En lugar de Vargas Lleras, MEJOR reconciliarnos

Tomado de El Espectador

Hay dos fuertes aspirantes a la presidencia que asumen la reconciliación como el eje central de sus campañas. Según Humberto de la Calle “el tema no es terminar la guerra militar ni implantar una paz de contenido social, el tema central es la reconciliación entre los colombianos”. Y según Sergio Fajardo “reconciliación, lucha contra la corrupción y educación son los tres pilares para construir la paz”.

Buena noticia para los colombianos esta coincidencia, en parte porque Fajardo va de primero en las encuestas y en parte porque De la Calle ha manifestado su disposición a hacer alianza con los Ni Ni (ni Santos ni Uribe). Fue por ello que este último vio como “un suicidio” que la escogencia del candidato del Partido Liberal se aplazara hasta marzo de 2018, pues se recortaba el tiempo para una eventual coalición con las fuerzas que coinciden en la defensa de la paz y la lucha contra la corrupción.

Esta identidad en el punto de mira marca la pauta por el sendero adecuado, el de desarmar los corazones y acercar a los adversarios, sea para el saludo de manos o para el abrazo catártico.

La batalla por la reconciliación es la única que puede desarmar el plan macabro que se adelanta para echar atrás la columna vertebral del proceso de paz, llamada Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Sus portaestandartes son Álvaro Uribe por el Centro Democrático, Germán Vargas Lleras por Cambio Radical, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez por el conservatismo no ‘enmermelado’, y Juan Carlos Pinzón por Juan Carlos Pinzón, porque ni partido tiene.

Como dije en columna anterior, Vargas actúa en representación de los empresarios que en condición de ´terceros’ pudieran comparecer ante la JEP, mientras que Uribe lo hace como máximo comandante de esas fuerzas oscuras cuyos más escabrosos crímenes podrían saltar a la luz pública en los juicios que adelante dicho tribunal de justicia transicional a los militares y demás autores de delitos relacionados con el conflicto armado (verbi gratia paramilitarismo). Ellos han comenzado a hacer fila india para contar lo que saben a cambio de una pena simbólica y un perdón reparador, y en solo militares van más de 2.000.

Ya Uribe perdió un alfil cuando su exministro Diego Palacio acudió a la JEP alegando que todo lo que hizo fue para consolidar el gobierno con el que su jefe enfrentaba a la subversión (reconocimiento tácito de culpa), y perdió además una torre en el Rito Alejo del Río que por la misma vía pretende expiar sus culpas, y quizá no resulte osado vislumbrar el día en que se diera el jaque mate.

Sea como fuere, casos como los del exministro Palacio o el general Del Río muestran precisamente el papel benéfico de la JEP y su entronque con la reconciliación, pues bastará el reconocimiento o la confesión de unos delitos para que el Estado cese su acción sobre ellos.

Tan preocupados están en la caverna que hasta hubo un trino del abogado Iván Cancino, uribista de pura sangre, alertando sobre el peligro: “Espero estén conscientes en el Centro Democrático el daño que haría que Diego Palacio fuera admitido en la JEP”. (Ver trino).

El temor del senador Álvaro Uribe Vélez y la gente que le acompaña en su lucha por aplastar a la JEP reside ahí, en que deben evitar el conocimiento –y el reconocimiento- de esas y muchas otras verdades. Y para impedirlo están dispuestos a desbarrancar el país, si fuera necesario en el abismo de un nuevo conflicto, recurriendo llegado el caso a medidas desesperadas como atentar contra uno de los suyos (ya lo han hecho), todo en función de  no permitir que se destape la identidad de esos dedos cuyas ramificaciones conforman el aparato organizado de poder que en Colombia se ha conocido desde tiempo atrás como la mano negra.

La reconciliación solo obra como bálsamo reparador cuando parte de haber llegado a la verdad. Es una fórmula que incluso le conviene a Santiago Uribe, candidato ideal para presentarse a la JEP porque su expediente rebosa en testimonios y pruebas de crímenes como homicidios, torturas y desapariciones, en su mayoría relacionados con el conflicto armado cuyo fin se propuso lograr su hermano Álvaro por la vía de una victoria militar que nunca llegó pero sí sembró por todas las brigadas del Ejército el reguero de cadáveres que dejaron los ‘falsos positivos’, eufemístico nombre dado a las ejecuciones extrajudiciales de miles de jóvenes que mataron porque no estaban recogiendo café y cuyos cuerpos mostró el régimen de la Seguridad Democrática como guerrilleros caídos en combate.

La reconciliación pasa por reconocer esas verdades, duélale a quien le duela; e identificar a los autores de tantos crímenes de lesa humanidad es el requisito sine qua non para el perdón colectivo. Además, es ser conscientes de que no es lo MEJOR VARGAS LLERAS sino parte de lo PEOR, y que LO MEJOR es reconciliarnos.

Así como Álvaro Uribe se hizo elegir repitiendo hasta el cansancio el estribillo ‘trabajar, trabajar y trabajar’, al candidato que resulte escogido de la alianza que se avecina le corresponde entonces ponerse en la onda del ‘reconciliar, reconciliar y reconciliar’.

 

DE REMATE: No soy miembro del Partido Liberal ni lo he sido de ningún partido, aunque sí soy de pensamiento liberal –o mejor, librepensador- y el 19 de noviembre votaré para que elijan a Humberto de la Calle como el candidato de ese partido. Juan Fernando Cristo es una opción valiosa a futuro, muy por encima del imberbe Juan Manuel Galán y de la insufrible Viviane Morales, pero un triunfo suyo en la consulta restaría en lugar de sumar hacia la legítima aspiración del liberalismo por reconquistar la Presidencia de Colombia, tras 24 años de abstinencia.

Uribe y Vargas compiten en sembrar miedo

Tomado de El Espectador

Comienzo con un mea culpa: me equivoqué en mi columna anterior, cuando vi inminente una alianza entre Germán Vargas y Álvaro Uribe a partir de un trino de este último: “Cualquier reunión con el ex VicePte Dr. Germán Vargas o semejante, sería previamente informada a la ciudadanía”. Sumado a la cuña de Cambio Radical contra las Farc sobre una mesa de billar, coincidente con las tesis del Centro Democrático, parecían coqueteos previos a algún acuerdo.

Pero no. Se ve inminente más bien una cruda batalla a descampado entre estos dos ‘enemigos’ por atraer los votos de la derecha, algo que en el caso de Vargas podría entenderse como un ajuste de cuentas por el atentado con carro bomba que le hicieron en 2005, y cuya explicación se enmarca en la primera pregunta que se hace un detective frente a la escena del crimen: ¿a quién beneficia esto? Descartada la participación de las Farc, el principal sospechoso siempre fue el mismo DAS que debía evitarlo, entonces bajo la dirección del que para Uribe sigue siendo un ‘buen muchacho’, Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión por el asesinato del profesor Alfredo Correa De Andréis. (Ver video).

Lo coincidente reside en que ambos están dedicados a aplicar la consigna del ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels: individualizar al adversario en un único enemigo (las Farc), y meter susto. Esa misma estrategia la usaron para ganar el plebiscito, solo que en aquella ocasión sembraron el miedo  a la dictadura homosexual, a grito herido: “¡defendamos a nuestros niños!”.

Hoy Vargas y Uribe están obligados a desarrollar el mismo libreto anti-Farc, para ocultar lo que en realidad los hermana: que sus respectivos partidos están carcomidos hasta los tuétanos por el cáncer de la corrupción. Ello explica por un lado que los candidatos del CD no logren levantar vuelo en las encuestas, y por otro que Vargas haya preferido lanzarse por firmas (que le recoge su partido, vaya contradicción…).

Sea como fuere, la jugada de Vargas es digna de admirar: juega rudo cuando apuesta sus restos en un garito donde no puede atacar a su contrincante, pues se ganaría la animadversión de quienes pretende conquistar. Así que prefiere robarle sus votos con halagos, como cuando le dijo a Noticias Caracol que la pretensión de las Farc con la JEP es enjuiciar a Uribe. Pero este ya se olió las verdaderas intenciones de su supuesto aliado, porque prefirió marcar distancia: durante un evento en Sincelejo se refirió a la incoherencia de aquellas “personas que votaron por el Sí, (…) candidatos a la Presidencia que nos decían guerreristas, se rasgan las vestiduras diciendo que cómo les van a permitir a los señores de las Farc hacer política”. (Ver noticia).

Hoy estos dos pesos pesados de la política luchan cada uno por su lado para pasar a la segunda vuelta, convencidos de que quien lo logre se hará a la Presidencia de Colombia con los votos de su rival y de todos los que hayan quedado contagiados por el influjo que ambos irrigan, el del miedo a que las Farc impongan ya no la dictadura homosexual, sino la del castrochavismo.

Tal vez fue Fouché quien afirmó que “la verdadera historia siempre es clandestina”. Del mismo modo que siguen clandestinos los autores del carro bomba contra Vargas, faltaría ver si le cabe razón a Matador cuando en caricatura reciente imaginó un pacto secreto (o sea clandestino) entre Santos y su exvicepresidente:

VARGAS: Fingimos que peleamos, luego gano las elecciones gracias al apoyo de Uribe…

SANTOS: …y después lo traicionas. (Ver caricatura).

Es por eso que quien menos fácil la tiene es Álvaro Uribe. Él sabe que para pasar a segunda vuelta su candidato debe enfrentar a tres poderosos enemigos: Santos desde la presidencia, Vargas Lleras desde su sinuosa afinidad ideológica, y una coalición de centro-izquierda en la que desde ya se vislumbran planilladas cinco fuerzas: Partido Liberal (De la Calle), La U, Alianza Verde (Claudia López), Compromiso Ciudadano (Fajardo) y Polo Democrático (Robledo). ¿Qué pasará con Petro y Clara López? Amanecerá y veremos…

Fuentes dignas de todo crédito –y al contado- especulan sobre un ‘guardado’ que Germán Vargas le tendría a Uribe, para destapar por persona interpuesta tras haberlo derrotado en primera vuelta, con el propósito de conquistar ya no solo los votos de la derecha sino también los del centro electoral, más numeroso que el que se alinea en los linderos de la izquierda.

No es fácil hacer vaticinios frente a lo que se avizora como la más sucia de todas las campañas, pero de entrada luce como imposible una eventual alianza entre Uribe y Vargas antes de la primera vuelta, ni lo permitirían los cinco candidatos del CD (¡ni Alejandro Ordóñez!).

Así las cosas, la coyuntura actual que muestra a Uribe y Vargas compitiendo por los mismos votos, se convierte en la hora soñada para una amplia coalición de centro-izquierda que arrase en primera vuelta. Miren a ver pues señores Humberto de la Calle, Claudia López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Jorge Robledo y Clara López.

Es ahora o nunca.

DE REMATE: Las imágenes que puso a circular la congresista Margarita Restrepo con unos políticos rivales amordazados, muestran la desesperación en que se halla el Centro Democrático y advierte sobre los peligrosos alcances que tendrán los estertores de esa fiera herida. Se le abona a Caracol Radio su responsabilidad social cuando ilustró la noticia con una sombra oscura, que señala a ese partido como ligado a prácticas propias de la tenebrosa Mano Negra. (Ver noticia).

Uribe – Vargas Lleras: cuando dos enemigos se necesitan

Tomado de El Espectador

Hablando de una eventual alianza entre Germán Vargas y Álvaro Uribe, la revista Semana contó como si fuera la gran primicia que “en la segunda vuelta las dos fuerzas se aliarán, en la eventualidad de que uno de sus candidatos pase y el otro no”. Eso es llover sobre mojado, pues es obvio que en segunda vuelta uno de los dos va a necesitar los votos del otro, así hayan partido cobijas desde que en 2010 Vargas se opuso a un tercer periodo presidencial para Uribe.

Es antes de la primera vuelta donde tendrían que verse las caras en busca de acuerdos, si no quieren adentrarse en el reino del nunca jamás. Una unión temprana de la derecha (Uribe-Vargas-Ordóñez-Pinzón) podría forzar a que no hubiera segunda vuelta, pero un fenómeno similar podría operar en la centro-izquierda: si logran coincidir en poderosa coalición las fuerzas de Sergio Fajardo, Humberto De La Calle, los verdes, Gustavo Petro y/o Clara López, harían hit en el primer turno al bate, con bases llenas.

Hoy Vargas Lleras y Uribe coinciden en que libran una batalla frontal contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el primero en representación de poderosos empresarios –ahora llamados “terceros”- que quieren evitar ser llamados a ese tribunal como supuestos patrocinadores de grupos paramilitares, y el segundo como máximo comandante de quienes siguen empeñados en impedir que se conozcan las más escabrosas verdades sobre el conflicto.

Esta coincidencia de intereses explica un comercial para TV como el de Cambio Radical sobre una mesa de billar como teatro de operaciones para atacar y hundir a la FARC, con claro sello uribista. En tal medida podría entenderse como un llamado al Centro Democrático para unir fuerzas, cuya respuesta habría sido el trino donde Uribe le habla a Pedro para que entienda Pablo: “Cualquier reunión con el ex VicePte Dr. Germán Vargas o semejante, sería previamente informada a la ciudadanía”. (Ver trino).

Esto deja traslucir que ha llegado el momento en que ambos se necesitan, pero se requiere repasar los enfrentamientos que han sostenido para concluir que cualquier alianza entre ellos estaría atravesada por la desconfianza de los que saben que al enemigo es mejor tenerlo cerca.

Hace tres años Uribe decía en el Senado de la República que “el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras denunció a mi hermano por participar en un supuesto complot. (…) A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba y Casanare. Y a mi hermano a pesar de la contraevidencia de la denuncia y las pruebas, no han tenido la gallardía de archivarle ese caso”. (Ver discurso).

Esas mutuas acusaciones las zanjó la Corte Suprema de Justicia cuando en mayo de 2013 dictaminó que Vargas Lleras había sido objeto de un montaje judicial, urdido por el ganadero Carlos Gabriel López para asociarlo con el jefe de las autodefensas del Casanare, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. (Ver noticia) Las acusaciones de Vargas contra los hermanos Uribe nunca se probaron, pero tampoco fueron desvirtuadas.

Lo que ahora amenaza con resucitar de la zanja del olvido es de una gravedad aún mayor: el atentado del que fue objeto Germán Vargas con un carro bomba que hicieron estallar a su paso para sacarlo de la arena política, la noche del 10 de octubre de 2005 en la esquina de la carrera 9 con calle 71, en Bogotá. Yo estaba cerca, escuché el totazo. Una hora después del estallido el director del DAS, Jorge Noguera, ya tenía una hipótesis: “todo apunta a las Farc”, le dijo al entonces senador en la Escuela de Caballería.

Vargas no solo no le creyó, sino que afirmó haber recibido informes sobre la participación de “un organismo de seguridad del Estado”. Es un caso que misteriosamente sigue sin resolver y del que poco se habla, y se deja consultar en esta columna. Pero resaltaré un hecho bien llamativo, lo que en el libro En honor a la verdad le cuenta Vargas a Vicky Dávila sobre una llamada que recibió de su esposa la noche del atentado, quien le expresó su temor de que el gobierno pudiera estar involucrado: “la conversación privada que yo tuve con ella, la conoció el presidente en minutos. Seguramente eso explica la rabia que tenía cuando concurrió a la Escuela de Caballería. Eso le pasa por interceptar ilegalmente a las personas".

Cinco años después (2010), siendo aún presidente Uribe y Vargas Lleras candidato a la presidencia, este le anunció a La Noche de NTN24 que pediría explicaciones a la Fiscalía de por qué si obtuvo información sobre la vinculación del DAS a su atentado, no hizo nada al respecto. Y fue más lejos: “si se establece que el DAS tuvo responsabilidad en eso, son unos miserables. ¿Cuándo conoceremos responsables? Ni las chuzadas ni lo ocurrido en el DAS, nadie puede creer que sean mandos medios quienes se hayan atrevido a hacer seguimientos, interceptaciones, cometer atentados terroristas a magistrados, a dirigentes políticos, a sectores de la oposición”. (Ver video).

A esta altura del partido no sabemos si Vargas Lleras quedó satisfecho con las explicaciones que le dieron en la Fiscalía (o si las pidió…), pero lo cierto es que de un tiempo para acá le bajó el tono a las acusaciones contra Uribe, y es cuando más de un capcioso se pregunta si su silencio obedece a que sabe que sin los votos de su ‘enemigo’ nunca podrá ser presidente.

Sea como fuere, cuando uno escucha a Alejandro Ordóñez hablar de quien fue "vicepresidente de Santos y corresponsable de la entrega del país a las Farc” (ver trino), es cuando comprende que el uribismo (excepto Uribe) le teme más a Vargas Lleras que a Claudia López y su combo anticorrupción.

DE REMATE: En honor a la verdad, el proceso contra Germán Vargas Lleras le correspondió a Leonidas Bustos siendo Presidente de la sala penal de la CSJ. La magistrada auxiliar encargada de investigar y proyectar el fallo para la firma de Bustos fue la abogada Luz Mabel Parra, quien luego pasó a Fiscal delegada ante la Corte. La relación entre Bustos, Néstor H Martínez y Luz Mabel Parra, nombrada por este a instancias del primero, tiene un denominador común: Cambio Radical. Parra estuvo casada con Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’, quien formó parte de la UTL del senador Germán Varón Cotrino, mano derecha de Vargas Lleras. Cayó Bustos y Parra debió renunciar, pero la estructura de poder se mantiene. La rosca, que llaman.

El fiscal general debe renunciar

Tomado de El Espectador

En medio del escándalo de corrupción que vive el país por cuenta de los vergonzosos chanchullos que se han conocido en torno a Odebrecht y a los magistrados con tentáculos en la Fiscalía que vendían sentencias o embolataban procesos, la presencia de Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía General de la Nación no hace sino agravar la crisis de la justicia y deslegitima la imagen de esa entidad como instrumento de lucha contra la corrupción.

Para empezar, los vínculos entre Odebrecht y Martínez Neira son evidentes, como en su momento los denunció el senador Jorge Enrique Robledo: préstamo del Banco Agrario a Navelena, negocios suyos como abogado con Corficolombiana y Grupo AVAL, en fin. (Ver noticia).

Aquí entre nos, sería tapar el sol con un dedo desconocer el papel que jugaron Cambio Radical y los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte en la conquista de la Fiscalía para el pupilo de Germán Vargas. Igual, frente al hecho de que el corrupto Luis Gustavo Moreno fue nombrado director de Anticorrupción debido a su doble condición de cuota política, tanto para esos magistrados como para el partido sin cuyo ‘empujón’ no habrían conquistado ni Moreno ni Martínez Neira tan encumbradas esferas del poder judicial.

Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía ya contaminado por la misma corrupción que le toca combatir, y esto lo hace no apto para el cargo. Y si no ha renunciado ni se ha apartado del caso Odebrecht no es porque sea un impoluto, sino porque su ausencia podría afectar los poderosos intereses de quienes lo pusieron ahí, por un lado los del partido que necesita su respaldo institucional para alcanzar la Presidencia de la República, y por otro del mundo financiero representado en un Luis Carlos Sarmiento Angulo o incluso en el mismísimo presidente Juan Manuel Santos, a quien lo que menos le convendría sería tener que barajar de nuevo en busca de un nuevo fiscal general. Ello sería el reconocimiento tácito de hasta dónde se corrompió el aparato de justicia: Fiscal General y Corte Suprema de Justicia untados de lo mismo…

Néstor Humberto Martínez no es un pillo ni está relacionado con ningún entuerto ilegal, es cierto, pero sí nombró a un pillo en un cargo de altísima responsabilidad, aupado por los mismos magistrados corruptos que contribuyeron decididamente a su elección como Fiscal. Ello conlleva un costo que no puede escabullir, el cual debería venir acompañado de una descalificación moral por parte de los medios, y si no se da podría obedecer a que los propietarios de esos medios se verían también perjudicados con la salida del Fiscal.

Si de algo sirvió la garrotera de días pasados entre la senadora Claudia López y Martínez Neira, fue para evidenciar que a un funcionario tan contaminado por la esfera política, en particular por su cercanía a Cambio Radical, le queda muy difícil resistirse a la tentación de usar su poder punitivo para castigar o amedrentar a rivales políticos. Y no es por simple coincidencia que, como informó Semana.com, ese partido por fin se avino a apoyar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) “luego de que el Gobierno aceptara las sugerencias del fiscal general frente al proyecto”.

¿Es políticamente correcto, acaso, que NH Martínez actúe como un miembro más de la bancada política de Vargas Lleras en el Congreso? Y de contera, ¿es jurídicamente aceptable que justo el día que le hundieron –por tercera vez- a Claudia López el debate que quería dar sobre la corrupción que emana de la misma Fiscalía, esta entidad haya librado orden de detención contra Marcelo Torres (“cuyo único delito ha sido derrotar a la Gata en Magangué”) y abierto imputación de cargos contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero, ambos políticos de Alianza Verde y de quienes se tienen las mejores referencias?

Como contó La Silla Vacía a raíz de ese debate, políticos rivales de Vargas dijeron haber oído de “dos investigados que supuestamente tomaron la decisión de unirse al líder de Cambio Radical para congelar sus líos con la justicia”. Y como dijera Héctor Riveros en brillante columna (El fantasma que ronda al Fiscal), “que el apoyo a Cambio ha crecido por el miedo a la Fiscalía, es absolutamente cierto”.

Es más, las actuaciones del Fiscal desde el día de su posesión parecieran orientadas a favorecer o propiciar una eventual alianza entre Álvaro Uribe y su jefe político, Vargas Lleras. Esto se ve reflejado en circunstancias que tienen al uribismo cantando en coro “Habemus Fiscal”, como el archivo de la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el caso del hacker Andrés Sepúlveda, pese a la prueba reina del video donde se le ve recibiendo información de inteligencia militar. O su total coincidencia con Uribe en temas como la JEP, frente a la cual llegó incluso a manifestarse preocupado de que esta “comprometa a una persona que ha ejercido la Presidencia”. ¿Cómo se puede esperar entonces justicia imparcial de un Fiscal que hace dos años declaró que “Uribe no se opone a la paz, es un patriota” (ver declaración), y cuyas más recientes actuaciones demuestran que sigue pensando lo mismo?  

Retomando la columna de Riveros, “la inconveniencia de que un actor político esté al frente de la Fiscalía se convierte en un peligro, incluso para sus eventuales amigos, que pueden ser exhibidos como trofeos para despejar otras dudas”.

Es por todo lo anterior que NH Martínez Neira debería renunciar, así fuera por simple vergüenza, y mientras más demore en hacerlo más estará contribuyendo a hacer indigno e ilegítimo su papel como Fiscal General de la Nación.

DE REMATE: Bajo el mismo criterio que aplicaron para conservar el nombre FARC (pese a la carga de afrenta que representa hacia sus víctimas), a esa nueva agrupación le convendría lanzar un candidato de sus propias filas, que les permita ‘medirse’ en un plano real con las demás fuerzas políticas.

Alerta: el agua de Bucaramanga está en peligro

Tomado de El Espectador

La mejor prueba de los poderosos intereses que se mueven detrás del oro de Santurbán está en que la columna que en Vanguardia Liberal tenía Leonidas Gómez, firme opositor al proyecto de megaminería que quiere adelantar Minesa, fue remplazada por una que le dieron al gerente de esa multinacional árabe, Juan Camilo Montoya, quien de puertas hacia afuera se presenta como Director de Sostenibilidad y cuya tribuna de ‘opinión’ se dedica exclusivamente, cada ocho días, a defender ese proyecto. (Ver columna).

La sostenibilidad del páramo de Santurbán es precisamente lo que está en juego, entendiendo desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales y lo preserva para las generaciones futuras. Duélale a quien le duela, la extracción de minerales no renovables es insostenible per se, pues según el reconocido ambientalista Gonzalo Peña Ortiz “se altera en forma sustancial la montaña donde se encuentran esos elementos. No puede haber minería sostenible donde yo le hago excavaciones al páramo”.

Si se tratara de extraer metales de una región desértica o de una montaña aislada de la civilización, vaya y venga. Pero estamos hablando de un páramo, y en solo seis países de la Tierra hay páramos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica), y nosotros tenemos la mitad de todos los páramos que hay en el mundo. Y pese a que los páramos no ocupan ni el 2 por ciento de toda el área continental, el 60 por ciento de los colombianos vive en zonas de páramo.

A este planteamiento se suma el de Erwing Rodriguez-Salah, exdirector de Fenalco y líder del Movimiento Conciencia Ciudadana (MCC), quien advierte que “todo proyecto de megaminería por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, sobre los sistemas circunvecinos del páramo de Santurbán como cuencas y microcuencas hidrográficas, altera la calidad de nuestra agua”. Minesa afirma que no utilizará sustancias como cianuro o mercurio, pero pretende minimizar el hecho de que la sola perforación subterránea sobre rocas libera arsénico y sulfuros, sumado a que “está demostrada la presencia de 39 gramos de uranio por cada tonelada de oro, hallazgo hecho en los estudios de exploración realizados por la minera Eco Oro cuando se llamaba Greystar”.

No se requiere ser biólogo para saber que los páramos recogen el agua en invierno, la preservan en el estado de equilibrio que sostiene al páramo, y en tiempos secos la van dejando salir. De hecho, el 60 por ciento del agua que proviene de Santurbán es subterránea. Entonces, retomando a Peña Ortiz, “tan solo al perforar el par de túneles que tiene previstos Minesa desde California hasta Suratá, se generarán modificaciones sustanciales. Por eso, no se puede hablar de minería responsable o de desarrollo sostenible en páramos”.

Mejor dicho, la empresa no ha logrado  controvertir que es físicamente imposible recuperar el agua después de la intervención minera, debido a las altas concentraciones de arsénico y sulfuros. En síntesis, se le causaría un daño irreversible a las entrañas de Santurbán, sobre todo a sus recursos hídricos.

Lo que está de por medio es una puja entre el desarrollo minero energético, concebido por el presidente Santos como una de las locomotoras de la economía, y la riqueza natural de Colombia. Se estima que en unas mil hectáreas hay más de 7,7 millones de onzas de oro —16 toneladas anuales— y cerca de 80 millones de onzas de plata —72 toneladas anuales—, lo cual convierte a esta zona en uno de los depósitos más grandes de oro de Suramérica.

Ese es el motivo por el cual Minesa alineó a su favor a todos los alcaldes de la zona de influencia del proyecto, con el respaldo inclusive –quién lo creyera- de la Corporación para la Defensa de Meseta de Bucaramanga (CDMB). La alineación no es gratuita (no hay almuerzo gratis, dicen), pues La Silla Vacía encontró que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, integrada por los seis alcaldes de Soto Norte, firmó un convenio de $30 millones con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”. Se diría que están en su derecho, pero la dificultad surge cuando una de las cláusulas del convenio compromete a los alcaldes con los intereses de la empresa y les pone mordaza para hablar de ella. (Ver cláusula).

Minesa también está en el derecho de defender sus intereses y proteger la inversión que ha hecho en la socialización del proyecto, del mismo modo que la ciudadanía está en su legítima potestad para levantarse con orgullo santandereano a impedir que puedan contaminar el agua vital que bebemos, la cual llega al acueducto de Bucaramanga y surte a otros dos municipios del área metropolitana, Girón y Floridablanca, excepto Piedecuesta.

Nuestro verdadero oro es el agua, y para el viernes 6 de octubre se está convocando a una marcha ciudadana en su defensa, a la que debemos asistir los que podamos. Es bien llamativo que en su apoyo coinciden por primera vez el Partido Liberal y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, exceptuando en lo político al Centro Democrático y al periódico conservador El Frente. Este último viene exhibiendo una impúdica defensa de Minesa -diríase militante-, que es recompensada con abundante publicidad en las ediciones dominicales. Según editorial reciente, “con la coyuntura política de los procesos de paz los grupos de extrema izquierda, aliados con ingenuos líderes de la capital del departamento, han montado una campaña persistente para impedir el desarrollo de la minería legal”. (Ver editorial).

Aquí sí, como dijera Rodríguez-Salah en su última columna: “coterráneos aúlicos siempre habrá tras las mineras, poseedores de un síndrome de vasallaje sin antecedentes”.

DE REMATE: En este folleto Minesa dice que utilizarán 33 litros de agua por segundo para su operación, y lo mismo dijo Juan Camilo Montoya en debate de la UNAB sobre Minería en Santurbán (ver aquí, minuto 44:20). Pero en la página 118 del Capítulo II del Estudio de Impacto Ambiental radicado ante la ANLA, solicitan licencia para concesionar un caudal de 300 litros por segundo (ver aquí). La diferencia es voluminosa, son 264 litros de agua por segundo. ¿En cuál caso mienten… o se equivocaron? Es conveniente que lo aclaren.