¿Quién le pone el cascabel al banco?

El 27 de agosto de 2010, apenas 20 días después de posesionado en la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos les dijo a los banqueros reunidos en Cartagena algo que a los oídos de los cuentahabientes colombianos sonó a dulce melodía: “hay que ver la forma de bajar los costos para que el cliente pueda tener una cuenta bancaria, o reducir los requisitos para entrar al sistema bancario”.

http://www.semana.com/noticias-opinion/quien-pone-cascabel-banco/147489.aspx

Un antecedente similar –de una voz gubernamental proponiendo una medida que en apariencia afectaría los intereses del poderoso gremio financiero- sólo se recuerda en noviembre de 2008, cuando el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció la expedición de un decreto encaminado “a favorecer o abaratar los costos financieros para los sectores informales”. Pero no sólo el decreto nunca se expidió, sino que su verdadero propósito era ayudar a los banqueros a enfrentar la vorágine especulativa que se desató con el auge de pirámides como DMG o DRFE (una especie de sector financiero informal), que condujo a que muchos colombianos –miles, quizá millones- comenzaran a sacar sus dineros de las corporaciones para depositarlos en esas pirámides, engañados si se quiere, pero ante todo cansados de los abusos del sector financiero formal.

El resto de la historia se conoce: no habían pasado ocho días desde que el Minhacienda anunció el tal decreto de ‘ayuda’, cuando David Murcia Guzmán cometió el gravísimo error de meterse por La W Radio con uno de los hijos de Álvaro Uribe, de modo que éste aprovechó el ‘papayazo’ y lo defenestró, de tajo. De allí salió que DMG significaba David Menospreció a Goliat. Es sabido que la banca nacional quedó muy agradecida con tan quirúrgica capitis diminutio, en momentos en que un simple ‘igualado’ amenazaba con poner en jaque a la banca nacional. La prueba de su agradecimiento fue que el más poderoso de los poderosos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se manifestó a partir de ahí entusiasta partidario de un tercer periodo para el presidente Uribe, sin una voz disidente en su gremio.

Es de caballeros abonarle a Santos el gesto intrépido que tuvo de pedirles a los dueños del dinero “bajar los costos”, sólo que lo hizo cuando ya los bancos han retomado el control y sus utilidades –las del último semestre, para no ir más lejos- bordean los cinco billones de pesos. O sea, cuando ya no necesitan ofrecer gabelas para evitar que sus clientes retiren el dinero. Ellos saben que hasta el más reticente también caerá, porque un día se verá obligado a abrir una cuenta de ‘ahorros’ (así tan sólo sea para disponer de una referencia bancaria) y ellos estarán allí, muy sonrientes –como en todas sus campañas publicitarias- para atenderlo.

Decir ‘ahorros’ es hoy un sofisma –por no decir una argucia-, porque fue el propio sector financiero el que acabó con el ahorro: el adelanto tecnológico de los cajeros automáticos y las tarjetas débito vino acompañado del cobro de la cuota de manejo, y no contentos con ella se inventaron que a la gente además había que quitarle una cantidad considerable de dinero cada vez que hiciera un transacción, llegando al aberrante extremo de cobrarle al pobre cuentahabiente por… ¡consignar dinero!

Es por ello que la intervención del presidente Santos ante los banqueros fue entendida como un mensaje esperanzador, a tal punto que más de uno creyó que por fin había aparecido el valiente adalid que se atrevía a ponerle el cascabel al gato, como en la fábula de Esopo. Pero el único que apuntó en esa dirección fue un representante a la Cámara que pescó en río agitado, el cordobés David Barguil (conservador, para más señas), quien presentó un proyecto de ley –que no pasará, y él lo sabe- “para que las entidades no se excedan en los cobros”. Por cierto, el único medio que se atrevió a publicar la información completa fue el blog ideasinversion.com, y la definió como “un nuevo intento para ponerles techo a las tarifas de servicios financieros”.

En este contexto meramente informativo, llama la atención que si se indaga por Barguil en Google sólo aparece un breve confidencial en semana.com, con fecha octubre 13 de 2010, que dice así: “Muy preocupados están los banqueros por una iniciativa legislativa que radicó el representante conservador a la Cámara David Barguil, que busca imponer (sic) tope a los costos de los servicios financieros. Según Barguil, no es justo que hoy el 70 por ciento de las utilidades del sistema provenga de los costos que les aplican los bancos a los usuarios por servicios como consultas por Internet, retiros o cuotas de manejo. Se trata de un reto interesante para el Congreso”.

Es posible que el autor de ese confidencial haya sido elegante con el Congreso al verlo frente a “un reto interesante”, pero no se descarta tampoco que riera a carcajadas mientras escribía eso, convencido –como lo está todo periodista bien informado- de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, antes que la Cámara de Representantes apruebe semejante ‘atentado’ contra los intereses de la todopoderosa banca nacional. Sea como fuere, le cabe toda razón al hasta ese día anónimo Barguil cuando dijo que “la razón de ser de estas entidades son los créditos, y por ello sus ingresos deben surgir de ahí y no de las transacciones que hacen los usuarios”.

Se presume de todos modos que la noticia alcanzó a filtrarse, porque todavía es factible encontrar personas de buen corazón desinformadas –o mal informadas, que es lo mismo- que creen que fue el gobierno Santos el autor del mentado proyecto de ley, y que no será sino cuestión de días para que “por fin” les pongan el tatequieto a esos abusos.

Pero no es el autor de estas líneas el llamado a bajarlos de esa nube: de eso se encargó con creces el propio Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, cuando en El Espectador del pasado 27 de octubre se declaró impotente para aminorar los costos de las tarifas, aduciendo que “la imposición de límites puede causar efectos contrarios a los deseados. Si se fijan mal, las entidades podrían dejar de prestar algún servicio”. (¿Y qué pasaría, preguntamos, si se fijan bien?).

No se trata aquí de saber quién tiene la razón, sino de comprobar que una declaración de este calibre no se espera de un funcionario llamado a ejercer control y vigilancia sobre los bancos, sino de quien tiene como tarea su defensa. De donde se concluye que "algo huele mal en Dinamarca", cuando hasta el propio representante de los ratones es llamado al orden y alineado con los intereses de los gatos.