Alfonso Cano, vivo o muerto

Un suceso periodístico digno de mención fue una columna de Luis Eduardo Celis publicada en Semana.com, con un título más que provocador: “Eliminar a Alfonso Cano sería un grave error”. El viernes 17 de diciembre estuvo todo el día en el primer lugar como la más comentada (e insultada, por supuesto) y al día siguiente se mantuvo en el segundo, hasta que llegó el domingo y los columnistas de planta acapararon la atención.

http://www.semana.com/noticias-opinion/alfonso-cano-vivo-muerto/149241.aspx

La columna citada es además premonitoria, pues conduce a pensar que debe haber en marcha alguna gran operación rastrillo o cerco militar o lo que sea, que apuntaría a cobrar la cabeza del máximo jefe de las FARC; de modo que la citada columna sería un llamado para que, en la medida de lo posible, se le respete su vida. No se puede olvidar que Celis pertenece a la Corporación Arco Iris, la entidad no gubernamental mejor informada sobre el conflicto armado, y que ésta tiene entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento de la paz. Es por eso que el título en cuestión podría entenderse como una serena advertencia al Estado, sí, pero a la vez como el ofrecimiento de una eventual intermediación, que se expresaría en extender una rama de olivo.

El problema –si es que es problema- es que en un ambiente de marcada polarización como el que todavía subsiste, al autor de ese texto decenas de personas lo acusaron de escribirlo desde el lado de la guerrilla, cuando en realidad fue escrito desde el lado de la paz, si se le mira con ojos no contaminados de ideología. Pero haber puesto a Nelson Mandela (quien padeció un prolongado cautiverio) en un predicamento similar al que hoy vive Cano (sometido al acoso obsesivo de la tropa) fue la piedra del escándalo, y lo que dio lugar a los más virulentos comentarios, donde no faltó incluso el que se preguntara “si muere el Sr. Saenz (alias Cano), ¿cómo se ganaría la vida el Sr. Celis?”

Lo que de ningún modo se puede negar es que la caída de Alfonso Cano –vivo o muerto- sería el más grande triunfo militar para el gobierno de Juan Manuel Santos, y dejaría a las FARC en un estado de desmoralización tal que podría conducirlas a su aniquilación como organización armada, aunque del modo que acertadamente lo vislumbra el vituperado columnista, o sea mediante la atomización de sus filas en pequeños y numerosos grupos armados dedicados a su propia subsistencia. En este contexto, el llamado que hace Celis es a conservar a Cano como futuro interlocutor de una paz negociada, en su condición de líder supremo de ese proyecto político subversivo.

Ahora bien, la principal dificultad para atender el llamado de Celis es que a esta altura del partido no hay cómo pedirles a las bombas que caigan en el campamento de Alfonso Cano, sí, pero no encima de él sino a un ladito, pues el Gobierno lo quiere vivo para preservarlo como futuro interlocutor en un diálogo hipotético. Se trata entonces de un llamado algo tardío, pues así Celis lograra convencer a Santos y éste ordenara que le trajeran vivo a Cano, ya en el terreno de las operaciones es una orden casi imposible de cumplir, pues se está es en guerra y allí la lucha es a muerte, sin contemplaciones.

Es aquí donde se hace obligatorio hablar de una correlación de fuerzas en la que las FARC llevan por ahora, y quizá para siempre, las de perder. Hubo un momento en que llevaron la delantera (por no decir las de ganar), durante los diálogos del Caguán, pero desaprovecharon la oportunidad dorada y engendraron en hegeliana dialéctica la semilla de su propia destrucción.

En este contexto, antes de entrar a considerar si sería o no un error eliminar a Alfonso Cano, el nodo del análisis debe ubicarse es en los errores tácticos y estratégicos que cometieron las FARC en la última década, porque que son en últimas esos errores los que tienen a su Comandante en jefe pagando escondederos a peso, como reza el refrán popular.

Se entiende de todos modos que haya sectores interesados en contribuir a salvarle la vida a Guillermo León Sáenz Vargas, su nombre de pila, en tratándose de un líder guerrillero exógeno desde su raíz a la original organización campesina armada, con una sólida formación académica –a diferencia de los otros ‘duros’-, perteneciente a una familia de clase media alta bogotana, hijo de una pedagoga y un agrónomo conservador laureanista, que bautizó a su hijo como Guillermo León en homenaje al ex Presidente Valencia, y se destacó desde muy joven por su interés intelectual y su obsesión por los libros de historia y política.

Visto desde la contraparte –que parece anunciar con claros clarines la inminencia de una nueva victoria militar-, lo que debe preguntarse Cano a sus 62 años es si no desmovilizarse a tiempo (mediante un enfático pronunciamiento a favor de la paz que incluyera por ejemplo la liberación de todos los secuestrados) pudiera constituirse en su más grave error. La realidad tozuda le indica que hoy su organización está debilitada como nunca antes lo estuvo, que el país entero le da la espalda a la lucha armada y que tiene detrás suyo a todo un ejército ávido de darle cacería, o más bien, de darle muerte.

En medio de tan azaroso trance, el balón está en el campo de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano: o lo patea y continúa la confrontación (y de paso se inmola por la causa), o lo toma entre sus manos y se acaba el juego.

María del Pilar Hurtado y la cerradura del círculo

Le cabe toda razón a María del Pilar Hurtado cuando afirma que ella no pidió asilo a Panamá porque se creyera una perseguida política, sino para garantizar su seguridad personal. Es en el fondo el mismo motivo por el cual el tribunal de Estrasburgo negó la extradición de Yair Klein a Colombia: porque aquí no está asegurada su supervivencia física.

http://www.semana.com/noticias-opinion/maria-del-pilar-hurtado-cerradura-del-circulo/148125.aspx

Un país cuyas fuerzas oscuras han estado en capacidad de asesinar a Luis Carlos Galán en una plaza atiborrada de gente, a Carlos Pizarro en un avión en pleno vuelo, a Álvaro Gómez Hurtado frente a la universidad donde dictaba clases y a Jaime Garzón a menos de 500 metros del ministerio de Defensa, difícilmente estaría en condiciones (es lo que piensan afuera) de certificar que dos personas poseedoras de tan valiosa información puedan dormir y comer –sobre todo comer- tranquilos en el encierro de una celda.

En cualquiera de los dos casos caso, aquél que pereciera por atentado o porque ‘accidentalmente’ se cayera el helicóptero que lo traslada, se ganaría el más acertado de los epitafios: “sabía demasiado”. En el caso que nos ocupa, así fuera cierto que el propio Álvaro Uribe le ayudó a obtener el asilo en Panamá, aún no se ha contemplado la posibilidad de que la Hurtado no huyó tanto por evadir la justicia, como por escapársele a él. O mejor, a lo que él representa.

Ello explicaría en parte la presencia coincidente (sí, qué coincidencia ¿no?) de Uribe en Panamá entre el miércoles 24 y el viernes 26 de noviembre, quizá prestándole solidaria compañía en plan de fortalecerle la moral, para que calle ahora y calle para siempre. Es por ello que la visita que antes de huir le hiciera la ex directora del DAS a su ex ‘chuzado’ Daniel Coronell despierta algo más que curiosidad, pues mostraría un estado emocional en trance de eventual claudicación, considerando que su visita significa haberle puesto la cara –en acto de expiación, si se quiere- al mismo personaje que antes escuchaba de manera clandestina.

No se descarta entonces la hipótesis de que María del Pilar posee la prueba reina de las ‘chuzadas’, y en este contexto cobra especial interés dilucidar cómo un mando medio del sector público pudo ser catapultado a la dirección de la mismísima central de inteligencia de la Presidencia de la República en un tiempo récord. Estamos hablando de una abogada de los Andes especializada en Negociación y Relaciones Internacionales, nombrada secretaria general del Ministerio de Defensa en noviembre de 2003 por Jorge Alberto Uribe, donde según lasillavacia.com se convirtió en “la persona de confianza de un ministro de la entraña del Presidente”. Allí estuvo hasta septiembre de 2005, y en marzo de 2006 pasó a ocupar la subdirección del DAS durante la administración de Andrés Peñate, a quien reemplazó después de que él renunció porque “el sueldo no le alcanzaba para mantener su estilo de vida”.

Ya Uribe se había visto obligado a desprenderse de Jorge Noguera, de quien nunca se retractó de llamarlo “un buen muchacho” ni de haberlo ubicado en un cargo tan cercano a su trono. Luego del fugaz paso de Peñate, necesitaba (de nuevo) a alguien de su entera confianza, que no le fuera a renunciar cuando se enterara de minucias, como por ejemplo del poquito sueldo que le pagaban.

Es entonces cuando Uribe se inclina por María del Pilar Hurtado, a quien asciende a directora del DAS el 23 de agosto de 2007. Pero ella –a su vez- sólo le dura hasta el 23 de octubre de 2008, un año y dos meses exactos, cuando le renuncia (en acto que la ennoblece) en reconocimiento a la responsabilidad política que le cabía ante una denuncia de Gustavo Petro, quien mostró en el Congreso un documento en el que se daban órdenes internas para relacionarlo con un supuesto complot contra el gobierno.

No dudamos en sospechar que para una mujer acostumbrada desde la secretaría general del ministerio de Defensa a hacer cumplir la norma en complejas contrataciones, su renuncia debió haberle representado un verdadero alivio, en la medida en que las revelaciones conocidas dejan ver que, o se vio impelida –por no decir obligada- desde la Casa de Nariño a coordinar la “empresa criminal” de espionaje, o dio las órdenes por su propia cuenta.

Si hubiera ocurrido lo segundo, o sea que todo fue a espaldas de la Presidencia, la Hurtado habría sido el chivo expiatorio ideal para disipar la tormenta, descargando sobre ella toda la carga de la prueba. Pero ocurrió lo contrario, que fue el propio ex Presidente de Colombia quien acudió a su buen amigo y aliado Ricardo Martinelli para cobijarla de la justicia, y no contento con ello se manifestó a favor de que los demás acusados salieran también a buscar asilo internacional, y por primera vez dio pie para que su sucesor Juan Manuel Santos dejara de cuidarle la espalda y lo contradijera públicamente: “nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías”.

Quizá la situación no dé todavía para pensar que a Álvaro Uribe se le está cerrando el círculo, pero esas tímidas infidencias que María del Pilar Hurtado le soltó a Daniel Coronell (“un asilo no es posible sin contactos”, “al DAS le correspondía proteger la figura presidencial”) darían para pensar, en el más optimista de los escenarios, que un día de estos reventará su conciencia y... cantará.

A no ser, claro está, que la revienten antes.

¿Quién le pone el cascabel al banco?

El 27 de agosto de 2010, apenas 20 días después de posesionado en la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos les dijo a los banqueros reunidos en Cartagena algo que a los oídos de los cuentahabientes colombianos sonó a dulce melodía: “hay que ver la forma de bajar los costos para que el cliente pueda tener una cuenta bancaria, o reducir los requisitos para entrar al sistema bancario”.

http://www.semana.com/noticias-opinion/quien-pone-cascabel-banco/147489.aspx

Un antecedente similar –de una voz gubernamental proponiendo una medida que en apariencia afectaría los intereses del poderoso gremio financiero- sólo se recuerda en noviembre de 2008, cuando el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció la expedición de un decreto encaminado “a favorecer o abaratar los costos financieros para los sectores informales”. Pero no sólo el decreto nunca se expidió, sino que su verdadero propósito era ayudar a los banqueros a enfrentar la vorágine especulativa que se desató con el auge de pirámides como DMG o DRFE (una especie de sector financiero informal), que condujo a que muchos colombianos –miles, quizá millones- comenzaran a sacar sus dineros de las corporaciones para depositarlos en esas pirámides, engañados si se quiere, pero ante todo cansados de los abusos del sector financiero formal.

El resto de la historia se conoce: no habían pasado ocho días desde que el Minhacienda anunció el tal decreto de ‘ayuda’, cuando David Murcia Guzmán cometió el gravísimo error de meterse por La W Radio con uno de los hijos de Álvaro Uribe, de modo que éste aprovechó el ‘papayazo’ y lo defenestró, de tajo. De allí salió que DMG significaba David Menospreció a Goliat. Es sabido que la banca nacional quedó muy agradecida con tan quirúrgica capitis diminutio, en momentos en que un simple ‘igualado’ amenazaba con poner en jaque a la banca nacional. La prueba de su agradecimiento fue que el más poderoso de los poderosos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se manifestó a partir de ahí entusiasta partidario de un tercer periodo para el presidente Uribe, sin una voz disidente en su gremio.

Es de caballeros abonarle a Santos el gesto intrépido que tuvo de pedirles a los dueños del dinero “bajar los costos”, sólo que lo hizo cuando ya los bancos han retomado el control y sus utilidades –las del último semestre, para no ir más lejos- bordean los cinco billones de pesos. O sea, cuando ya no necesitan ofrecer gabelas para evitar que sus clientes retiren el dinero. Ellos saben que hasta el más reticente también caerá, porque un día se verá obligado a abrir una cuenta de ‘ahorros’ (así tan sólo sea para disponer de una referencia bancaria) y ellos estarán allí, muy sonrientes –como en todas sus campañas publicitarias- para atenderlo.

Decir ‘ahorros’ es hoy un sofisma –por no decir una argucia-, porque fue el propio sector financiero el que acabó con el ahorro: el adelanto tecnológico de los cajeros automáticos y las tarjetas débito vino acompañado del cobro de la cuota de manejo, y no contentos con ella se inventaron que a la gente además había que quitarle una cantidad considerable de dinero cada vez que hiciera un transacción, llegando al aberrante extremo de cobrarle al pobre cuentahabiente por… ¡consignar dinero!

Es por ello que la intervención del presidente Santos ante los banqueros fue entendida como un mensaje esperanzador, a tal punto que más de uno creyó que por fin había aparecido el valiente adalid que se atrevía a ponerle el cascabel al gato, como en la fábula de Esopo. Pero el único que apuntó en esa dirección fue un representante a la Cámara que pescó en río agitado, el cordobés David Barguil (conservador, para más señas), quien presentó un proyecto de ley –que no pasará, y él lo sabe- “para que las entidades no se excedan en los cobros”. Por cierto, el único medio que se atrevió a publicar la información completa fue el blog ideasinversion.com, y la definió como “un nuevo intento para ponerles techo a las tarifas de servicios financieros”.

En este contexto meramente informativo, llama la atención que si se indaga por Barguil en Google sólo aparece un breve confidencial en semana.com, con fecha octubre 13 de 2010, que dice así: “Muy preocupados están los banqueros por una iniciativa legislativa que radicó el representante conservador a la Cámara David Barguil, que busca imponer (sic) tope a los costos de los servicios financieros. Según Barguil, no es justo que hoy el 70 por ciento de las utilidades del sistema provenga de los costos que les aplican los bancos a los usuarios por servicios como consultas por Internet, retiros o cuotas de manejo. Se trata de un reto interesante para el Congreso”.

Es posible que el autor de ese confidencial haya sido elegante con el Congreso al verlo frente a “un reto interesante”, pero no se descarta tampoco que riera a carcajadas mientras escribía eso, convencido –como lo está todo periodista bien informado- de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, antes que la Cámara de Representantes apruebe semejante ‘atentado’ contra los intereses de la todopoderosa banca nacional. Sea como fuere, le cabe toda razón al hasta ese día anónimo Barguil cuando dijo que “la razón de ser de estas entidades son los créditos, y por ello sus ingresos deben surgir de ahí y no de las transacciones que hacen los usuarios”.

Se presume de todos modos que la noticia alcanzó a filtrarse, porque todavía es factible encontrar personas de buen corazón desinformadas –o mal informadas, que es lo mismo- que creen que fue el gobierno Santos el autor del mentado proyecto de ley, y que no será sino cuestión de días para que “por fin” les pongan el tatequieto a esos abusos.

Pero no es el autor de estas líneas el llamado a bajarlos de esa nube: de eso se encargó con creces el propio Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, cuando en El Espectador del pasado 27 de octubre se declaró impotente para aminorar los costos de las tarifas, aduciendo que “la imposición de límites puede causar efectos contrarios a los deseados. Si se fijan mal, las entidades podrían dejar de prestar algún servicio”. (¿Y qué pasaría, preguntamos, si se fijan bien?).

No se trata aquí de saber quién tiene la razón, sino de comprobar que una declaración de este calibre no se espera de un funcionario llamado a ejercer control y vigilancia sobre los bancos, sino de quien tiene como tarea su defensa. De donde se concluye que "algo huele mal en Dinamarca", cuando hasta el propio representante de los ratones es llamado al orden y alineado con los intereses de los gatos.

El director de EL GIRONÉS en El Espectador

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-226962-nueva-apuesta-de-jorge-gomez-pinilla

http://www.elgirones.com/

Periodismo vergonzante en Santander

En un consultorio médico de Bucaramanga encontré en días pasados un artículo que constituye muestra antológica de periodismo vergonzante (El Frente, octubre 6 de 2010). Su titular a cuatro columnas dice a grito herido que “¡Alcalde de Floridablanca es víctima de una infamia!” (Ver reproducción). Se trata de una entrevista al abogado Abelardo de la Espriella, defensor de ese alcalde, Eulises Balcázar Navarro, quien está siendo juzgado –después de que en junio pasado la Fiscalía 319 de Bogotá halló méritos para formularle cargos- por el delito de acceso carnal violento en una joven de 23 años.

http://www.semana.com/noticias-opinion/periodismo-vergonzante-santander/146152.aspx

Según informa Vanguardia Liberal (junio 18 de 2010), “Balcázar Navarro debía pagarle a la abuela de la mujer vulnerada un favor político, y por esto la citó para ofrecerle un puesto como secretaria de un colegio. Luego de recogerla en una camioneta blanca, la víctima narró que fue llevada hasta una trocha cercana al casco urbano de Floridablanca y allí, presuntamente, fue violada”. La información agrega que “la defensa no ha podido demostrar dónde se encontraba el día en que sucedieron los hechos. Además, dentro del paquete de pruebas que tiene la Fiscalía, reposa un registro de llamadas hechas desde un celular del alcalde durante la fecha de lo ocurrido”.

Al margen de las pruebas que puedan inculparlo o de la presunción de inocencia a la que tiene derecho el acusado, lo interesante del caso que nos ocupa es la tendenciosa manipulación que el redactor –un tal Danilo Pérez- ejerce sobre la entrevista, donde en una introducción descaradamente exculpatoria suelta esta perla: “la perfidia humana ha dado para todo en Santander, inclusive para utilizar a la justicia como arma de persecución política, como se verá cuando termine esta pesadilla, que ha afectado seriamente la gobernabilidad del municipio de Floridablanca”. Que conste: esto no lo dice el abogado de la Espriella, ni siquiera el alcalde indiciado, sino ¡el entrevistador!

Y a continuación viene la primera pregunta, tan antológica como el titular: “¿Cómo debe interpretarse la decisión del juez, en relación con el proceso contra el doctor Eulises Balcázar Navarro (…), por el imaginario delito que le han montado sus enemigos en la sombra?” La “decisión del juez” hace referencia a que éste negó la solicitud de preclusión–sanción del caso que presentó el abogado defensor. En este contexto la entrevista podría entenderse no como un interés genuino de El Frente (periódico de filiación conservadora, el segundo en Santander después de Vanguardia Liberal) en hacerle seguimiento a una noticia de singular atractivo periodístico, sino como el resultado de la necesidad –por parte de la defensa- de mover opinión a favor de su cliente (“¡…víctima de una infamia!”), en un momento en que su situación tiende a complicarse.

La anterior afirmación se basa en que el entrevistador toma radical partido por los puntos de vista del abogado defensor, en lo que bien podría considerarse un publirreportaje judicial –de página entera-, con paga de por medio. ¿Paga para quién, para el periodista? Obvio que no, pues éste sólo desempeña el papel de idiota útil. La paga sería para el medio, por ser el que se presta para darle carácter de información periodística a lo que no deja de ser un vulgar ditirambo con aparente sustento jurídico, a favor de un presunto violador.

Busqué la entrevista en la página web de ese periódico (www.elfrente.com.co) para que pudiera ser leída en su totalidad –e incluso estudiada en las facultades de Comunicación: “lo que no se debe hacer en periodismo escrito”- pero no fue posible hallarla. El nombre Abelardo de la Espriella sí aparece en cuatro ocasiones, en la más reciente (octubre 11 de 2010) para informar que actúa también como apoderado de J.J. Rendón en una demanda de éste contra Lucho Garzón por injuria agravada, pero de la entrevista citada no hay rastro. El diccionario español Espasa Calpe define vergonzante como el “que tiene vergüenza, especialmente referido al que pide limosna con cierto disimulo”. Si la entrevista no figura allí, podría pensarse que quizá les habría dado vergüenza mostrarla por más tiempo, después de que la publicaron en el impreso.

En una de sus respuestas en defensa del alcalde de Floridablanca, el abogado de la Espriella asegura que “la política es una actividad absolutamente envilecedora, en donde se puede encontrar gente perversa, capaz de cualquier cosa”. Si usted hace el ejercicio de cambiar “la política” por “el periodismo”, entenderá qué fue lo que motivó esta columna.

DE REMATE: Otras dos preguntas de antología en esa entrevista:

“En su experiencia como penalista, ¿había conocido un caso similar de chantaje de esta naturaleza?” Y “¿Qué le aconsejaría (sic) a los títeres que se han prestado para semejante embeleco?”

Esta última, por cierto, actúa como bumerán contra los que la publicaron.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

La semilla del engendro

Terrible paradoja encierra descubrir que la misma organización que hace 50 años se armó para defender a un pueblo oprimido (FARC “Ejército del Pueblo” - EP), hoy languidece en medio del repudio de esos mismos cuyos intereses pretendía reivindicar. Doble paradoja, en últimas, pues en los estertores de tan ‘abnegada’ lucha descubren que con su accionar han obtenido exactamente lo contrario de lo que pretendían conquistar, como fue el fortalecimiento político, militar e ideológico de su enemigo, con la complacencia –y la complicidad, en muchos casos- de casi todos los sectores sociales, políticos, económicos y religiosos de Colombia.

http://www.semana.com/noticias-opinion/semilla-del-engendro/145199.aspx

La paradoja se resuelve cuando aparece una explicación, que para el caso que nos ocupa consiste en que las FARC están pagando cara, y en apariencia sin reversa, su propia estupidez. A ellas se les presentó en bandeja de plata la oportunidad de influir positiva y decididamente sobre los destinos nacionales, durante los diálogos del Caguán. Ahí, habrían podido quedarse con una parte del poder –quizá proporcional al territorio que controlaban- y luego, por la vía democrática, conquistar el poder restante. Pero no. Lo querían todo. Y a las malas, como vulgares matones de pueblo.

En este contexto, el 20 de febrero de 2002 marca el comienzo del fin para las FARC. Ese día, integrantes de la columna Teófilo Forero abordaron un avión en el que viajaba el senador Jorge Gechem, hicieron aterrizar la aeronave en una carretera y se lo llevaron. Esa misma noche el gobierno de Andrés Pastrana, acorralado, dio por terminadas las negociaciones, y al día siguiente Íngrid Betancourt cayó ingenuamente –o por un error de cálculo, que es lo mismo- en un retén post ruptura, y desde ese momento las FARC se ensañaron con la más abominable de sus formas de lucha (el secuestro indiscriminado de civiles o militares, lo que cayera), sin ser conscientes de que con esa práctica le estaban dando la razón a Carlos Marx cuando dijo que “todo sistema engendra la semilla de su propia destrucción”.

Esa semilla tiene nombre, y es Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que se vino detrás de él. Las FARC rompieron con Pastrana convencidas de que sus cautivos serían valiosa posesión para doblegar al siguiente gobierno y forzarlo a lo que cínicamente llamaban el canje humanitario, sin prever que estaban ayudando a elegir al menos humanitario de los presidentes –pero con un prestigio arrasador-, al mando de un proyecto de derecha que (consecuente con la ferocidad y despiadada arrogancia de las FARC) hizo habitual, justificable y hasta plausible la práctica del “todo vale”, con tal de acabar con ellos.

En este terreno, sobresalieron las alianzas que con los más importantes capos del paramilitarismo estableció una numerosa cauda de políticos ligados al proyecto uribista, todo dentro del ‘sano’ propósito de derrotar a la subversión. Pero hubo allí una perversa coincidencia de intereses, porque a la par que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacían ciertos trabajos ‘sucios’ para una parte de la oficialidad, y a punta de fusil les ponían votos a sus aliados en lo político, esperaban a cambio limpiar sus nombres ante la justicia y legalizar las riquezas –producto del narcotráfico- y tierras de las que se apoderaron, en su muy particular estilo de ‘copar territorio’.

Son muchos los interrogantes que suscita este amargo periodo de nuestra historia, y uno de ellos se relaciona con tratar de desentrañar si hubo alguien (o algunos cerebros grises, de los que habló Carlos Castaño en Mi confesión) a la cabeza de ese proyecto antisubversivo, o si más bien se debe hablar por un lado de unos grupos por fuera de la ley que un día decidieron desmovilizarse y contribuir a la paz nacional, y por otro de un Estado firme en su institucionalidad, aunque dispuesto a acogerlos en su seno mediante una generosa ley de Justicia y Paz.

Sea como fuere, el enfrentamiento entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe fue una de tantas demostraciones palpables de que los extremos se juntan. Hoy el mundo entero le reconoce a éste los aciertos de su Seguridad Democrática, del mismo modo que lo acompañó desde un principio en el señalamiento a esa organización como grupo terrorista, pero ese mismo mundo se le vendría encima si se descubre que para enfrentar el terrorismo de la ultraizquierda, su gobierno acudió por ejemplo a prácticas de ultraderecha, como lo serían la ejecución -“casi sistemática”, según la ONU- de más de 2.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate; o la altísima tasa de desaparecidos, como nunca antes la hubo en Colombia; o la persecución abierta –a punta de micrófono- y soterrada a sus opositores; o el espionaje telefónico indiscriminado, del que al parecer no se salvaron ni Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, ni el hoy ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ni la honorable Corte Suprema de Justicia.

En esta perspectiva, la buena nueva de la muerte del ‘Mono Jojoy’ no se traduce en que deban avalarse –y menos ocultarse- los posibles crímenes cometidos en el otro extremo. Es cierto que un expediente como el de las ‘chuzadas’ del DAS ya toca a las puertas de la Casa de Nari (no la de Nariño, que hoy regenta Santos), pero lo más revelador de la trama sigue siendo el nombramiento que justo al comienzo de su primer gobierno hizo el presidente Uribe de Jorge Noguera en la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en la práctica era su propia central de inteligencia.

Cuando en febrero de 2006 la revista Semana destapó la olla podrida de las relaciones de Noguera con alias ‘Jorge 40’ (que incluían desde el préstamo del vehículo presidencial para que el hombre ‘chicaneara’ por los pueblos de Córdoba, hasta la ejecución de asesinatos en diferentes ciudades de la costa Caribe), Uribe intentó defenderlo enviándolo de cónsul a Milán, Italia. Luego Noguera fue llamado a juicio y puesto preso, pero aún no se ha escuchado de su ex jefe inmediato que se haya retractado de llamarlo “un buen muchacho”, ni de haberlo nombrado en tan sensible cargo, y mucho menos se ha sabido que le haya ofrecido a la justicia atestiguar en su contra.

Lo anterior conduce entonces a pensar que quizá Carlos Marx tendría razón de nuevo, pues del mismo modo que las FARC habrían engendrado en Álvaro Uribe la semilla de su propia destrucción, éste a su vez pudo haber sembrado en un engendro como Jorge Noguera (o María del Pilar Hurtado, incluso) la semilla de su respectiva hecatombe.

Es apenas comprensible, por tanto, el interés que al final de su Gobierno puso el hoy ex presidente Uribe en que la Corte Suprema eligiera un Fiscal General de su resorte. Porque conoce como ninguno la verdadera trama de esta historia, y quiere escapar a su dialéctica.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

Serpa, ¿contra su propia reelección?

De los 24 gobernadores y más de mil alcaldes que hay en Colombia, sólo uno se ha manifestado contrario al proyecto que acaba de presentar el gobierno de Juan Manuel Santos a la Cámara de Representantes para permitir la reelección de estos. Esa voz que clama en medio de una multitud silenciosa es la de Horacio Serpa, gobernador de Santander, a quien lo primero que llamó su atención –en columna para El Nuevo Siglo- fue que el proyecto en mientes lo hubieran presentado “cuando el país no cesa de recibir noticias de los despachos judiciales y de los organismos de control por los desafueros cometidos en el fallido proceso de aprobación de la segunda reelección del ex Presidente Uribe”.

http://www.semana.com/noticias-opinion/serpa-contra-su-propia-reeleccion/144134.aspx

Los argumentos del Gobierno están sustentados en darles equidad a las políticas nacionales y locales, pues “se evidencia desigualdad entre lo que contempla la reelección presidencial, y la ausencia de ésta en los alcaldes y gobernadores”. De todos modos, es innegable la utilidad política que para un gobierno en ciernes representa tener alcaldes y gobernadores a favor suyo (en parte por haberles ‘ferrocarrileado’ la aprobación de su virtual reelección), pero es precisamente en ese escenario donde le cabe razón a Serpa cuando advierte sobre los peligros que para la institucionalidad representa no ya uno, sino centenares de potenciales apetitos reelectorales desbocados.

Ahora bien, hay quienes dicen que a los políticos no hay que creerles, y en el caso de Serpa basan su argumentación en que ya ha dado marcha atrás en temas álgidos, como cuando después de haber sido el más férreo opositor de Álvaro Uribe –tanto en campaña como al comienzo del primer gobierno de éste- le recibió la embajada ante la OEA en Washington, por los tiempos en que por cierto el propio Uribe se oponía a la reelección. Pero hay razones para pensar que ahora no lo cobija un cálculo egoísta (se dice que en aquella ocasión pensó fue en la conveniencia para sus hijos), y una de ellas sería la contundencia con la que se expresa, al decir por ejemplo que “perpetuar en el poder a unos pocos es un portazo a la paz”, una afirmación de la que es difícil desmontarse luego.

Lo riesgoso de tan ‘altruista’ comportamiento es que al negarse a su propia reelección, Serpa deja su bien cimentada obra de gobierno –algo que hasta sus opositores le reconocen- en manos de una rebatiña de políticos a cual más interesados en hacerse a la piñata de los puestos y los presupuestos de un departamento cada día más próspero, en la que ya han comenzado a hacer fila desde su actual secretario del Interior, Luis Fernando Cote Peña (próximo a renunciar para no inhabilitarse), pasando por el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza (muy cercano al uribismo), y rematando con la sombra impenitente de Hugo Heliodoro Aguilar, del Movimiento Convergencia Ciudadana (el mismo de Luis Alberto Gil Castillo, hoy preso por parapolítica), para mencionar sólo tres posibles vertientes de sucesión.

A sabiendas de que Horacio Serpa es un habilidoso estratega que no da puntada sin dedal (y quizá de allí provenga su segundo apellido, Uribe), la única explicación de tan arriesgada faena es que guarda algún as bajo la manga, el cual le permitiría dejar el cargo en quien él quisiera, no en manos del albur. Resuelta esta encrucijada, la siguiente incógnita a resolver gira en torno a cuáles serían sus planes para el 2012 y venideros, pues si hay algo seguro es que no dedicará las tardes a jugar parqués con su amada Rosita, ni a echarles maíz a las palomas en el parque García Rovira de Bucaramanga. Es aquí donde quizá cobra sentido el eslogan de su administración, “Haciendo país”, como indicativo de que si ocupó la Gobernación de Santander no fue para eternizarse en ese puesto, sino para que todos vieran que sí estaba –o mejor, está- en condiciones de regentar el solio que se le negó en tres ocasiones consecutivas.

Es factible entonces deducir que con su enfática renuncia a una eventual reelección como gobernador, Horacio Serpa Uribe no deja de mirar a lo alto, cada vez más alto. Es lo propio, diríase, de un espíritu batallador como el suyo. Y baste con concluir diciendo que está –o mejor, sigue- en todo su derecho, y que se le aplaude su osadía.