Produce estupor y eriza la piel comparar el tsunami de indignación que en nuestro país produjo la patada que un futbolista le pegó a un búho, con el escaso revuelo que tuvo el asesinato en Saravena de la jueza Gloria Constanza Gaona, quien adelantaba el juicio contra el teniente Raúl Muñoz, del Ejército, acusado del asesinato y la violación de una niña de 14 años y la muerte de sus dos hermanitos, de 9 y 6 años, en Arauca. La jueza fue asesinada en la zona más segura de ese municipio, donde están los juzgados, la Alcaldía y un puesto de Policía, y hay restricciones para el tráfico.
http://www.semana.com/noticias-opinion/mil-maneras-siguen-matando/153856.aspx
El crimen adquiere mayor relevancia ante el estatus de sus posibles autores, y cuando la información al respecto señala varios agravantes:
1-) Vecinos de los menores victimizados habían denunciado la suplantación de personal de la Defensoría del Pueblo, para obtener información relacionada con el crimen. Los testimonios hablan de falsos abogados que habrían llegado con militares ex compañeros de Muñoz, a hablar con los vecinos de las víctimas. El defensor Volmar Pérez aclaró que nunca hubo desplazamiento de funcionarios de la entidad, en la fecha en que se habrían producido las entrevistas a pobladores de Tame. Aquí lo llamativo es que poner a un grupo de personas a suplantar a funcionarios de una institución, revela un nivel sofisticado de logística y recursos.
2-) La organización que defiende al teniente Raúl Muñoz es DEMIL, Defensoría Militar, una asociación liderada por el alto mando militar y creada “para garantizar la defensa técnica de oficiales y oficiales”. Pese a que según investigación de Noticias Uno su póliza ordena la no prestación de asistencia jurídica “a los afiliados relacionados con (…) delitos sexuales”, ésta se sigue dando.
3-) El militar acusado cambió tres veces de abogado (abogada, para ser exactos) en las últimas tres semanas, para alargar el juicio y así buscar su liberación por vencimiento de términos.
En estas circunstancias, la pregunta que cualquier capcioso se haría es dónde reside la importancia de este oficial, para que detrás de él se despliegue tal parafernalia de argucias y recursos. Hilando delgado se diría que una cuarta opción contemplada fue el asesinato de la jueza, pero podría haber voces que aleguen que estamos prejuzgando. Y les cabe razón, si no fuera porque la indignación que este crimen suscita está directamente relacionada con la impotencia de la justicia (y la indiferencia general) frente a lo que apunta como una muy bien orquestada estrategia orientada a lograr a como dé lugar que el acusado –a quien hasta las pruebas de ADN lo inculpan- salga libre.
El presidente Juan Manuel Santos condenó el asesinato de la jueza y ofreció una recompensa de 500 millones de pesos, pero ahí no radica el meollo. (Cuando en febrero de 2007 asesinaron a la defensora de desplazados Yolanda Izquierdo, el entonces presidente Álvaro Uribe también se apresuró a ofrecer recompensa, sin un solo inculpado hasta el día presente). El meollo radica en que de nada vale que la justicia civil pretenda enjuiciar a un oficial del Ejército acusado de asesino y violador, mientras ciertas fuerzas oscuras despliegan todo su poderío –legal e ilegal- para tratar de impedirlo.
Moraleja y conclusión: con Gloria Constanza Gaona no sólo mataron a una jueza; de mil maneras nuevas, siguen matando a la justicia.
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