Urge el voto obligatorio

Parecen sanas las intenciones que abriga el proyecto de Unidad Nacional de Juan Manuel Santos, y los nombramientos que hasta ahora ha hecho apuntan en esa dirección. En particular el del ministerio de Agricultura para Juan Camilo Restrepo, acérrimo opositor del programa Agro Ingreso Seguro que tanto defiende Álvaro Uribe. Ahora bien, a riesgo de que se nos tome de aguafiestas, no se puede desconocer que tan ambiciosa empresa política no las tiene todas consigue en cuanto a representatividad, como matemáticamente se deja probar:

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/urge-voto-obligatorio/142173.aspx

De acuerdo con el último Censo Electoral, 29’530.415 es el número de colombianos aptos para votar, y 9’004.221 fueron las personas que depositaron su voto por el candidato que, hoy elegido, pretende armonizar con todos los sectores. Esos nueve millones y piquito de votos corresponden a la más alta votación que hasta ahora ha habido por candidato alguno en Colombia, es cierto. Pero si miramos el otro lado de la moneda, encontramos que esa cifra corresponde a sólo el 30,5 por ciento de votantes potenciales. Esto significa que 20’526.194 ciudadanos –y ciudadanas, para no pecar de machistas- habilitados (y habilitadas, uf…) para ejercer su derecho al sufragio no votaron por Juan Manuel Santos, o se abstuvieron de hacerlo por cualquier candidato. El 69,5 por ciento del censo electoral, para ser exactos.

Este porcentaje cobija al 51 por ciento de personas que religiosamente en cada elección practican el abstencionismo: esa masa de ciudadanos indolentes para quienes no votar constituye una auténtica virtud, porque sencillamente no les interesa la política. Lo cual en realidad es una auténtica idiotez, como ya dijimos en columna anterior, donde juzgábamos a los abstencionistas como los verdaderos idiotas útiles de la corrupción reinante.

El meollo de la discusión radica entonces en que los abstencionistas constituyen la primera fuerza política del país, en una proporción de la mitad más uno contra los que sí votamos. Ellos siembran la semilla de la ilegitimidad en cada voto que no se deja contar a favor –o en contra- de alguien o de algo, porque incluso les da pereza decidirse por el voto en blanco, que tanto recomendó Saramago en su Ensayo sobre la lucidez. Pero no les importa, quizá porque son mayoría.

Es aquí donde la solución podría consistir en imponer el voto obligatorio, algo que visto en esos términos suena antidemocrático, pero que se suaviza al ver que se trata simple y llanamente de derrotar la abstención por decreto. Una democracia es más actuante cuando se sustenta en la libertad del individuo para votar o abstenerse de hacerlo, es cierto, pero la nuestra es una democracia imperfecta (imperfectísima, para perfeccionar la idea), en la que la abstención es patente de corso para los que alegan no sentirse representados por políticos elegidos con menos de la mitad de los votos potenciales.

El voto obligatorio terminaría por taparles la boca a los violentos, porque sólo así se sabría a ciencia cierta qué es lo que la mayoría quiere, y “cuando el pueblo habla, hasta Dios calla”. Si los ciudadanos tienen el deber de pagar impuestos, también deberían tenerlo para votar y expresar su real voluntad y su real elección. Un voto obligatorio no a perpetuidad, sino hasta que se consoliden formas de participación política más representativas y atractivas para el grueso de la población.

Hay quienes dicen que el voto obligatorio nunca será aprobado, porque la aprobación tendría que provenir precisamente de los políticos a quienes no les conviene, en la medida en que sus votos están ‘amarrados’ a prácticas clientelistas que desaparecerían si se expresaran las verdaderas mayorías, no las que resultan de una tercera parte de los votantes. El único gobernante que en los últimos 20 años se atrevió a proponerlo fue Horacio Serpa Uribe, siendo el ministro de Gobierno de Ernesto Samper, cuando dijo que “el Ejecutivo es partidario de analizar más a fondo la posibilidad de instaurar en Colombia el voto obligatorio”, y agregó que “no operaría como una estrategia coercitiva para que los ciudadanos participen más de los debates electorales, sino como una forma pedagógica y temporal de adentrarnos en la cultura de la participación”.

En su momento, políticos como él –aunque con menos votos que Serpa- rechazaron la idea con planteamientos como que “la propuesta es irrelevante” (Luis Guillermo Giraldo), “resulta improcedente establecer obligaciones de imposible cumplimiento” (Enrique Gómez Hurtado), o “la abstención es una forma de protesta que no es necesario eliminar” (Carlos Corssi Otálora).

De cualquier modo, si yo fuera Juan Manuel Santos no esperaría a que los Verdes se me adelantaran a proponer el voto obligatorio, en parte por aquello de que “el que pega primero pega dos veces”, pero sobre todo porque la única manera de llevar a buen puerto el proyecto de Unidad Nacional es contando con las mayorías reales, no con las ficticias.

Si en su condición de cerebral jugador de póker Santos decidiera correr el riesgo de apostar sus restos en una elección con voto obligatorio (por ejemplo para la que viene de alcaldes y gobernadores), y al final de la jornada resultara que más de la mitad más uno de los colombianos aprobó su gestión al respaldar sus candidatos, tendría el camino abierto para hacerse reelegir sin que tener que recurrir a prácticas que –si la fe no nos abandona- podrían estar condenadas a desaparecer, como la de coger la Constitución a las patadas para hacer colar determinado articulito.

Por todo lo anterior, urge el voto obligatorio.

jorgegomezpinilla@yahoo.es