Palacio de Justicia, camino a la impunidad

En la foto el magistrado Carlos Horacio Urán y su esposa, Ana María Bidegain. Tuvieron cuatro hijas, con quienes ella se exilió.

La revista Semana trae en su última edición (No. 1554, pág. 34) un artículo analítico sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena a 30 años contra Alfonso Plazas Vega por lo de la retoma al Palacio de Justicia, titulado La teoría que condenó al coronel, el cual parte de una premisa atrevida y desemboca en una conclusión equivocada.

El artículo en cuestión explora el que considera el elemento más “controversial” de ese fallo, como es la afirmación de que dentro del Ejército de Colombia se conformó un "aparato organizado de poder" para desarrollar actividades delictivas.

http://www.semana.com/opinion/palacio-justicia-camino-impunidad/172132-3.aspx

Éste constituiría el sustento jurídico que según Semana “es totalmente ofensivo para el Ejército”, porque tendría su origen en dos teorías jurídicas internacionales, una elaborada por el profesor alemán Claus Roxin para poder juzgar al oficial nazi Adolf Eichmann, y otra en una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) creada para combatir a la mafia norteamericana.

Lo que no está probado es que ése sea el sustento jurídico (y el texto del fallo no se expresa en tal sentido), pero es lo que le sirve al autor del artículo para deducir apresuradamente, apenas en el tercer párrafo de su exposición, que “el solo hecho de que el Ejército de Colombia haya sido juzgado bajo el mismo rasero del mayor genocidio de la historia o de los herederos de la mafia de Al Capone, no solo para los militares sino para muchos juristas, no tiene ninguna presentación”.

Es posible que el fallo se extralimite cuando pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la responsabilidad de Belisario Betancur, y que le quepa razón a un editorial de El Tiempo en que tanto eso como exigirle al Ejército que pida perdón tiene “un evidente tufillo político”, pero no se puede pasar por alto lo que le dijo a El Espectador el presidente de la Sala Penal del Tribunal, Jorge Rodríguez Cárdenas, para explicar la ratificación de la condena a Plazas Vega por la desaparición de dos personas del Palacio de Justicia: "el coronel condenado no actuó a título personal".

Y si no actuó a titulo personal fue porque varios oficiales se habrían puesto de acuerdo, y es en este contexto donde se entienden –por ejemplo- las comunicaciones radiales que durante la retoma identifican al entonces Comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina, como PALADÍN 6, quien se comunica con ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII), y le emite lo que se entendería como una orden: “esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco”.

Es por ello que en la asignación de culpas quizá son pocos los que están, porque no están todos los que son. Y si no están todos los que son no es porque no se hubieran presentado torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sino porque no se les ha podido comprobar su participación en esos crímenes de lesa humanidad. Lo preocupante de todos modos es que el artículo en referencia afirma que “no es totalmente lógico que se pueda hacer una analogía entre el Holocausto judío, la mafia de los Estados Unidos y el Ejército de Colombia”, siendo que la analogía no la establece el fallo sino el articulista, en lo que bien podría definirse como torcerle el cuello a la evidencia.

Sólo en esta tónica se entiende una afirmación consignada en el último párrafo –que adquiere el carácter de atentado al sentido común-, según la cual “se trató de un acto de guerra para el cual no había libreto y no un aparato de poder organizado, el cual por definición (…) no podía existir, pues no podía haber sido montado en dos días”. ¿Quién dijo acaso que en esos dos días, incluso en cuestión de horas, un grupo de oficiales no podía ponerse de acuerdo para torturar y borrar del mapa a todo aquel que consideraran sospechoso de pertenecer al M-19, cuando fue precisamente eso lo que las evidencias recopiladas en los últimos 26 años indican que ocurrió?

Es de presumir la buena fe que anima al autor del artículo cuando dice que “hasta ahora no se ha demostrado que el coronel hubiera ordenado las desapariciones o las hubiera ejecutado”, y no es propósito del suscrito aportar pruebas que controviertan tal afirmación, pero sí es de personas ajustadas a la lógica reconocer que la retoma se llevó a cabo mediante una fría, despiadada y demoledora operación rastrillo, donde para nada importó el elevado número de bajas colaterales ocasionadas. Y que dicha retoma incluyó –además de las ya probadas desapariciones- crímenes tan condenables como el de asesinar al magistrado Carlos Horacio Urán para depositarlo luego entre los escombros (con su cuerpo ya lavado), y que para todo lo anterior se requería contar con “un aparato organizado de poder”, de ningún modo comparable –eso sí- a los que pudieron conformar los artífices del Holocausto Judío o las mafias norteamericanas que florecieron durante la Gran Depresión.

Es por ello que estamos en completo desacuerdo con que durante la casación la Corte Suprema “tendrá que decidir si acoge la teoría del tribunal de la responsabilidad mediata dentro del aparato organizado de poder (que el articulista intenta desmoronar) o la de la Procuraduría, de que la responsabilidad penal es individual y de que no hay suficientes pruebas para condenar al coronel”, pues conduciría a pensar que la decisión se moverá entonces entre ratificar una condena injusta, o liberarlo.

La impresión que queda en medio de este enojoso, delicado e incluso riesgoso debate, es que en los últimos días se ha organizado un impresionante aparato de poder mediático, no tanto para contribuir a que brille la justicia, como para garantizar la impunidad de todos los militares involucrados. Así las cosas, no hay duda en que es injusto que el coronel Plazas sea el único que ‘pague el pato’, pero todo parece apuntar –con certera artillería- a lograr que ni siquiera sobre él caiga el peso de la justicia.

Uribe ante el derrumbe de su estantería

El anuncio que hizo Álvaro Uribe de declarar como testigo en el proceso que se le sigue a Bernardo Moreno tiene un especial valor histórico y coyuntural, pues podría encarnar el punto de quiebre en la enconada lucha que libra el expresidente para evitar que se le derrumbe la estantería del ‘todo vale’ que con tanto empeño –y sigilo- construyó en sus ocho años de gobierno.

http://www.semana.com/opinion/uribe-ante-derrumbe-su-estanteria/171001-3.aspx

Es cierto que también ha intervenido con fiereza a favor de Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt o Luis Carlos Restrepo –como en su momento lo hizo por Jorge Noguera, hoy condenado por homicidio y concierto para delinquir- pero lo llamativo en el caso de su exsecretario privado es que por primera vez Uribe quiere testificar bajo juramento.

Y no lo hará para defenderlo por lo de las ‘chuzadas’ del DAS, que es lo que lo tiene pagando prisión, sino por un caso en apariencia menor: una acusación de tráfico de influencias según la cual Moreno le habría pedido la renuncia al entonces director de la ESAP, por no haber nombrado a gente cercana al parlamentario Tony Jozame, para pagarle así su voto a favor de la relección. Lo cierto es que el expresidente asumió la responsabilidad, al afirmar en carta a la Fiscalía que “determiné, de manera personal y motivado por las necesidades de mi programa de gobierno, el cambio en la ESAP”.

El problema para Uribe es que todo apunta a que las pruebas en este caso son contundentes (más que en lo de las ‘chuzadas’), y ello podría significar que Moreno estuviera cerca de dar el paso extremo de colaborar con la justicia, para que no se cierre aun más sobre su pescuezo la soga. De donde se concluye que los extremos se juntan, pues es la posibilidad de que Moreno claudique en su silencio cómplice lo que estaría llevando a Uribe al extremo de involucrarse tan de lleno en este proceso.

El asunto adquiere ya características de modus operandi, si recordamos que para evitar que María del Pilar Hurtado fuera a prisión, el propio Uribe viajó hasta Panamá a gestionarle el asilo, mediante intermediación directa ante su amigo el presidente Ricardo Martinelli. En este contexto es ilustrativa la visita que antes de huir (en noviembre de 2010) le hizo Hurtado a su ex‘chuzado’ Daniel Coronell, ya que mostraría un estado emocional en trance de desmoronarse, y donde dijo cosas como que “al DAS le correspondía proteger la figura presidencial”.

Asumiendo de contera la hipótesis de que hubiera sido Uribe quien impartió las órdenes para el espionaje a magistrados, opositores y demás, por simple lógica se infiere que los poseedores de la prueba reina de esta “empresa criminal” serían precisamente María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. Es aquí donde el perfil sicológico de los acusados pudiera terminar por jugarle la peor de las partidas a Uribe, ante la eventualidad de que la Cancillería de Panamá le revocara el asilo a la primera, mientras el segundo fuera encontrado culpable –además- de tráfico de influencias.

Como quedó planteado en columna anterior (La perversión casi obligada del poder) es factible que personajes como Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado o Sabas Pretelt hubieran actuado apegados a la norma en otras circunstancias. Sólo que, ya subidos sobre la cresta de una ola caudillista en la que bastaba una insinuación para que se entendiera como una orden, quizá fueron impelidos a actuar desde la ilegalidad.

Ésta es una tarea que deberán dilucidar los jueces, pero es un hecho indiscutible que con el paso de los días crece la audiencia de los que le pierden el miedo a ‘cantar’ (verbi gratia Juan Camilo Salazar y Camila Reyes contra Andrés Felipe Arias), y que en caso de que personajes como Bernardo Moreno o María del Pilar Hurtado se vieran también forzados a colaborar con la justicia, significaría tanto la cerradura del círculo para Álvaro Uribe Vélez, como el punto de quiebre para el derrumbe de su estantería.

"Álvaro Gómez no estaba desestabilizando al gobierno de Samper": Serpa

En esta entrevista de Jorge Gómez Pinilla para Semana.com, tras culminar su gestión como gobernador de Santander, Horacio Serpa se refiere al libro de Enrique Gómez Hurtado, '¿Por qué lo mataron?', sobre el magnicidio de Álvaro Gómez.

http://www.semana.com/politica/alvaro-gomez-no-estaba-desestabilizando-gobierno-samper-serpa/170520-3.aspx

"Hay que hundir a Petro"

Está bien que María Isabel Rueda sea quizá una de las mejores periodistas del país, pero no está bien que con relativa frecuencia deje ver su mala leche cuando se trata de ‘tirarse’ a las personas que no son de su agrado, del mismo modo que utiliza las tribunas que le dan para inflar a los que sí lo son. En lo segundo es de recordar la ponchada radial que se pegó por La W durante la pasada campaña a la alcaldía de Bogotá, cuando Julio Sánchez Cristo le preguntó al aire en qué estaba pensando pero la cogió distraída, de modo que se le alcanzó a escuchar con toda nitidez: “hay que subir a Gina”.

En lo primero –o sea en lo de la mala leche- brilla con luz propia su columna de este domingo 15 de enero en El Tiempo, donde comienza por decir que “a nadie le interesa que a Petro le vaya mal”, pero al final queda la impresión de que la consigna era otra: “hay que hundir a Petro”. Para empezar, eso de que a nadie le interesa que a Petro le vaya mal es una gran mentira, pues no tiene ningún asidero pensar que personajes como Álvaro Uribe (a quien la columnista le profesaba admiración hasta hace unos meses), José Obdulio Gaviria, María del Pilar Hurtado, Samuel e Iván Moreno o los parapolíticos que envió a la cárcel, desean de todo corazón que a Petro le vaya bien.

http://www.semana.com/opinion/hundir-petro/170464-3.aspx

Pero la animadversión no sólo contempla a sus enemigos, sino también a los de su misma tendencia política. ¿O es que acaso contradictores de la talla de Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo o Jaime Dussán elevan hoy sus oraciones para que por intermedio de Petro se pueda demostrar que la izquierda sí puede gobernar? Así las cosas, no nos llamemos a engaños: hay mucho malqueriente interesado en que a Petro le vaya mal como alcalde de Bogotá, y es de sospechar que la columna citada apunta en la misma dirección.

Para la muestra, otro botón: “es una realidad que Petro ganó la alcaldía a punta de echar paja”. Esta frase bien podría entrar en la antología de las más discriminatorias, descalificadoras y elitistas (al menos en lo intelectual), tanto para el nuevo alcalde como para quienes votaron por él, pues pinta al primero como un embaucador y a los segundos como unos idiotas que cayeron en una trampa verbal barata, bajo el hechizo de alguien que sólo sabe hacer eso, “echar paja”.

Lo cierto es que a sólo dos semanas de posesionado –cuando todo periodista serio le daría un compás de espera al político objeto de su análisis- la columnista se despacha sibilina contra Petro mediante un ‘balance’ pormenorizado de sus anuncios (no de sus ejecutorias, considerando la brevedad de su gestión), de donde infiere que “el 95 por ciento de sus propuestas no era viable, como se ha venido a demostrar en los pocos días que lleva como alcalde”. ¿Cómo es posible, nos preguntamos ceñidos a la más estricta lógica cartesiana, que a sólo quince días de gobierno haya sido posible dictaminar que el 95 por ciento de sus propuestas no era viable? ¿Fatiga del ‘metal’ periodístico? ¿Despecho por la derrota de su preferida, Gina Parody? Vaya uno a saberlo…

Otro tema –que en realidad no es otro, sino el tema central- que le preocupa a María Isabel es que Petro “se dedique a construir una plataforma presidencial, a diferencia de Peñalosa y de Mockus, que fueron dos excelentes alcaldes que no se ocuparon de construir plataformas políticas propias, en un acto de honestidad con Bogotá”. Es aquí donde la comentarista incurre adrede en una segunda mentira (a no ser que le hubiera fallado la memoria) pues olvida u omite que Antanas Mockus también usó su administración como plataforma, a tal punto que al final de su primera alcaldía renunció para buscar la presidencia, y los electores le cobraron su veleidad.

El infantilismo de su sesgada columna recae en creer que aspirar a la presidencia es concomitante a ejercer una mala alcaldía, cual si los bogotanos y el país en general fueran a premiarle a Gustavo Petro el no haber cumplido sus promesas por dedicarse a otra cosa. Lo que en últimas pretende la columnista, para decirlo con palabras de Humberto de la Calle es “permitirles la liturgia a los seminaristas, pero negarles a los curas la posibilidad de decir misa” (El Espectador, domingo 15 de enero).

En otras palabras, que si Petro quiere hacer una buena alcaldía debe olvidarse de aspirar a la presidencia, cuando los hechos tozudos indican lo contrario: que una buena alcaldía es el mejor pasaporte para conquistar más elevadas cumbres. En el fondo (o más bien en la epidermis de tan superficial ‘análisis’) el temor de la Rueda radica precisamente en que Petro resulte un buen gobernante, pues ello lo pondría de inmediato en asiento de primera fila hacia el primer cargo de la nación.

Parodiando a la columnista citada, “es una realidad” que tanto ella como los demás enemigos y malquerientes de Gustavo Petro coinciden en que hay que hundirlo a como dé lugar, y para ello nada mejor que tratar de recortarle los pies cuando apenas comienza a dar sus primeros pasos en la alcaldía de Bogotá, no vaya a ser que se les crezca el enano.

En este sentido, el tonito autoritario y despectivo que emplea en la expresión “dejémoslo a ver qué es capaz de hacer”, lo dice todo. De donde se concluye que a María Isabel Rueda le gusta ver la ‘paja’ en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

Luis Carlos Restrepo tiene la razón (pero no toda)

Para decirlo en términos coloquiales, la pelea que hoy tienen casada la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, y el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, está más enredada que un costal de anzuelos. Míresela por donde se la mire, queda la impresión de que hay cosas en las que ambos tienen razón, por lo que resulta tarea bien difícil tomar entusiasta partido por uno de los dos bandos.

http://www.semana.com/opinion/restrepo-tiene-razon-pero-no-toda/169507-3.aspx

Para empezar, en relación con la carta que Restrepo le envió a Morales donde le hace veladas acusaciones a Carlos Alonso Lucio por su participación en las conversaciones de Ralito, tiene razón la Fiscal en que "él (Restrepo), en su calidad de funcionario, estaba en la obligación de denunciar. ¿Por qué le falló la memoria durante seis años y se viene a acordar ahora de ese hechos, supuestamente delictivos?" Además, después de leer la carta citada queda la impresión de que tiene cierto tono intimidatorio, pues hace un recuento farragoso de la presencia de Lucio en dichas conversaciones, pero no apunta a nada específico ni señala X o Y comportamiento delictivo, sino que se va por las ramas, como diciendo “yo sé quién sabe lo que usted no sabe”.

Ahora bien, el enredo radica precisamente en que la Fiscal carga con un lastre muy pesado, llamado Carlos Alonso Lucio, del que se agarran tanto los uribistas inculpados para descargar toda su artillería contra el ente acusador, como las personas que de buena fe quieren advertir sobre el riesgo que para una correcta administración de justicia representa la cercanía íntima con un personaje tan cuestionado, cuyas ejecutorias y saltos entre bandos opuestos lo ubican fácilmente en la categoría de Rasputín criollo, como también en la de traidor a más de una causa, para caer luego cobijado por una sospechosa conversión al cristianismo.

Es de todos modos de admirar el valor civil que hoy muestra Viviane Morales, en medio de una tormenta en la que tiene mil ojos encima escudriñando los alcances de cada decisión que toma, mientras sale en defensa de su marido ante los señalamientos que desde todos los frentes le(s) caen. Lo que no sabemos es si ese valor civil le(s) alcanzará para resistir la tormenta que apenas se anuncia, o si terminará por triunfar la gavilla.

Para acabar de enredar el costal de anzuelos, el presidente Juan Manuel Santos metió baza cuando salió en defensa de la Fiscal ("yo tengo que juzgarla por sus resultados”), al tiempo que en lo referente a la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana descargó todo el peso de la prueba en Luis Carlos Restrepo: "quien tenía que hacer todos los trámites para una desmovilización de esa naturaleza, que es colectiva, era el Alto Comisionado para la Paz". Y cual si rindiera versión libre, exoneró de culpa al general Mario Montoya: "tendría que ser Mandrake para haber inventado esa desmovilización como comandante del Ejército, porque él había sido nombrado tres días antes".

Es aquí donde el sentido común nos obliga a ponernos del lado de Restrepo, pues un montaje tan sofisticado –sobre todo en lo logístico- como el de la citada falsa desmovilización se ajusta más al calibre de un operativo de inteligencia militar que al de una trama orquestada por un funcionario gubernamental que antes de ese cargo se había desempeñado como consultor Científico de Naciones Unidas. (Lo sé porque trabajé a su lado, como consultor de Medios).

El argumento del presidente Santos a favor de Montoya es deleznable, pues daría para pensar que como apenas llevaba tres días en la comandancia del Ejército, en los días anteriores no supo qué pasaba en los cuarteles, de modo que le habrían montado a sus espaldas un operativo que –vaya paradoja- enaltecía la imagen de la institución castrense. Y agrega Santos: "no creo que el general hubiera sido el que se craneó esta falsa desmovilización, porque no tenía la capacidad ni la atribución". Mentira elefantástica, porque cuando aún no era comandante del Ejército el general Montoya –cercano como ninguno al presidente Álvaro Uribe- sí tenía la capacidad y la atribución y los recursos a su disposición para ‘cranear’ dicho montaje.

El enredo se hace todavía más enmarañado cuando vemos que el propio Uribe salta cual liebre en defensa tanto de su excomisionado como del general Montoya ("Luis Carlos Restrepo y el Ejército actuaron de buena fe"), desconociendo que es el propio Restrepo quien ahora reclama explicaciones al más alto nivel: “Al general Montoya le pido que dé la cara y explique qué fue lo que sucedió, porque ahora solo quieren echarme a mí la responsabilidad”.

En medio de semejante berenjenal, lo que comienza a quedar claro es que desde el más alto nivel están buscándole un chivo expiatorio a la desmovilización del falso contingente guerrillero, y que quien mejor reúne el perfil para ese propósito es el ex comisionado de Paz. Salta también a la vista que Restrepo comienza a sentirse acorralado, pues ha espetado unas declaraciones cargadas de emoción contra el presidente Santos (“mentiroso”, “enano político”, “traidor que guarda el puñal bajo la capa”) que en nada le favorecen, porque con ellas sólo contribuye a quedarse aún más solo, quizá sin prever que la daga asesina pueda provenir de quien menos lo espera.

Sea como fuere, no es posible dejar de advertir que a su modo Luis Carlos Restrepo también terminó traicionando una causa, pues de moverse en un círculo académico e intelectual ligado al progresismo y a la izquierda migró sorpresivamente a las filas del más recalcitrante uribismo, lo cual le brindó un enorme poder político y lo catapultó a la cúspide de la fama, pero lo condenó al desprestigio entre quienes antes más lo admiraban, y lo sumergió en una vorágine de la que hoy está pagando las más caras consecuencias.

Pero ahí sí, como dice el dicho popular: “quien le manda...”