Petro procura permanecer pero procurador pontifica

Tomado de Semana.com

A escasos días de conocerse si el procurador Alejandro Ordóñez destituirá o no al alcalde de Bogotá, conviene analizar las tres variables determinantes de la decisión final: juridicidad, política y religión.

En lo jurídico, el hoy ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se refirió hace unos meses a la facultad concedida al Ministerio Público para despojar de su investidura a personas elegidas popularmente: “carece de sentido que existiendo otros mecanismos en la propia Constitución, un funcionario elegido por el Congreso pueda por vía disciplinaria decretar la muerte política de alguien democráticamente elegido”.

Es cierto que la Corte Constitucional avaló en reciente pronunciamiento la potestad que la Constitución le dio al Ministerio Público para investigar y sancionar a congresistas, gobernadores o alcaldes, pero no por ello deja de ser contrario a la lógica que un funcionario de la rama judicial pueda impugnar la voluntad popular basado en razones administrativas y sin que haya la condena previa de un juez, en cuyo caso sí habría sustento penal y acusatorio. Baste citar lo ocurrido con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, donde por estar enfrentada a las empresas concesionarias del aseo se dejó de recoger la basura durante diez días, pero a ningún español se le pasó por la cabeza que había que destituirla.

En Colombia lo jurídico tiende a confundirse con lo político, y la pregunta del millón es si con semejante poder para destituir a diestra y siniestra, el procurador consideraría ser tan magnánimo o indulgente con Gustavo Petro como lo ha sido con sus copartidarios o personas afines a su pensamiento.

Y la respuesta llega en forma de cita bíblica: “por sus obras los conoceréis” (Mateo 7-15:20). Sería injusto no reconocer que Ordóñez ha batido récord en destituciones, inhabilidades y peticiones de condena para políticos que han incurrido en actos ilegales, pero brilla a su vez con luz propia el rosario de perdones o solicitudes de perdón que ha proferido a favor de políticos conservadores, militares o funcionarios que comulgan con sus tesis doctrinales de derecha, como lo acredita con peso documental una columna de Juan Pablo Barrientos en El Espectador, titulada “Los perdones del procurador” (noviembre 18-2013).

Allí el periodista –miembro de la Mesa de Trabajo de La FM- muestra en meticuloso recuento cronológico los casos donde el procurador ha librado de culpa o abogado a favor de personas como Álvaro Araujo (condenado a 9 años de prisión porque "hacía parte de una estructura criminal y sus nexos con Jorge 40".); Iván Díaz Mateus (paisano suyo y conservador, condenado a 72 meses de prisión por la yidispolítica); Alfonso Plazas Vega (condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas); Mario Uribe (primo de Álvaro Uribe, condenado a 7 años y seis meses por paramilitarismo); Mauricio Pimiento (senador de la U, condenado a siete años por vínculos con paramilitares); general Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada); Humberto de Jesús Builes (senador antioqueño condenado a 90 meses por vínculos con paramilitares); Oscar Josué Reyes (conservador, condenado a 90 meses por concierto para delinquir); Javier Cáceres, (condenado a nueve años por parapolítica); Fuad Rapag y Óscar Suarez Mira (condenados en el mismo caso por parapolítica); coronel Hernán Mejía Gutiérrez (condenado a 19 años por paramilitarismo y asesinatos extrajudiciales); Juan Pablo Sánchez (representante caldense condenado a 90 meses por vínculos con paramilitares y concierto para delinquir agravado); Mario Nader (senador condenado a 90 meses de cárcel por vínculos con paramilitares); y más recientemente el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el parlamentario andino Óscar Arboleda, de quienes el procurador pidió su libertad inmediata, ambos copartidarios suyos acusados de vínculos con paramilitares.

En medio de esta cadena de exculpaciones, hasta ahora no se ha visto que haya librado de culpa o intercedido por alguien que profese ideas de izquierda. Cabe preguntarse entonces si Ordóñez se resistirá a la humana tentación de enviar al asfalto a un contendor político de la talla de Petro, como ya hizo al destituir al secretario de Gobierno Guillermo Asprilla, o al inhabilitar al exalcalde de Medellín Alonso Salazar por 12 años y a Piedad Córdoba por 18. En el caso de Salazar lo castigó por supuesta intervención en política, pero el castigador no tuvo reparos en asistir al homenaje que hace unos meses le rindió en esa misma ciudad el conservatismo antioqueño en masa, donde le pidieron que se lanzara a la presidencia y el respondió que iba a pensarlo.

Si abordamos el tema religioso, diríase que tiene un peso definitorio muy superior al político y al jurídico, en la medida en que el procurador desde su tesis de grado aboga cual cruzado de Cristo por un Estado Católico, donde “la autoridad viene de Dios y el poder terrenal está limitado por el plan divino”. Esto se traduce en que el hombre se cree iluminado o imbuido de una atribución no emanada de lo corpóreo sino de lo empíreo, que está más allá del bien y del mal y por tanto no obedece a leyes humanas sino a su concepción de la majestad celestial, que le señala el camino a seguir.

Es un hecho irrefutable que todos sus pronunciamientos en temas vinculados con ideas liberales como el aborto terapéutico, el matrimonio homosexual o el consumo de drogas se ajustan al dedillo a sus convicciones religiosas, lo cual daría para pensar que si en el caso del alcalde de Bogotá decidiera dejarlo permanecer en el cargo, estaría traicionando tan sagradas creencias.

Es cosa de locos si se quiere, pero, ¿qué esperar de un individuo que se cree diferente no solo de los otros mortales sino de los demás católicos cuando prefiere escuchar la misa en el rito primitivo practicado por el arzobispo integrista Marcel Lefebvre, en latín y con el sacerdote todo el tiempo de espaldas? Más allá del simple ritual, se trata es del apego a una doctrina contraria incluso a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, muy liberales estas para unos gustos emparentados más bien con las catacumbas de los primeros cristianos.

Así las cosas, ¿qué decisión sensata puede esperarse de alguien que se cree más papista que el Papa?

Lo cierto es que hoy Alejandro Ordóñez representa un serio peligro tanto para la institucionalidad como para la legítima carrera política de Gustavo Petro, pero parece que nadie quisiera tomar el asunto en serio, en cuanto a las implicaciones que tendría que un funcionario de tan alto coturno como el Procurador General de la Nación, en uso de unas atribuciones en apariencia legales pero contrarias a la democracia y al sentido común, siguiera actuando a sus anchas.

¿O será que estamos locos, Lucas?

Twitter: @Jorgomezpinilla

Voto en blanco versus voto obligatorio

Tomado de Semana.com

Los partidarios del voto en blanco deberían primero hacer campaña por imponer el voto obligatorio, porque les resultaría mejor ‘negocio’, tanto a los que solo buscan el lucro económico como a los que honestamente lo asumen como una opción política a impulsar.

En lo económico, el artículo 28 de la Reforma Política permite ahora inscribir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a comités para la promoción del voto en blanco. El resultado ha sido la proliferación de dichos comités en diversas regiones del país, alentados por el dinero que reciben por concepto de reposición de votos, puesto que el voto en blanco entra a la contienda como un candidato más.

En las pasadas elecciones regionales de 2011 se inscribieron 36 grupos de ciudadanos como promotores del voto en blanco. Los casos más llamativos se dieron en Atlántico y Magdalena, donde participaron 13 tarjetones indistintamente para gobernación, alcaldía, asamblea o concejo, y a la cabeza de estos aparecieron personajes de dudosa reputación como el exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos (investigado por peculados y celebración indebida de contratos), mientras que en Magdalena se inscribieron grupos de políticos derrotados en comicios anteriores, con nombres que usaban estrategias de marketing publicitario como “Despierta” o “La voz de la conciencia”.

Al margen de estas expresiones –de claro tinte mercantilista- no se puede negar que el voto en blanco tiene plena justificación democrática, pues es una manifestación activa de rechazo a las opciones existentes en determinada elección. Pero en las condiciones actuales solo juega a favor de los mismos políticos que pretende ignorar, a no ser que existiera el voto obligatorio, como se demostrará a continuación.

El primer elemento a considerar es que los abstencionistas constituyen la primera fuerza política del país. Basta mirar la elección de 2010, cuando Juan Manuel Santos ganó con la más alta votación que hasta ahora ha habido por candidato alguno, 9’004.221 votos, cifra en todo caso irrisoria al constatar que a esa fecha había registrados 29’530.415 colombianos aptos para votar, de donde se advierte que el 69,5 por ciento del Censo Electoral no votó por el presidente actual.

El abstencionismo en toda elección presidencial es superior al 51 por ciento, mientras que en elecciones regionales supera en muchos casos el 70 por ciento, en circunstancia que hace regodear de la dicha a los políticos que triunfan en dichos comicios, pues les basta con acaparar cierta ‘clientela’ para hacerse elegir.

A modo de ejemplo, para elegir a un senador como Eduardo Merlano (el de la prueba de alcoholemia, sí) se necesitaron 37.195 votos, en su gran mayoría heredados de su padre, Jairo Enrique Merlano, exsenador con un vasto poder político en Sucre y puesto preso por sus nexos con el paramilitar Rodrigo Mercado, alias "Cadena". Si asumimos esos casi 38.000 votos como el 40 por ciento de los votantes potenciales, donde el 60 por ciento restante corresponde a los que se abstuvieron de sufragar, tendríamos que si existiera el voto obligatorio, ese candidato habría necesitado una suma aproximada de 100.000 votos para hacerse elegir, o sea que ya no estaría compitiendo con la ‘clientela’ de otros políticos de su región, sino que debería acudir al total de personas aptas para votar.

Este razonamiento opera para todo tipo de elección popular, de modo que para elegir a un concejal, diputado, alcalde, senador o gobernador no bastaría con hacerle una serie de favores a un círculo cercano de personas –que se encarga a su vez de contactar un círculo más amplio para multiplicar los favores y los votos-, sino que se le convertiría en obligación convencer a los que no están dispuestos a canjear su voto. Así las cosas, a muchos políticos no les alcanzarían la plata o los favores para comprar la simpatía de tanta gente.

Una democracia es más actuante cuando se sustenta en la libertad del individuo para votar o abstenerse de hacerlo, es cierto, pero la nuestra es una democracia imperfecta (imperfectísima, para perfeccionar la idea), motivo por el cual el voto obligatorio serviría para derrotar la dañina abstención, así fuera de modo transitorio, mientras el ciudadano aprende a valorar la importancia de su voto. La gente no vota porque cree que los políticos son corruptos, pero es precisamente cuando se abstiene de votar que patrocina la elección de los corruptos, y esto se traduce en que los abstencionistas son los verdaderos idiotas útiles de la corrupción reinante.

Por eso decía arriba que mientras no exista el voto obligatorio, el voto en blanco seguirá jugando a favor de los caciques políticos de turno, en la medida en que los índices de abstención se mantienen y los más perjudicados son los buenos candidatos, o sea aquellos que pretenden acceder al voto de opinión, el cual les es esquivo porque siempre termina triunfando la apatía general hacia “la política”.

A los partidarios honestos del voto en blanco se les convierte entonces en imperativo impulsar primero el voto obligatorio, con el sano propósito de lograr que dejen de imponerse los votos amarrados a las maquinarias electorales.

Una última consideración apunta a que si es un deber pagar los impuestos, con mayor razón debería ser obligación votar en cada elección, al menos mientras la democracia se recompone. Y al que no le gusta que lo obliguen, pues ahí tiene el voto en blanco, para que exprese su protesta.

Lo cierto es que el día que el voto en blanco sea el ganador,  ello ‘obligará’ a invalidar la elección y a barajar de nuevo. ¿Y... no es eso acaso lo que buscan los partidarios del voto en blanco?

Si no es Santos, ¿quién?

Tomado de Semana.com

Es una lástima que la inteligente, atractiva y novedosa propuesta que les hizo Claudia López a las cuatro cabezas visibles de la Alianza Verde (Antonio Navarro, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y John Sudarsky) esté condenada al fracaso. Se trata de una invitación a que renuncien a sus aspiraciones presidenciales y más bien “unan sus esfuerzos y nombres en una lista única al Senado y lideren la conformación de listas a la Cámara de Representantes en todo el país”, con el propósito básico de “proteger y construir la paz de los colombianos”.

Es inteligente la iniciativa porque permitiría llevar al Congreso una bancada con gran fuerza política, atractiva porque con toda seguridad los cuatro serían elegidos (incluida Claudia López a la Cámara), novedosa porque a nadie se le había ocurrido antes, y condenada al fracaso porque para llevarla a cabo se requiere renunciar a vanidades personales para trabajar en función de la unidad y… la palabra unidad se suele extraviar del diccionario de la centro-izquierda colombiana.

En confirmación de la anterior, hasta ahora se han conocido dos reacciones: una de apoyo por parte de Mockus, quien en entrevista para La W dijo que “si las Farc confían en Santos, me parece clave que Santos siga, para concretar la paz”; y otra de rechazo por parte de Navarro, quien a la voz de la propuesta corrió a inscribir su precandidatura, pese a que semanas atrás se había mostrado reacio a medirse en una consulta con Peñalosa y con Sudarsky, este último una opción de gran altura intelectual y académica.

Es comprensible de todos modos la actitud en apariencia ‘divisionista’ de Navarro, pues en caso de aceptar el Progresismo habría quedado diluido como uno más en medio de una coalición por la paz, y lo que quieren Petro y Navarro es llevar a un miembro del desaparecido M-19 a la Presidencia como máxima culminación de su lucha política. Palabra que sí. (Y están en su derecho, ¿no?). Así las cosas, la inscripción de Navarro a la consulta deja ´cojeando’ la propuesta de López, pues habría que lograr que Peñalosa coincidiera con Mockus para que la idea retomara su vigor, en cuyo caso Navarro se quedaría solo en su aspiración a la candidatura.

No por ello se debe dejar de insistir en la validez de la propuesta, sobre todo considerando que su más demoledor efecto sería sobre el uribismo, la más peligrosa fuerza política hoy existente en el escenario nacional, a un punto que no se caería en error al afirmar que representa a la extrema derecha, siendo que la derecha está encarnada en el Partido Conservador. En esto le cabe toda razón a Mockus cuando habló de conformar “La lista”, o sea una de tal importancia que enfrente con éxito a “La lista” del Centro Democrático, que amenaza con quedarse de nuevo con por lo menos el 35 por ciento del Congreso. Y también le cabe razón a Julio Sánchez Cristo cuando en la misma entrevista entendió la idea como el renacer de la Ola Verde, pero ya no a la Presidencia sino al Congreso.

Lo paradójico del asunto es que la Ola Verde surgió precisamente para enfrentar la candidatura ‘uribista’ de Juan Manuel Santos en 2010, mientras que la nueva ola de la Alianza Verde apuntaría hoy a rodear al presidente Santos en sus esfuerzos por enfrentar a los enemigos de la paz, a cuya cabeza está el mismo que hace unos años invitaba a votar por su exministro de Defensa y se refería a Antanas como “un caballo discapacitado”.

Claudia López acierta en su diagnóstico cuando dice que “no hay nada más importante para nuestros ciudadanos, el país y nuestro futuro que terminar la guerra y dedicarnos a construir la paz”.  Y en su propuesta hay si se quiere una coincidencia con el Partido Liberal, en cuanto a que la reelección de Juan Manuel Santos es el camino más viable para lograr que los esfuerzos que viene realizando en torno a la consolidación de la paz lleguen a buen puerto.

Es cierto que Santos no ha dado trazas de ser un hombre en quien se pueda confiar, pero a sabiendas de que en La Habana se ha ido forjando un clima de entendimiento entre las partes que comienza a arrojar resultados, no se puede echar todo por la borda en una competencia electoral cuyo resultado más nefasto sería que en medio de una barahúnda de candidatos se nos colara una tercera presidencia de Álvaro Uribe, esta vez en cuerpo ajeno.

 

El momento político por el que atraviesa Colombia es tan delicado por el desmedido poder que aún conserva la extrema derecha, y a la vez tan promisorio por los avances que se han logrado en La Habana, que todo indica que nos tocaría tragarnos el sapo de una reelección de Santos en aras no sólo de afianzar la paz, sino de neutralizar al engendro que desde la caverna intenta resucitar para hacer realidad sus hasta ahora frustrados planes de venganza.

Sea como fuere, aún falta ver quién saldría elegido como el candidato a la presidencia en la consulta por la Alianza Verde. Si bien se esperaría –por supuesto- un apoyo a la continuidad del proceso de paz, no resulta fácil predecir qué rumbos podría tomar en manos de otro gobierno, ni cuáles serían las acciones que habrían de emprender los enemigos de la reconciliación nacional.

Como quien dice: ¿será mejor malo conocido que bueno por conocer?

¿Quién le teme a Horacio Serpa?

Tomado de Semana.com

En alguna ocasión Horacio Serpa contó cómo en el momento más álgido del gobierno de Ernesto Samper fue invitado por un grupo de “periodistas y autoridades” a una cena, y que allá le pidieron que renunciara al cargo de ministro del Interior, y su respuesta fue “no, por supuesto”.

Esa reunión encierra una importancia crucial para la historia, pues esa noche Serpa tuvo en sus manos la suerte del Presidente y si su respuesta hubiera sido otra (o sea la que los anfitriones esperaban), otra habría sido la suerte de Colombia, no sabemos si para bien o para peor. Serpa contó además que al día siguiente le informó a Samper de todo lo que allí ocurrió y de quiénes habían asistido, y prometió que nunca se lo iba a contar a nadie más, como hasta ahora en apariencia ha ocurrido.

Despierta gran curiosidad saber quiénes fueron los periodistas, pero sobre todo cuáles las “autoridades” allí presentes, pues si lo eran del gobierno de Samper habrían incurrido en una especie de doble militancia, para no hablar de deslealtad o de traiciones, que las hubo y en abultado número. En lo periodístico, se sabe de buena fuente que allí estuvieron entre otros Enrique Santos Calderón y María Isabel Rueda, pero Serpa habló además de “unas personas que no merecían ni merecen ninguna solidaridad de parte mía, aunque había otras que estaban de buena fe”.

No sabemos si ese desaire al otrora todopoderoso grupo de periodistas fue la piedra de toque para el trato que sigue recibiendo de algunos medios, o si esa circunstancia pudo influir para que no hubiera podido alcanzar la presidencia, básicamente porque nunca lo han querido ver como Presidente de Colombia, de modo que siempre se han encargado de forzar o propiciar situaciones que impidan tal eventualidad.

Volviendo a la cena de los ‘conspis’, sé también de buena fuente que en la tarde anterior una de las dos Marías del combo de QAP le dijo a una amiga suya que esa noche habrían de “cenar presidente”. En otras palabras, ella estaba convencida de que ante los argumentos de la propuesta que le iban a hacer, Serpa habría de renunciar a su cargo al día siguiente y ese sería el puntillazo que les faltaba para que Ernesto Samper entregara la Presidencia. Como eso no ocurrió, más de un y una periodista habrían quedado primero aturdidos y luego ‘ardidos’, y eso explicaría el celo con que a partir de esa fecha le han hecho una guerra sin cuartel, como resultado de que su invitado a manteles no respondió a la encerrona como presagiaban sus apuestas.

La oposición mediática a Horacio Serpa –sobre todo de poderosos medios afectos a la derecha política- es un hecho indubitable, y es mayor el prestigio que él solo con su batallar se ha labrado, que el reconocimiento que merece pero que la ‘clase dominante’ se ha negado a concederle. El caso de María Isabel Rueda reviste atención especial, porque ahí es posible hablar de una ‘mala leche’ tan amarga que adquiere ribetes de animadversión, como la que también le tiene ésta a Gustavo Petro.

En lo referente a Serpa, al día siguiente del lanzamiento de su campaña al Senado se le oyó a la Rueda pensando con el deseo cuando en La W dijo que las “revelaciones” de William Rodríguez Abadía “llevarán a que la propuesta del renacer liberal planteada por Simón Gaviria de pronto termine no incluyendo al doctor Horacio Serpa”. Y afirmó a renglón seguido que Rodríguez Abadía “confesó cosas muy graves, como las visitas del entonces ministro Serpa en compañía suya a Fernando Botero (…) para convencerlo de que no contara lo que Botero sabía de la financiación de la campaña de Samper”, y “cómo se le pagó a la Comisión de Acusaciones del momento para que todo quedara enterrado”. Y remata con esta perla: “¿No será que aquí no estamos ante el renacer del Partido Liberal, sino ante el renacer del Proceso 8.000?”

El gran error –ético, ante todo- de la columnista es que asume las declaraciones del narco como la gran verdad revelada, porque es lo que más le conviene a su retorcido interés de atravesársele a la aspiración de Serpa al Senado, acomodando las cosas para hacer creer que tal posibilidad le está vedada. Y no entra a considerar –como lo haría todo periodista responsable- la catadura moral de un individuo que en marzo de 2006 declaró contra su padre ante un juez de Miami para obtener rebaja de la pena, frente a unos delitos de los que fue coautor y cómplice: “es muy difícil para mí, su señoría, porque se trata de mi padre y mi tío, pero acepto cooperar”.

Si un individuo es capaz de vender a su propio padre, ¿no sería a su vez capaz de ‘confesar’ lo que le pidan que diga, a cambio de dinero o de lo que tengan para ofrecerle? ¿Y por qué esas declaraciones se dieron a conocer justo el día del lanzamiento de la campaña de Serpa? Porque fue una trama armada y urdida sobre una fecha específica, con el claro propósito de provocar un efecto político, a lo cual se prestó Vicky Dávila –también de manera irresponsable y antiética- a cambio de un rating.

Sea como fuere, pertenece al reino del absurdo concebir que un político tan sagaz y habilidoso como Serpa iba a dar papaya para que de pronto lo grabaran en compañía del hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, justo en medio de la tormenta por el comprobado ingreso de dineros calientes a la campaña de Samper.

Resulta también traído de los cabellos imaginar a Samper y a Serpa mandando razones a unos mafiosos del Norte del Valle para que asesinaran a Álvaro Gómez (que es lo que “revela” otro narco, alias ‘Rasguño’), como si de puro masoquistas hubieran querido agregarle a los problemas que ya tenían otro más morrocotudo, y como si la muerte del dirigente conservador fuera a representar un alivio para un gobierno sometido a fuego graneado desde todos los frentes. La convicción personal de quien esto escribe  es que a Gómez Hurtado lo mataron porque al hacerlo sería fácil dirigir todas las miradas acusatorias contra Ernesto Samper, mientras una segunda convicción apunta a que hay fuerzas oscuras muy activas que vienen trabajando en forma coordinada para ocultar los verdaderos móviles y autores de dicho asesinato.

Los enemigos de Horacio Serpa se han encargado ahora de resucitar el Proceso 8.000, porque es lo que tienen más a la mano para atacarlo y hacerle daño en su aspiración al Senado. No es extraño que la mayoría de críticas y andanadas de odio provenga de los sectores más afectos a Álvaro Uribe Vélez, su principal rival en la contienda electoral que se aproxima, a sabiendas de que su presencia en el Congreso podría hacerle un fuerte contrapeso o incluso opacar con su oratoria y su dialéctica la figura del caudillo de la extrema derecha.

Son si se quiere dos imágenes golpeadas las de Serpa y Uribe, uno por cuenta de servirle con lealtad a un gobierno cuyo presidente se negó a reconocer la responsabilidad política implícita en haberse rodeado de personas como Fernando Botero o Santiago Medina, y otro porque se niega a aceptar la responsabilidad penal implícita en haberse rodeado de sujetos como Jorge Noguera, Salvador Arana, Álvaro García o los generales Mauricio Santoyo, Flavio Buitrago o Rito Alejo del Río, para mencionar tan solo a los condenados por homicidios, desapariciones, masacres o narcotráfico.

Son dos concepciones antagónicas de la política y del mundo las que allí se enfrentan, y cuando aún no ha sonado la campana se percibe que una de las dos partes ya está practicando la guerra sucia o lanzando golpes bajos, que es como a la sibilina María Isabel Rueda le gusta poner a rodar su juego.

Twitter: @Jorgomezpinilla