Peñalosa está obligado a renunciar

Tomado de El Espectador

¿Qué pasa si usted se casa con una mujer que le dice que es Economista de la Javeriana, y veinte años después descubre que en realidad estudió seis semestres de Finanzas en la San Marino? ¿No le entrarían como ganas de pedirle el divorcio, al sentir que su confianza fue traicionada desde el primer día?

Algo parecido ocurre con la mentira en la que cayó de plancha nuestro ex querido alcalde Enrique Peñalosa, después de que se supo que desde hace casi treinta años figuró en su hoja de vida un doctorado de la “Université de Paris II” que no tenía. Esto se traduce en que traicionó en forma reiterada la confianza del electorado que en dos ocasiones lo eligió alcalde de Bogotá, y eso implica una responsabilidad política, falta ver si también legal.

El engaño fue descubierto por Juana Afanador y Carlos Carrillo y revelado en una documentada columna para El Espectador (El tal doctorado de Peñalosa no existe), donde cuentan que en la Universidad de Paris II no está registrada la tesis que acreditaría el título. A esta publicación le hizo eco la misma revista Semana que tanto lo venía defendiendo, en un artículo que reproduce las solapas de dos libros de su autoría con la reseña del tal doctorado. Es de elemental sentido común que él tuvo que revisar las solapas antes de su publicación, o sea que en ambos casos avaló la mentira. Y dice Semana que “el tema no es de poca monta, porque un título de ese calibre representa logros académicos que no cualquiera puede ostentar”. (Ver artículo)

Frente a esto su oficina de Prensa –porque él no puso la cara- salió con que “Enrique Peñalosa nunca ha dicho, él personalmente, tener un doctorado. La aparición del “doctorado” en la página web www.bogota.gov.co fue introducida por un periodista que hizo la tarea de escribir todos los perfiles del nuevo gabinete que llegaba. Pudo haber sido una mala interpretación del título DESS en Administración Pública de la Universidad de París. El error ya fue corregido”.

El problema de fondo reside en que es muy fácil demostrar que Peñalosa sí ha abierto la boca para decir que tiene un doctorado, comenzando no más por lo que el año pasado le contó al periódico O Globo do Brasil: “Formei-me economista e historiador, com Ph.D. em Paris”. Traducción: “Me formé como economista e historiador, con Ph.D. en París”, donde Ph.D. traduce doctorado. (Ver entrevista). Ahí mintió, con conocimiento de causa.

Y la mentira se hace más protuberante cuando se sabe que el 8 de abril pasado el tuitero Vicko Dávila (@eldeltapabocas) se dirigió al senador Carlos Fernando Galán para mostrarle un enlace de Youtube donde le dice que “¡En el minuto 1:03 del video promocional de campaña sale que tiene doctorado!!!” (Ver trino). Se refería a la reciente campaña de Peñalosa a la alcaldía, y con ello Vicko respondía a un trino de Galán donde dijo que “aquí está la hoja de vida que Peñalosa presentó a la Función Pública, para que dejen de mentir”. (Ver trino de Galán).

No sabemos si fue el propio senador de Cambio Radical quien de inmediato ordenó retirar el video, pero lo cierto es que cuando unos minutos después de su publicación hice clic en el enlace, apareció un pantallazo donde se lee que “El usuario ha suprimido este video”. (Ver pantallazo). Esto significa que procedieron raudos a ocultar el hallazgo, o sea que ya no solo Peñalosa sino su entorno más cercano, incluido por supuesto el senador Galán, serían cómplices al menos del ocultamiento de una evidencia.

La oficina de Prensa de la Alcaldía de Bogotá remató su comunicado indicando que “el error ya fue corregido”, pero habría que preguntar entonces por qué el día de su posesión se escucha al presentador oficial del evento, Humberto Rodríguez, decir ante una abarrotada Plaza de Bolívar que “hizo estudios de doctorado en Administración Pública en Francia”, y Peñalosa no lo interrumpe para corregirlo del error, del mismo modo que tampoco corrige al periodista Víctor Carrillo cuando lo entrevista y delante de él dice que “tiene un doctorado en Administración Pública de la Universidad de París”. Las dos escenas anteriores están en un video de @CarlosCarrilloA que también recoge la imagen que quisieron desaparecer del video de la campaña, e incluye un repaso de las numerosas hojas de vida o reseñas de medios donde aparece con doctorado. (Ver video).

Carlos Carrillo es el mismo que escribió el artículo ‘Peñalosa y su trancón de intereses’, donde pretende demostrar que el repitente alcalde es el mayor promotor de Transmilenios y de autobuses Volvo en el mundo, y en cumplimiento de tal misión ha actuado como presidente del ITDP (Institute for Transportation and Development Policy), y por este concepto “el ITDP le ha girado directamente 468.394 dólares, a cambio de hoy unos 1.500 millones de pesos”. (Ver artículo) Tanto fundamento tendrá el artículo de Carrillo, que fue citado por Daniel Coronell en su columna del pasado 13 de febrero, titulada Condenados al bus, donde anunció que se trataba de “un muy interesante trabajo –publicado en algarete.com.co– del cual tendremos que hablar en detalle”. (Ver columna de Coronell).

Pero nos estamos saliendo del tema, porque se trata es de lamentar que con Enrique Peñalosa estemos frente a un mentiroso contumaz, como quedó plenamente demostrado. Mi humilde opinión entonces es que desde lo ético –para no hablar del pundonor- Enrique Peñalosa está obligado a renunciar a la alcaldía de Bogotá. Seguramente no lo hará, pero después no pregunte si se convierte de nuevo en el hazmerreír de quienes lo pusieron a hacer planas por colarse no en Transmilenio, sino en un sitial académico que nunca le correspondió. (Ver lo de las planas).

DE REMATE: La columna de Yohir Akerman del domingo pasado (Mentiras académicas) muestra casos de personas que mintieron en su currículum y en consecuencia renunciaron o los echaron. Entre esos el presidente y CEO de Yahoo! Inc, Scott Thompson, quien agregó un título inexistente en contabilidad (ni siquiera un doctorado) y fue despedido con este argumento: “si el señor Thompson embelleció sus credenciales académicas, creemos que: 1) socava su credibilidad como un experto y 2) refleja fallas en su liderazgo y en su carácter de dirigente”. Si eso es al presidente de una empresa privada, menos se le puede permitir a quien ocupa con una falsa credencial el segundo cargo más importante de Colombia.

Lo que faltaba: la guerrilla uribista

Tomado de El Espectador

En este conflicto armado que amenaza con agravarse, tienen razón los que decían que convenía iniciar también conversaciones de paz con las fuerzas que representa Álvaro Uribe. A la par que se desmovilizan las FARC y el ELN asistimos a  la consolidación de un movimiento guerrillero neoparamilitar, que se expande con la intención de remplazar a esos grupos y ocupar territorio, hacia el objetivo estratégico de recibir tratamiento político en un futuro.

Son tres las agrupaciones que en este escenario hacen sentir su accionar desde que ocurrió la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia: 1) Las Autodefensas Gaitanistas (AGC), que los medios identifican como el clan Úsuga o los Urabeños; 2) Los Rastrojos o Rondas Campesinas Populares (RCP), creados por Wilber Varela alias "Jabón"; y 3) Las Águilas Negras, que agrupan a los paramilitares que no quisieron desmovilizarse, entre ellos Vicente Castaño. Cada uno de estos grupos tiene presencia en 119, 76 y 39 municipios respectivamente, para un total de 234 municipios ‘influenciados’.

El paramilitarismo en Colombia no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de una alianza entre empresarios y ganaderos que ponían la plata, mientras sectores militares de extrema derecha armaban, protegían y capacitaban a esos grupos para que hicieran el trabajo sucio de ejecutar masacres sobre cualquier vereda o pueblo del que se sospechara que apoyaba a guerrilleros, en función de lo que ellos llamaban “quitarle el agua al pez”. Eran acciones de corte terrorista, pues se trataba de sembrar el terror para cortar con baños de sangre cualquier posible vínculo anterior o futuro entre pobladores y guerrilla.

La verdad monda y lironda es que estos grupos no desaparecieron, porque el enemigo al que querían aplastar tampoco desapareció. Y en consideración a que podían requerir nuevamente de sus servicios (como viene ocurriendo), lo que hicieron fue disminuir el número de efectivos bajo la tramoya de una negociación en Ralito, pero se dejó intacta su capacidad bélica. Esta es precisamente la que hoy renace al son del paro armado que inmovilizó a 36 municipios de cinco departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó) como antesala de la ‘celebración’ de la marcha uribista del pasado 2 de abril, a la que invitaron con panfletos intimidatorios tanto el clan Úsuga como Las Águilas Negras.

 

En este contexto es bien diciente lo que le dijo Uribe a Noticias RCN desde Medellín, la ciudad donde fue más concurrida la marcha: “Le dan impunidad a un grupo, aparece otro. Así Colombia no saldrá de la violencia, y nos ayuda a crear conciencia sobre el efecto destructor de la corrupción”. Luego, el mismo periodista-activista que encabezó su nota diciendo “es incalculable el número de personas que se sumaron a esta gran protesta nacional”, retomó las palabras de Uribe para señalar que “el paro armado en Colombia obedece a la corrupción que el gobierno ha ofrecido, impunidad que ha alimentado el poder de las estructuras criminales”. Y a continuación el reportero dio paso de nuevo a las palabras de Uribe, quien dijo casi lo mismo que segundos antes, como si quisiera recalcar el libreto en ese punto específico: “Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros. Cuando se le da impunidad a un grupo narcoterrorista, los demás se sienten autorizados para escalar el delito”. Ojo: “autorizados”.

¿Y cuál creen que fue el titular que le encontró el noticiero que dirige Claudia Gurisatti? Un cuarto eco para la misma idea: "Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros": Uribe durante marcha”. (Ver nota de RCN). No se requiere ser semiólogo para advertir que en esta reiteración semántica se aprecia un mensaje subliminal de justificación y apoyo, tanto al grupo organizador como al paro armado que había terminado el día anterior. Y hay además una amenaza intimidante, cuando el senador Uribe anuncia que “Colombia no saldrá de la violencia”.

Pero fijémonos sobre todo en la justificación, porque allí da a entender que si fue posible negociar con un grupo narcoterrorista de izquierda, igual se requerirá un día negociar con el grupo narcoterrorista de derecha que no solo patrocinó su marcha sino que puso especial empeño logístico en Córdoba, cuna del paramilitarismo en Colombia y sede de la hacienda El Ubérrimo, al ladito de Montería, paralizada 24 horas antes por ese reducto paramilitar del que el expresidente no se puede sentir orgulloso de haber desmovilizado, pero que tanto le ha ayudado a su proyecto desde la trastienda.

El gobierno de Juan Manuel Santos cometió un grave error cuando subestimó el tal paro armado y no militarizó la región para garantizar la movilidad de los ciudadanos, con lo cual le dio pólvora al uribismo, al capitalizar este a su favor la ausencia del Estado en tan crucial momento. La militarización de la vida civil se dio entonces desde la otra orilla, y a las Fuerzas Armadas se les vio asumir un papel omisivo, o cobarde, o… ¿de repliegue táctico?

Sea como fuere, estamos ante un fenómeno neoparamilitar que amenaza con crecer si no se le pone a tiempo su tatequieto, porque asume como propia la doctrina de la Seguridad Nacional que identifica en líderes populares y gente de izquierda al ‘enemigo interno’ que se debe destruir, como en efecto ha comenzado a ocurrir de nuevo. Ya el editorial de El Espectador del 2 de abril (Andan sueltos los jinetes de la muerte) alertaba sobre el alto número de “asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, activistas de tierras y en general líderes de izquierda afines al proceso de paz”, mientras el alto comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, advertía que “casi la mitad de estas personas están relacionadas con el Partido Comunista, la Marcha Patriótica o la UP”. Demasiada coincidencia, sin duda.

El neoparamilitarismo llega con la consigna de sembrar zozobra, y esa zozobra le cae como anillo al dedo al propósito de las fuerzas oscuras interesadas en demostrar que nunca se debió negociar con los terroristas de izquierda, porque ellos, los terroristas de la derecha, persistirán en su propósito de aniquilar al enemigo desmovilizado, u obligarlo a regresar al monte.

Mejor dicho, bonito posconflicto el que nos espera con estos nuevos aliados del ‘guerrero’ Álvaro Uribe Vélez…

DE REMATE: El cubrimiento que hizo RCN Noticias de la marcha uribista fue vergonzoso: cambiaron el periodismo decente por el más impúdico proselitismo político. Le dedicaron la primera media hora a la marcha. La segunda noticia fue el anuncio del presidente Santos referido a que no habrá racionamiento. Duró dos minutos. Me apiado de los pobres periodistas a quienes obligan a hacer propaganda de exaltación al uribismo a cambio de vergonzosos sueldos.

El Country Club le ganó la partida a Peñalosa

Tomado de El Espectador

Hace unos días vino a mi memoria una reunión de la que fui testigo el 26 de septiembre de 2007, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue sacado casi a empellones del salón comunal del barrio La Carolina, después de que le dijo a un nutrido grupo de residentes de ese sector que el Country Club se tenía que ir de ahí porque “el problema no es político, sino administrativo”.

Esa declaración sin anestesia despertó la ira de los encopetados asistentes, quienes no iban a permitir que los terrenos de su exclusivo club social –con dos canchas de golf de 18 hoyos cada una- se les llenara de “guisos echando pola”. Así que lo obligaron a abandonar el recinto en medio de rechiflas, al calor de vivas a Samuel Moreno, el candidato de los pobres…

En ese momento Peñalosa era partidario de continuar con el Plan de Reordenamiento del Country Club expedido por Antanas Mockus en 2003, que incluía la construcción de un parque en la cancha de polo (lo único que se hizo), y en una segunda etapa la construcción de un gran parque en el 61 por ciento del terreno restante, unas 82 hectáreas, con lo cual desaparecerían los campos de golf y se le daría continuidad a la carrera 15 hacia el norte, que hasta el día presente desemboca en la portería de dicho club. En una tercera etapa el 30 por ciento restante del terreno iba a ser entregado a los socios, para que desarrollaran proyectos urbanísticos de vivienda.

La prueba de que Peñalosa era partidario de sacar de ahí al Country Club me la dio él mismo cuando por esos días le pregunté –para mi periódico El Sábado Cedritos- si se mantenía en la idea de expropiar esos terrenos por vía administrativa, y esto me respondió: “Hay que aplicar los mecanismos que permitan pagar por los terrenos con el cambio de uso de una pequeña parte, que se urbanizaría. Estoy convencido de que la conversión del Country y Los Lagartos en parques haría de Bogotá una ciudad mucho más igualitaria y feliz”. Y dijo además que “es absolutamente seguro que (el Country Club) se va a destaponar”. Fue así como Peñalosa conquistó mi voto en 2007, convencido como estaba –y estoy- de que ese millón de metros cuadrados al servicio exclusivo de unos pocos, está ‘taponando’ el desarrollo urbanístico del sector.

Es bien llamativo que el tema del Country Club no se hubiera ventilado para nada en la última campaña a la alcaldía, y que desde su triunfo en octubre pasado no se conociera ningún pronunciamiento de Peñalosa al respecto. Con base en lo anterior solicité una entrevista por intermedio de su jefe de Prensa, Yesid Lancheros, para tratar el tema del Country Club, en busca de saber si el alcalde persistía en el empeño de mandarlos con sus palos de golf a otra parte. (Ver columna que en 2008 escribí al respecto, Música de réquiem para el Country Club, y escuchar entrevista que me hizo Julio Sánchez Cristo con motivo de esa columna).

Pasaron los días hasta completar tres semanas y, ante la ausencia de respuesta, le envié un amable recorderis a Lancheros. Él con presteza me respondió ese mismo día, con un link o enlace donde informaba que “en esta entrevista con Semana Peñalosa habló de su postura frente al tema del Country”.

Me alegré al saber que por fin se resolvería tan enigmático silencio, pero la dicha duró hasta cuando, ante la pregunta “¿Sigue con la idea de expropiar el Country para hacer un gran parque?”, vi que así respondía: “Tenemos que terminar de hacer un parque en las siete hectáreas de la cancha de polo que compró el Distrito. (…) A largo plazo no se puede descartar que se haga un parque en los demás terrenos del Country, pero no será en mi Alcaldía”.

Espero estar equivocado, pero esto parece traducirse en que Peñalosa mató el tigre y se asustó con el cuero. O que prefirió tragarse los insultos que había recibido ocho años atrás, con tal de no perder esos votos. En este contexto, la expresión “no será en mi Alcaldía” funcionó como el sedante que los tranquilizó y les hizo entender que durante los cuatro años siguientes podrán seguir jugando sus 18 hoyos sin interrupción alguna.

El Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital está en su derecho de aplazar determinados proyectos y darles prioridad a otros, por supuesto. Pero en consideración a que años atrás enarbolaba la retirada del Country Club como un inamovible, si no quiere despertar suspicacias le convendría explicar por qué decidió meter al congelador tan importante proyecto de desarrollo urbanístico para la ciudad.

Lo sorprendente reside en ver hoy a Peñalosa haciendo lo mismo que hizo Samuel Moreno después de que en plena campaña electoral, tras la celebración de los 90 años del Country Club (a la que no fue invitado Peñalosa pero sí William Vinasco) salió comprometido a congelar el tema durante los cuatro años de su administración, a cambio de nutridos votos.

En columna anterior, a raíz de que Enrique Peñalosa anunció tren elevado por la Caracas y metro subterráneo en el trayecto del norte, afirmé que con ello estaría demostrando que no es un traidor a su clase. Lo del Country Club lo reconfirma, con el agravante de que la traición es para los habitantes del norte de Bogotá que en su movilidad se siguen viendo afectados por la presencia monolítica de ese club en tan extensa y ‘taponadora’ extensión.

DE REMATE: Hubiera querido referirme también a la salida en falso del alcalde cuando calificó de “irrelevante” que su Secretario de Planeación posea un terreno de 2.000 metros cuadrados en la reserva Van Der Hammen, pero luego dirán que ya son ganas de montarla. Así que me abstengo.

Una verdad explosiva de Frechette, el ‘gringo maluco’

Tomado de El Espectador

Lo más interesante del libro del notable periodista Gerardo Reyes donde ‘Frechette se confiesa’, es que si al lector le diera por ponerse de detective descubriría en sus páginas más de una verdad altamente explosiva. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper le habla a Pedro para que entienda Pablo, y en ciertos temas es más lo que oculta adrede que lo que cuenta, pero va dejando pistas sobre asuntos cuyos velos no puede descorrer del todo, quizá por haberse enterado de ellos en condición de diplomático.

Siguiendo el orden del libro, lo primero que salta a la vista es una revelación sobre Fernando Botero Zea, ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper y preso en un batallón del Ejército por lo del proceso 8.000. De él, con su habitual tono de virrey cuenta que “en ciertas cosas hacía exactamente lo que habíamos acordado”. Sin embargo esa no es la revelación, sino cuando deja escapar que “Botero tenía tres amantes en la prisión y a las tres les había dicho que se iba a casar con ellas”. (Pág. 68).

Esto es muestra de cómo durante esos años azarosos Frechette fue la persona mejor informada que había en Colombia, al punto de conocer hasta la minucia de lo que conversaba tan encopetado preso en su confortable sitio de reclusión. Y es cuando el capcioso lector se pregunta dos cosas: por qué revela una información tan privada, y cómo hizo para obtenerla. En respuesta al segundo interrogante se atreve uno a sospechar que todo el tiempo estuvieron grabando a Botero, una tarea por cierto muy fácil.

Antes de entrar en materia, hay otro tema que también se inscribe en el melodrama: es cuando Frechette cuenta que el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa –el mismo que acuñó la expresión ‘gringo maluco’-, y la madre del embajador “se entendieron como palomitas. Un día vino a tomarse el desayuno y empezó a hablar con mi mamá, ella muerta de la risa con los chistes de él. ¡En mi casa con mi mamá!” (Pág. 86). Ahí no para la infidencia, porque en la página siguiente revela que “mi mamá estuvo por ahí dos o tres semanas, creo que se vieron por segunda vez y pasó la misma cosa”. Y aquí de nuevo el lector capcioso se sorprende con ese “creo que”, porque hace pensar que no estaba muy seguro de dónde estuvo la mamá durante los días de su visita, pero sí lo tenían bien ‘dateado’ sobre las cosas que Botero Zea conversaba con sus amantes. Y no lo decimos en plan de mala leche, no, sino para brindar claridad en que cualquier información sobre Colombia que necesitara el representante de la nación más poderosa del mundo, tenía los medios para acceder a ella.

Y ahora sí, entremos en materia: lo que en ese libro más llamó la atención de este inoficioso lector está en la página 58, donde Reyes le pregunta a Frechette quién estuvo detrás del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, y él se refiere a unos militares que “le habían pedido que encabezara un gobierno que sería formado después de un golpe de Estado contra Samper”. Y en lo que podría interpretarse como un lapsus (o como una carga profunda) dice, no a manera de hipótesis sino ya de afirmación: “ellos, los militares jubilados, le pidieron a él que encabezara ese gobierno y él lo ponderó por algún tiempo, le puso cabeza pero finalmente dijo que no, entonces fue que lo mataron. No tan solo por desquitarse por lo que ellos consideraban una traición, sino también para cerrarle la boca. Porque si por alguna razón el gobierno hubiera podido jalarle la lengua, de pronto se van todos ellos al calabozo”.

Más adelante menciona al general Harold Bedoya –ex comandante de las Fuerzas Militares- a quien se refiere en estos términos: “¿Se acuerda de la carátula de Semana con el titular Ruido de sables? El general Bedoya, todo eso”. Esa misma carátula -de julio de 1995, cuatro meses antes del asesinato de AGH- la mencionó en entrevista a la W Radio, con una insistencia que pareciera encerrar un acertijo. (Ver entrevista).

En este escenario no puede quedar por fuera lo que el 23 de enero de 2015 le respondió Frechette a Juan Carlos Iragorri, de NTN24, ante la misma pregunta de Reyes: “Creo que fueron algunos derechistas y militares los que pensaron en eso, quienes habían hablado con Álvaro Gómez de un posible golpe que se venía discutiendo mucho en Bogotá”. (Ver entrevista).

La diferencia entre una y otra versión reside en que en la primera entrevista –la de Iragorri- se refiere a “algunos”, mientras en la de Reyes ya habla de “los militares jubilados”, y hasta donde sabemos “los” militares retirados están agrupados en ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, de la que el general Bedoya hoy forma parte en condición de jubilado.

Si quisiéramos meterle mayor intriga a la trama desplegada por el embajador, basta ir a la página 109, donde afirma que a su embajada “llegó una persona bastante distinguida de la sociedad colombiana y me dijo embajador, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe contra Samper”? La única debilidad que presenta el libro de Gerardo Reyes es que olvidó preguntarle a su entrevistado quién fue tan anónimo y misterioso personaje, pues ahí podríamos estar ante el eslabón perdido que enlazaría el crimen de Álvaro Gómez con sus verdaderos autores.

La impresión final que deja la lectura de ‘Frechette se confiesa’ es que él sabe quiénes fueron los que asesinaron a Álvaro Gómez, pero no puede revelarlo. Y es por ello que prefiere dejar ciertos cabos sueltos, como sin querer queriendo, a ver si un día de estos aparece un Fiscal General de la Nación bien corajudo, sin veleidades políticas, que le dé por unir esos cabos (o generales, si es el caso), y enrumbar la investigación por donde debe ser.

Duélale a quien le duela, hasta llegar a la verdad.

Un millón de voces contra Álvaro Uribe

Tomado de Semana.com

En mi columna de la semana pasada me referí a la marcha que Álvaro Uribe Vélez promueve para el 2 de abril diciendo que “la salida a las calles es una necesidad para defender la democracia”. Frente a eso afirmé que “es una necesidad, sí, pero no para defender la democracia sino para su proyecto desestabilizador”. (Ver columna) Y en asunto de marchas recordé la del 4 de febrero de 2008, cuando verdaderos ríos humanos colmaron las principales ciudades del país exigiendo a grito herido “No más FARC”.

La organización de aquella primera marcha surgió como una iniciativa ciudadana de repudio contra esa guerrilla, después de que el 4 de enero de ese año se frustró el intento de liberación de Clara Rojas. Fue entonces cuando el barranquillero Óscar Morales creó un foro en Facebook para invitar a sus amigos a juntar "un millón de voces contra las Farc". El llamado se regó como pólvora hasta trascender las fronteras, y fue así como además de las atiborradas capitales nacionales ese 4 de febrero hubo concentraciones de colombianos indignados en Nueva York, Washington, Dubai, Estambul, Tokio, Nueva Delhi, Tel Aviv, Río de Janeiro, Buenos Aires, París, Londres o Munich, 163 ciudades en total.

Ocho años después de esa marcha la seguidilla de escándalos, investigaciones, capturas y condenas entre los allegados a Uribe –que remató con la orden de detención a su hermano Santiago- permite pensar que las cosas son a otro precio para el hoy senador del Centro Democrático, porque ya mucha gente no le come cuento. La prueba es que cuando su bancada se declaró en rebeldía  y ‘marchó’ sobre el Palacio de Nariño para exigir la renuncia del “dictador”, la indignación solo contagió a sus guardaespaldas y a cuatro pelagatos.

La diferencia entre la marcha del 4-F y la del próximo 2 de abril es que la primera expresaba el rechazo casi unánime del país al secuestro de civiles por parte de las FARC. La segunda por el contrario obedece a la urgencia que tiene Uribe de meterle pueblo a su pretensión de distraer con acusaciones contra el gobierno las fundamentadas acusaciones que les hace la justicia a su hermano, a sus hijos y a su partido, a este último por el espionaje que en la campaña de 2014 le ordenaron realizar al hacker Andrés Sepúlveda y a otras “células” para tratar de abortar el proceso de paz, lo cual si se hubiera concretado les habría dado el triunfo, como se lo dio a Uribe el fracaso del Caguán. (Ver declaraciones de Sepúlveda).

Es precisamente eso lo que hoy tiene a Óscar Iván Zuluaga –también- a las puertas de la cárcel, motivo por el cual huyó –también- a otro país, como en su momento lo hicieron María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo y Luis Alfonso Hoyos, acusado este último por lo mismo que se investiga a OIZ: concierto para delinquir, violación de datos personales y uso de software malicioso.

El uribismo en abigarrada cohesión, que incluye a sus corifeos en columnas de prensa o en medios como RCN, se ha alzado en pie de lucha para encubrir lo que en el ámbito jurídico se conoce como una “empresa criminal”, nombre este que la Corte Suprema les dio a las chuzadas del DAS pero se hace extensivo a todos los investigados y condenados por concierto para delinquir.

En la columna arriba citada sugerí que el CD más bien debería llamarse Fuerzas Uribistas Reaccionarias de Colombia (FURC). En consonancia, se hace urgente que los colombianos que se oponen a ese proyecto sedicioso –al cual se le da camuflaje de político- se manifiesten y hagan sentir su voz de protesta. No se puede permitir que en busca de conseguir impunidad para su familia y sus allegados más cercanos (y lejanos), el expresidente arrase con la justicia y con la credibilidad que todavía les queda a las instituciones.

Con motivo de esa columna, espontáneos como Luz Marina Arango en Facebook o Federico Gärtner y Emma Flood en Twitter (a quienes no conozco en persona) se lanzaron al ruedo de las redes sociales a proponer una marcha que permita pasar “de la indignación a la acción”, y en tal medida contribuya a contrarrestar semejante proyecto reaccionario, cómplice de actividades criminales, parte de cuya rufianesca dirigencia hoy es prófuga de la justicia.

Si hubiera que buscar una justificación adicional, sorprende cómo en coincidencia con la captura del ‘apóstol’ de Yarumal se ha desatado una ola de asesinatos de dirigentes populares, que la revista Semana definió como el regreso del fantasma paramilitar y haría pensar en los coletazos de una bestia herida, a modo de advertencia tanto de lo que les puede pasar a los guerrilleros desmovilizados tras la firma de los acuerdos de paz, como del poder ‘subversivo’ de la Mano Negra.

Nunca antes en mi vida he participado en la organización de ninguna marcha –aunque sí he asistido a manifestaciones- pero he decidido acoger en esta columna las voces de quienes proponen convocar a una movilización masiva en rechazo a la cada vez más peligrosa extrema derecha, hoy convertida en una jauría de perros rabiosos domesticada y envalentonada por el accionar conspirativo del expresidente Álvaro Uribe.

Propongo que la marcha nacional en cuestión se realice el sábado 9 de abril, y si bien su nombre está por definir (se escuchan sugerencias), la idea central es que logremos aglutinar más de un millón de voces contra Uribe y sus FURC.

DE REMATE: Debe quedar bien claro que no es una manifestación de apoyo al gobierno, pero sí en parte a sus esfuerzos por alcanzar la paz. Mejor dicho, no sobra repetir estas palabras de Adolfo Zableh en columna reciente: "Lo que menos me gusta de los uribistas es que me hacen sentir simpatía por Juan Manuel Santos".

Fuerzas Uribistas Reaccionarias de Colombia (FURC), ¡a la carga!

Tomado de El Espectador

En la historia de la humanidad se recuerdan marchas decisivas para la consolidación de ciertos dirigentes en el poder. La más recordada es la Gran Marcha (o Larga Marcha, Cháng Zhēng), que les permitió a tres frentes del Ejército Rojo de Mao Tsé Tung huir del acoso de las fuerzas enemigas, reagruparse luego de recorrer 12.500 kilómetros y entrar triunfantes a Pekín.

En el plano nacional es recordada la marcha “Un millón de voces contra las FARC”, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, que un 4 de febrero de 2008 colmó de ríos humanos las principales capitales del país exigiendo a grito herido “No más FARC”. Esto representó un golpe muy duro para esa organización guerrillera, y a su vez le dio a Uribe un halo de caudillo.

Pero en lo militar las FARC no fueron derrotadas, y en parte por ello el 4 de septiembre de 2012 el presidente Santos anunció que había iniciado conversaciones de paz con la organización que Uribe no pudo aplastar con su Estado de Opinión ni con más de 3.000 ‘falsos positivos’. Desde ese día aciago para el expresidente, este se montó en el caballo de batalla de una oposición despiadada a Juan Manuel Santos, tan despiadada cuanto más necesitado está de esquivar las fundamentadas acusaciones que recaen sobre él mismo, sobre un nutrido grupo de excolaboradores (muchos ya condenados), sobre su círculo de seguridad más cercano (Noguera, Santoyo, Buitrago, etc.) y sobre algunos miembros de su familia.

La táctica marrullera, desestabilizadora y perversa que las fuerzas reaccionarias de Colombia con su comandante en jefe a la cabeza están aplicando consiste en desviar la atención de las acciones judiciales sobre el entorno criminal que rodea a Uribe, culpando al gobierno de haber desatado contra su familia y su partido una especie de vindicta, como si fuera la víctima inocente de un gobierno desalmado y el propio presidente Santos le indicara a la Fiscalía las personas que debe capturar. (No sobra sin embargo recordar que fue Uribe quien durante un consejo comunitario en 2006 ordenó capturar al Secretario de Gobierno de Buenaventura, y que tan demagógica detención solo le duró dos horas).

Vaya insolencia, lo que el uribismo denuncia sobre Santos es lo mismo de lo que se acusaba al anterior gobierno, como acoso y espionaje a sus opositores, complicidad con el Fiscal (¿recuerdan a Luis Camilo Osorio, de quien Uribe dijo que deberían clonarlo?) o intentos de influir sobre las decisiones de las Cortes. Ellos han politizado y envilecido la justicia con el cirirí de una “abominable” persecución, llegando el senador José Obdulio Gaviria al extremo delirante de decir que “el Presidente y el Fiscal están por fuera de la ley”. El objetivo en últimas es encochinar a todo el mundo, para que los cochinos del Centro Democrático parezcan menos puercos de lo que son.

Ahora bien, falta saber cuánto les durará la treta o cuándo comenzarán a aparecer los hilos de su tramoya siniestra. Una señal de debilidad o agotamiento de la manada ya se vio el día de la captura de Santiago Uribe, cuando la bancada uribista ‘marchó’ sobre el Palacio de Nariño y con cuatro pelagatos más a exigirle la renuncia al “dictador”. Tan notoria mengua en su capacidad de movilización indicaría que es cada vez menos gente la que les come carreta. Por eso es tan decisivo conocer cuántos le ‘caminarán’ a la marcha –o marchita- del 2 de abril a la que el senador Uribe está convocando con estas palabras: “Ciudadanos, al margen de los señalamientos contra mis compañeros políticos y contra mi familia, la situación del país es muy grave. Están consolidando la entrega al terrorismo. La salida a las calles es una necesidad para defender la democracia. Hagamos todos el esfuerzo el 2 de abril”. (En otros tiempos habría hablado de ‘esfuercito’, pero en fin).

La salida a las calles es una necesidad, sí, pero no para defender la democracia sino para el proyecto desestabilizador de Uribe. Si la justicia obrara como corresponde y no se viera intimidada por la histeria de plañideras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, el excandidato Óscar Iván Zuluaga debería estar también detenido, pues en caso contrario habrían sido en vano todas las pruebas que debió aportar el hacker Andrés Sepúlveda sobre la conspiración que contra el proceso de paz adelantó la campaña del CD en 2014.

Hoy Uribe se ve urgido en meterle pueblo a su plan sedicioso, y para ello debe recurrir de nuevo al viejo-truco de sembrar el miedo por toda la geografía nacional, lo cual incluye poner a sus áulicos (verbi gratia Saúl Hernández) a despertar la indignación del populacho con el cuento de que el presidente Santos va a entregar el país a las FARC, pero ahí estará él para evitarlo.

La bancada uribista se declaró en rebeldía, y esto es lo más parecido a cuando Laureano Gómez habló de “hacer invivible la República Liberal”. Según el médico psiquiatra José Francisco Socarrás (1906-1997) en su libro Psicoanálisis de un resentido, el caudillo conservador “tiene el don profético de anunciar desgracias de las que son responsables sus enemigos”. En coincidencia de temperamentos, métodos y objetivos, hoy el senador Uribe Vélez está en la misma tónica. Su partido Centro Democrático exhibe un talante cada vez más colindante con lo rufianesco, con lo ilegal, en fiel enseñanza de los métodos non sanctos a los que suele recurrir su amo y signore.

Con la honrosa excepción de tres miembros de la bancada uribista (los senadores Iván Duque y María del Rosario Guerra, y el representante Samuel Hoyos) los demás parecen fieras heridas al borde del colapso, aunque cebadas por los votos de y por los odios de su patrón. Se regodean en el arte de la mentira, le inventan cartas a un periodista famoso, manipulan imágenes y videos como el de la Azcárate, son expertos en sembrar rumores, propagandistas del apocalipsis, sinuosos a la hora de revertir contra el gobierno de Santos todo el peso de la culpa que debería recaer sobre ellos.

La marcha del 2 de abril será el bautizo de fuego para esas fuerzas rabiosas de extrema derecha que están convocando a la insurrección general. Ahí se sabrá si su beligerante comandancia dispone de suficientes ‘rebeldes’ para atizar la hoguera. Una cosa que tienen ya muy clara es que la paz los aniquila, y es por eso que están todos a una, como en Fuenteovejuna, poniendo su mejor ‘esfuercito’ para impedirla.

DE REMATE: En consideración a que el partido Centro Democrático no es de centro y menos democrático, y a que por el contrario es un rebaño de neofascistas abiertamente conspirativo y desestabilizador, deberían cambiar su nombre por el de Fuerzas Uribistas Reaccionarias de Colombia (FURC). Ah, y olvidaba citar algo que también decía Socarrás sobre Laureano Gómez: “el nervioso ejerce atracción sobre los nerviosos”.

El hermano de Santiago Uribe… ¿también caerá?

Tomado de El Espectador

No debe sorprendernos la captura de Santiago Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía de homicidio agravado y concierto para delinquir. En el curso de los últimos años diversos testigos lo identificaron como el jefe de la banda Los Doce Apóstoles que asesinaba a delincuentes, drogadictos y sospechosos de auxiliar a la guerrilla. Entre esos testigos están los comandantes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso y Daniel Herrera, alias ’Don Mario’, pero el puntillazo de la acusación lo aportó el mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, quien le contó a Olga Behar con pelos y señales cómo era que el hermano de Álvaro Uribe dirigía esa organización criminal. (El clan de Los Doce Apóstoles, Ícono Editorial, 2011).

Eso no debe sorprendernos, decía, pero sí asombra que su hermano el senador y expresidente siga en libertad y disfrutando de impunidad total, pese a que sobre él también recaen fuertes acusaciones y a que muchos de sus colaboradores están en la cárcel por delitos de la más variada laya, que ocurrieron mientras él fue Presidente de Colombia.

No hace ni un año, con motivo de la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia contra dos exministros (Sabas Pretelt, Diego Palacio), dos exsecretarios de Casa de Nariño (Bernardo Moreno, Alberto Velásquez) y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, mucha gente se preguntaba en las redes sociales por qué la justicia no ha caído todavía sobre el que les habría dado las órdenes para delinquir.

En esa ocasión la Corte hizo extensiva la culpa al jefe de los condenados cuando así sentenció: “Siguiendo instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los exministros de Protección Social y del Interior dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar con una serie de nombramientos el voto favorable de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño”. Si la Corte Suprema lo señala de ser quien instruyó a sus subalternos para la comisión de esos delitos, la pregunta es de Perogrullo: ¿por qué no han ido por él?

La respuesta en parte está en el fuero presidencial, que lo blinda de ser juzgado por los tribunales ordinarios de justicia y descarga la potestad en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de carácter netamente político, a la que con justa razón llaman de Absoluciones. Pero parte de esa impunidad también recae en el apoyo que recibe del ‘establishment’, a veces camuflado, a veces abierto.

La manifestación más patética de dicho apoyo se dio el domingo 28 de febrero con la columna del experiodista Mauricio Vargas Linares, cuando intentó torcerle el cuello al Derecho y al sentido común al afirmar que los delitos cometidos (y los delincuentes que los cometieron) durante el gobierno de Álvaro Uribe deberían quedar cobijados por la justicia transicional que se aplicará a las FARC. En medio de un sartal de incoherencias jurídicas, sobresale esta desvergonzada perla: “los uribistas pueden alegar que las maniobras para garantizar la reelección están relacionadas con el esfuerzo del Estado para acabar con el conflicto. Y si el narcotráfico es conexo porque financiaba el conflicto, no puede ser que las dádivas a Yidis Medina no lo sean si buscaban no financiarlo sino terminarlo”. (Ver columna). ¿A quién estaría haciéndole el mandado, ah? ¿Acaso a su gran amigo el exministro Diego Palacio? Averígüelo el mismo Vargas...

Volviendo al tema que nos ocupa, tal vez no sea posible probar si Uribe sabía de las andanzas de su propio hermano por los linderos de Yarumal (Antioquia); o si conocía a qué se dedicaban los dos consecutivos jefes de Seguridad en la Presidencia, generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago antes de que se descubriera su prontuario criminal y fueran condenados; o si instruyó a Jorge Noguera para poner el DAS al servicio de los grupos paramilitares de la costa Caribe; o si aprobó el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis, ordenado por Noguera; o si sabía que su primo Mario Uribe andaba de ‘uña y mugre’ con los paracos de Córdoba, donde por coincidencia está la hacienda El Ubérrimo.

Ahora bien, no se descarta que su talón de Aquiles se halle en eventuales delitos cometidos antes de ser presidente, entre los cuales brilla con luz propia la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, por la que el Tribunal de Medellín lo vinculó al proceso y en tal sentido ordenó investigarlo mediante providencia donde detalla cómo en el curso de diez años Uribe estuvo rodeado de tal cantidad de personas involucradas con grupos paramilitares, que “no era posible estar dentro de esa piscina sin mojarse”.

Sea como fuere, en torno a la masacre del Aro hay dos muertos que desde su tumba parecieran jalarle las patas y enredarle el caminado a Uribe: uno, Francisco Villalba, testigo estrella en su contra y uno de los perpetradores de la matanza, condenado a 33 años y dejado misteriosamente en libertad condicional para que unos días después, el 23 de abril del 2009, fuera asesinado frente a su esposa y su hija de cuatro años. Villalba aseguró que esa masacre se planeó por instrucciones del entonces gobernador de Antioquia con el fin de rescatar a su primo Mario, secuestrado con otras seis personas por las Farc. Dijo que la orden la dio Uribe “directamente. Se la dio a Carlos Castaño, la comunicó y yo estaba presente”. (Ver video de Noticias Uno).

El otro muerto es Pedro Juan Moreno, quien (según Don Berna) siendo secretario general del gobernador Álvaro Uribe le pidió a Carlos Castaño asesinar al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, debido a que tras la masacre de El Aro este se dedicó a denunciar alianzas entre la Fuerza Pública y los paramilitares que la ejecutaron. Moreno terminó distanciándose de su gran amigo Álvaro cuando este llegó a la presidencia, y ahora se investiga si su muerte fue un accidente o el resultado de un sabotaje al helicóptero en el que se movilizaba durante su campaña al Senado, en cuyo recinto prometió contar cosas sobre su antiguo aliado apenas fuera elegido. (Ver investigación de El Espectador).

En busca de posibles coincidencias entre Francisco Villalba y Pedro Juan Moreno, encontramos una en particular: ambos ‘sabían demasiado’ sobre la masacre de El Aro. Es posible que Álvaro Uribe nunca vaya a parar a la cárcel, pero de solo saber que su hermano está preso, se justifica citar el famoso refrán: “tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe”.

DE REMATE: Si la Fiscalía logra demostrar la acusación contra Santiago Uribe y este fuera condenado por la justicia, significaría que Colombia tuvo durante ochos años seguidos como Presidente de la República al hermano de un asesino redomado.