De un tiempo para acá la derecha colombiana ha tomado como caballito
de batalla lograr que declaren crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro
Gómez Hurtado, a lo cual nadie se opone, pero lo asumen como si eso se tradujera
en responsabilidad para aquellos a quienes acusan de haberlo instigado: Ernesto
Samper y Horacio Serpa.
En un escenario cuyo propósito pareciera el de crear cortinas de humo para
desviar la atención sobre los verdaderos responsables, ahora la
senadora uribista Paloma Valencia y la columnista conservadora María Isabel
Rueda (esta última con una columna
mala-leche donde pinta a Samper y Serpa como un par de mafiosos dejando un
reguero de cadáveres a su paso) han salido a reclamar porque Samper no firmó
una carta que nadie le pidió firmar, en la que sus homólogos Belisario
Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le piden a la Fiscalía
declarar el crimen de lesa humanidad.
Que Samper no haya firmado es una nimiedad magnificada a la enésima
potencia, pues el Fiscal Eduardo Montealegre ha aclarado que si a noviembre del
año entrante –cuando se cumplen 20 años- el crimen prescribe y luego se le
declara de lesa humanidad, el proceso se reabre. Así opera aquí y en Cafarnaúm,
porque es norma universal de justicia. Otra cosa es que el crimen no pueda ser
declarado de lesa humanidad debido a que la justicia halló culpable y condenó a
uno de sus autores materiales, motivo por el cual la godarria se ha unido en torno al perverso propósito de remover ese
obstáculo.
En una cosa estoy de acuerdo con la ‘mansa’ Paloma: en que “ha habido
una mano muy oscura trabajando para mantener en la impunidad el crimen de
Álvaro Gómez”. Solo que, para el caso que nos ocupa, esa mano negra es la de
quienes quieren que se sepulte la hipótesis de la autoría intelectual de un
grupo de militares. A eso precisamente dediqué mi columna de hace 15 días (verla
aquí), después de observar atónito que la familia Gómez Hurtado aparece
ahora defendiendo nada menos que a quien se le comprobó haber disparado contra
la humanidad del dirigente conservador ese fatídico 2 de noviembre de 1995.
¿A qué puede obedecer tan delirante defensa post pena cumplida, después
de que el reo pagó 18 años de cárcel y acaba de entrar en libertad condicional?
A que sólo si declaran el crimen de lesa humanidad (y para ello es condición sine qua non que al único condenado le
anulen su sentencia) se revivirían los términos judiciales para que la familia
Gómez Hurtado pueda demandar responsabilidad patrimonial del Estado y así tener
acceso a una multimillonaria indemnización.
Lo llamativo es que detrás de este propósito han montado una muy
poderosa campaña mediática de propaganda negra, la cual tiene confundida a buena
parte de la opinión. En ella participó activamente el programa ‘Los
Informantes’ de Caracol del domingo 12 de octubre mediante lo que llamé un
publirreportaje judicial, consistente en que su directora María Elvira Arango (antigua
empleada del Noticiero 24 Horas) elaboró una pieza publicitaria para esa
campaña donde mostró al hombre que fue condenado a 40 años de prisión, Héctor Paul
Flórez Martínez, como un inocente “chivo expiatorio”, pese a que es asesino
confeso de otros crímenes. Y no presentó los puntos de vista de quienes allí
aparecieron como acusados de haber orquestado el asesinato, ni mencionó la
primera y más fuerte hipótesis que se investigó: la de un coronel del Ejército
al mando de un grupo de Inteligencia Militar conocido como Cazadores, con sede
en Bucaramanga.
Pero no se trata aquí de repetir la columna citada, sino de manifestar
la profunda extrañeza que produce comprobar que pasados 15 días exactos de su
publicación y a pesar de la solidez de los cuestionamientos que allí les hice
tanto a María Elvira Arango como a dos miembros de la familia Gómez Hurtado
(ambos de nombre Enrique), no se ha producido la más mínima aclaración o
solicitud de rectificación contra mí ni contra Semana.com. Ante tan yerto
panorama de reacciones solo es posible concluir que “el que calla otorga”, pues
en caso contrario el suscrito redactor de dicho artículo se habría visto
enfrentado a una dura controversia, que tampoco rehúye.
Al margen del debate ético que María Elvira pretende eludir, a dos
miembros de la familia en cuestión y a María Isabel Rueda (antigua empleada de
El Siglo y exdirectora del Noticiero 24 Horas) sí se les puede conminar a que
aclaren tres cosas:
TRES: Por
qué el 4 de agosto de 2007 María Isabel Rueda dijo esto en su columna
de la edición 1.318 de Semana: “no creo que (Samper) haya tenido nada que
ver con el asesinato de Álvaro Gómez”. Y por qué más abajo agregó: “siempre he
creído en la teoría de que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro
Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas
Armadas (…) sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el
magnicidio”. Y por qué hoy piensa otra cosa si en esa misma columna cita una
declaración de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, según la cual fue
“un favor del narcotráfico a políticos para ayudar".
UNO: Cómo
explica Enrique Gómez Hurtado la reunión clandestina de dos horas que sostuvo
en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva por los días en que este
huía de la justicia tras ser cobijado con orden de detención, acusado de haber
dirigido el
complot para asesinar a su propio hermano. No se trata aquí de acusar al
anfitrión, pero mientras no haya explicación a tan extraño suceso queda la
impresión de un Caín en turbio lance.
DOS: Cómo
hace Enrique Gómez Martínez para no entrar en conflicto de intereses con su
propia familia al representar al único condenado que hubo por el asesinato de
su tío, en el trámite de un recurso de revisión que busca anular la sentencia,
siendo que se trata de un proceso en el que la familia intervino con su
entonces apoderado Hugo Escobar Sierra desde el comienzo de la investigación,
participó como parte civil y estuvo de acuerdo con la condena.
TRES: Por
qué el 4 de agosto de 2007 María Isabel Rueda dijo esto en su columna
de la edición 1.318 de Semana: “no creo que (Samper) haya tenido nada que
ver con el asesinato de Álvaro Gómez”. Y por qué más abajo agregó: “siempre he
creído en la teoría de que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro
Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas
Armadas (…) sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el
magnicidio”. Y por qué hoy piensa otra cosa si en esa misma columna cita una
declaración de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, según la cual fue
“un favor del narcotráfico a políticos para ayudar".
Lo que no puede ocurrir es que pretendan hacer recaer el peso
probatorio de ese crimen en lo que ‘Rasguño’ dice que le dijeron Carlos Castaño
y otros delincuentes, todos muertos. Siempre se ha sabido que Castaño quiso
enlodar a la Policía para que salieran limpios los militares, y según la
revista Semana las declaraciones de ‘Rasguño’ son señal de que el hombre “¡está loco!”,
mientras que la Corte de Nueva York que en diciembre de 2013 lo condenó a 30
años de cárcel sentenció que “todas las declaraciones que había entregado
el narcotraficante en procesos como el del magnicidio de Álvaro Gómez (…)
carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para tratar de buscar
beneficios jurídicos que le ayudaran a rebajar su condena”.
DE REMATE: Tienen toda la
razón los que hoy luchan por conseguir que se declare como crimen de lesa
humanidad el asesinato de Álvaro Gómez, de modo que al volverse imprescriptible
se pueda llegar algún día hasta sus autores intelectuales. Pero es precisamente
a esos autores hasta ahora impunes a quienes conviene recordarles una frase –también
imprescriptible- de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todos algún tiempo, se
puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo
el tiempo”.
En Twitter:
@Jorgomezpinilla
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