de
que la revista estaba investigando un escándalo de chuzadas en el Ejército”. (Ver artículo). En otras palabras, el general Martínez fue
retirado porque su permanencia se hizo insostenible.
Si desde la misma cúpula
del otrora glorioso Ejército Nacional se adelantan acciones ilegales y tanto el
presidente de la República como su ministro de Defensa tratan de proteger con
su vacua retórica a los culpables, significa que Colombia está durmiendo con el
enemigo. En tal medida, el jurista Ramiro Bejarano da en el clavo cuando en
trino reciente afirma que “La gigantesca operación de espionaje orquestada
desde los cuarteles con talante e intereses uribistas, evidencia que @ivanduque
no es el hombre para conducir los destinos de la Nación. Es la hora de empezar
a contemplar su renuncia, así el remedio resulte peor que la enfermedad”. (Ver trino).
DE REMATE: Para acabar de
enredar la pita, ¿qué tranquilidad le puede brindar al país que el nuevo comandante
del Ejército sea un general sobre el que recaen serias sospechas, siendo
capitán, de haber tenido que ver con la desaparición del papá del futbolista Juan Fernando Quintero…?
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