Tal vez tiene razón el columnista Saúl Hernández ('El debate de la dosis mínima', EL TIEMPO, 30 de marzo de 2009) cuando escribe que "quienes pretenden dirimir el tema de la penalización de la dosis mínima son consumidores que se favorecen con el permiso de comprarla, portarla y meterla sin ser molestados por las autoridades". Tiene razón, sí, porque es factible que haya uno que otro columnista, director de medio, editor o caricaturista que eventualmente consuma alguna sustancia prohibida, y en ocasiones basta con leerlos para saber si prefieren la hierba o el perico, por mencionar solo las dos de uso más frecuente. En ánimo de acertar se diría que el asunto no se restringe a los medios, sino que se extiende a todas las esferas de la vida social, y el columnista que se escandalice -como Hernández- es porque prefiere cual avestruz esconder la cabeza en el hueco, pues pretende desconocer un fenómeno que al parecer escapa a su comprensión.
En medio de su delirio, afirma olímpicamente que "a este paso, quienes van a decidir lo del referendo de prisión perpetua para violadores de niños van a ser el monstruo de Mariquita y Luis Alfredo Garavito". Expresión no solo tremendista y exagerada sino discriminatoria y de mal gusto, pues emparienta a dos reconocidos violadores con el que se mete -o metió, pero dejó de hacerlo- un pase de cocaína o un barillo de marihuana en algún momento de su proceso creativo, o como pudo darse en la que Héctor Abad tituló como su "columna enmarihuanada", a quien reconocemos la valentía de su confesión, en un medio tan macartizado.
Parte de la confusión del columnista citado se hace palpable en una frase que encierra la madre de todas las contradicciones, pues parte de una premisa evidente cuando sostiene que "se ha exacerbado el contradictorio mensaje de que todos tenemos derecho a darnos en la cabeza", siendo que en efecto todos tenemos derecho a darnos en la cabeza, sea literalmente contra las paredes o en el sentido sicodélico que quiso darle. Premisa además hipócrita, pues se asume casto y pulcro sin ver la viga en el ojo propio, ante un Gobierno cuyas ideas defiende y al que en el fondo no le interesa saber si tiene o no la razón en lo de la penalización del consumo, porque lo único importante es que tienen a la gente pensando en eso.
Debería tratarse de un tema irrelevante y circunscrito a la vida privada de las personas (si uno quiere trabarse o pararse en la cabeza o colgarse de ella), pero nos lo han vuelto un asunto policivo, porque nuestro Presidente así lo ha querido. Es una batalla mediática, en la que con cara no pierde Uribe y con sello gana él.
Para rematar, sostiene el columnista Hernández que "(se ha exacerbado el contradictorio mensaje de que) si uno es un adicto -o sea un enfermo- no lo pueden obligar a curarse". Cae aquí de nuevo en el mismo solipsismo de su insolente ignorancia, pues la lógica de la razón nos obliga -aquí también- a creer que nadie puede ser obligado a abandonar una adicción, como tampoco a actuar contra sí mismo. Es una perogrullada decir que no ha habido el primer alcohólico al que lo hayan obligado a curarse, pero no servirá de prueba a nuestro propósito, pues solo nos quieren tener hablando de eso.
Motivo por el cual, ante la imposibilidad de advertir sobre tan tremendo error de percepción, lo mejor es callar.
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