Santos y Serpa deberían hacer ‘llave’

Cuando con motivo de la celebración de los 30 años de la revista Semana le preguntaron a su director, Alejandro Santos Rubino, cuál era la carátula que más le gustaría hacer, dijo sin titubear: “Por fin, la paz”. Esto da una idea de la importancia que en la coyuntura actual el tema tiene para el país, y siembra una semilla de esperanza ante el hecho de que fue precisamente su tío el presidente Juan Manuel Santos quien desde su discurso de posesión anunció –en contravía de su exjefe político, Álvaro Uribe-que tiene en su bolsillo la llave de la paz, y que no le temblará el pulso para sacarla cuando lo considere conveniente.

Pues bien, nunca antes como ahora en su gobierno se le había presentado a Santos una oportunidad tan ‘soñada’ de metérsela toda a la búsqueda de la paz, después de que en hábil jugada de tahúr les pidió la renuncia a todos sus ministros, para colar con vaselina una crisis que en otra circunstancia habría sido imposible, si al expresidente Uribe no le hubiera reventado semejante chicharrón por el escándalo que provocó la confesión de culpa de su exjefe de seguridad, el indebidamente nombrado general Mauricio Santoyo.

En todos los medios se ha dicho que la crisis fue provocada para poner énfasis en dos temas básicos, la paz y lo social, y en coincidencia con lo anterior el nombre de Horacio Serpa comenzó a sonar para el ministerio del Interior, cuya última columna para el Nuevo Siglo se tituló precisamente La solución está en lo social.

Pero la coincidencia no sólo está en esa columna, sino en que Serpa ha sido el político que en los últimos 25 años y en representación de diversos gobiernos más cerca ha estado de procesos encaminados a la búsqueda de la paz, y ha sido a su vez el negociador que más ha arrojado frutos: EPL, PRT, Quintín Lame, M-19… De modo que su vinculación podría servirle a Santos para confeccionar una fina jugada de billar a tres bandas, que por la izquierda le permita avanzar con paso firme en eventuales diálogos de reconciliación (contando para ello con el ‘gallo fino’ de Serpa para enfrentar los ánimos guerreristas del ‘gallo tapao’ de Uribe), y por el centro le dé bases sólidas a la reunificación del liberalismo (que de buena fuente sabemos le sigue interesando), mientras por la derecha mantiene contentos a los partidos que integran la Unidad Nacional con la repartición equitativa de la mermelada burocrática.

Podría pensarse que el único inconveniente para que cuajara dicho nombramiento pasa por el expresidente Ernesto Samper, pues es sabido que las relaciones entre éste y Santos no han sido las mejores, en particular desde que se supo que durante el gobierno del primero, el segundo anduvo complotando con Salvatore Mancuso para que las autodefensas le pidieran la renuncia a Samper a cambio de desmovilizarse. Pero esas diferencias han quedado atrás, y así lo ratifica una declaración reciente de Samper para RCN en la que no sólo habló elogiosamente de Santos, sino que sobre Serpa se atrevió a decir que “si el gobierno lo llama, sería excelente”.

Lo paradójico es que una recomendación de Samper no sería de todos modos lo más conveniente para Serpa, y ello quizá explicaría por qué durante la inauguración de un puente con el nombre de su lejana parienta Antonia Santos, el pasado jueves 23 en inmediaciones de Girón, al presidente se le escuchó decirles a los periodistas algo así como “no se preocupen, que no voy a nombrar ministro a Ernesto Samper”.

Una declaración de ese calibre en tierra santandereana podría interpretarse como que definitivamente no tendrá en cuenta a Serpa (por aquello de la cercanía entre éste y Samper), pero también podría significar lo contrario: que si le llega a ofrecer el puesto es porque dejó en claro de antemano que “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, como dicen las señoras.

Sea como fuere, es posible que el presidente no esté pensando en el exgobernador de Santander para nombrarlo en el ministerio de la política, que por antonomasia es el único que a Serpa podría interesarle. Pero ello no nos exime para dejar por sentado que sería un error de Santos si no le ofrece dicho ministerio a Serpa, así como sería un grave error de éste si decidiera no aceptarlo.

Error de Santos, pues nadie mejor que un hombre con la ‘cancha’ de Horacio Serpa para foguearse con un Congreso que tiene mucho que cobrarle al gobierno tras la malograda reforma a la justicia, y es además el candidato ideal para neutralizar los ánimos belicosos de una derecha que estará cada vez más ‘ardida’ ante los avances que se vayan conquistando en eventuales diálogos con la guerrilla.

Y error de Serpa, porque se estaría perdiendo el chance de pasar a la historia como el hombre que gracias a su habilidad para sortear las zancadillas de los fanáticos de la guerra (que con toda seguridad vendrán), abrió definitivamente las compuertas a la paz nacional.

Así las cosas, el presidente Juan Manuel Santos debería de una vez por todas meterse la mano al bolsillo, sacar la llave de la paz y, en gesto que habrán de agradecerle las nuevas generaciones, entregársela a su otrora copartidario Horacio Serpa Uribe.

Y Uribe qué: ¿complicidad o torpeza?

Con motivo de la confesión de culpa del general Mauricio Santoyo ante una corte de Virginia (EEUU), Semana.com explicó así por qué éste prefirió aceptar los cargos en lugar de declararse inocente: “el sistema de justicia estadounidense tiene unas variables estadísticas que son usadas por las partes en cada uno de los procesos. Se llama Estudio de Probabilidad del Caso, que la Fiscalía aplicó con un resultado de 80 por ciento de probabilidades de vencer a Santoyo en juicio, con base en el alto volumen de pruebas que tenían en su contra. Santoyo y su abogado vieron que insistir en la inocencia podía ser letal para su futuro”.

http://www.semana.com/opinion/uribe-complicidad-torpeza/183077-3.aspx

Si este mismo “Estudio de Probabilidad del Caso” se le aplicara al expresidente Álvaro Uribe, no para identificar su grado de complicidad con Santoyo –que no se descarta- sino para determinar si tenía conocimiento de sus andanzas, resulta estadísticamente IMPROBABLE que no lo supiera.

Ahora bien, si dicho estudio lo hiciéramos extensivo a la multiplicidad de casos en los cuales gente de su entorno se ha visto involucrada con actividades delictivas, resulta estadística y matemáticamente IMPOSIBLE que la gran mayoría hubiera ocurrido a sus espaldas, en consideración sobre todo a su obsesión por el tema de la seguridad. Parodiando al cardenal Pedro Rubiano del Proceso 8.000, si una docena de elefantes -ya no uno- se mete a la sala de su casa, ¿cómo hace usted para decir que no los vio?

Hablando precisamente de la Casa (de Nariño, para el caso que nos ocupa) resulta desde todo punto de vista incongruente, absurdo y delirante que el Presidente de la República hubiera tenido durante varios años a Mauricio Santoyo como el jefe de su seguridad personal y a Jorge Noguera en la dirección del DAS (o sea en los dos más sensibles cargos de la Presidencia), y que ambos hubieran resultado un par de delincuentes de la más alta peligrosidad, que lograron burlar los férreos controles que –como es de suponer- debía aplicar Uribe en la escogencia de sus colaboradores.

En columna anterior ya habíamos reflexionado en torno a si tiene algún asidero lógico que dos individuos tan habilidosos y de tan refinada mente criminal le hayan metido al Presidente de Colombia semejantes golazos a lo que constituía su primer círculo de seguridad personal, o si más bien fue que él mismo buscó y contrató a personas que reunieran esos perfiles para el desarrollo y aplicación de su muy particular visión de la Seguridad Democrática.

En busca de una respuesta coherente son de obligatoria mención las famosas ‘chuzadas’ del DAS, definidas por la Sala Penal de la Corte Suprema como una “empresa criminal” que, con base en las evidencias recopiladas, habría sido fraguada y coordinada desde la propia Casa de Nariño. Es pertinente entonces recordar que por este caso está preso el exsecretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, mientras que la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado logró evadir la acción de la justicia con la eficaz ayuda de su exjefe, pero los traemos a colación porque hay un hilo conductor que une a los cuatro citados (Santoyo, Noguera, Moreno y Hurtado), como es la interceptación ilegal de líneas telefónicas a magistrados, periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.

Podríamos de aquí saltar a la más criminal de todas las operaciones que se adelantaron durante el gobierno de Álvaro Uribe, los también famosos ‘falsos positivos’, que si no fueron ordenados por él sí contaron con su consentimiento (y falta ver si con su conocimiento), como lo demuestra la férrea defensa que viene haciendo de todos los soldados y oficiales involucrados, a los que sigue considerando “héroes de la patria injustamente perseguidos por la Fiscalía”.

Si a lo anterior sumamos los señalamientos que se le hacen a Andrés Felipe Arias por el AIS, a Luis Carlos Restrepo por las falsas desmovilizaciones, a su primo Mario, su hermano Santiago y los generales Rito Alejo del Río y Mario Montoya por nexos con grupos paramilitares (y dejamos por fuera casos como la Yidispolítica, la visita clandestina de alias Job a Palacio o tantos otros que harían la lista interminable), sería de obligatorio recibo concluir que hace diez años elegimos para Presidente a una persona que demostró infinita torpeza para escoger a sus colaboradores, motivo por el cual cobraría vigencia cierto trino que en días pasados circuló por Twitter, falsamente atribuido a @ErikaSalamanca: “Uribe sigue siendo un gran hombre, cuya confianza fue traicionada por la manada de hampones que trabajaron a su lado”.

DE REMATE: Hablando de Twitter, @AlvaroUribeVel escribió desde su cuenta que “GralSantoyo debe decir a la justicia si recibió mal ejemplo.” La pregunta del millón no es esa, sino por qué el propio Presidente de la República le dio tan mal ejemplo al país al escoger a semejante calaña de gente para trabajar tan cerca de él.

Twitter: @Jorgomezpinilla

De cómo el sexo ‘penetró’ a Wikileaks

Uno de esos sucesos extraordinarios donde la realidad supera a la ficción lo encarna Julián Assange, fundador de la página Wikileaks.com, con una historia que involucra a los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Ecuador, así como al exjuez Baltasar Garzón y a dos mujeres en apariencia ‘fáciles’ (Anna Ardin, feminista cubana de 28 años, y Sofía Willen, sueca de 20 años), quienes se acostaron con el mismo hombre en Estocolmo en el verano de 2010 y salieron de la alcoba a contarle a un juez que habían sido víctimas de abuso sexual.

Para ubicarnos en contexto, Wikileaks es un portal de Internet que recibe y publica filtraciones que develan comportamientos no éticos o criminales por parte de gobiernos, religiones o empresas de todo el mundo. Sus actuaciones más destacadas se han centrado en la actividad exterior de Estados Unidos, especialmente en torno a las guerras de Irak y de Afganistán, con base en documentos obtenidos del Departamento de Estado.

Entre estos se destaca un video en el que se observa cómo el 12 de julio de 2007 soldados estadounidenses asesinaron en Bagdad al reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más, algunas de ellas cuando iban a llevarse a los muertos y heridos. Se ve que ninguno de ellos hizo el amago de atacar al helicóptero Apache desde el que se les dispara, pues ni siquiera lo miran. Aunque la agencia Reuters lo solicitó repetidamente, el material le fue negado, hasta que WikiLeaks lo consiguió inédito e hizo ver a esos soldados del ejército de EE. UU como unos asesinos despiadados, quienes al término de la operación informan que todo salió “nice”.

Ese solo video da una idea de por qué Assange se convirtió en enemigo tanto de Estados Unidos como de su aliado el gobierno inglés, y de por qué la persecución ha sido tan encarnizada, a tal punto que el Reino Unido manifestó que no le concederá salvoconducto y amenazó con asaltar la embajada de Ecuador en Londres, donde el perseguido buscó refugio y obtuvo el asilo por parte del presidente Rafael Correa.

Pero es el tema sexual el que pone el toque literario, pues permite apreciar que para atraparlo acudieron a su talón de Aquiles, o sea a su gusto por las mujeres bonitas. La historia se remonta al 11 de agosto de 2010, cuando Assange llega a Estocolmo para participar en un seminario sobre el papel de los medios en los conflictos. Por invitación expresa de Anna Ardin se hospeda en su casa, aunque ella estaba en otra ciudad. Fue al día siguiente cuando se conocieron, se dio paso al galanteo y, tras una cena esa misma noche, acabaron en la cama.

Según Anna, durante el coito se rompió el preservativo y ella le pidió que se detuviera, pero él no lo hizo. De ahí que lo haya acusado de violación. Lo que no encaja en su declaración es que en los tres días siguientes ella mantuvo una relación cordial con el hombre, y el 14 de agosto le preparó una fiesta en su honor, que fue donde éste se habría conocido con Sofía Willen, y ésta con Anna. Julian y Sofia salieron a comer, luego a cine, fueron a casa de ella e hicieron el amor dos veces: la primera con condón y la segunda sin tal adminículo, porque supuestamente él lo quiso así.

Ceñidos al relato oficial, Anna y Sofía conversaron por teléfono después de que Assange abandonó Estocolmo, como buenas amigas, y vieron que ambas habían pasado por similares ‘abusos’, y ese habría sido el motivo de su demanda, por “la renuncia del australiano a usar condón”.

La juez que recibió el caso -Eva Finné- lo desechó, porque las dos coincidieron en que habían consentido la relación. Pero es aquí cuando aparece en la escena una sospechosa segunda juez, quien sin que nadie se lo hubiera pedido decide reabrirlo, con el argumento de que a Assange se le podía procesar por “sexo por sorpresa”. Sea como fuere, los mismos testimonios de las demandantes le dan la razón a Assange cuando dice que “no las violé, les hice el amor”

Es factible que los encuentros que el fundador de Wikileaks sostuvo con Anna Ardin y Sofía Willen se hayan dado de manera fortuita, por simples tropezones del azar, pero es palpable el interés de fuerzas invisibles en torcerle el cuello a la justicia para sacarle réditos a esos dos o tres polvos (¿o polvazos, acaso?) con la única finalidad de llevarlo a la cárcel, para luego tratar de forzar las cosas a un punto donde se viera justificada su extradición al país que tanto necesita castigarlo por la osadía de haber puesto en entredicho –y en ridículo, inclusive- su poderío imperial.

 

Y es aquí donde encuentran asidero las palabras del abogado español Baltasar Garzón cuando asegura que su defendido está siendo objeto de persecución política, en la medida en que “se le está violentando el derecho al asilo”.

MORALEJA Y CONCLUSIÓN: No es posible dilucidar con certeza si valiéndose de dos bellas mujeres el sexo fue utilizado como carnada para pescar a la presa que con tanto celo buscan dos potencias, pero sí es factible sospechar que una funcionaria de la justicia sueca fue manipulada –o comprada, o reclutada, vaya uno a saber- hacia el objetivo de darle cacería a como diera lugar al creador de la página de Internet que sin disparar un solo tiro le hizo tanto daño a la nación más poderosa  del planeta.

Dejen jugar al indígena (y a Temístocles)

La importancia del diálogo que en la actualidad adelantan el gobierno de Juan Manuel Santos y los indígenas del Cauca radica en que constituye un verdadero laboratorio de paz, cuyos resultados serán decisivos para saber si el país está en condiciones de abrir la puerta a la reconciliación nacional o si, acogiendo las tesis de una ultraderecha fortalecida por los ocho años en apariencia victoriosos de Álvaro Uribe, se lanza de nuevo por el abismo de la confrontación suicida.

En apariencia, sí, porque si en ocho años de guerra total Uribe no pudo acabar con “la culebra” del terrorismo y hoy asistimos a un resurgimiento de la capacidad de las FARC para hacer daño, es porque los golpes que lograron asestarle no se compaginaban con el anunciado “fin del fin”, sino que fueron más mediáticos que reales. De ello dan cuenta por ejemplo los falsos positivos, operación propagandística de corte fascista tendiente a inflar en miles las cifras de bajas guerrilleras, si nos atenemos al número de ejecuciones extrajudiciales reportado por las Naciones Unidas: 1.400 casos que comprometen a cerca de 2.400 víctimas, de los cuales 126 fueron menores de edad.

Sea como fuere, es en el escenario de los diálogos en Cauca donde a Santos se le presenta la oportunidad dorada de deslindarse definitivamente de su antiguo jefe, tarea para la cual contaría con el apoyo de una comunidad internacional abiertamente a favor de la paz, si decidiera jugarse sus restos por esta vía, segura a largo plazo pero tremendamente azarosa al mediano y corto, porque sonaría a “debilidad con el terrorismo”, según el libreto del uribismo. Como dijo Daniel Samper Pizano en su última columna, “aspiramos a que Santos dé un giro firme y construya en torno a su gobierno un movimiento progresista, que atienda las necesidades y derechos populares”.

Si habláramos de paz –tanto como de guerra- al presidente le convendría entonces escuchar la voz de Feliciano Valencia, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN), cuando pide que “nos tengan confianza, y también se lo pedimos a la sociedad, porque sentimos a veces que todavía nos ven como seres inferiores”. Tenerles confianza a los indígenas significaría –para ubicarnos en el contexto de la negociación- que por primera vez se les dejara controlar su propio territorio, reconociendo que esa institucionalidad estaría dirigida por sus propias autoridades.

El problema de fondo está en creer que hacerles esa concesión sería un triunfo de la guerrilla, en la medida en que la autonomía indígena obligaría a que el Ejército se fuera, mientras que las Farc se quedarían. Lo cierto es que si hubiera confianza entre las partes, esta se traduciría en credibilidad, consistente en “confiar” en que los nasas se encarguen de impedir que ese otro actor armado se asiente en sus territorios. Si el gobierno se atreviera a darse la pela en concederles dicha autonomía a los indígenas, su generosidad se vería compensada con la consolidación de un clima de confianza entre las partes, con muy positivas consecuencias de ahí en adelante.

Lo anterior se complementa con la sorpresiva propuesta del gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, para que su departamento sea el escenario de un encuentro entre el Gobierno y las Farc, con el propósito concreto de poner fin al conflicto. Y es aquí donde Juan Manuel Santos podría asestarle un certero golpe de opinión al uribismo, haciéndoles ver al país y al mundo entero que arroja el lastre de una nociva y desgastada estrategia guerrerista para jugarse los restos –como buen jugador de póquer- en abrirle decididamente y sin temores las compuertas a la paz.

Así las cosas, no sólo habría que cogerles la caña a los indígenas sino también al gobernador del departamento más golpeado por el conflicto armado, para demostrar quién tiene la sartén por el mango y cuál es el verdadero propósito de reconciliación nacional que lo anima. Es innegable que un viraje tan radical generaría un profundo malestar entre los sectores más reaccionarios del país, y en consecuencia se alzarían voces iracundas que hablarían de la desmoralización de las tropas o de que el presidente “se la fumó verde”, pero ya es tiempo de que nuestro presidente asuma el papel de estadista liberal que se le vio en su discurso de posesión, y saque ahora sí de su bolsillo la tan mentada pero a la vez tan extraviada llave.

Como dijo el analista Alejo Vargas en reciente columna para Caja de Herramientas: “si Santos no abandona su tesis, que ha mostrado ser contraproducente, de que no se va a enfrentar con Uribe, esto va a conllevarle costos políticos que pueden ser altos”. En otras palabras, lo que de él se espera –ya sin dilaciones- es que tenga por fin el coraje de ponerle el cascabel al gato.

Twitter: @Jorgomezpinilla

Un desquiciado para un país enfermo

Con relativa frecuencia se escucha que Colombia es un país enfermo, y la evidencia más notoria se presenta precisamente en la monumental crisis de la salud, que tiene hoy a las EPS en el ojo del huracán y al país devanándose los sesos ante la aparente imposibilidad de encontrarle pronta cura. Pero basta con aplicar ojo clínico para descubrir que dicha crisis es sólo uno de los síntomas de un mal mayor, donde la corrupción es el hilo conductor de lo que pareciera un cáncer que hizo metástasis en partes sensibles del organismo y amenaza con invadir todas las esferas.

Si nos pusiéramos en la tarea de averiguar el origen de la enfermedad, se tendría que empezar por hablar de un gobierno que encierra una terrible paradoja, pues fue el más prestigioso en toda la historia de Colombia y, a la vez, el más corrupto.

http://www.semana.com/opinion/mesias-para-pais-enfermo/181444-3.aspx

Se dirá que el enfermo no es el país sino el gobernante que propició tal estado de cosas, y no le sobra razón al argumento, pero se derrumba al comprobar que el hombre que gobernó rodeado de delincuentes de toda laya hoy conserva su prestigio intacto, de modo que la responsabilidad que le cabe por haberse rodeado de tan malas compañías le sigue resbalando como el agua sobre las alas de un pato.

Responsabilidad que también habría que achacarles a los medios de comunicación, como formadores y alimentadores de la opinión pública, pues son los mismos que ayer ensalzaban al sátrapa y se hacían los de la vista gorda ante las actuaciones de su camarilla (bastaba con tener una pizca de visión crítica para notar lo que una minoría bien informada venía advirtiendo), y ahora pretenden poner cara de sorpresa.

Un síntoma que bajo ninguna circunstancia se puede pasar por alto en esta auscultación del mal, es que dos de los más sensibles cargos relacionados con la seguridad nacional estuvieron a cargo de dos personas que hoy responden ante la justicia, a saber: Jorge Noguera en su condición de director del DAS (que dependía directamente de la Presidencia), condenado a 25 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio agravado y abuso de autoridad; y Mauricio Santoyo, jefe de Seguridad durante cinco años en el Palacio de Nariño (2002-2007), ad portas de afrontar un juicio en un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales.

Este dúo dinámico de la seguridad se convierte en trío cuando a él se le suma el excomandante del Ejército, general Mario Montoya, acusado por el narcotraficante Juan Carlos 'El Tuso' Sierra y por otros jefes paramilitares de lo mismo que Estados Unidos acusa a Santoyo: de ser parte de la nómina de la Oficina de Envigado, entre otros delitos. De Montoya no sobra recordar que perdió su puesto cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tuvo el valor de destapar los ‘falsos positivos’, gracias a que contó con el apoyo del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, aunque contrariando los deseos del presidente Uribe, quien hasta última hora ‘pataleó’ en su defensa.

He traído intencionalmente a colación el tema de los falsos positivos porque es la encarnación de un crimen de lesa humanidad que se creía erradicado desde los años del nazismo, conocido como genocidio, y que para el caso que nos ocupa consistió en la ejecución a sangre fría de miles de jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas propinadas a la guerrilla.

Podría pensarse que se trató de casos aislados (más de 2.000, según cifras de Naciones Unidas) y que por tal motivo se descarta una “práctica sistemática”, pero no deja de retumbar en nuestros oídos las palabras cargadas de complicidad de Álvaro Uribe cuando en 2008, después de que se supo qué había pasado con los desaparecidos de Soacha, dijo que “esos jóvenes no propiamente estaban recogiendo café”, sin que hasta el momento se haya conocido retractación alguna por tan infame declaración, considerando que por el hecho ya hay oficiales y soldados condenados.

Complicidad que se extiende al presente, pues con motivo del lanzamiento del Frente contra el Terrorismo en el club El Nogal, a ese mismo Uribe se le oyó decir que “las víctimas (del terrorismo) no son sólo los civiles, son también los soldados afectados por una Fiscalía sesgada que ha convertido los falsos positivos en una estigmatización de los hombres héroes de la patria”. Con lo cual no sólo desconoce que hubo víctimas, en la medida en que descarga sobre ellas el peso de la culpa, sino que pretende hacer creer –en juego perverso que sólo cabe en una mente insana- que las verdaderas víctimas son quienes actuaron como victimarios.

Es un hecho irrefutable que dicho Frente contra el Terrorismo forma parte de la enfermedad arriba descrita, pues el país le ha dado patente de corso a un grupo de presión creado con la misión específica de impedir que haya paz entre los colombianos. Un grupo de fanáticos de la guerra que para el cumplimiento de su siniestro plan acude a un lenguaje primitivo y polarizador –al mejor estilo Joseph Goebbels-, y que como cuota inicial de su cometido pretende conducir al fracaso al gobierno de Juan Manuel Santos mediante la agudización de las contradicciones entre éste y las Fuerzas Militares, en lo que constituye una clara estrategia subversiva, pero que cuenta con el beneplácito general.

Un grupo además comandado por un expresidente que desde que le fue negada la posibilidad de un tercer período acusa serias alteraciones de personalidad, en circunstancia que a nadie parece importarle porque ya no se sabe quien está más enfermo, si el país que lo prohíja o el personaje que en una fase recurrente de su delirio pretende de nuevo erigirse en el Mesías (aunque ahora en cuerpo ajeno), secundado por los mismos malandrines que sólo ante un eventual triunfo de su proyecto político podrían ver salvados sus pellejos.

MORALEJA Y CONCLUSIÓN: “¿Será que tú y yo estamos locos, Lucas?”

Para sanear el Capitolio, voto obligatorio

Pasados los efectos del tsunami de indignación que se formó con motivo de la aprobación y posterior hundimiento de la reforma a la justicia, el país entró en una especie de resaca, pues quedó la incómoda impresión de que todo cambió para que todo siguiera igual.

El referendo revocatorio no fue posible por la más obvia de las razones, por sustracción de materia: la reforma fue hundida; los ilusos que pensaron en revocar al Congreso se estrellaron con su propia invención, cuando supieron que el primer paso consiste en que la revocatoria sea aprobada por… los congresistas; los abusivos conciliadores de la reforma no recibieron siquiera unasanción moral y, ver para creer, el secretario general del Senado sigue conposibilidades de hacerse reelegir… ¡por sexta vez!

http://www.semana.com/opinion/para-sanear-capitolio-voto-obligatorio/180412-3.aspx

Ante tamaño desencanto, resurge la pregunta: ¿qué hacer?

Lo primero a considerar es que mientras persista una composición mayoritariamente corrupta de ‘legisladores’ en Senado y Cámara, la pelea está perdida. La pregunta del millón entonces es cómo hacer para que el pueblo no elija a políticos venales, sino a gente honrada, que de verdad quiera trabajar por mejorar el país. Y la respuesta, que a continuación trataré de argumentar,está a la orden del día: voto obligatorio.

En el remate de mi columna anterior mencioné que muchos colombianos entienden por participar en política el votar en elecciones, y ese es el motivo por el cual es tan alta la abstención: la gente no vota porque cree que los políticos son corruptos, pero es precisamente cuando se abstiene de votar que patrocina la elección de los corruptos, y esto se traduce en que los abstencionistas son los verdaderos idiotas útiles de la corrupción reinante.

Para entender mejor este razonamiento, baste considerar que para elegir a un senador como Eduardo Merlano Morales (el de la prueba dealcoholemia, sí) se necesitaron 37.195 votos, en su gran mayoría heredados de su padre, Jairo Enrique Merlano Fernández, exsenador con un vasto poderpolítico en Sucre, hoy preso por sus nexos con Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena", uno de los más sanguinarios paramilitares de la historia.

Si asumimos esos casi 38.000 votos como el 40 por ciento de los votantes potenciales, donde el 60 por ciento restante corresponde a los que se abstuvieron de sufragar, tendríamos que si existiera el voto obligatorio, ese mismo político para hacerse elegir necesitaría una suma aproximada de 100.000 votos, o sea que ya no estaría compitiendo con la ‘clientela’ de otros políticos de su región, sino que debería acudir al total de personas aptas para votar.

Este razonamiento opera para todo tipo de elección popular, de modo que para elegir a un concejal, diputado, alcalde, senador o gobernador no bastaría con hacerle una serie de favores al círculo cercano de personas que se encarga a su vez de contactar a otras de un círculo más amplio para multiplicar los favores y los votos, sino que se le convertiría en una obligación adicional convencer a los honestos, o sea a los que no están dispuestos a canjear su voto. Así las cosas, a muchos políticos no les alcanzaría la plata o los favores paracomprar la simpatía de tanta gente.

Es un hecho irrefutable que los abstencionistas constituyen la primera fuerza política del país, en una proporción muy superior a los que sí votan, y esto es lo que hace que para hacerse elegir no se necesiten ideas, sino maquinarias. La solución podría consistir entonces en imponer el voto obligatorio, algo que de entrada podría sonar antidemocrático, pero que se suaviza al convenir en que se trata de derrotar la abstención por decreto.

Si los ciudadanos tienen el deberde pagar impuestos y a cambio el derecho a recibir obras de infraestructura, también deberían tener el deber de votar, y a cambio el derecho a estar representados por gente honrada. ¿Es que acaso el voto obligatorio les representa alguna limitación a su libertad de expresión? Todo lo contrario, pues permite conocer la real voluntad popular, no la de unas minorías cooptadas por dinero o gabelas.

Pero es aquí donde de nuevo salta la liebre, pues se supone que para imponer el voto obligatorio se requiere contar con la aprobación de esos mismos políticos a quienes en teoría no les conviene. Ahora bien: si gracias a la ola de indignación que se generó en las redes sociales fue posible obligar al presidente Juan Manuel Santos a hundir la reforma a la justicia, ¿por qué no acudir a esa misma fuerza social (y política, en últimas) para promover lainstauración del voto obligatorio, en consideración a su democráticaconveniencia?

El único gobernante que en los últimos 20 años se atrevió a proponerlo fue Horacio Serpa Uribe, como ministro del Interior de Ernesto Samper, cuando dijo que “el Ejecutivo es partidario de analizar más a fondo la posibilidad de instaurar en Colombia el voto obligatorio”, y agregó que “no operaría como unaestrategia coercitiva para que los ciudadanos participen más de los debates electorales, sino como una forma pedagógica y temporal de adentrarnos en la cultura de la participación”.

Esto es señal de que sí hay políticos dispuestos a acompañar la iniciativa, la cual –haciéndole eco a Serpa- podría incluso pensarse por una sola vez, para una próxima elección, de modo que luego se evaluaran los resultados de la obligatoriedad y se determinara si se sigue aplicando o seretira la medida.

Por paradójico que parezca, la herencia más notoria que nos dejó elgobierno más prestigioso en la historia de Colombia fue una corrupción como no se había visto nunca antes, a tal punto que parece imposible de controlar. ¿No resulta entonces legítimo que busquemos y propongamos fórmulas prácticas para tratar al menos de neutralizar a los corruptos, a sabiendas de las dificultades que presenta nuestra justicia para llevarlos a la cárcel?

La indignación como ola política

Lo que ocurrió en Colombia al día siguiente de la aprobación de la reforma a la justicia fue un verdadero tsunami de indignación nacional, cuya más fuerte marejada se empezó a sentir en las redes sociales de Internet, en particular Twitter y Facebook.

En menos de 24 horas, sin que hubieran convocado a una sola manifestación de protesta callejera (ni siquiera a un flashmob), miles o quizá millones de colombianos conectados en la red lograron dar al traste con esa especie de ‘asociación para delinquir’ que se fraguó la noche anterior, cuando pretendían legislar en causa propia mediante una oscura repartija de poderes y prebendas que alcanzaba para todos, incluso para los secretarios generales de Senado y Cámara, Emilio Otero y Jesús Alfonso Rodríguez, quienes de la noche a la mañana quedaron aforados, o sea ‘igualados’ a la condición de congresistas, magistrados y ministros.

http://www.semana.com/opinion/indignacion-como-ola-politica/179763-3.aspx

La onda sísmica de la indignación llegó hasta Río de Janeiro, donde el presidente Juan Manuel Santos asistía a la Cumbre ambiental de Río +20. No fue sino darle un vistazo a su cuenta de Twitter para percibir hasta dónde se elevaba la cresta de la ola, de modo que puso rumbo de regreso a Bogotá y en el camino redactó a las volandas un discurso que leyó al filo de la medianoche en alocución televisada, donde anunció su oposición al texto aprobado pero cuya real intención fue la de neutralizar el referendo contra la reforma que con pasos de gigante se abrió en todos los ámbitos y amenazó con poner en peligro no sólo una eventual relección suya, sino la misma gobernabilidad de su mandato.

Lo llamativo del asunto es que se trató de una oleada de indignación que entre la madrugada y la noche de un solo día impidió que un grupo de ‘legisladores’ amangualados lograra salirse con la suya, e invita a reflexionar sobre el papel cada vez más activo que viene desempeñando el mundo virtual de los ciudadanos internautas sobre el mundo real de los políticos y gobernantes en general.

El primer campanazo de alerta lo dio el video que mostraba al senador Eduardo Merlano negándose a la prueba de alcoholemia, quien terminó convertido en un hazmerreir de la red, pese a que salió indemne, pues logró conservar su curul. Pero lo ocurrido a raíz de la aprobación de la reforma a la justicia bien puede calificarse como un poderoso maremoto que sacudió los cimientos de la política y sirvió para sentar un importante precedente: de ahora en adelante no les quedará tan fácil a los políticos meterle el dedo en la boca a la ciudadanía, como lo intentaron en la noche del histórico miércoles 20 de junio y como venía ocurriendo de tan impune y frecuente manera.

En columna anterior ya habíamos mencionado que “un fantasma recorre el mundo, el fantasma del descontento”. Allí advertíamos cómo mientras los indignados no pasaran de la protesta virtual o callejera a organizarse, o sea a actuar políticamente para lograr cambios sustantivos, estarían condenados al fracaso. El problema de fondo radica en que denigran de los políticos, pero en la práctica desconocen que necesitan de líderes y de partidos para canalizar su indignación.

En Colombia el caso más reciente de indignación canalizada se dio con la Ola Verde, un movimiento de raigambre juvenil –también surgido de las redes sociales- que en la pasada campaña presidencial estuvo a punto de provocar una revolución de las costumbres políticas, si no fuera porque Antanas Mockus encarnó la semilla de su propia destrucción con sus infantiles errores y contradicciones, mientras que el tiro de gracia se lo dio Enrique Peñalosa al aceptar el apoyo de Álvaro Uribe a la campaña de partido Verde a la alcaldía de Bogotá, obrando así como el gusano en la guayaba, que acabó por contaminar toda la fruta.

Lo ocurrido con la indignación provocada por la reforma a la justicia marca un avance extraordinario, pues de la simple ola de protesta se pasó a la acción, mediante el llamado al referendo revocatorio, que fue en últimas lo que obligó al presidente Santos a ‘pellizcarse’ y a los políticos a aplicarse el mea culpa, o sea a acompañar al Ejecutivo en su propósito de hundir el acto legislativo.

Ahora se trata de impedir que esos mismos políticos traten de enredar la pita, como muy seguramente habrán de intentarlo, y para ello es fundamental que a la ola política de la indignación se le sumen formas organizativas que conduzcan al surgimiento de nuevos líderes y nuevos colectivos, que a su vez ayuden a consolidar una conciencia masiva actuante, transformadora y, por qué no decirlo, revolucionaria.

DE REMATE: La gente entiende como participar en política el votar en elecciones, lo cual es un craso error. A ello obedece que sea tan alta la abstención, pues consideran como una ‘virtud’ no elegir a políticos corruptos. El error radica en que al abstenerse, están contribuyendo a elegir precisamente a esos mismos corruptos: ante la ausencia de votos más calificados, ellos tienen su clientela asegurada. Pero esto será tema de otra columna, cuando insistiremos en la conveniencia del voto obligatorio.