La declaración del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, según la cual “es función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia elegir al Fiscal General de la Nación de la terna enviada por el Presidente de la República”, tiene tela de dónde cortar. ¿Quién dijo, para empezar, que la Corte está obligada a escoger el Fiscal de una terna en la que ninguno de los candidatos reúne los requisitos mínimos para ocupar tan alto cargo? Elegir de donde no hay nadie elegible encarnaría una gravísima irresponsabilidad con la Nación y, aquí sí, un riesgo de “quebrantamiento del orden institucional”.
Del mismo modo que el Presidente Uribe pretende hacerse reelegir bajo el supuesto de que no hay quién pueda reemplazarlo, su negativa a cambiar la terna conlleva el imperativo de que nadie diferente a Camilo Ospina puede ser el Fiscal General, pues los otros dos ya quedaron descartados, por simple sustracción de materia (jurídica, académica y penal). Bastó escucharlos en la audiencia televisada en la que cada uno expuso sus ‘méritos’, para saber que el Gobierno envió terna de uno, donde la descalificación de ese uno proviene en gran parte de su falta de experiencia en derecho penal y en su aparente cercanía con el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.
Hablando de cercanías, son precisamente las que los tres tienen con el Presidente lo que los descalifica de entrada, pues el cargo requiere de alguien que maneje las funciones inherentes a la rama judicial con independencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Es cuestión de sentido común, por estos días el menos común de los sentidos. Pero no sería éste el obstáculo principal, sino el hecho de que trece de los veintiún magistrados de la Sala Plena consideraron a la terna “inviable”. ¿Significa entonces que la Corte debe darle la razón a la minoría, o sea a los ocho magistrados que votaron contra el parecer mayoritario? Eso es, en penúltimas, lo que pretende el Gobierno: que los ocho que sí estuvieron de acuerdo con la terna lleven las de ganar. El mundo al revés, mejor dicho.
La abusiva e indelicada injerencia del Ejecutivo sobre el poder Judicial responde, en últimas, a que tiene supuestas abrumadoras mayorías de aprobación en las encuestas, y asume que esto le da carta blanca para pisotear la institucionalidad inherente a una decisión autónoma de la Corte Suprema. Baste anotar que ésta tiene más que ninguna otra la potestad de rechazar una terna coja en cada una de sus tres patas, así contraríe las expectativas de un gobernante que se cree arropado por el Estado de opinión para seguir cometiendo tropelías.
OTROSÍ: ¿Cuánto tiempo más demorará el partido Conservador en pronunciarse en torno a los líos penales en que se halla involucrado su vicepresidente, el senador Alirio Villamizar?
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