No son muy claras las razones por las cuales el Fiscal General de la
Nación, Eduardo Montealegre, anda opinando de cuanto tema se le atraviese y contándoles
a los medios absolutamente todo lo que hace, tanto las decisiones que acaba de tomar
como las que vendrán.
La extrañeza surge a raíz del anuncio que hizo de un proceso de
colaboración de María del Pilar Hurtado con la Fiscalía, coincidentes con las
dificultades que se presentaron para trasladarla a su nuevo sitio de reclusión:
si se trata de alguien que en asuntos de seguridad posee el máximo nivel de
riesgo, no se entiende por qué toda Colombia debe enterarse al dedillo de
adónde la van a trasladar, de los pasos que no pudo dar y de los acuerdos que
vendrán. Según editorial
reciente de El Espectador, “ya va siendo hora de que el señor fiscal
recuerde cuáles son sus funciones y actúe más como jefe de una entidad que como
líder de opinión pública”.
Al margen del apetito voraz que manifiesta Montealegre por el destello
mediático –con alto daño institucional- un nuevo capítulo de esta apasionante
historia comenzó a escribirse a partir de la orden que emitió un juez de
instrucción de penas el miércoles 13 de mayo para el traslado de la reclusa al
Cantón Norte de Bogotá, lo cual habría encendido las alarmas, pues se trata de
una guarnición del Ejército y no hay gente más afecta a Álvaro Uribe que el estamento
militar.
Otra versión indica que allá no la recibieron porque no había cupo,
pero a última hora de ese día se planteó la posibilidad de que fuera llevada al
Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO), el mismo lugar donde reside
el expresidente, una mera casualidad, digamos. Hasta que el viernes 15 se le consiguió
refugio seguro en la Escuela de Carabineros de la Policía, al parecer a solicitud
de la propia Hurtado: Blu Radio reveló una carta que ella le envió el jueves 14
al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, donde denunció amenazas de
muerte y aseguró que su
vida corre peligro, por lo que pidió ser trasladada a un sitio de reclusión
de esa institución.
Todo ello pone de relieve algo que dije en columna
anterior: si hay alguien en Colombia que tiene la información requerida
para hundir a Álvaro Uribe, es María del Pilar Hurtado. En asuntos de seguridad
tenía que confiar plenamente en ella y, por tanto, le debe conocer grandes
secretos. Ello explica el milimétrico
seguimiento y la asistencia judicial –por él costeada- que le ha prestado desde
los días de octubre de 2010 en que viajó personalmente a Panamá a gestionarle
el asilo con su amigo el entonces presidente Ricardo Martinelli, hoy prófugo de
la justicia, vaya llamativa coincidencia…
Tanto el anuncio de Montealegre de su colaboración con la Fiscalía como
la denuncia de Hurtado sobre amenazas de muerte serían indicativos de un
rompimiento en las relaciones de complicidad entre la exdirectora del DAS y su
exjefe, y explicarían a su vez por qué tras la condena por parte de la Corte
Suprema nunca se le escuchó –a ella, aunque a Uribe sí- alegar que fuera
inocente o que estuviera siendo víctima de una injusticia.
Ahora se trata es de saber si las tareas de espionaje que se
adelantaron contra periodistas, políticos opositores y magistrados fueron por
orden presidencial, de modo que si Hurtado llegara a ‘quebrarse’ –para decirlo
en el argot policial- y decidiera ‘cantar’, se estaría dando a su vez un punto
de quiebre en la credibilidad de Uribe, con funestas consecuencias para el
proyecto político que ha tratado de reconstruir desde su Centro Democrático.
No sabemos cuál sería la clase de pruebas que María del Pilar pudiera aportar,
sobre todo después de que ella misma contó haber sido víctima del robo de su
computador portátil en Panamá (o de pronto lo dijo para tranquilizar a Uribe),
pero es de esperar que tratándose de una experta en seguridad, haya tomado la
precaución de guardar copia en otro lado. Sea como fuere, si llegara a
reconocer algún grado de culpa, de inmediato se haría extensiva a quien le daba
las órdenes.
En este contexto de crispación por la eventual culpabilidad de un expresidente
de la República en los delitos de espionaje y concierto para delinquir, hay dos aspectos
que no se deben olvidar: uno, la visita que antes de huir le hizo
Hurtado a Daniel Coronell, donde le dijo que “al DAS le correspondía proteger
la figura presidencial” y según el periodista parecía “en trance de
desmoronarse”. Y dos, que cuando ella llegó a Panamá manifestó que no se acogió
al asilo porque se creyera una perseguida política, sino para garantizar su
seguridad personal.
Las amenazas de muerte que hoy denuncia permiten entender entonces el
calibre de esa afirmación temprana, y podrían darle validez a una famosa frase
de Abraham Lincoln: “puedes engañar a todos algún tiempo, puedes engañar a
algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo”.
DE REMATE: Otro que se la
pasa hablando ante los medios como loro mojado es el Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez. Este y el Fiscal General se la pasan opinando sobre
lo divino y lo humano, les parece muy aburrido dedicarse a lo que les
corresponde, el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Con su ánimo
histriónico y pendenciero, ensucian el agua en la que todos nos bañamos.
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