En abril de 2010, no hace siquiera dos años, Colombia vivía una situación muy particular: las encuestas para la primera vuelta electoral a la Presidencia daban como ganador a Antanas Mockus, lo cual presagiaba una debacle del uribismo a manos de la Ola Verde, un movimiento masivo y casi espontáneo de rechazo a la ilegalidad, con fuerte raigambre juvenil. Una de esas encuestas advertía que “si la segunda vuelta fuera mañana entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, este último obtendría un 50 por ciento de la votación, contra un 44 por ciento del candidato uribista”.
Esto llevó por un lado a que el presidente Álvaro Uribe se ‘encabritara’ y comparara a Mockus con “un caballo discapacitado”, mientras por el otro la campaña santista se veía obligada a efectuar una apresurada reingeniería, que incluyó desde retornar al uso de la U para reforzar la raigambre uribista, hasta contratar al oscuro asesor J.J. Rendón para que fabricara sus acostumbradas “picardías”.
En medio de unas circunstancias tan propicias, lo que nadie esperaba en las filas entusiastas de la Ola Verde era que Antanas Mockus llevara en su interior la semilla de su propia destrucción, con declaraciones como la de manifestarse a favor de que los médicos devengaran un sueldo de un millón de pesos. Con lo cual perdió, por lo menos, un millón de votos (y de amigos) del sector de la salud.
Hoy es un hecho demostrable que la estruendosa derrota de Mockus obedeció en parte al timonazo que le dio a su campaña Juan Manuel Santos, pero en parte mayor contribuyeron los continuos resbalones y metidas de pata del candidato verde, llegándose a una segunda vuelta en la que el primero le cogió al segundo una delantera de casi… ¡cinco millones y medio de votos! Según Horacio Serpa, “el triunfalismo inicial que le dieron los sondeos, la falta de experiencia en cuestiones electorales y errores de comunicación, frenaron la Ola Verde que muchos llamaron un tsunami”. Sobre todo errores de comunicación, que en su mayoría salieron de la boca del candidato.
Hoy la historia ha dado un giro de 180 grados, pues fue el “candidato uribista” el que apenas posesionado se dio a la tarea de demostrar que traía su propio plan de vuelo (con el consecuente llanto y crujir de Twitter de quien ya sabemos), volvió suyo el programa de gobierno de sus opositores e instauró un clima de cordialidad que ha contribuido a neutralizar la beligerancia furiosa de un expresidente a quien tal condición no deja de pesarle.
En este contexto la sorpresa hoy nos llega desde la otra orilla -si es que aún queda otra orilla-, donde se aprecia a un Antanas Mockus errático y con el ego inflado, empeñado en una candidatura a la alcaldía de Bogotá que desdice de su planteamiento original sobre el “no todo vale”, en la medida en que fue lanzada a nombre de un movimiento indígena (ahora “independiente”) que lo acogió casi ex tempore, cuando se le cerraban todas las opciones.
Es por ello que no deja de ser incómoda para los ex simpatizantes de la Ola Verde la actitud incluso infantil de Antanas al buscar una segunda reelección como alcalde, valiéndose de un partido que le queda como ropa prestada, por un lado, mientras por el otro se le atraviesa a la merecida aspiración de quien fuera su mentor político, Gustavo Petro, el mismo que le aconsejó lanzarse por primera vez, con los resultados ya conocidos.
Aunque Mockus se niegue a reconocerlo, es de sentido común que si se le uniera a Petro harían una fórmula imbatible, mientras que divididos se repartirán entre ambos la votación que podría abrirle la senda del triunfo a Enrique Peñalosa, a quien al final de la campaña se le sumarían los votos conservadores de un candidato de postín como Dionisio Araujo, sin descartar los liberales de David Luna o los ‘radicales’ de Carlos Fernando Galán cuando juzguen más rentable subirse al tren de la victoria, en aras de la tan mentada ‘unidad nacional’.
Lamentable paradoja, pues, que a pesar de que no hace ni quince meses la Ola Verde llegó a representar un peligro serio para la continuación del proyecto uribista, hoy, desactivada esta amenaza bajo las manos prodigiosas de un tahúr como Juan Manuel Santos, sea ahora el mismísimo Antanas Mockus quien con su candidatura trasnochada se convierte en un peligro para todos los que quieren impedir que la sombra aciaga de Álvaro Uribe pueda cernirse sobre Bogotá, aupada ahora sobre los fornidos hombros de Enrique Peñalosa.
Al cierre de esta columna encuentro en Twitter una interpretación que deja entrever una luz al final del túnel, y que reproduzco tal cual: “Mockus se la jugó bien al lanzar su candidatura, pues para unirse a Petro debe tener margen de negociación, y éste lo dan las encuestas”. ¿Será posible tanta belleza? Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.
¿Existirá algún otro país en el mundo, fuera de Colombia, donde el Estado les pague una millonada a unos señores –políticos en su mayoría- que de la noche a la mañana deciden abrogarse la representación del voto en blanco? La respuesta a esta pregunta es el punto de partida para entender el tamaño del despropósito, o mejor, del engendro antidemocrático que ha comenzado a concebirse y que nacerá a partir de las elecciones del próximo 30 de octubre.
http://www.semana.com/opinion/prostitucion-del-voto-blanco/163051-3.aspx
Según informa la prensa, el artículo 28 de la Reforma Política determina que a los promotores de este tipo de iniciativas “se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral (CNE)”. No había siquiera acabado de secarse la tinta del decreto, cuando aparecieron cual pirañas hambrientas 58 grupos de ciudadanos que se inscribieron como promotores del voto en blanco en diferentes partes del país.
Lo primero a considerar es que mientras el voto en blanco es una voz de protesta contra los políticos, ahora son los políticos quienes pretenden adueñarse de él. Y para colmo de infortunios parece que lo lograrán, con la anuencia –por no decir complicidad- del Estado. Si se tiene en cuenta que en las elecciones de 2007 hubo más de 5’700.000 votos albos, esa cifra implicaría ahora el desembolso de por lo menos $15 mil millones para los nuevos ‘dueños’ del voto en blanco.
Se trata de un botín nada despreciable, y es lo que explica que en una región como la costa Caribe el primero en querer capitalizar ese caudal electoral sea nada menos que el cura (¿o ya es ex?) Bernardo Hoyos, cuyo eslogan de campaña dice “El candidato que Barranquilla necesita es el voto en blanco”. Este político –porque lo es- asumió la cosa tan en serio que abrió sucursales en Santa Marta y otras ciudades costeras, mientras no se cansa de conceder entrevistas a medios nacionales y locales donde habla de las bondades de su ‘propuesta’, que le representará $2.500 pesos por cada sufragio, para lo cual sólo debe apostarle a que el número de votantes en blanco supere el umbral electoral, como muy seguramente ocurrirá, porque así viene ocurriendo sin que nadie le haya hecho campaña antes.
¿No suena entonces perverso que un político investigado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contrato, pretenda ahora sobrevivir –en lo político y en lo económico-- acaballado sobre la inconformidad de quienes depositan su voto en blanco precisamente porque no les gustan los políticos que están sobre la palestra? En el caso del clérigo Hoyos el asunto no está exento de cinismo, como en una valla suya (vaya valla…) que reza así: “Piénsalo bien. Gane quien gane, nosotros perdemos. Vota en blanco”. ¡Mentira!: la verdad es que sin importar quién pierda o quién gane, el cura siempre gana, y en metálico. Y mientras más ruido haga, más plata recibe.
Si las cosas se presentan así de fácil, con el mismo grado de viveza estaría al orden del día la posibilidad de crear el Partido Abstencionista, el cual invitaría a sus electores a no votar, tarea en la cual invertiría algún tiempo y unos pesos, que podría recuperar –con creces- cuando se le reconozcan “los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el CNE”.
¿Cuál es acaso la diferencia entre invitar a votar en blanco e invitar a no votar, si el censo electoral permite también contar el número de personas que no votaron en determinados comicios, con sus direcciones postales y señas particulares, y la abstención tiene un peso político tan determinante como las demás opciones? Siendo así las cosas, ¿qué le impide a otro grupo de ‘aviones’ comenzar a hacer campaña por la abstención, de modo que si se presentara un aumento de no votantes (o así no se presentara) pudiera contarlos como no votantes suyos y… con cargo a la contabilidad?
Ante la obligación de cumplir tan estrambótica norma, el Consejo Nacional Electoral habló de “meterlos en cintura”, para lo cual informó que “los comités deben estar integrados por cinco ciudadanos aptos para votar en la circunscripción en que se adelante la promoción”, y que (…) “para constituirse requerirán de un número de firmas (que en ningún caso excede las 50.000) equivalente al 20 por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para sufragar entre el número de puestos por proveer en la elección en la que se promociona la opción”. En otras palabras, el tal ‘meterlos en cintura’ consiste únicamente en ordenar la fila de los que vienen por esa plata.
Pero aquí no para la cantinflada, porque todo lo anterior se traduce en que ahora el tarjetón vendrá con dos opciones para el voto en blanco: uno, según el magistrado José Joaquín Vives “para el ciudadano que vota en blanco como protesta y se sentiría indignado de que su voto sea cobrado por un grupo que no incidió en su decisión”. Y otro, a su derecha, con el nombre o emblema del comité promotor del voto en blanco, para todo aquel que no se sienta indignado por haber prostituido una opción que durante mucho tiempo se conservó virgen, en cuanto libre.
Sin dueños, mejor dicho.
De cualquier modo, lo verdaderamente indignante sería que el país se tragara sin chistar semejante sapo.
Este desconocimiento obedece a que a los vinculados con el paramilitarismo se les ve como piezas sueltas, nunca como si hubieran actuado en coordinación o respondiendo a un esquema de complot. Pero si miramos con detenimiento la trayectoria de Narváez, observamos que fue dejando rastros que servirían para armar un interesante rompecabezas, donde la pieza que faltaba era la ‘doctrina’ que desde lo militar le daba sustento y justificación al accionar del paramilitarismo contra todo lo que oliera a subversión.
http://www.semana.com/opinion/licito-matar-comunistas/161077-3.aspx
Es digno de recordación que José Miguel Narváez fue asesor de altos mandos militares desde 1994 (entre ellos del general Rito Alejo del Río) y profesor en guerra política de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con especialidad en operaciones sicológicas, estratagemas e inteligencia para desarticular las armas políticas de la guerrilla y sus vínculos con la población civil. Miembro de la comisión de empalme de Uribe cuando ganó su primera elección, fue asesor del Ministerio de Defensa, de Fondelibertad (la agencia anti-secuestro con escándalo de corrupción a bordo) y de Fedegán, y subdirector del DAS durante el período de Jorge Noguera, hasta 2006.
En este contexto, llaman la atención las versiones de por los menos cinco exjefes paramilitares, que coinciden en que el hombre les dictaba unas charlas tituladas "¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?", en los propios campamentos de las autodefensas de Córdoba y el sur de Bolívar. La pregunta pertinente –e impertinente, si se quiere- es si esas charlas las dictaba por iniciativa propia, o enviado por el estamento militar. Lo mismo podría plantearse frente al asesinato de Jaime Garzón, que según esos mismos testimonios (ver verdadabierta.com) fue ordenado por Carlos Castaño, bajo instigación del propio Narváez: ¿actuó aquí también como rueda suelta, o como mensajero de una instancia superior?
Habría que preguntarse además si las Fuerzas Armadas consideran lícito matar comunistas, y la respuesta es obvia: sí, siempre y cuando atenten contra el Estado y mueran en combate. A eso se le llama ‘darlos de baja’. Pero, ¿qué pasaría si en alguno de los momentos de mayor crudeza del conflicto la cúpula militar asumió como justificado asignar a otros el ‘trabajo sucio’ de matar comunistas (llámense guerrilleros o militantes de la Unión Patriótica, a la que se le veía como el brazo político de las Farc), en consideración a que se hacía por el bien superior de la patria?
Una pista al respecto nos la brinda una declaración rendida por el exconsejero presidencial Carlos Ossa Escobar el pasado 2 de junio, en el marco de una acción jurídica de los sobrevivientes de la Unión Patriótica para recuperar su personería jurídica. Quien fuera el consejero para la Rehabilitación, Normalización y Reparación en el gobierno de Virgilio Barco, afirmó que “en algunos sectores de las Fuerzas Armadas asociados con paramilitares y narcotraficantes, se instrumentaban de manera eficiente las estrategias de eliminación de la UP”. No era una estrategia de Estado, pues desde el Ejecutivo y el poder judicial se compartía la campaña de paz, “pero la posición de las Fuerzas Armadas era ambigua”, dijo.
La osadía de Ossa fue aún más lejos, pues recordó que un día “llegué temprano, antes que el ministro César Gaviria, y al poco tiempo llegó el general (Rafael) Samudio, ministro de Defensa. Comenzamos a comentar sobre la situación recurrente con tantos asesinatos de miembros de la UP, y en algún momento le comenté que estaba preocupado con lo que sucedía. Él me respondió: ‘¿qué es lo que te preocupa, Carlos?’. Yo le dije: ‘que todos los días matan a un integrante de la UP’. Él se quedó mirándome y me dijo: ‘Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca’.
Se trata de un testimonio casi concluyente, que si bien no constituye prueba reina de una eventual colaboración activa entre las Fuerzas Armadas y los genocidas de la UP (la cifra de víctimas superó las 3.000), sí constituye sólido elemento de valoración para entender por qué parecía como si el Estado se hacía el de la vista gorda.
Se dirá que es hilar delgado, pero no se puede soslayar que Rafael Samudio Molina era el mismo que fungía como Comandante del Ejército cuando ocurrió la toma y salvaje retoma del Palacio de Justicia, a quien las comunicaciones radiales de esos dos días aciagos identifican como PALADÍN 6, y se comunica con ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII), y se escucha lo que se entendería como una orden: “esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco”.
Hemos extrapolado del genocidio contra la UP a la retoma del Palacio de Justicia, porque se trata en últimas de dos emprendimientos militares con el mismo objetivo, el de matar comunistas. La diferencia más notoria es que en el primer caso el brazo que instrumentalizó la matazón fue una mafia narcoparamilitar, mientras que en la retoma se trató de una fría, despiadada y demoledora operación rastrillo, donde para nada importó el elevado número de bajas colaterales ocasionadas.
Sea como fuere, sin importar por ahora si estamos ante una especie de logia de ultraderecha que aplica a su modo la combinación de todas las formas de lucha, o si el asunto tiene relación con lo que el exministro de Defensa (¿con conocimiento de causa?) y hoy presidente Juan Manuel Santos llamó en días recientes la “mano negra”, hay una frase de la película Los Simpson que se ajusta como anillo al dedo para explicar y de paso justificar tantos horrores:
“La Administración no aprueba la justicia por cuenta propia; a no ser que dé resultados”.
Aunque parece un tema local, lo que viene ocurriendo en la población santandereana de Girón tiene una importancia similar (o mayor, incluso) a lo que en su momento fue la disputa por el páramo de Santurbán. Sólo que aquí la batalla no es en torno a si permitir o no la explotación de unas ricas vetas auríferas, sino frente a los millones de toneladas de basura que les permitirán a quienes las reciban volverse inmensamente ricos.
Es precisamente por ello, por las toneladas de dinero que hay en juego, que se están moviendo los más poderosos intereses para lograr que el relleno sanitario de toda el área metropolitana (Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta y siete municipios más) quede en un lugar específico y no en otro, más exactamente en el predio Bonanza de la vereda Chocoa, a 3 km de Girón, de propiedad de una empresa cuyo nombre designa todo lo contrario de lo que pretenden hacer: Entorno Verde.
http://www.semana.com/opinion/giron-basura/159214-3.aspx
El negocio consiste en que casi 400 camiones de basura depositarían unas 800 toneladas de basura al día. Sobre una tarifa promedio de $21.000 por tonelada, que es la que hoy maneja la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), se obtendrían unos ingresos aproximados de $17 millones de pesos diarios, o sea unos $6.200 millones al año. Calculando que una cuarta parte se fuera en costos operativos, habría una ganancia anual estimada de $4.700 millones, superado el punto de equilibrio. Esto significa que “hay para todos los que ayuden”, como se acostumbra decir en la jerga política.
Lo llamativo del asunto es comprobar cómo, a raíz de un pronunciamiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, con fecha 3 de junio, donde le pidió a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), “considerar la posibilidad de suspender y/o cancelar el proyecto en razón a los graves problemas ambientales que presenta”, todos los interesados en que el relleno sanitario quede en Chocoa han desplegado lo más granado de su artillería, incluida la mediática, para tratar de impedir que se les dañe el negocio.
Cuando hablamos de todos los interesados nos referimos a Entorno Verde (dueña del lote), la CDMB y la alcaldía de Girón, que con sus actuaciones han dejado ver una sospechosa coincidencia de intereses, a tal punto que desde que salió el concepto técnico de la Procuraduría dejaron de hablar de relleno sanitario y utilizan ahora al unísono la expresión “Parque Chocoa” en todas sus declaraciones y comunicados, como si se hubieran puesto de acuerdo.
La empresa Entorno Verde está en su derecho de ponerle el eufemístico nombre de Parque Chocoa a un basurero (que es como cambiarle a un inodoro su nombre por el de alacena), pero lo que resulta inaudito es ver que tanto a la CDMB como a la alcaldía de Girón, cuya misión debería ser la de velar por el bienestar de la ciudadanía, hoy se les ve actuando ya con descaro en la protección de unos intereses privados.
En lo referente a la CDMB es pertinente mencionar que su directora es Elvia Hercilia Páez Gómez, de quien se dice –sin que haya sido desmentido- que se separó ficticiamente de su esposo el cacique político Bernabé Celis Carrillo, de Cambio Radical, para no inhabilitarlo políticamente en su aspiración al Senado, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Y no se trata aquí de meterse en la vida privada de nadie, sino de constatar que una entidad que tiene bajo su cuidado la protección ambiental del área metropolitana de Bucaramanga está en manos de resabiados políticos, antes que de técnicos o especialistas en la materia.
La historia continúa con el alcalde de Girón, Luis Alberto Quintero González, un personaje al que se le endilga más habilidad para los negocios que para la administración del municipio, y ‘goza’ de un desprestigio generalizado (es casi imposible encontrar un gironés no asociado a su administración que hable bien de él), pero ha sido cinco veces la primera autoridad de esa población, que ronda los 150.000 habitantes y posee una pujante zona industrial.
Fue Quintero González quien en su programa de gobierno prometió “cerrarle el paso a todo intento de perpetuar este municipio como basurero del área metropolitana”, pero después de que se hizo elegir consiguió que el concejo de Girón le torciera el cuello al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que fuera permitido instalar en los predios veredales de Girón un relleno sanitario. Lo de mayor recordación en este episodio es el rumor -también generalizado- de un soborno a los concejales, a razón de 20 millones por cabeza, sin que tampoco haya habido desmentido alguno por parte de los ediles supuestamente implicados en tan sucia trama.
Sumado a lo anterior, es un hecho irrefutable que durante la administración del citado alcalde el municipio de Girón, turístico al punto de ser declarado Monumento Nacional desde el 12 de febrero de 1963, hoy muestra una cara de abandono y desaseo en sus calles y en lugares tan emblemáticos como el parque principal o el Parque de Las Nieves, depositario este último de la capilla del mismo nombre, una reliquia colonial del siglo XV que difícilmente puede ser apreciada –y menos fotografiada- por los turistas, porque en todo el perímetro parquean motos y vehículos sin ninguna restricción, cual parqueadero público.
Pero de turistas es mejor no hablar, porque muchos de ellos han huido para nunca volver ante la situación descrita, y la mejor prueba de esta afirmación es que los restaurantes turísticos y los escasos hoteles de Girón se ven cada día más solitarios, si no es que han debido cerrar sus puertas o están en trance de hacerlo. Es tal la dejadez y la suciedad general, que en abril de 2010 el periódico Vanguardia Liberal produjo un durísimo editorial contra el mandatario local, titulado Lección de higiene para un alcalde, donde se lee que “bolsas enteras de basura desparramadas por los andenes y puentes, chulos de todos los tamaños disputándose los desperdicios, así como gente y negocios impasibles que botan sus desechos por todas partes, son apenas una parte del panorama”. Y hablaba de “la irresponsabilidad y la desidia de la alcaldía frente al tema”, y de la “falta de compromiso de quienes ocupan los principales cargos del municipio”.
Volviendo al tema del eventual relleno sanitario en Chocoa, otro hecho sorprendente es que pese a lo impopular que resulta meterle un mega basurero a un municipio turístico como Girón, y a que ello significaría que por sus calles se vería pasar todos los días el desfile interminable y fétido de centenares de camiones compactadores de basura, y a que el trayecto pavimentado de la carretera a Zapatoca (que está construyendo la Gobernación de Santander) sólo duraría uno de los 30 años de vida proyectada si por allí comienzan a pasar esos vehículos con peso superior a 20 toneladas, pese a lo anterior, decíamos, en los primeros hervores de la campaña electoral para alcaldía y concejo no se aprecia ningún candidato que se atreva a confrontar al actual burgomaestre frente a tan sensible tema, como si todos estuvieran tácitamente de acuerdo en que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Sea como fuere, lo único cierto es que si esos poderosos intereses aliados logran instalar el relleno sanitario del área metropolitana en las afueras de Girón, habrán cumplido con el objetivo de tirar un Monumento Nacional a la basura.
Moraleja y conclusión: la CDMB ya no debería llamarse Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, sino para la defensa de la empresa Entorno Verde.
En diciembre de 2008, unos días antes de la posesión de Barack Obama escribí para un diario nacional una columna titulada Obama, “legalízala”, entre comillas porque citaba un capítulo futurista de la serie Los Simpson, donde Lisa convertida en presidenta de Estados Unidos le preguntaba a su hermano Bart qué quería para él, y éste le respondía: “legalízala”. Pero ocurrió que la editora a cargo decidió cambiar las comillas por signos de admiración (¡legalízala!), de modo que quedó como si el autor de la columna estuviera urgido en el asunto.
Urgido no está el suscrito sino el mundo entero en que se acabe una guerra tan absurda y delirante, centrada en la prohibición al consumo de determinadas sustancias, contrario a lo que percibe el sentido común, a saber: que es un imposible ético y jurídico –además de un atentado contra la autonomía individual- prohibirle a un ciudadano en uso de sus facultades racionales que se intoxique, o se emborrache, o estrelle su cabeza contra las paredes o, llegado a un extremo, se suicide.
http://www.semana.com/opinion/tarde-temprano-legalizan/158419-3.aspx
En consonancia con este planteamiento, la Comisión Global de Política de Drogas (integrada entre otros por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo), acaba de advertir que "si se parte de la idea de que cualquier consumo es un delito y un crimen, es muy difícil encontrar alternativas". Con lo cual, de paso, extendió lazos virtuales hacia una eventual legalización del consumo.
El tema cobra actualidad porque la guerra contra las drogas adquiere cada día más visos de ser un monumental fracaso -como lo fue en USA la prohibición del alcohol o Ley Seca, de 1920 a 1933-, en reiterada confirmación de que el fruto prohibido es el más gustado. Hoy México asiste atónito y agónico al espectáculo diario de violencia asesina que brindan poderosas mafias del narcotráfico, con suficiente poder de fuego para intimidar a la población y dinero de sobra para infiltrar los más altos niveles, en copia a escala de una situación ya vivida en Colombia y de la que aún no se conoce del todo hasta dónde llegó la infiltración.
En este contexto son cada día más numerosas y calificadas las voces que le piden a Estados Unidos un replanteamiento, y si hasta ahora no han sido escuchadas no es porque la razón no las acompañe, sino porque a Estados Unidos le conviene más en términos estratégicos y geopolíticos mantener su supremacía mediante acciones permanentes de combate global contra las drogas, antes que adoptar políticas de corte liberal que pudieran interpretarse como una claudicación en el frente de batalla.
No es por ello de extrañar que el mismo Barack Obama que siendo candidato se declaró partidario de repensar y despenalizar las leyes sobre la marihuana ("rethink and decriminalize our marijuana laws", dijo en 2004), sea el mismo que como Presidente de la nación más poderosa del mundo recula y asume posiciones conservadoras, peligrosamente coincidentes con las de su antecesor George Bush.
Ahora bien, una cosa es el discurso oficial y otra lo que en la práctica viene ocurriendo, con una tendencia cada vez más marcada hacia la descriminalización. Fue así como el mismo día que el portavoz de la Casa Blanca declaró que no habría ningún cambio en la lucha anti-drogas, se anunció la apertura en Phoenix, Arizona, de la primera tienda que ofrece a su clientela todo el equipo, químicos y productos necesarios para cultivar marihuana hidropónica: una supertienda de la franquicia WeGrow, llamada "el Walmart de la marihuana", que atiende el nuevo mercado surgido tras la aprobación de la ley estatal que permite el consumo de cannabis con fines medicinales.
Hoy en Estados Unidos el valor anual de la cosecha de marihuana totaliza 35.803 millones de dólares, unos 84 billones de pesos colombianos, más de ocho veces el valor de la producción agraria de Colombia, con lo que se ha convertido en el cultivo de mayor valor en ese país, ¡por encima del maíz! Ello explicaría en parte por qué con el paso de los años se ha venido afianzando una cultura permisiva en torno a la otrora 'hierba maldita', cuya manifestación más palmaria es la serie de dibujos animados con mayor éxito en el mundo entero, Los Simpson, donde en forma reiterada se les rinde homenaje a los cultores de su consumo.
Algún analista internacional había expresado que "la legalización solo ocurrirá cuando el consumo sea un fenómeno imposible de frenar, pero el negocio esté bajo pleno control norteamericano". Puesto que las condiciones están dadas, es previsible que la despenalización de la producción, la venta y el consumo de las drogas comenzará (si no es que ya comenzó) por la aceptación social de la marihuana.
Así las cosas, del mismo modo que contra todos los pronósticos en Estados Unidos asumió la Presidencia el hijo de un inmigrante nacido en Kenia, nada de raro tendría que en un futuro no lejano obtuviera más simpatías de sus conciudadanos el candidato que prometiera una hierba de mejor calidad, más barata o con mayor potencial sicodélico.
Sea como fuere, con la que ya hay, alcanza y sobra para todos.
jorgegomezpinilla@yahoo.es
