El año que estaremos en peligro

Tomado de El Espectador

2019 comienza con el aire enrarecido y un horizonte cargado de nubes borrascosas que anuncian la tormenta perfecta. Ha llegado la hora en que la mar se enluta.

La palabra que mejor define lo que prendió motores el pasado 7 de agosto es APLANADORA. Vienen con todo y quieren apoderarse de todo. Ya el uribismo se apoderó de los poderes Ejecutivo y Legislativo (solo les falta el Judicial), de la Fiscalía (la cooptaron con el petrovideo de doña Paloma), de la seguridad nacional (pregúntenle a Ramiro Bejarano), de las relaciones internacionales (pusieron de embajador ante EE.UU. a un bufón) y del espectro electromagnético. Inclusive se apoderaron de la Presidencia de la República, pues al supuesto presidente Iván Duque lo tienen de firmón, de figurita de postín viajando por las regiones o recibiendo a cantantes mientras ellos hacen las leyes, sobornan al Congreso y nombran a su gente.

Sumado a que las instituciones han perdido toda credibilidad y están en peligro de colapsar bajo el embate de la gavilla uribista, ahora quieren acabar de apoderarse de las tierras que despojaron a sangre y fuego sus aliados los paracos (pregúntenle a María Fernanda Cabal), y le han metido un mico a la eufemística Ley de financiamiento para repartir la todavía más eufemística Inversión de Iniciativa Congresional, que consiste en remplazar la mermelada santista por abundante lechona para cebar al Congreso con una opípara quinta parte del parte del presupuesto nacional. ¿Y la paz? Hecha trizas, por supuesto.

El saqueo del país lo están haciendo a mansalva, sin miramientos de tipo ético, moral o jurídico. A la brava, cual arrieros en sus hatos de ganado, fusta en mano. Así deportaron a un venezolano con ideas de izquierda, Carlos Pino, casado con colombiana (Gloria Flórez, a quien le robaron su curul de senadora); y en modo bandidaje el 25 de diciembre le allanaron la casa al hombre que le consiguió a Gustavo Petro un dinero para una campaña, Juan Carlos Montes, sobre quien no recae ninguna sindicación que justifique semejante atropello ‘navideño’. Y cuya hija, Alejandra, debió huir del país por amenazas que nunca investigó la Fiscalía.

Vean además lo que ocurrió con Viviana Muñoz Marín, en fiel reflejo de cómo nos quieren acostumbrar al horror:

Viviana era una bonita psicóloga contratada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y brindaba atención psicológica a excombatientes de las Farc en San Vicente del Caguán (ver noticia). Nada tenía que ver con ellos en lo político ni en lo ideológico, cumplía una tarea profesional hacía cuatro meses. Su cuerpo y el de Jesús Ignacio Gómez Ávila, líder cívico y comerciante de la región, fueron encontrados con varios impactos de bala, y el mensaje que en esta ocasión mandan es claro: “nadie está exento de morir, hombre o mujer, bonita o feo, cualquier persona que tenga que ver con desmovilizados o con la implementación de la paz será objetivo militar”. Ampliaron su radio de acción, mejor dicho.

No se requiere ser adivino para saber quiénes son los asesinos de la joven y el comerciante. Son los dedos de la ‘mano negra’ que anda dedicada a eliminar de modo sistemático a defensores de derechos humanos, líderes sociales y desmovilizados de la guerrilla, en macabra repetición del plan genocida que usaron para matar a más de 2.000 miembros de la Unión Patriótica. Son los mismos, sin duda.

Si ayer los nazis perseguían a los judíos con el aval del Reichstag, hoy en Colombia la "mano negra" actúa a sus anchas con la permisiva complicidad de las autoridades y bajo el silencio tolerante de los medios, que publican las noticias de los asesinatos casi diarios como si fuera el reporte del clima y no se atreven a enfrentar a la bestia asesina ni a exigir resultados judiciales con la contundencia que amerita tan alarmante situación.

Nos conmueve más un presidentico de la República recibiendo en Palacio a un niño con nombre bíblico rescatado de fantasmales secuestradores, que la sangre y el dolor regados por aquellos que desde los tiempos de los ‘falsos positivos’ contaron y ahora vuelven a contar con la impunidad oficial requerida para seguir segando centenares de vidas inocentes, en una cadena de asesinatos selectivos que según Michel Forst, relator de la ONU sobre la situación de defensores de DD.HH., “es lo más horroroso que he visto en mi vida”. (Ver noticia).

Sin pretender posar de ave de mal agüero, esto se asemeja a lo que describió el dramaturgo alemán Bertolt Brecht durante los años del Tercer Reich:

“Primero se llevaron a los judíos,

pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros,

pero como yo no era obrero, tampoco me importó.

Mas tarde se llevaron a los intelectuales,

pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas,

pero como yo no era cura, tampoco me importó.

Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.

En Colombia los jinetes del horror vienen por los que aún les falta asesinar, y cuando eso ocurra también será demasiado tarde, pues a nadie habrá de importarle. Y nada los detendrá, porque tienen todo a su alcance: el poder político, el poder económico, el poder militar.

La sombra fascista del arriero sub judice con ínfulas de sátrapa se cierne de nuevo, ominosa, sobre la faz de la nación.

DE REMATE: Al cierre de esta columna surgió un tema coincidente en modo nazi: desde la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Notariado y Registro, manejada por Carlos Alberto García, exjefe de prensa de Andrés Felipe Arias, salieron sendos trinos insultantes contra Daniel Coronell y Julián Martínez: “bandido judío de Tame” y… (el otro es impresentable). La supernotariado se disculpó, el ofensor renunció, el embajador de Israel le pidió a la ministra de Justicia aclarar lo ocurrido, esta repudió los tuits y “el comentario antisemita”. Pero García caerá parado porque lo que hizo es política institucional o modus operandi contra la prensa independiente. ¿Además, ustedes creen que Uribe dejará tirado al que sacó la cara (y hasta el c…) por su Uribito?

Historia de dos abusadores

Tomado de El Espectador

En mi columna anterior hablé de la actitud irresponsable que se advierte en algunos medios, entre ellos la revista Semana, “cada día más uribista”. Dije que a raíz del escándalo desatado por el infarto repentino (o envenenamiento, vaya el FBI a saber) de Jorge Enrique Pizano y la revelación de las charlas que le grabó a su “amigo” Néstor Humberto Martínez, los principales medios de comunicación fueron irresponsables con el país, en razón a que “habría bastado con que dos o tres de los más importantes directores se hubieran puesto de acuerdo en pedir -o exigir- la renuncia del fiscal general, propendiendo tan solo por la buena marcha de las instituciones. Y lo habrían conseguido”.

Pero días después encontré un artículo de Semana.com que me hizo recapacitar y pensar incluso en retractarme, pues constituye un argumento más -de los numerosos que existen- para que el fiscal general presente renuncia a su cargo, como lo reclaman la sindéresis y el sentido común. O así fuera por vergüenza propia. (Ver artículo).

Allí se habla de una carta rogativa de “la Fiscalía” al Departamento de Justicia de EE. UU. (no queda claro si el remitente fue el fiscal general o un funcionario suyo), que solicita a la embajada gringa acceso para interrogar a Daniel 'el Loco' Barrera sobre el “petrovideo”, pese a que, como el propio Néstor H. Martínez reconoció ante el Senado en noche de ingrata recordación, el ente acusador no tiene competencia para investigar a un congresista.

Según Semana “varios de sus apartes configurarían una extralimitación, pues pisa los linderos de la Corte Suprema de Justicia, único órgano competente para investigar a congresistas”. Llama la atención tanto el afán del fiscal en encontrar pruebas que incriminen a Petro, como la credibilidad que le da al picapleitos Abelardo de la Espriella: no fue sino que este dijera que la plata la había aportado el narcotraficante ‘Loco’ Barrera para que NHM corriera presuroso a investigar al senador, mediante la solicitud formal que presentó a la embajada.

Y es cuando el espectador desprevenido se pregunta: ¿si el Fiscal General de la Nación no tiene atribuciones para investigar a un senador en ejercicio, y pese a la prohibición lo hace, esto no constituye causal de destitución fulminante o de sanción social o de algo? Como la misma Semana señala, la carta rogativa es más que explícita: “De acreditarse, mediante el testimonio de Barrera Barrera que en efecto se ordenó el pago de sumas de dinero a favor del senador Gustavo Petro para financiar su campaña o facilitar la implementación de un proceso de negociación, se podría establecer el monto, fechas, forma en que dichos pagos se realizaron, la identidad de otros partícipes y las verdaderas motivaciones para la toma de decisiones de carácter penal". En otras palabras, no se necesitan tres dedos de frente para entender que el “Propósito de la solicitud de asistencia” era el de investigar a Petro. Y eso tiene un nombre: abuso de atribuciones.

Ante esta nueva evidencia de un proceder contrario a la legalidad por parte del fiscal general, ¿debemos resignarnos a esperar a que lo investigue la inoperante Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara? ¿O sea que su impunidad está garantizada para que haga y siga haciendo lo que le venga en gana ad aeternum, y para que de paso los más poderosos medios de comunicación asuman como que el asunto no es con ellos?

Es que el artículo de Semana no es una simple reseña sino un hallazgo periodístico, filtrado quizá por la misma embajada, que actúa como denuncia de una (otra) actuación incorrecta de Néstor Humberto Martínez, y en tal sentido debería tener alguna consecuencia -penal o social- para quien de ese modo subvierte una norma infranqueable, la que le prohíbe a la Fiscalía investigar a “funcionarios públicos adscritos al Congreso de la República, facultados para hacer leyes”.

Una segunda situación anómala se presenta con la carta que el embajador de Colombia en EE. UU., Francisco Santos, le dirigió a Christopher J. Smith, director de la División Criminal del Departamento de Justicia, para abogar por el recluso Andrés Felipe Arias: “El gobierno de Colombia apreciaría la pronta implementación de los pasos necesarios para asegurar que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, a fin de que pueda pasar tiempo con su esposa e hijos pequeños, especialmente durante esta temporada de fiestas”. (Ver noticia).

Ambas cartas -la de NHM y la de ‘Pachito’- tienen en común que piden lo que ningún gobierno autónomo podría conceder, pero la de este último raya en lo infantil y muestra a Colombia como la república bananera que expuso Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, donde un embajadorcito (para ellos) cree que por ser la más alta representación ante un Estado extranjero puede lograr que este desconozca la separación de poderes y le ordene a un juez liberar a un convicto, además prófugo de la justicia colombiana. ¿Hasta dónde puede llegar tal grado de ingenuidad, ah?

Como dijo María Jimena Duzán en su última columna (Todo por Uribito), “la carta de Pacho Santos no solo es la vergüenza diplomática del año, sino que también revela un abuso del cargo, que debería ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría colombiana”.

Así las cosas, digámoslo sin ambages: el fiscal general de la nación y el embajador de Colombia en EE. UU. son dos funcionarios que han abusado de las atribuciones de sus respectivos cargos. Se trata de una situación denigrante para la imagen del país, salida de toda lógica, que ninguna nación que se precie de democrática debería permitir ni tolerar.

DE REMATE: Según editorial de El Tiempo del 20 de diciembre, “el Gobierno se ha ceñido a la ley para enviar de vuelta a su país a Carlos Pino”, ciudadano venezolano casado con la colombiana Gloria Flórez y residente hace 19 años en nuestro país con ella y un hijo de ambos. Como dije en trino reciente, hubo un tiempo en que El Tiempo era un periódico de ideas liberales y defendía el pluralismo ideológico. Carlos Pino fue deportado como un delincuente por sus ideas de izquierda. Destrozaron a una familia, actuaron como solo actúan los déspotas. Al mejor estilo Maduro, mejor dicho.

Columna en respuesta a Daniel (Coronell y Samper)

Tomado de El Espectador

En días pasados el columnista Daniel Coronell retuiteó un trino de Santiago Rivas donde este se quejaba por la censura impuesta a su programa: “Puede que quiten Los Puros Criollos, pero no nos van a quitar lo público”. Daniel acompañó su mensaje con esta frase: “Comienza el exterminio de la independencia”. (Ver trino).

Comprensible la preocupación del dueño de Noticias Uno, pues es obvio que la ley de modernización de las TIC lleva camuflado el objetivo de golpear a ese noticiero, en cumplimiento de la amenaza que le había lanzado Álvaro Uribe el 18 de marzo pasado: “Daniel Coronell, contratista de Santos, tiene pánico y con razón: un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”.

Uribe acababa de ganar las elecciones legislativas y de imponer a su candidato Iván Duque sobre los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, por lo que se sentía victorioso y como cualquier rufián de esquina advertía a sus enemigos sobre lo que haría cuando ganara su calanchín.

Recuerdo en especial un trino del cronista Alberto Salcedo Ramos, donde advertía sobre lo que se avecinaba: “Esta amenaza de Uribe contra Daniel Coronell es absolutamente corleonesca. No le falta sino la cabeza sangrante del caballo bajo las cobijas. Además pone a Iván Duque como un candidato que en caso de ganar sería un presidente de bolsillo”. (Dicho y hecho, por cierto).

Es claro que si a los votos de Petro (8.034.189) se hubieran sumado los blancos (808.368), igual habría ganado Duque (10.373.080), pero otro gallo habría cantado si Sergio Fajardo y Humberto de la Calle le hubieran brindado su apoyo a Petro en segunda vuelta, como les habría correspondido hacer con el triunfador de la primera vuelta. Pero lo dejaron solo y contribuyeron tanto a su derrota, como a la resurrección de la bestia.

Mejor dicho, la pregunta de fondo es qué habría sido peor (o mejor), si un gobierno de Petro o el actual tercer período de Uribe, que en la práctica lo es.

Entre Petro y Uribe se trataba si se quiere de escoger el menor de dos males. En tal medida, al trino de Daniel Coronell que anunciaba “el comienzo del exterminio” le contesté con esto: “Se les dijo, se les advirtió, se les recomendó que por nada del mundo el voto en blanco, pero no hicieron caso...” (Ver trino). A lo cual Coronell respondió con un escueto “Estoy muy satisfecho de haber votado en blanco”, y minutos después intervino su tocayo Daniel Samper Ospina, así: “Me sumo: y más al notar la arrogante vehemencia con que sectores del petrismo le reclaman a uno no haber votado por Petro, prácticamente como si fuera un delito no comerle cuento al “candidato humano”.

Admiro, respeto y aprecio a los dos Danieles, pero juzgo legítimo expresar mi divergencia tanto con el par de colegas como con quienes -ingenuamente, a mi modo de ver- creyeron que era preferible dejar ganar a Uribe que a Petro, y a cuenta de inventario afirmé que “fue un error propiciar mediante la promoción del voto en blanco el regreso de la fiera herida y sedienta de venganza. Hoy pagamos las consecuencias, y esto se va a poner peor”.

Brindo a su vez claridad en que no hablo desde “el petrismo”, pues nunca he sido petrista (mi candidato hasta primera vuelta fue De la Calle), incluso escribí una columna titulada Petro puntea porque polariza, por pendenciero. (Ver columna).

Mi respuesta crítica a Daniel Coronell pretende tan solo escudriñar en el motivo por el cual se abstuvo de brindar su apoyo a Petro en la segunda vuelta, a sabiendas de todo lo que podía perder si ganaba el títere de Uribe, y ante la evidencia de que en últimas los partidarios del voto en blanco contribuyeron con su omisión a propiciar aquello de lo que hoy se quejan.

Pero más preocupante aún es la actitud irresponsable que se advierte en algunos medios -entre ellos Semana, cada día más uribista-, y el escándalo desatado a raíz de las conversaciones que Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.) le grabó a su “amigo” Néstor Humberto Martínez es patética muestra del despiporre institucional y la pérdida de credibilidad que hoy se percibe a todo nivel.

Precisamente con motivo de la elección del fiscal ad hoc, María Jimena Duzán en su última columna denunció cómo el elegido por la Corte Suprema, Leonardo Espinosa Quintero, “en 2013, (…) cuando fungía como representante legal de la Universidad Sergio Arboleda, le otorgó un poder especial, amplio y suficiente a Néstor Humberto Martínez para que representara a esa universidad en un proceso judicial ante la jurisdicción civil”.

Tiene razón María Jimena en que “esto es una vergüenza mayúscula. Si le quedara algo de decoro al fiscal Martínez y si algo de eso tuviera el fiscal ad hoc Espinosa, los dos tendrían que renunciar”. Lo alarmante sin embargo no está ahí, sino en ser testigos atónitos de cómo ciertos medios con su silencio han sido cómplices de los entuertos que hoy tienen a buena parte de la justicia cooptada por sujetos de proceder rufianesco, como rufianescos resultaron los métodos mediante los cuales “para devolverle un favor a su padrino electoral, NHM nombró como fiscal anticorrupción a  un hombre de Leonidas Bustos” (Luis Gustavo Moreno, extraditado a EE.UU.), según documentada denuncia de Daniel Coronell en su última columna.

Si fueran responsables con el país, habría bastado con que dos o tres de los más importantes directores de medios se hubieran puesto de acuerdo en pedir -o exigir- la renuncia del fiscal general, propendiendo tan solo por la buena marcha de las instituciones. Y lo habrían conseguido.

Pero no se atreven, y entonces queda la impresión de que todos -medios de comunicación y políticos corruptos- se están ‘cubriendo’ con la misma cobija…

DE REMATE: Lo que hoy pasa en Colombia  recuerda un diálogo que escuché en la anterior campaña:

- Me da miedo que nos pase lo mismo que a Venezuela.

- Qué, ¿que un maniático enfermo de poder aproveche su popularidad para montar un mequetrefe desconocido en la presidencia?

Claudia, ¿conviene continuar callando?

Tan contundente resultó la columna de El Espectador del viernes 7 de diciembre donde Claudia Morales emplazó al primer diario del país por haber elegido 339 días atrás al Fiscal General como Personaje del año pasado, que el portal Pulzo la destacó como una de las noticias destacadas de ese día, con este titular: Claudia Morales cobra a El Tiempo haber nombrado a Néstor H. Martínez personaje 2017.

“Resulta de una candidez abrumadora que el periódico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresario metido hasta los tuétanos en los entuertos de la multinacional brasilera (…) pusiera chulito para que el abogado y amigo de sus entrañas fuera exhibido como un prohombre”, dijo Claudia. Y para hacer evidente su contrariedad agregó que "Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento no son antipersonajes ni nada de esas pendejadas. Son los personajes que representan esos ejemplos con los que educo a mi hija para que nunca se parezca a ellos".  (Ver columna).

Son palabras mayores, sin duda, y es cuando el espectador desprevenido se pregunta por qué Claudia no tuvo el mismo coraje cuando el 19 de enero del año todavía en curso contó la puntica no más de un relato escalofriante, según el cual años atrás fue violada por alguien de quien no se atrevió a dar el nombre: “Ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe. Abre, “Él” la empuja. Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio”.

Una defensa del silencio, tituló esa columna, y el motivo de esta es cursarle una cordial invitación a recapacitar, a que entienda que la persistencia en su mutismo solo ha contribuido a fortalecer el omnímodo poder del hombre que abusó de ella, ese alguien del que todos sabemos su nombre pero no lo podemos pronunciar hasta que no sea la directa afectada quien lo haga.

Va a hacer casi un año que estalló el escándalo, ad portas de la campaña que iba a elegir el remplazo de Juan Manuel Santos, y la conclusión que queda al final de la jornada es que el supuesto violador se salió con la suya, en parte porque se ‘silenciaron’ los efectos de tan perturbadora acusación y en parte porque el hombre logró sentar en el solio de Bolívar  a un inepto que cumple con obediente esmero las tareas que le asigna (entre ellas defender a funcionarios venales como un Alberto Carrasquilla o un Néstor Humberto Martínez), mientras apunta hacia la meta suprema de transformar las Altas Cortes en una sola que le garantice a su jefe impunidad perpetua frente a los incontables crímenes por los que es acusado. Y que no incluyen, por supuesto, el del estupro.

No lo incluyen hasta el momento, porque la víctima del rapto carnal contó del milagro pero no señaló al ‘santo’. Y la inminencia del primer aniversario de semejante bomba -hoy desactivada- sirve para brindar claridad en que por tratarse de un delito tan oprobioso, lo mínimo que se puede esperar es que un día se conozca de labios -o letras- de la violada la identidad de su violador.

La pista más cercana que en este terreno dio la columnista hacía referencia a “un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”. Esto explicaría el temor de Claudia a las consecuencias que podría traer para su seguridad personal -o la de su familia- revelar el nombre del agresor, pero igual se debe advertir sobre la inutilidad de haber callado, pues contribuyó a reforzar la aureola de invulnerabilidad de dicho sujeto, como cualquier Hitler en sus años de gloria.

La pregunta que en torno a tan escabroso asunto siempre me he hecho, es qué pretendía entonces lograr con una denuncia a medias la periodista que le manejó la prensa internacional al presidente de Colombia por los días en que ocurrió la violación. Un segundo interrogante a resolver sería si es cierto que ese ataque contra su integridad física ocurrió en la Casa de Huéspedes de Cartagena, como más de una fuente bien informada le ha contado a este humilde analista de la cosa política.

Hoy la pregunta del millón sigue siendo si llegará el día en que la apreciada colega tendrá la valentía de enfrentar con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a un sujeto cuyo “margen de peligrosidad” no deja de crecer, bajo el entendido de que el compromiso o responsabilidad de poner las cosas en su lugar no es solo con sus lectores o con la opinión pública.

Como dije en columna escrita por los días del escándalo, “si Claudia con la mitad de su revelación dejó al país en vilo, si se atreviera a contar la otra mitad cambiaría de un totazo la historia de Colombia”. (Ver columna).

DE REMATE: La justificación de esta amable solicitud a que rompa el silencio la dio la misma Claudia Morales en columna del 20 de Julio de 2017, titulada Invitación a mirarnos el ombligo, donde reflexionó así sobre los ataques que por esos días recibía Daniel Samper Ospina de Álvaro Uribe y su cuadrilla de esbirros:

“Por asuntos puramente personales, hace unos años decidí no usar Twitter ni esta columna para calificar lo que pienso de Álvaro Uribe Vélez. Hoy pongo a un lado mi promesa y…”.

“Los ciudadanos deberíamos romper la neutralidad cuando de una difamación se trata, y más aún si proviene de una figura consciente de las pasiones que provoca y las reacciones que, siempre impredecibles, pueden acabar con la vida de sus focos de odio. Cuando escribo acabar, hablo de matar”.

“Yo sí siento miedo, lo confieso con vergüenza, y es una de mis razones para omitir de mis registros públicos el nombre del funcionario incriminador. Ojalá esta vez la justicia no brille por su ausencia”.

En últimas, a Claudia se le puede aplicar la frase que citó de Gandhi al final de la columna referida: “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”.

Petro o el arquitecto Vélez: ¿quién miente?

Tomado de El Espectador

No se puede negar la contundencia del tramacazo que recibió Gustavo Petro en su prestigio cuando en medio del debate parlamentario convocado por la oposición contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, la senadora Paloma Valencia exhibió un video donde aparece el excandidato presidencial recibiendo unos fajos de billetes por la cantidad que allí se menciona, veinte millones de pesos.

Coincido con quienes creen que lo tenían celosamente guardado, como “bomba atómica” que esperaban hacer explotar en caso de que las fuerzas de Fajardo y Humberto de la Calle se le hubiesen unido a Petro y este hubiera conquistado la Presidencia, en lugar de Iván Duque. Habría sido un golpe demoledor para la coalición de centro-izquierda que estuviera en el poder, sin duda.

Pero vieron que su aliado el fiscal NHM se hundía, y decidieron lanzarle el salvavidas. Y funcionó a la perfección, en patética prueba reina de la impresionante habilidad del uribismo para voltear la torta a su favor de la noche a la mañana. El día anterior todas las luces acusadoras apuntaban al fiscal, quien tambaleaba, pero después del video de la Paloma retrechera, Martínez Neira pasó a tercer plano y Petro quedó sentado en el banquillo de los acusados, con potentes reflectores sobre su rostro.

Uno de esos reflectores lo aportó Semana en su portada del domingo siguiente con "El Petrovideo". Y para ‘equilibrar’ las cargas incluyeron un artículo titulado El feroz debate del fiscal, donde dijeron que “Martínez definitivamente sorprendió (…) por su tono de abogado litigante, que salió a flote en una dimensión que no se le había visto”.

Sea como fuere, a Semana hay que reconocerle allí dos verdades. En el artículo de portada, cuando dice: “Parece evidente que alguien, Petro o (el arquitecto Simón) Vélez, está mintiendo”. Y en lo del fiscal se permite dudar de una supuesta conspiración contra él, y pone el dedo en la llaga cuando pregunta: “¿Cuál es la realidad de esa “conspiración”? Todo se limita a los evidentes conflictos de interés que Néstor Humberto Martínez ha tenido desde que llegó al cargo”. (Ver artículo).

Simón Vélez, conocido por el uso de la guadua y quien se define a sí mismo como “un anarquista de derecha”, sacó un breve comunicado donde afirmó que “yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y menos a Gustavo Petro”. Pero la misma Semana se encarga de recordarle una crónica de 2016 publicada por la revista Gatopardo, en la que aseguró haber recaudado aportes para varias campañas, entre ellas la de Petro y la de Germán Vargas Lleras, y que “guarda los jugosos recaudos en tarros de la cocina”. (Ver artículo).

En sus declaraciones Petro ha eximido de toda responsabilidad a su interlocutor en la escena, Juan Carlos Montes, en cuanto a que hubiera podido ser quien filtró el video. En él sigue depositando su confianza, igual que en la hija de este, Zolima Montes, quien le dijo a CM& que “Simón Vélez sí le daba plata a Gustavo Petro a través de mi papá”, y que entre ellos dos “existe una relación de muchos, muchos, muchos años”.

Unos días después Zolima debió abandonar el país bajo amenazas, y antes de partir le dijo a la periodista Paola Rojas de Noticias Uno algo que pone a pensar en cómo pudo haber llegado el video a manos de Paloma Valencia: “lo que pasa es que mi papá es una persona bastante psico rígida. Entonces mi papá guarda muchos documentos y muchas cosas, para su archivo personal. Yo creo que el video se hizo y se guardó, como para tener constancia de que esos aportes sí se entregaban”.

Conozco versiones de personas cercanas a Petro -más de una- que dicen que durante todos estos años permaneció una copia del video en poder de Juan Carlos Montes, y otra en poder de Simón Vélez.

Noticias Uno ofreció un perfil del arquitecto, de quien menciona que “en los años 80 se inició construyéndoles caballerizas a los mafiosos de la época, y fue contratado por Carlos Lehder y por la familia Ochoa Vásquez”. Más adelante cuenta que tiene una casa en el barrio La Candelaria de Bogotá, donde recibe sobre todo a políticos de derecha y “se le conoce como un vecino difícil”. Pero la intriga se despierta es cuando el noticiero revela un dato muy comentado entre los amigos de Vélez, referente a “su antigua y estrecha cercanía con la familia de Paloma Valencia, especialmente con su mamá, la señora Dorotea Laserna, a quien conoció desde la época de la universidad”.

Esto quizás ayudaría a entender cómo llegó el agua al molino donde anidan las garzas al abrigo de la caña, pero sobre todo sirve para aterrizar en el escenario que nos quieren ocultar con el montaje del “Petrovideo”. Según el abogado y jurista Ramiro Bejarano, “independiente de que Petro sea o no culpable (…) está andando un complot gigantesco para poner a salvo a un fiscal atrapado, al precio que sea y contra todo aquel que se atreva”. (Ver columna).

El nombramiento de un fiscal ad hoc es contentillo para la galería, pues quien resulte elegido de la terna (uribista, por supuesto) solo se encargará de tres casos y deberá contar con el mismo equipo de investigadores que depende del Fiscal General. Vaya bufonada. Ahí misteriosamente los más importantes medios de comunicación evitaron siquiera musitar o sugerir la renuncia del fiscal, que habría sido lo ética y jurídicamente conducente.

O como dijo el Groucho Marx colombiano, Adolfo Zableh, en preocupante advertencia: "Olvídense que el Fiscal va a renunciar, mucho menos que va a pagar ante la justicia en caso de que haya cometido un delito. Tiene la bendición del establecimiento y el silencio de la prensa masiva".

DE REMATE: Yo le creo a Petro, nunca he visto que haya hecho algo incorrecto o ilegal. Pero cuando respondió a las acusaciones por la plata que recibió, le faltó contar con un asesor para momentos de crisis. Ese farragoso video de 40 minutos debió ser editado, recogiendo las siete u ocho explicaciones puntuales, que resuelven toda duda. Además se le vio golpeado, inseguro, sin liderazgo. ¿Cuándo aprenderá la izquierda a comunicar…? ¡En eso la derecha le lleva años luz de ventaja!

Zapatoca y Girón, tan cerca y tan lejos

Tomado de El Espectador

Girón y Zapatoca son municipios hermanados en muchos aspectos, entre ellos por la estancia en sus tierras del aventurero y comerciante alemán Geo Von Lengerke (1827-1882), quien construyó un camino de piedra entre ambos pueblos, regó su descendencia por toda la comarca y murió en Zapatoca. Su ‘semilla’ (en nada parecida a la de la quina que exportaba a Europa y sacaba por el río Magdalena), dejó huella en mucho santandereano pelirrojo o con semblante europeo, pero nos estamos saliendo del tema.

El tema en cuestión habla del contraste tan marcado que hoy se percibe entre dos pueblos separados por una carretera de apenas 68 kilómetros, con tanto en común desde hace casi 300 años, como los cultivos de tabaco o el apellido Pinilla. Pero la distancia entre los dos es cada día más grande, no por pleitos entre gironeses y zapatocas sino porque al frente de sus respectivas alcaldías están dos administraciones con perfiles por completo diferentes.

En el caso de Zapatoca podría pensarse que sus callecitas impecables y su belleza arquitectónica tan bien preservada obedecen a la mano femenina de su alcaldesa, Diana Gisela Prada. Es innegable su impronta en tal sentido, pero el mérito también es colectivo: si hay un pueblo donde todos sus habitantes se conocen entre sí y brilla con luz propia la colaboración y la camaradería (al punto de identificar a las familias por apodos burlescos como los ‘Chochagrande’ o los ‘Tirapedos’), ese pueblo es Zapatoca.

Hablando de colectivos, cuenta además con una Fundación no de garaje sino presente y actuante, ProZapatoca, dedicada a gestionar recursos que invierte durante el día en conservar el mobiliario urbano como una tacita de plata, y por las noches en dictar cursos para aprender a bailar salsa… completamente gratis.

Caso diferente ocurre con Girón, un municipio manejado por poderosos clanes y regentado por una especie de cacique mayor conocido como ‘el Loco Quintero’, Luis Alberto Quintero González, quien cuando no es alcalde -y lo ha sido cinco veces- influye para que el que gane haya contado con su apoyo político o financiero.

Al margen de los tejemanejes políticos, la preocupación de muchos gironeses apunta al nulo interés que el actual alcalde, John Abiud Ramírez, muestra por su zona colonial conocida como el casco antiguo, sometida al abandono y al más olímpico desaseo, objeto de chambonadas urbanísticas que dejan ver la total ignorancia de esta administración por el tema conservación arquitectónica, como pintar inmensas y abundantes señales de Prohibido Parquear sobre calles coloniales empedradas, o “restaurar” esas mismas calles con cemento de construcción y convertirlas en colchas de retazos, o contratar para la alameda de Las Nieves unas luminarias carísimas (12 millones cada una) y super modernas, que rompen de modo abrupto con el entorno colonial.

El alcalde de Girón se parece al de Bogotá en que privilegia el cemento sobre cualquier otra consideración. Trató de meterse a remodelar el hospital, construcción colonial, y el ministerio de Cultura alcanzó a impedirlo, pero sí demolió las tres cuartas partes de la biblioteca virtual Isaías Duarte Cancino para construir una glorieta justo donde comienza el casco antiguo, al que atravesará en uno de sus costados para conectarlo con la vía al aeropuerto de Palonegro. ¿Un parque que les dé la bienvenida a los turistas a la zona histórica? No, él no sabe de eso ni le interesa, porque el turismo no da votos. Va la glorieta, porque va.

John Abiud Ramírez tiene para mostrar tres cosas: obras al por mayor, una planta de personal equiparable a la de la Gobernación (más de 20 secretarías municipales con sedes regadas por el pueblo para poder albergar a más de 1.000 contratistas de prestación de servicios y 45 cargos con honorarios superiores a seis millones mensuales) y un aumento escandaloso de los impuestos -Predial y de Industria y Comercio- para financiar todo lo anterior.

Muestra del nulo interés de la alcaldía por el casco antiguo de Girón es la plazoleta de Las Nieves con su emblemática capilla del mismo nombre, joya colonial del s. XVII a la que es imposible tomarle fotos porque su perímetro permanece invadido por vehículos, como cualquier parqueadero público. Un día le hablaron al alcalde Ramírez sobre la necesidad de peatonalizar el casco antiguo, y respondió que no estaba dispuesto a asumir ese costo político.

La otra cara de la moneda reside en que hay entidades del orden privado que luchan por preservar el patrimonio histórico y cultural, o sea que hacen lo que debería ser una obligación de la alcaldía. Entre esas está la Cámara de Comercio de Bucaramanga seccional Girón, que todos los años organiza el concurso de Fachadas, Puertas y Ventanas, el cual para Girón va en su edición 14 y para Zapatoca en la séptima, y sirve tanto para dar realce al “orgulloso legado histórico y cultural” como para promover la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los habitantes de ambos municipios.

Pero aquí no se trata de hacer aparecer a unos como los buenos y a otros como los malos. Se trata de respetarle al alcalde de Girón sus obras, incluso de reconocer que traerán progreso, pero resulta obligante enviarle un mensaje de URGENCIA para hacerle ver que el casco antiguo de Girón está tirado al olvido y sometido a un proceso de franco deterioro. Y eso exige pronta solución, y en tal medida se requiere que tome conciencia y “enderece el rumbo”.

DE REMATE: Valga la pena aclarar que el apodo ‘Chochagrande’ aludía a una familia de zapatocas muy devota de la Virgen, cuyos miembros rezaban el rosario en una camándula elaborada con pepas grandes de altramuz conocidas como chochas. Ya lo de ‘Tirapedos’… bueno, eso no requiere explicación adicional.

El fiscal general y la llamada delatora

Tomado de El Espectador

Queda uno súpito, atónito, estupefacto, escandalizado y todos los superlativos que se quieran agregar, al saber que quien había sido gran amigo de Néstor Humberto Martínez murió de un ataque al corazón tres días después de entregarle a Noticias Uno un material ‘explosivo’, que incluyó una conversación de tres años atrás, donde Jorge Enrique Pizano en calidad de auditor del consorcio Ruta del Sol II le contaba a quien luego sería el fiscal general cosas que este jamás manifestó conocer y menos investigó porque “nunca me dijo que eran coimas”.

La verdad se destapó con el fallecimiento repentino de Pizano, y hemos de creerle a Medicina Legal cuando dictamina que murió “de muerte natural por infarto fulminante”, pero queda flotando cierta desconfianza luego de saber que su hijo Alejandro murió envenenado con cianuro tras beber de una botella de agua saborizada que encontró sobre el escritorio de su padre (y que su hermana no recuerda haber visto ahí).

De otro lado, ¿se le puede creer al CTI de la Fiscalía que encontró cianuro en casa de Jorge Enrique Pizano, cuando lo que más le convenía al fiscal general -o sea al jefe de todos ellos- era que encontraran cianuro en esa casa?

Ahí están servidos todos los ingredientes para un thriller de suspenso, los mismos que por elemental sentido común obligarían al fiscal a presentar renuncia a su cargo, sobre todo porque estamos ante una verdad inocultable: de aquí en adelante queda en entredicho su credibilidad para investigar tanto las muertes súbitas de Pizano y su hijo Alejandro, como todo lo concerniente a Odebrecht, cascarón de proa de la Fiscalía en su supuesta lucha contra la corrupción. Para decirlo sin ambages, la legitimidad y la credibilidad del ente de control entran en cuidados intensivos mientras Néstor Humberto Martínez Neira permanezca al frente de la institución.

Un segundo motivo para dudar ya no de la credibilidad sino de la clase de amistades que se trae el fiscal, es la delatora llamada que recibió de “Yamhure” mientras era entrevistado por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Al día siguiente otra periodista, Darcy Quinn de Caracol Radio, le preguntó por lo que según ella generó todo tipo de suspicacias: “¿por qué lo llama a usted el señor Yamhure?”. Y así respondió, atropelladamente:

“No, pero perdóneme. La única suspicacia que no pueden tener mis amigos periodistas es que me llamen periodistas, porque yo recibo, como todos ustedes de la mesa, llamadas de ustedes todos los días”.

Allá el fiscal si considera que Ernesto Yamhure es periodista. Lo preocupante de todos modos es constatar la relación tan cercana que el Fiscal General de la Nación tiene con ese sujeto, al punto de tenerlo en su celular por el apellido, y es cuando cobra validez esta frase de Héctor Abad Faciolince en su última columna: “Aquí no obró el azar ni la mala suerte, sino el mal cálculo: hay alta probabilidad de quedar en evidencia cuando uno se relaciona con gente así”.

Con gente sub júdice, mejor dicho, pues se trata de alguien al que siendo columnista de El Espectador se le descubrió que tenía línea directa con Carlos Castaño, quien revisaba sus columnas y le indicaba qué dejar y qué agregar.

El día que el periódico de Vladdo le destapó esa relación pecaminosa con el máximo comandante de las AUC, el hombre puso pies en polvorosa y huyó a Miami. Allá creó una fábrica de propaganda negra y noticias falsas conocida como Los Irreverentes, desde donde disparaba salvas cargadas de mentiras contra el gobierno de JM Santos y ahora la emprende contra todo lo que no es del agrado de Álvaro Uribe, como cuando dijo que el exmagistrado Iván Velásquez estaba “señalado de haber cometido un homicidio en Guatemala”. (Ver falacia).

Hablando de noticias falsas, es fácil conocer el motivo de la llamada al fiscal cuando al día siguiente de la entrevista aparece publicado en su sinuoso portal un artículo según el cual “Pizano se habría suicidado”, donde dice que “un abogado (no identificado) de la firma de Abelardo de La Espriella (uribista rabioso), le aseguró a este portal que desde que el fiscal Jaime Zetién inició la investigación en su contra, Jorge Enrique Pizano empezó a cargar pastillas de cianuro en el bolsillo de su saco”. Idea cuya autoría original habría que atribuírsela a José Obdulio Gaviria.

La llamada pudo ser entonces para ponerlo al tanto de la “ayudita” mediática que venía en camino, y de paso hizo evidentes las excelentes relaciones que se manejan entre el fiscal y el uribismo (descritas en columna mía hace dos años), en las que Yamhure aparece actuando desde lo mediático como ‘vaso comunicante’ entre este y aquellos.

Estamos hablando de un sujeto denunciado por injuria y calumnia por la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, después de que afirmara que ella es “del cartel de Cali”, en respuesta a una columna de la periodista en la que habló del elogioso libro que Yamhure escribió sobre Jorge Pretelt, 'Magistrado en la mira', y se refirió además a “las amistades secretas de quien había logrado colarse como columnista en El Espectador y como comentarista en Caracol Radio”. (Ver columna).

¿Esa es pues la clase de amistades que tiene Néstor Humberto Martínez? Y, ¿cuál garantía de imparcialidad como fiscal nos puede brindar a quienes hemos sido víctimas de los rastreros ataques de ese individuo?

Me atrevo a pensar que los críticos del fiscal general y de su hoy aliado estratégico deberíamos ir pensando en reforzar nuestros esquemas de seguridad, o al menos tomar la precaución de no aceptar ningún ofrecimiento que nos hagan de agüita en botella.

DE REMATE: Debería ser buen síntoma de depuración institucional el escándalo que tiene al fiscal general contra las cuerdas, si no fuera porque Ramiro Bejarano nos aterriza bruscamente a la más cruda realidad en su columna del domingo pasado, cuando advierte que “Néstor Humberto (…) se quedó sin aire como fiscal, pero lo peor es que no puede renunciar, ni conviene que lo tumben”. Es tristemente cierto, no nos llamemos a engaños: el mismo Alejandro Ordóñez podría postularse porque le tiene muchas ganas al cargo y, ahí sí, Dios nos coja confesados…

El aviso de la debacle

Tomado de El Espectador

Vienen tiempos muy difíciles para Colombia. El poder gubernamental ha sido arrebatado en las urnas mediante artimañas y propaganda negra por una fiera sedienta de venganza, que hace dos años estaba herida de muerte por las negociaciones de paz y hoy se encuentra resucitada y con nuevos bríos, gracias al absurdo plebiscito que en 2016 se inventó el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Santos creyó que la refrendación del acuerdo con las Farc -a la que no estaba obligado- sería pelea de toche con guayaba madura, confiado en que el pueblo quería la paz y ello representaría una dura derrota para Uribe, pero no previó que los miles de votantes que en las encuestas aparecían decididos en mayoría aplastante por el SÍ, el día crucial del referendo pensaron “si vamos a ganar por más de 20 puntos, mejor me quedo en casa. Un voto menos no cuenta”.

Y vino la aplastante derrota de la paz, cuyas nefastas consecuencias hoy padecemos, al punto de hallarse la JEP en cuidados intensivos y tener en la presidencia del Senado a un sujeto del que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si terminó el bachillerato, un tal Ernesto Macías que fue objeto de la maratón de condecoraciones más aparatosa que se haya visto en la historia de Colombia, 15 en un solo día, la primera de ellas la Cruz de Boyacá (así mancillada) de manos del presidente Duque y las 14 restantes a cargo de la corrupta clase política, empresarial y gubernamental del Huila, haciendo la debida claridad en que otra parte de la clase política y empresarial opita sí es decente.

Es comprensible la ola de apoyos y gratitud que suscitó Santos tras su salida de la presidencia, básicamente por haber acabado con las Farc, pero es también de caballeros imbuidos de franqueza señalar que no tuvo la suficiente entereza, valentía o arrojo para resistir la embestida de la fiera acudiendo a la mejor ‘arma’ que siempre estuvo a su alcance, pero nunca quiso utilizar: la verdad sobre Álvaro Uribe. Y si no me creen pregúntenle a Enrique Santos Calderón, su hermano mayor.

Sea como fuere, no es la hora de llorar sobre la leche derramada sino de advertir sobre los peligros que se ciernen para la institucionalidad de la nación, el primero de ellos desde la curul del ‘bachiller’ Macías, quien de manera impúdica lanzó una amenaza de toma del poder judicial por la vía populista-autoritaria de convocar a una Constituyente si sus Cortes no se alinean a los deseos y designios de su patrón. El objetivo es claro: aplastar cualquier voz disidente que pueda surgir en el camino de pavimentarle a Uribe una impunidad jurídica a perpetuidad. Y así se expresa el designio:

“Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso, verdaderas reformas a la Justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El Presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente”. E.M.

Eso de “el presidente no debe descartar" suena a ucase imperial, pues Macías no habló a título personal, por supuesto. El solo es un servil amanuense del ‘caudillo’, su duquecito en versión Senado.

Según el analista Fernando Posada, estamos frente a “un descaro inédito: el presidente del Congreso invitando a evitar el curso de proyectos en el Congreso y proponiendo el uso de otros caminos. Increíble que sean palabras del jefe de una rama del poder, que debe proteger la credibilidad institucional; no debilitarla públicamente”. (Ver trino).

Es aquí en últimas donde se verá la verdadera catadura ética y moral del Congreso, cuyos integrantes tienen dos opciones: lanzarnos al abismo de una dictadura camuflada en la carita de niño bueno de un monigote que se prestó para que Uribe recuperara el poder perdido; o preservar la institucionalidad y la solidez jurídica de la nación, evitando que se vean deshonradas por el apetito insaciable de un sátrapa, hoy en condición sub júdice, necesitado de darles cristiana sepultura a los ‘pequeños’ obstáculos que se le atraviesan para completar la toma total y definitiva del Estado.

Ante tan ominoso panorama, que incluye en el plano económico a un presidente Robin Hood a la inversa (asaltando a los pobres para darles a los ricos) elevamos nuestras oraciones al Altísimo, suplicándole que en su infinita sabiduría nos salve de la debacle que se avecina.

En caso contrario, si ocurriere que Dios está inhabilitado para evitar la hecatombe debido al asunto ese del libre albedrío de su humana creación, que al menos nos coja confesados...

DE REMATE: Dos asuntos álgidos cuya investigación exige nombrar un fiscal general ad hoc: uno, Néstor Humberto Martínez le abrió investigación al amigo que en 2015 atendió como abogado de Corficolombiana, a quien le recibió unas denuncias que nunca admitió haber conocido, solo ahora que las destapó Noticias Uno. Y dos, el denunciante (Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht) y su hijo (Alejandro Pizano) murieron de manera repentina con horas de diferencia, no solo en la misma finca sino en la misma silla del mismo escritorio... (Ver noticia).

Objetivo: sacarle billete a un magnicidio

Tomado de El Espectador

Guardadas las proporciones, pues Álvaro Gómez Hurtado fue un destacado líder político y Pablo Escobar un desalmado asesino, llama poderosamente la atención la forma en que los deudos de uno y otro personaje han coincidido en sacarle provecho a la muerte de su respectivo pariente.

Lo de Escobar lo trae a colación la periodista laureano-uribista María Isabel Rueda en columna titulada con acierto ¿Víctima o sinvergüenza?, cuando dice que “la familia de Escobar (…) resolvió sacarles provecho a los delitos del capo. Su hijo, hoy llamado Juan Sebastián Marroquín, ha escrito dos libros: ‘Pablo Escobar, mi padre’ y ‘Pablo Escobar, in fraganti’. Aunque el perdón que pide en nombre de su padre podría ser sincero, lo ha explotado comercialmente con mucho éxito”.

En lo referente a Álvaro Gómez está el libro-panfleto de su hermano Enrique, Por qué lo mataron, al que le pusieron precio de huevo para que se vendiera como ídem. Pero está sobre todo la obsesiva presencia acusadora de sus parientes en los medios, como eternas plañideras, que les ha servido para usufructuar el único patrimonio político que poseen, el de ser parientes del líder inmolado. O como dijera el exfiscal Eduardo Montealegre: “nunca han podido construir algo distinto a esa herencia, viven de una gloria prestada. Sin ella sólo serían recordados por la agresividad de sus palabras, el sectarismo y la mediocridad de sus ideas”.

Esa ‘herencia’ hoy se concentra en dos hermanos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hijos de Enrique Gómez Hurtado, a quien se le recuerda por haberse reunido en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva cuando este huía de la justicia, acusado de haber ejecutado el plan para asesinar a su hermano. Al recibir esa visita clandestina incurrió en dos delitos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero hasta hoy no ha dado ninguna explicación ni respondido ante la ley.

De Miguel, economista él, se sabe que se ‘quemó’ en su intento de hacerse elegir al Senado por el Partido Conservador (siendo cabeza de lista…), mientras que a Enrique, de profesión abogado, el 2 de noviembre pasado en coincidencia con un aniversario más del magnicidio se le escuchó de nuevo su letanía de víctima, que incluyó “un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador”. (Ver noticia).

Pero lo llamativo no está ahí, sino en que ahora los Gómez Martínez han decidido saltar del provecho político al usufructo económico, y en función de dicho objetivo el propio EGM le dio a RCN Radio la “primicia” según la cual “la familia de Álvaro Gómez presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio”, de nombre Héctor Paul Flórez Martínez y de quien Gómez Martínez dijo que “tenía antecedentes (…) por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar”.

De entrada habría que decir que el condenado (a 40 años, de los cuales cumplió 18 y hoy está en libertad condicional) no era un delincuente menor sino un asesino confeso, miembro de una temible banda de sicarios, quien reconoció “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”.

Está además la delación de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le contó haber disparado cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron 4 los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con 4 orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”.

Por muy aberrante que parezca, la estrategia de defender al asesino del tío (a quien antes acusaron) podría resultarles exitosa, gracias precisamente a los buenos oficios de María Isabel Rueda, amiga y asesora del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien consiguió que la Fiscalía desechara la hipótesis que giraba en torno a un grupo de militares golpistas, tesis esta seguida por todos los fiscales anteriores y apoyada hasta por el exembajador de EE UU en Colombia, Myles Frechette.

Hoy la Fiscalía está casada con la versión de los Gómez Martínez, quienes se anotaron como éxitos que después de muchos años de brega obtuvieron la retractación de Lugo (ver retractación), y pusieron a rodar una aplanadora jurídica que ha llegado hasta lograr que el ente acusador profiriera acusación contra los tres policías que en cumplimiento de sus actividades rutinarias recibieron hace 23 años la declaración de Carlos Alberto Lugo… y hoy están acusados por favorecimiento y fraude procesal. (Ver noticia).

El espectador desprevenido se preguntará a qué obedece tanto apoyo altruista al condenado por el crimen contra su pariente, y la respuesta llega en forma de autoincriminación cuando el mismo Gómez Martínez declara en su “primicia” para RCN que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”, ocultando así que años atrás ellos mismos, como parte civil en el proceso, ayudaron a condenar al delincuente confeso.

O sea, van es por billete, y por partida doble: a la jugosa comisión para el abogado demandante si logra probar la inocencia de su “cliente”, se sumaría la millonaria indemnización que recibirían los parientes de la víctima. Ahora bien, para hacerse merecedores a lo segundo, deben encargarse de lo primero: sacar libre de culpa al condenado por haber asesinado al tío.

Con la declaratoria ilegal que a finales de 2017 hizo el fiscal general al definir el crimen como de lesa humanidad (de la mano de los ultragodos María Isabel Rueda y Pablo Victoria) se revivieron los términos para que los deudos puedan demandar responsabilidad patrimonial del Estado y tener acceso a la indemnización, pero hay un obstáculo a salvar: Héctor Paul Flórez: mientras haya un solo condenado por el crimen, la justicia lo asume como caso juzgado.

¿Ya entienden entonces por dónde va el agua al molino, cuando Enrique Gómez Martínez anuncia que se ha puesto en la tarea de tumbar el fallo contra el único condenado que hubo por el asesinato de su tío? Y  en ese estado de cosas, ¿no será que el tío debe de estar revolcándose en su tumba?

Mejor dicho, a tono con la columna de la señora Rueda arriba citada, ¿son los hermanitos Gómez Martínez víctimas del magnicidio… o unos sinvergüenzas?

DE REMATE: Este y otros temas con impactantes revelaciones forman parte de un libro próximo a salir, que lleva por título Objetivo: Matar a Álvaro Gómez.