En lo jurídico, el hoy ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se
refirió hace unos meses a la facultad concedida al Ministerio Público para despojar
de su investidura a personas elegidas popularmente: “carece de sentido que
existiendo otros mecanismos en la propia Constitución, un funcionario elegido
por el Congreso pueda por vía disciplinaria decretar la muerte política de
alguien democráticamente elegido”.
Es cierto que la Corte Constitucional avaló en reciente
pronunciamiento la potestad que la Constitución le dio al Ministerio Público
para investigar y sancionar a congresistas, gobernadores o alcaldes, pero no
por ello deja de ser contrario a la lógica que un funcionario de la rama
judicial pueda impugnar la voluntad popular basado en razones administrativas y
sin que haya la condena previa de un juez, en cuyo caso sí habría sustento penal
y acusatorio. Baste citar lo ocurrido con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, donde
por estar enfrentada a las empresas concesionarias del aseo se dejó de recoger
la basura durante diez días, pero a ningún español se le pasó por la cabeza que
había que destituirla.
En Colombia lo jurídico tiende a confundirse con lo político, y la
pregunta del millón es si con semejante poder para destituir a diestra y siniestra,
el procurador consideraría ser tan magnánimo o indulgente con Gustavo Petro como
lo ha sido con sus copartidarios o personas afines a su pensamiento.
Y la respuesta llega en forma de cita bíblica: “por sus obras los
conoceréis” (Mateo 7-15:20). Sería injusto no reconocer que Ordóñez ha batido
récord en destituciones, inhabilidades y peticiones de condena para políticos
que han incurrido en actos ilegales, pero brilla a su vez con luz propia el
rosario de perdones o solicitudes de perdón que ha proferido a favor de
políticos conservadores, militares o funcionarios que comulgan con sus tesis
doctrinales de derecha, como lo acredita con peso documental una columna de Juan
Pablo Barrientos en El Espectador, titulada “Los
perdones del procurador” (noviembre 18-2013).
Allí el periodista –miembro de la Mesa de Trabajo de La FM- muestra en
meticuloso recuento cronológico los casos donde el procurador ha librado de
culpa o abogado a favor de personas como Álvaro Araujo (condenado a 9 años de
prisión porque "hacía parte de una estructura criminal y sus nexos con
Jorge 40".); Iván Díaz Mateus (paisano suyo y conservador, condenado a 72
meses de prisión por la yidispolítica); Alfonso Plazas Vega (condenado a 30
años de prisión por la desaparición de 11 personas); Mario Uribe (primo de
Álvaro Uribe, condenado a 7 años y seis meses por paramilitarismo); Mauricio
Pimiento (senador de la U, condenado a siete años por vínculos con
paramilitares); general Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años de prisión
por desaparición forzada); Humberto de Jesús Builes (senador antioqueño
condenado a 90 meses por vínculos con paramilitares); Oscar Josué Reyes
(conservador, condenado a 90 meses por concierto para delinquir); Javier
Cáceres, (condenado a nueve años por parapolítica); Fuad Rapag y Óscar Suarez
Mira (condenados en el mismo caso por parapolítica); coronel Hernán Mejía
Gutiérrez (condenado a 19 años por paramilitarismo y asesinatos
extrajudiciales); Juan Pablo Sánchez (representante caldense condenado a 90
meses por vínculos con paramilitares y concierto para delinquir agravado);
Mario Nader (senador condenado a 90 meses de cárcel por vínculos con
paramilitares); y más recientemente el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo
Ramos y el parlamentario andino Óscar Arboleda, de quienes el procurador pidió
su libertad inmediata, ambos copartidarios suyos acusados de vínculos con
paramilitares.
En medio de esta cadena de exculpaciones, hasta ahora no se ha visto que
haya librado de culpa o intercedido por alguien que profese ideas de izquierda.
Cabe preguntarse entonces si Ordóñez se resistirá a la humana tentación de
enviar al asfalto a un contendor político de la talla de Petro, como ya hizo al
destituir al secretario de Gobierno Guillermo Asprilla, o al inhabilitar al
exalcalde de Medellín Alonso Salazar por 12 años y a Piedad Córdoba por 18. En
el caso de Salazar lo castigó por supuesta intervención en política, pero el castigador
no tuvo reparos en asistir al homenaje que hace unos meses le rindió en esa
misma ciudad el conservatismo antioqueño en masa, donde le pidieron que se
lanzara a la presidencia y el respondió que iba a pensarlo.
Si abordamos el tema religioso, diríase que tiene un peso definitorio muy
superior al político y al jurídico, en la medida en que el procurador desde su tesis
de grado aboga cual cruzado de Cristo por un Estado Católico, donde “la
autoridad viene de Dios y el poder terrenal está limitado por el plan divino”. Esto
se traduce en que el hombre se cree iluminado o imbuido de una atribución no emanada
de lo corpóreo sino de lo empíreo, que está más allá del bien y del mal y por
tanto no obedece a leyes humanas sino a su concepción de la majestad celestial,
que le señala el camino a seguir.
Es un hecho irrefutable que todos sus pronunciamientos en temas vinculados
con ideas liberales como el aborto terapéutico, el matrimonio homosexual o el
consumo de drogas se ajustan al dedillo a sus convicciones religiosas, lo cual
daría para pensar que si en el caso del alcalde de Bogotá decidiera dejarlo
permanecer en el cargo, estaría traicionando tan sagradas creencias.
Es cosa de locos si se quiere, pero, ¿qué esperar de un individuo que
se cree diferente no solo de los otros mortales sino de los demás católicos
cuando prefiere escuchar la misa en el rito primitivo practicado por el
arzobispo integrista Marcel Lefebvre, en latín y con el sacerdote todo el
tiempo de espaldas? Más allá del simple ritual, se trata es del apego a una
doctrina contraria incluso a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, muy
liberales estas para unos gustos emparentados más bien con las catacumbas de
los primeros cristianos.
Así las cosas, ¿qué decisión sensata puede esperarse de alguien que se
cree más papista que el Papa?
Lo cierto es que hoy Alejandro Ordóñez representa un serio peligro
tanto para la institucionalidad como para la legítima carrera política de
Gustavo Petro, pero parece que nadie quisiera tomar el asunto en serio, en
cuanto a las implicaciones que tendría que un funcionario de tan alto coturno
como el Procurador General de la Nación, en uso de unas atribuciones en
apariencia legales pero contrarias a la democracia y al sentido común, siguiera
actuando a sus anchas.
¿O será que estamos locos, Lucas?
Twitter: @Jorgomezpinilla
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