Tomado
de ElUnicornio.co (Diciembre 15 de 2022)
Lo primero que habría que decir
en torno a la liberación que el presidente Gustavo Petro pretende brindarles
antes del día de Navidad a muchos de los jóvenes de la primera línea que están
presos, es que el estallido social que se dio en Colombia no fue un fenómeno
delincuencial sino la consecuencia de un sentimiento de indignación y de rechazo
visceral de toda la población a las políticas que venía tomando el gobierno de
Iván Duque, entre ellas una reforma tributaria que pretendía meterles impuesto inclusive
a los artículos de la canasta familiar.
Hoy La Silla Vacía saca un
artículo donde pretende ver esa excarcelación como un regalo, y dice amenazante
que “le puede costar caro” a Petro ante la rama judicial. Bienvenida la
discusión jurídica, toda la que quieran, pero lo que muchos pretenden olvidar es
que la mayoría de esos jóvenes están injustamente detenidos. Y me explico.
Entre el 21 de noviembre de 2019
y el 21 de febrero de 2020 se desarrolló lo que se conoce como el paro
nacional, el cual había sido convocado desde el 4 de noviembre anterior no por
grupos guerrilleros sino por sectores de oposición que se agruparon en el
denominado Comité Nacional de Paro.
Todos sabemos que ese paro se expresó
en protestas masivas, algunas de ellas si se quiere salidas de cauce en muestras
de vandalismo o de violencia, pero todas producto del sentimiento de rechazo generalizado
a un gobierno que desde su posesión se mostraba abiertamente corrupto,
tolerante con muchas formas de criminalidad como las masacres y el asesinato
indiscriminado de líderes sociales, y represivo a más no poder contra todo lo
que oliera a oposición.
Si se me permite la expresión, me
atrevo a definir ese paro nacional como un fenómeno revolucionario espontáneo,
aunque desorganizado, porque no tenía un propósito político diferente al de
protestar. Si hubiera tenido un objetivo desestabilizador, no tengo duda alguna
en que habría conducido a la renuncia no solo del entonces ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo presidente Duque, empujado por
el descontento y el deseo inmensamente mayoritario de un nuevo rumbo en la
conducción del país. Si de algo se había dado cuenta el país, es que estábamos
gobernados por un mequetrefe, un ser pusilánime, un bueno para nada, un simple
segundón del verdadero poder detrás del trono, el sátrapa Álvaro Uribe Vélez
que tanto daño le ha hecho al país desde cuando siendo gobernador de Antioquia comenzó
a patrocinar e inundar de grupos paramilitares toda la geografía nacional.
Decía entonces que ese paro
nacional fue ante todo un movimiento revolucionario espontáneo, y por eso
mismo, porque no se trató de simples protestas aisladas, fue que la fuerzas
reaccionarias de la caverna política se
hicieron conscientes del peligro que corrían como poder dominante, y corrieron
entonces a organizarse, -ellas sí- de modo que movieron todos los recursos
políticos y jurídicos que tenían a la mano no tanto para frenar a los jóvenes
que salían a las calles o para tratar de convencerlos de que regresaran a sus
casas, sino para aplastarlos, tanto por la vía represiva como por lo que comenzó
a operar desde la muy uribista Fiscalía General de la Nación: tratarlos como
criminales para conducirlos a prisión.
¿Y qué se buscaba con esto?
¿Hacer justicia y regresar el país a las vías pacíficas institucionales? No
señores. Se buscaba sembrar escarmiento entre la población, meter miedo
colectivo, difundir terrorismo de Estado de corte fascista para hacerles creer a
los padres de familia que sus hijas corrían el riesgo de ser ultrajadas o
violadas, y a los jóvenes que podían perder sus ojos, ser golpeados,
asesinados, desaparecidos o llevados a la cárcel.
Porque esto que estoy
describiendo no fue un escenario hipotético o eventual, no señores, fue lo que
efectivamente ocurrió. O sea, que frente a lo que constituyó un fenómeno
revolucionario espontáneo, la respuesta fue la activación de todo el aparato
represivo y jurídico en busca de consolidar una reacción contrarrevolucionaria,
expresada en represión brutal y en la adopción de medidas cuyo único propósito fue
impedir que el descontento creciera o se desbordara.
Lo llamativo es que, si durante
el gobierno de Duque se desató una cacería de jóvenes en busca de meter a la
cárcel a todos los que salieron a protestar, ahora se ha desatado una verdadera
cacería de brujas contra todo el que se manifiesta a favor de la liberación de
esos muchachos.
Por ejemplo, por ahí salió el fiscal
Francisco Barbosa a rasgar sus vestiduras diciendo que no se puede permitir que
liberen a un tal alias 19, quien al parecer sí cometió más de un crimen en el
Portal de las Américas. ¡Por completo de acuerdo, que siga preso! ¿Acaso el
gobierno ha dicho lo contrario? Y que no se les puede conceder indulto o
amnistía a los detenidos. ¡Por supuesto que no! ¡Es que se trata básicamente de
regresarlos al seno de sus hogares para que pasen la Navidad en familia bajo la
figura de gestores de paz mientras la justicia adelanta sus procesos! ¡Eso es
todo!
Por todo lo anterior, digámoslo a
calzón quitado, lo que pretende hacer Gustavo Petro con la liberación de muchos
de los jóvenes de la primera línea hoy detenidos, es ante todo un acto de
elemental justicia, humano, demasiado humano, con quienes pusieron el pecho, la
cara, los ojos, las piernas y la vida misma para frenar tanto atropello
descarado del gobierno de Iván Duque, no contra unos cuantos sino contra todos
los pobres y desharrapados de este país.
Al cierre de esta columna
encuentro un trino del
senador Gustavo Bolívar donde pide al gobierno “incluir en el decreto de
excarcelación a POLICIAS judicializados por abusos durante el estallido social.
Con equilibrio avanzamos más. Esos policías fueron adoctrinados en el odio
contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor”.
¿Alguien se opone a esta
excarcelación? Escucho respuestas, mientras quedamos QAP para vernos otro día.
Chao.
