Breve ensayo sobre la vergüenza de ser colombiano

Tomado de El Espectador

Hay dos noticias de reciente factura que producen vergüenza de ser colombiano: una, la designación de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA; dos, el triunfo de los corruptos en la consulta del pasado domingo 26 de agosto.

Lo de Ordóñez es vergonzoso porque se trata de un exprocurador manchado por actos de corrupción, que se hizo reelegir repartiendo puestos y prebendas entre magistrados y congresistas, y por tal motivo fue despedido de su cargo por el Consejo de Estado. Ahí el discurso del presidente Duque a favor de la consulta anticorrupción se contradice con sus actos de gobierno, y les dan sentido a estas palabras de Matador: “El bisoño presidente Iván Duque acaba de decir “Colombia no aguanta más corrupción” y nombra a Ordóñez embajador ante la OEA. Explíquenme eso”. (Ver trino).

Obedientes a Matador en busca de una explicación, a favor de Duque obraría que ciertos cargos son decisión autónoma de su jefe, Álvaro Uribe: el de Ordóñez, sin duda; el del empresario Guillermo Botero convertido en MinDefensa, el del repitente MinHacienda Alberto Carrasquilla, el de Alicia Arango en MinTrabajo, el de su cuñado Carlos Enrique Moreno como Súper Consejero Presidencial…

Así no sea de la ‘cuerda’ de Duque, no deja de ser vergonzoso para la nación que un homófobo y fanático religioso como Ordóñez sea nuestra representación oficial ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Un verdadero “mosco en leche” en un entorno progresista, según acertado trino de Humberto de la Calle. (Ver trino).

Pero la verdadera vergüenza, el verdadero oso en carne propia ante los ojos del mundo ocurre cuando invitan a los 36’421.026 colombianos que componen el censo electoral a que con su voto ejerzan el mandato ciudadano de limitarles el margen de acción a los corruptos, y ni siquiera una tercera parte de ellos (11’667.702) acude a la cita con la decencia: si quisiéramos ver el vaso medio vacío bastaría recordar que a la pasada elección presidencial acudieron 18 millones de votantes, y para verlo medio lleno se diría que la consulta anticorrupción obtuvo 1’294.622 más votos que los 10’373.080 que sacó Iván Duque.

Es innegable que esos casi doce millones de votos constituyen un capital político y son un mensaje de advertencia a los corruptos, pero no alcanzó al nivel de un ‘tatequieto’, que lo habría sido si se hubiera llegado al umbral. Acudiendo al repertorio popular fue más bien a un nivel ‘traqueto quieto’, donde tendrían razón los que dicen que faltó el último centavo para completar el peso.

No nos llamemos a engaños, los corruptos están de plácemes, tuvieron buen recibo mensajes como este trino de Álvaro Uribe el mismo día de la consulta, a temprana hora: “El dr Petro me acusa de delitos de lesa humanidad, clama para que me lleven a la cárcel y para eso hace gastar 300 mil millones”. (Ver trino). En honor a la verdad esa plata la hizo gastar el mismo Uribe, pues la consulta iba a ser el día anterior a la elección presidencial -en cuyo caso habría costado 25 mil millones- y puso como condición para apoyarla que la pasaran al 26 de agosto, y por eso quedó costando más de 300 mil millones, y llegado el día de su realización le volteó el rabo (de paja).

Según Daniel Samper Ospina, el resultado final de la consulta “es un hito de nuestra historia. Lo de hoy representa un silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie. Este no es el final de una historia sino su comienzo” (Ver video). En coincidencia con el youtuber de 44, Jorge Cardona Restrepo considera en su muro de Facebook que “más de once millones y medio de votos tienen un significado y un impacto político inmenso, sin precedentes en Colombia; se ha partido en dos la historia política y electoral de la nación”.

Eso es  cierto y es la parte que nos consuela en la derrota, pero la otra cara de la moneda deja ver que los congresistas seguirán percibiendo sus morrocotudos salarios y no habrá iniciativa legal que de ahora en adelante los obligue a rebajarlos, y quedará en veremos la cárcel sin detención domiciliaria para los corruptos y la prohibición de volver a contratar con el Estado, y los mismos congresistas se encargarán de prolongar en el tiempo la adopción de pliegos tipo en la contratación pública, y embolatarán lo de máximo tres períodos en corporaciones públicas o lo estirarán a cinco… y así.

No es que estemos en plan de llorar sobre la leche derramada, al menos no en este caso. Se trata es de aprender a caminar con pies de plomo sobre un sendero plagado de espinas y rastrojo, donde la sola certeza de saber que quien hoy maneja las riendas del poder presidencial es Álvaro Uribe y no Iván Duque, nos sirve de catalizador para entender por qué en una circunstancia como la actual un pesimista es un optimista bien informado.

Y si no me creen, esperemos a que arranquen las “negociaciones” con la rama de la justicia a ver cómo Duque le cumple a su patrón el mandado de transformar las Altas Cortes en una sola, a la medida de la impunidad que tanto necesita.

Lo más triste de todo es ver el grado de complacencia o complicidad de los medios de comunicación con ese sujeto. Como dijera con demoledora lucidez Sara Tufano en columna para el Tiempo, “¿Por qué los medios han normalizado el uribismo? ¿Por qué no le critican a Uribe su enfermiza egolatría, su populismo fascistoide? ¿Por qué no cuestionan al Centro Democrático, un partido autocrático con un jefe supremo a quien sus seguidores le rinden obediencia absoluta y consideran un prócer de la patria?”.

DE REMATE: La única parte positiva de semejante disparate (un país que llevado de cabestrillo por un megalómano autoritario primero se manifiesta mayoritariamente contrario a la paz y luego les brinda visa de residencia permanente a los corruptos) es que por estos días no tengo previsto ningún viaje al extranjero. Me sentiría muy avergonzado ante los oficiales de inmigración que vieran la procedencia de mi pasaporte...

Jaime Garzón y el verdadero poder de la mano negra

Tomado de El Espectador

Con motivo de la condena a 30 años que profirió el Juzgado VII Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra José Miguel Narváez por haber sido el que convenció a Carlos Castaño de la conveniencia de asesinar a Jaime Garzón Forero, conviene brindar claridad en que este no actuaba como rueda suelta sino como vaso comunicante entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y parte de la plana mayor del Ejército Nacional de esa época, según muestran las evidencias procesales. (Ver noticia).

Su condena contribuyó a romper la impunidad que venía de 19 años atrás, cuando desde el DAS trataron de torcer la investigación apresando a falsos autores. Pero queda por dilucidar quiénes estuvieron detrás de Narváez, pues es obvio que él no actuaba como rueda suelta en sus frecuentes visitas a los campamentos de las Autodefensas, a donde llevaba razones de la cúpula y a sus tropas les dictaba la conferencia “Por qué es bueno matar comunistas”.

Los grupos paramilitares, no nos llamemos a engaños, actuaban como apéndices del mismo esquema del aparato represivo militar que con anuencia del poder civil los engendró para que se encargaran de hacerles el trabajo sucio, y así hubiera a quién culpar de la barbarie sin afectar la estructura del aparato institucional.

Lo cierto es que la cúpula de las AUC estaba compuesta por una horda de hienas salvajes alimentadas, domesticadas y regadas por todo el territorio nacional con la venia de los órganos de seguridad del Estado, pues de otro modo no habrían podido afincarse del modo en que lo hicieron, mediante masacres indiscriminadas y despojos de tierras a los campesinos que desplazaban.

Por boca del mismo Castaño supimos que hubo una especie de ‘junta directiva’ que desde la sombra asesoraba a esos grupos, y a ella se refiere Carlos Castaño en su libro Mi confesión, cuando en extenso diálogo con el periodista Mauricio Aranguren le habla del Grupo de los Seis: “gracias a estos señores, no soy hoy en día un bandido”. (Pág. 116). ¿Qué significa esa afirmación? Elemental, querido Watson: que mientras contara con la aprobación de tan selecto círculo se daba por hecho que su accionar era legítimo, por el bien de la patria.

¿Y quiénes conformaban el Grupo de los Seis? Esa pregunta se la hizo Aranguren y así respondió: “Al Grupo de los Seis ubíquelo como hombres al más alto nivel de la sociedad colombiana. ¡La crema y nata! Para mí fue un privilegio el paso que tuve por la vida de esas personas, y no hay que ponerle un toque macabro, era un grupo de seis colombianos a los que denomino verdaderos patriotas, comprometidos con Colombia. Ellos me convencieron de la conveniencia de actuar patrióticamente y dedicar mi vida a la defensa del país, y entregarla si es el caso. Eran personajes de todo respeto y credibilidad, que por su edad avanzada vieron en mí la posibilidad de tener un hombre de la patria”.

Castaño no dio nombres, pero una persona cercana a él sí. Según el portal Verdadabierta.com, “en su segundo día de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, señaló a Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de Gobierno de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, como uno de los integrantes del ‘Grupo de Notables’ que asesoraba al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil”. (Ver artículo).

En el mismo rango de cercanía ‘Don Berna’ ubicó a Rodrigo García Caicedo, líder del Partido Conservador y directivo del Fondo Ganadero de Córdoba, quien padeció las secuelas de la extorsión por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) y sobrevivió a dos atentados de las FARC. Según ‘Don Berna’, Castaño acudía con regularidad a ellos en busca de orientación: “Yo lo llamaría el Consejo Superior: daba orientaciones en la parte política en la lucha contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”.

Pero Castaño no los muestra dando “orientaciones”, sino ordenando gran parte de los crímenes políticos que se cometieron a finales de los 80 y principios de los 90, y lo cuenta con una crudeza que pareciera sacada de las mejores páginas de El Padrino, de Mario Puzo: “Yo les decía “señores, he descubierto que algunos de los grandes jerarcas de las FARC y el ELN en la legalidad están aquí”. Les mostraba una relación escrita con sus nombres, sus cargos o ubicación de los enemigos. ¿Cuál se debe ejecutar?, les preguntaba, y el papelito con los nombres se iba con ellos a otro cuarto. De allí regresaba señalado el nombre o los nombres de las personas que debían ser ejecutadas, y la acción se realizaba con muy buenos resultados. (…) Un día invité a Fidel a una de esas reuniones, y a la salida me dijo: usted se está acercando al verdadero poder”. (Pág. 117).

Aquí entre nos y a modo de paréntesis, ¿no habría sido entonces ese “verdadero poder” el que en últimas decidió -o aprobó- la muerte de Jaime Garzón…?

Un tercer miembro de ese Grupo de los Seis fue señalado por el comandante paramilitar Éver Veloza, alias ‘HH’, quien coincidió con ‘don Berna’ en el nombre de Rodrigo García como el gran mentor de Castaño, a tal punto que “fue quien lo formó políticamente e incluso le hacía sus discursos”.

Según ‘HH’ el tercer miembro identificado de ese grupo en la sombra sería monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de Apartadó y Cali asesinado por el ELN, oriundo de Girón (Santander). Para darle veracidad a su dicho sobre la relación cercana entre el obispo y la cúpula de las AUC, en versión juramentada para Justicia y Paz 'HH' mencionó que en 2001 él mismo llevó a Castaño a la casa del religioso en Cali, donde pernoctó. "Yo no estoy diciendo que haya empuñado fusiles, pero sí era de los que asesoraban a Carlos", dijo Veloza, y remató así: “Entiendo que ahora se diga de honrar la memoria de los muertos, pero yo no tengo la culpa de que él haya hecho parte de los seis".

El Tiempo del 13 de febrero de 2009 informa que en continuación de la diligencia le preguntaron a ‘HH’ si reiteraba lo que había dicho el día anterior sobre el jerarca religioso, y “lo volvió a afirmar bajo juramento”.

Sea como fuere, debería quedar consignado en algún anaquel de la historia que si les creyéramos a Carlos Castaño, a ‘Don Berna’ y a ‘HH’ en sus coincidentes versiones sobre un grupo de personas notables que desde la sombra asesoraba u orientaba las acciones del paramilitarismo en Colombia, aquí habría quedado identificado al menos el 50 por ciento de los dedos de la ‘mano negra’.

DE REMATE: Cometió un error el juez que condenó a José Miguel Narváez pero le retiró al delito su carácter de lesa humanidad. (Ver noticia). Ese crimen forma parte de la persecución que miembros de la Fuerza Pública desataron, aliados con grupos paramilitares, para acabar con los defensores de derechos humanos que a finales de los años 90 se habían convertido en “sujetos incómodos” para el Estado. Ahí hay evidente sistematicidad y un aparato organizado de poder, con fines de exterminio.

¡Es la prohibición, estúpido!

Tomado de El Espectador

Hay dos temas frente a los cuales la humanidad entera permanece aún sumida en una especie de involución cerebral, a años luz de lo que impone la sensatez. Esos temas son la droga y los gais.

La droga pertenece al terreno de la muy humana experimentación en busca de estados de conciencia alterados, los cuales también se logran con licor o con el uso de fármacos aprobados en el vademécum, mientras que el homosexualismo corresponde a una condición inalterable, la de quien nace así o en algún momento de su vida descubre que le gustan las personas de su mismo sexo. Así de simple.

Esto no debería someterse a discusión ni a reproche alguno, es cuestión de sentido común, las cosas son como son y no como se supone que deben ser. ¿Cómo se le puede ordenar a la gente que consuma esto sí pero aquello no, o a alguien que ama a otra persona de su mismo sexo que deje de hacerlo y se ponga a amar a personas de un género que su naturaleza homosexual rechaza? Es algo incomprensible, salido de toda lógica. Aquí nos centraremos en las drogas y su prohibición, porque el abordaje de cada tema encierra un marco conceptual diferente.

Es absurdo e inverosímil que discriminen, ataquen o, lo que es peor, metan a la cárcel a una persona porque decidió fumar marihuana o inhalar cocaína, bajo el manido argumento de que lo hacen para proteger a la sociedad del “flagelo del consumo”. Es de lógica elemental que no se debe dejar un tarro de veneno al alcance de un niño, pero cuando ese niño se convierta en joven o adulto el frasco seguirá estando en la parte más alta de la alacena. Para entonces ya podrá alcanzarlo, pero sabrá por qué no debe ingerir esa sustancia, de modo que si lo hace será porque tiene algún sentimiento autodestructivo o porque no recibió la educación, los valores o la información adecuada.

Frente al consumo de cualquier tipo de sustancia habrá siempre tres opciones: la del adicto, la del consumidor social y la del abstinente. Parte del absurdo reside en que por cuenta de quienes cargan desajustes emocionales que los empujan a la dependencia, terminan pagando los consumidores ocasionales, aquellos que disfrutan responsablemente esas drogas sin que se les vuelva un problema de conciencia ni un ataque permanente al hígado, como sí ocurre con el alcohol. Los que consumen por recreación y de manera responsable deben pagar las consecuencias en términos del peligro que representa desplazarse hasta una ‘olla’, y pagar en lo económico porque la prohibición eleva escandalosamente los precios, y pagar en su salud, pues a la droga callejera le hacen cortes para ‘rendir’ las ganancias.

No nos llamemos a engaños, si la preocupación por la salud de los connacionales fuera legítima deberían prohibir también las bebidas energéticas, o al menos su publicidad indiscriminada, pues son toneladas de cafeína y otros poderosos estimulantes lo que les meten a esos envases para mantener “despierta” la mente y el organismo del consumidor. Conozco jóvenes que con frecuencia de al menos una vez al día se toman una botellita de Vive 100, en un estado ya cercano a la adicción y a quienes de nada vale advertirles, porque la copiosa publicidad les avala su consumo y el acceso en cualquier semáforo les facilita el acceso, sin medir las consecuencias por el ataque permanente de esos compuestos químicos sobre los riñones.

Pero la solución no es legalizar unas y prohibir otras, no señores. La solución es legalizar el consumo de todas las drogas. Eso de “drogas ilícitas” es la aplicación dañina e injerencista de una política que les impone Estados Unidos a sus países satélite, mientras en su propio patio se abre de piernas a la legalización, a su modo. Según Soren Kierkegaard, “a veces el ángulo desde el cual vemos algo como un problema, es el problema”. ¿Quién dijo que a la gente le pueden prohibir que se dé en la cabeza, sea porque la estrella contra una pared o porque se emborracha o porque acude a una sustancia psicoactiva? Consecuentes con esta línea, ¿prohibimos también el suicidio?

Mientras en Europa, Canadá y EE.UU. la sana y arrolladora tendencia es hacia la legalización plena de la marihuana (allá ya no abren puertas sino compuertas), aquí el presidente Iván Duque asume como propio el libreto de la extrema derecha y anuncia un regreso al pasado, a la prohibición de la dosis mínima y a una guerra frontal contra el microtráfico, porque se cree que es en las propiedades diabólicas de la sustancia y no en la estructura misma de una sociedad enferma e inequitativa donde reside el problema. La teoría fascista de atacar al enemigo interno siempre tendrá un alto rating.

El saliente presidente Juan Manuel Santos tuvo el coraje de reconocer ante la Asamblea de Naciones Unidas que la guerra contra las drogas fue un rotundo fracaso -como en su momento lo fue la Ley Seca en EE.UU.- y se le abona haber logrado la aprobación de la hierba medicinal (cuarto país de Latinoamérica en hacerlo), aunque no contó con la correlación de fuerzas requerida para haber impulsado su legalización como corresponde, hasta su cultivo y exportación llegado el caso, en consideración a que el grano del café viene perdiendo puntos por la sobreoferta y la hoja de la marihuana podría representar una excelente alternativa, frente a una demanda internacional insaciable.

Pero como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. A sabiendas de que al menos la marihuana será legal en todo el mundo de aquí a 10 o 15 años, en Colombia debemos prepararnos para cuatro años más de satanización de todo aquello que en lugar de poder disfrutar o experimentar, se nos prohíbe.

DE REMATE: Cuando de adicciones se trata, el consumo debe asumirse como un asunto de salud pública, como ocurre con el alcohol. Cualquier remedio de tipo represivo solo conduce a agravar la enfermedad y se emparenta con la reedición de métodos inhumanos, como los que se practicaban durante la Santa Inquisición, cuando creían que quemar brujas servía para erradicar al demonio. El demonio son los diferentes, para el que cree que las cosas solo pueden ser como a él se las enseñaron.

Ah, otra cosita: el título de esta columna es parodia de la frase que en 1992 se inventó James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton. Para mantener la atención centrada en lo fundamental, Carville pegó en la cartelera de su oficina este cartel: “¡Es la economía, estúpido!”. Nadie debe darse por ofendido.

Ruta Libertadora: ¿Charalá y Santander por fuera?

Tomado de El Frente

Tremenda injusticia la que acaba de cometer el Congreso de Colombia con Santander, en particular con Charalá, y parte de la culpa recae en la representación parlamentaria santandereana, que no se pellizcó a tiempo.

Para entender el tamaño de la inequidad (¿iniquidad?) debemos evocar con justificado orgullo santandereano la Batalla de Pienta, ocurrida el 4 de agosto de 1819, cuando unos 2.000 valientes charaleños se enfrentaron con machetes, piedras, garrotes y agua caliente a soldados armados con bayonetas y abundante munición, dejando un saldo final de 300 patriotas muertos, mientras que en la batalla de Boyacá ocurrida tres días después solo se contabilizaron 13 pérdidas fatales y 53 heridos.

Pero no es la cifra de muertos lo que se debe considerar, sino el valor estratégico que Pienta tuvo en el desenlace que condujo a la independencia definitiva: el 7 de agosto de 1819 el Libertador Simón Bolívar derrotó al ya diezmado ejército realista comandado por el coronel José María Barreiro, pero ello no habría sido posible si tres días antes la población de Charalá -exceptuando ancianos, mujeres y niños- no hubiera corrido a cerrarles el paso en el puente sobre el río Pienta a los 1.800 soldados que llevaba el gobernador de la provincia del Socorro, Lucas González, para reforzar las tropas españolas.

Es precisamente con motivo de la conmemoración de los 200 años de aquellas batallas, incluida la del Pantano de Vargas, prevista para el año entrante, que el Congreso de Colombia expidió el pasado 12 de julio la ley 1916 “por medio de la cual la nación se vincula a la celebración del bicentenario de la campaña libertadora de 1819”, y en su artículo Segundo declara a los municipios que hicieron parte de la ruta libertadora “beneficiarios de los planes, programas y obras de desarrollo definidos en esta ley, exaltando su valor patriótico y aporte histórico para la Patria”.

Y a continuación enumera a los beneficiarios: Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara, Nunchía, Paya, Pisba, Labranzagrande, Socotá, Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Corrales, Tibasosa, Busbanzá, Floresta, Duitama, Paipa, Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá,Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá, Tocancipá, Chía (Puente del Común) y el Centro Histórico de Bogotá.

Es comprensible que no se haya incluido a los municipios de las provincias santandereanas de Socorro, Vélez y Guanentá que tanto contribuyeron a encender la chispa de la indignación que condujo a la Independencia de la Corona Española, porque se trata es de exaltar el papel jugado por los que formaron parte de la Ruta Libertadora. Pero en tal medida constituyó imperdonable olvido -u omisión- haber dejado por fuera la batalla de Pienta, o sea a Charalá, porque el comportamiento de sus habitantes en tan heroica gesta -al impedir que a Barreiro le llegaran a tiempo los refuerzos- garantizó el triunfo definitivo del Ejército Libertador en Boyacá.

El primero que advirtió -o puso el grito en el cielo- sobre tan anómala situación fue el abogado e historiador Gerardo Martínez, quien vía Whatsapp le contó a un grupo de paisanos suyos no solo sobre la exclusión de Charalá consumada en el contenido de la ley 1916, sino también sobre el papel (¿o responsabilidad?) jugado por la bancada parlamentaria santandereana.

Según Martínez la presentación del proyecto fue de iniciativa parlamentaria, concretamente de la bancada de Boyacá, presidida por el conservador Jorge Hernando Pedraza. El trámite se inició en las comisiones segundas de Senado y Cámara, en la primera de las cuales tenían asiento los santandereanos Jaime Durán y Carlos Fernando Galán (este último nieto de Mario Galán Gómez, oriundo de Charalá) pero a ninguno se le ocurrió, como acto de elemental justicia histórica antes que de cortesía, hacerle el debido reconocimiento a Santander. ¿Quién presidía la Cámara de Representantes, y quién era la vicepresidente de esa misma corporación durante el trámite del proyecto, y la que por cierto estampó su rúbrica en el proyecto aprobado? Sendos santandereanos, Miguel Ángel Pinto y Lina María Barrera.

Ellos tampoco se percataron de incluir a Charalá como municipio partícipe de la Ruta Libertadora, siendo que en efecto lo fue. Bolívar en esa ocasión no pasó por Charalá, es cierto, pero sus tropas quedaron bastante menguadas tras los combates en el Pantano de Vargas, porque fue una batalla muy dura. Así que Bolívar le ordenó conseguir refuerzos al coronel Antonio Morales, el mismo del florero de Llorente, sí.

Tras llegar a Charalá, Morales le envió al Libertador un contingente de unos 200 hombres reclutados en varios municipios de dicha provincia, comandado por el capitán Ferminio Vargas, quien para más señas fue una de las 13 víctimas mortales de la batalla de Boyacá. En Charalá la gente ya estaba exaltada porque habían fusilado a Antonia Santos unos días atrás. Morales depuso al alcalde español y lo remplazó por don Ramón Santos, pariente de Antonia. Ahí esperó a las tropas del gobernador español Lucas González, quien iba con refuerzos para Barreiro, en cumplimiento de la orden que le había dado el virrey Sámano. Así que González salió de Oiba por el alto de Amansagatos y llegó a Charalá en la madrugada del 4 de agosto, y el resultado final fue que mientras Bolívar peleaba contra Barreiro, el coronel Antonio Morales contribuía a atajar en Charalá a las tropas del coronel Lucas González para que no pudieran entrar a reforzar las tropas de Barreiro. Es más, tan importante fue el aporte de Morales, que el Libertador lo designó gobernador y comandante general de la provincia del Socorro por decreto del 15 de septiembre de 1819, mes y pico después del triunfo.

Si eso no es pertenecer a la Ruta Libertadora, entonces ¿qué es pertenecer a la Ruta Libertadora?

Los corruptos ganarán de nuevo

Tomado de El Espectador

Hay ciertas predicciones de las cuales el analista político que haya acertado debería sentirse ufano, pero en el caso que nos ocupa más bien producen escozor, pues si bien se pudo haber atinado en el vaticinio, no era precisamente eso lo que uno quería que pasara.

Un caso relativamente reciente de ‘trágica’ predicción exitosa fue cuando dos meses antes de la elección de 2016 dije en columna para El Espectador que “Trump va a ganar”, basado en ocho elementos de análisis: novedad, imagen, salud, dinero, imbecilidad, curiosidad, sorpresa y, por último, el factor judío. (Ver columna).

Un segundo caso de derrota en ciernes tiene que ver con la consulta anticorrupción prevista para el 26 de agosto, y frente a la cual oscuros nubarrones permiten prever lo que será una tormenta perfecta… a favor de los corruptos.

Considerando el altísimo rating político que tiene cualquier forma de lucha contra la corrupción, aquellos que se verían perjudicados han enfocado su rechazo en dos frentes: diciendo que se trata de una consulta “de la izquierda”, a la que satanizan, o enfilando baterías contra las principales promotoras de la consulta, Angélica Lozano y Claudia López. A esto se le conoce como falacia ad hominem: ante la imposibilidad de derrotar un argumento, lanzan un ataque personal contra su autor.

En el caso que nos ocupa los embates van desde quienes pretenden descalificar el referendo porque Angélica y Claudia son pareja -con lo cual queda incrustado en el imaginario colectivo el lado ‘homosexualizador’ que usaron en el plebiscito-, hasta un ataque tan ruin como el del doctor Fausto, reconocido uribista de Twitter: “Me pregunto por qué Claudia López nunca fue judicializada por haber asesinado a su hermano (sic) cuando la lanzó por la baranda de un edificio en la época que su mamá administraba un edificio”. (Ver trino). Lo cierto es que Martha, la hermana de Claudia, murió al romperse una claraboya mientras jugaba con sus primos, cuando ella tenía cuatro años. Culparla del accidente y acusarla de asesina, supera cualquier bajeza posible.

Sumado a esa campaña de propaganda negra, que arreciará a medida que se acerque la fecha crucial, está el factor matemático: para que la consulta triunfe se requiere que participe al menos la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, o sea 12’231.314, y se necesita además el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos: 6’115.658 votantes.

Es obvio que los opositores de la consulta (o sea los corruptos asustados) promoverán la abstención porque saben que todo voto, así sea negativo, contribuye a aumentar el umbral. Esto se traduce en que la suma de votos positivos deberá ser casi la misma correspondiente al total de votantes requeridos.

¿Cuántos de los 10 millones de colombianos que en la pasada elección votaron por Duque, y cuántos de los ocho que votaron por Petro, votarían a favor en la consulta del 26? Obvio que la inmensa mayoría de los de Petro, y no se descarta que una parte de los que votaron por Duque también estén a favor de acabar la corrupción política y administrativa. Pero eso mismo da una idea de las dificultades existentes para lograr que la consulta anticorrupción salga airosa: una cosa son los altos guarismos de votación que en Colombia se logran para una votación presidencial, y otra cosa que la gente se anime a salir a votar un domingo que no coincide con ninguna otra elección.

El mejor referente es el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando se presentó una situación absurda a más no poder, consistente en que al país se le convocó a que decidiera si quería la paz o la guerra, y gracias a la campaña de propaganda negra que la extrema derecha desató contra el gobierno de Santos triunfó el NO, sumado a que decenas de miles de personas se abstuvieron de votar por el SÍ porque las encuestas lo daban ganador por más de 20 puntos y “un voto menos a nadie perjudica”.

Hoy asistimos a la reedición de un absurdo similar, pues el mismo pueblo indolente y cobarde que eligió al títere de Álvaro Uribe ahora debe decidir si le pone un tatequieto a la corrupción o si prefiere apoyar a los corruptos, y todo indica que preferirá la segunda opción.

Solo una última cosa habría que agregar: espero estar equivocado.

DE REMATE: ¿Por qué Santos fue tan impopular?, se preguntaba la revista Semana el domingo pasado. La respuesta es de Perogrullo: porque en Colombia el más "popular" sigue siendo un individuo acusado de crímenes de lesa humanidad (‘falsos positivos’), masacres (El Aro, La Granja) y asesinatos (Pedro Juan Moreno, Jesús María Valle), a quien los medios de comunicación tratan como si fuera el patriarca que guía a la nación por la senda del camino correcto, pese a que en la práctica ocurre lo contrario.