En días pasados el procurador Alejandro Ordóñez puso el grito en las
nubes cuando dijo que “como vamos, Uribe irá a la cárcel y ‘Timochenko’ al
Congreso”. La piedra de su escándalo radica en que él cree con fe ciega que el
expresidente se merece el cielo y el máximo comandante de las Farc el infierno,
pero, tal como van las cosas, uno y otro terminarían en viceversa ubicación. Y
eso, por lo visto, a Ordóñez le parece inaudito.
Ahora bien, ¿qué pasaría si en la práctica resultara que tanto Uribe
como ‘Timochenko’ tuvieran su respectiva cuota de responsabilidad penal y, por
tanto, cada uno por su lado mereciera ir a la cárcel? Mejor dicho, ¿qué tal si
para ambos estuviera reservado el infierno?
En este contexto no se puede pasar por alto el más importante
documento acusatorio que hasta ahora se ha presentado contra Álvaro Uribe Vélez
por sus vínculos con el paramilitarismo, como es la providencia emitida el pasado
6 de septiembre por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín, en cabeza del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo.
Dicha providencia detalla en orden cronológico cómo en el curso de
diez años Uribe estuvo rodeado de tal cantidad de funcionarios y subalternos
involucrados hasta el cuello con los grupos armados de extrema derecha, que era
imposible que ignorara lo que estaba sucediendo a su alrededor. En otras
palabras, que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, como
reza la cita providencia.
Tan seria y contundente es la acusación, que al día siguiente Uribe anunció
para el lunes 9 una respuesta a la pregunta “¿por qué soy paramilitar?”,
mediante hábil campaña de expectativa que enfocó sobre él todos los reflectores
y culminó con la presentación de un documento (TwitLonger) donde se defendió de
los nuevos señalamientos en siete puntos, a saber:
1.
Pedro Juan Moreno
2.
Las Convivir
3.
General Rito Alejo del Río
4.
Comuna 13 de Medellín
5.
Negociación con paramilitares en Ralito
6.
Masacre del Aro
7.
General Santoyo, Jorge Noguera, María del Pilar
Hurtado
Con su defensa Uribe pretendió demostrar, básicamente, que sí es
posible nadar en una piscina y no mojarse.
Casi coincidente con lo anterior, al día siguiente la Corte Suprema de
Justicia dictó orden de detención contra el expresidente del Senado, Luis
Alfredo Ramos, y unos días después contra Óscar Arboleda, por los mismos hechos
que involucran además a Óscar Suárez Mira: por vínculos con paramilitares. Es
llamativo el caso de Ramos porque parecía predestinado a ser el candidato a la
presidencia por el Centro Democrático, y porque la sentencia de la Corte fue
contundente al advertir –como justificación de su captura- que “es un peligro
para la sociedad”.
Y es aquí cuando un viento helado sube por el espinazo de solo pensar
que todas, o varias, o al menos una sola de las numerosas acusaciones que se le
hacen a Álvaro Uribe fuera cierta, pues ello se traduciría en que durante ocho
años la Presidencia de Colombia estuvo en manos de “un peligro para la
sociedad”. Uribe en su documento para Twitter se defiende de quienes lo acusan
de haber causado el accidente en el que perdió la vida su examigo Pedro Juan
Moreno (vinculado por decenas de testimonios al paramilitarismo), pero no
menciona a Francisco Villalba, el testigo estrella en su contra por la masacre
del Aro, condenado a 33 años y dejado en libertad condicional para que unos
días después –el 23 de abril de 2009- fuera asesinado en su casa, frente a su
esposa y su hija de cuatro años. Y Uribe al respecto se pregunta: “No entiendo
qué prueba tienen”. Porque claro, para su alivio, la prueba ya está muerta.
También está muerto John Fredy González Isaza, paramilitar
desmovilizado del bloque Metro, quien contó que en la hacienda Guacharacas, de
propiedad de la familia de Uribe, operaba una Convivir que cometía masacres en los tiempos
en que él era gobernador de Antioquia. González fue asesinado en la cárcel en
2011.
Si de peligros se trata, imposible omitir el que representó para el
exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, haber asistido al consejo comunal donde le
dijo al presidente que “a mí me van a matar”, señalando al entonces gobernador
de Sucre, Salvador Arana; y en efecto Arana lo mandó matar (como lo demostró la
justicia), mientras que Uribe protegió al asesino, enviándolo de cónsul a
Chile. Y salta también a la memoria el nombre del académico y humanista Alfredo
Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre de 2004 por orden del entonces
director del DAS, Jorge Noguera, en un crimen por el cual fue castigado a 25
años de cárcel, y de quien Uribe dijo en el citado TwitLonger: “Qué dolor que
purgue esa injusta condena”.
Qué dolor, por cierto, el que representó para las madres de los casi
3.000 jóvenes asesinados en forma sistemática por (o desde) diferentes brigadas
del Ejército para presentarlos como bajas causadas a la guerrilla, a lo que se
le dio el eufemístico nombre de ‘falsos positivos’ para invisibilizar su
carácter de delitos de lesa humanidad, y a cuyas víctimas Uribe se refirió
diciendo que “fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café”,
mientras que a los victimarios los sigue considerando “perseguidos por la
Fiscalía” y “héroes de la Patria”.
En la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que con tanto
detalle acusa a Álvaro Uribe, al comienzo de cada párrafo se hace énfasis en
que él estuvo “detrás de” los sucesos allí relacionados con el afianzamiento
del paramilitarismo en todas las esferas de la vida nacional. Es cierto que ya
no está en condiciones de hacerse elegir de nuevo Presidente de Colombia, pero
conviene de todos modos preguntarse si al estar “detrás de” su proyecto de
extrema derecha para impedir la reconciliación de los colombianos, no pudiera
seguir representando un serio peligro para la sociedad…
@Jorgomezpinilla
1 comentario:
Yo creo que es culpable de los procesos que tiene abiertos y de los que nunca sabremos.
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