Historia de dos abusadores

Tomado de El Espectador

En mi columna anterior hablé de la actitud irresponsable que se advierte en algunos medios, entre ellos la revista Semana, “cada día más uribista”. Dije que a raíz del escándalo desatado por el infarto repentino (o envenenamiento, vaya el FBI a saber) de Jorge Enrique Pizano y la revelación de las charlas que le grabó a su “amigo” Néstor Humberto Martínez, los principales medios de comunicación fueron irresponsables con el país, en razón a que “habría bastado con que dos o tres de los más importantes directores se hubieran puesto de acuerdo en pedir -o exigir- la renuncia del fiscal general, propendiendo tan solo por la buena marcha de las instituciones. Y lo habrían conseguido”.

Pero días después encontré un artículo de Semana.com que me hizo recapacitar y pensar incluso en retractarme, pues constituye un argumento más -de los numerosos que existen- para que el fiscal general presente renuncia a su cargo, como lo reclaman la sindéresis y el sentido común. O así fuera por vergüenza propia. (Ver artículo).

Allí se habla de una carta rogativa de “la Fiscalía” al Departamento de Justicia de EE. UU. (no queda claro si el remitente fue el fiscal general o un funcionario suyo), que solicita a la embajada gringa acceso para interrogar a Daniel 'el Loco' Barrera sobre el “petrovideo”, pese a que, como el propio Néstor H. Martínez reconoció ante el Senado en noche de ingrata recordación, el ente acusador no tiene competencia para investigar a un congresista.

Según Semana “varios de sus apartes configurarían una extralimitación, pues pisa los linderos de la Corte Suprema de Justicia, único órgano competente para investigar a congresistas”. Llama la atención tanto el afán del fiscal en encontrar pruebas que incriminen a Petro, como la credibilidad que le da al picapleitos Abelardo de la Espriella: no fue sino que este dijera que la plata la había aportado el narcotraficante ‘Loco’ Barrera para que NHM corriera presuroso a investigar al senador, mediante la solicitud formal que presentó a la embajada.

Y es cuando el espectador desprevenido se pregunta: ¿si el Fiscal General de la Nación no tiene atribuciones para investigar a un senador en ejercicio, y pese a la prohibición lo hace, esto no constituye causal de destitución fulminante o de sanción social o de algo? Como la misma Semana señala, la carta rogativa es más que explícita: “De acreditarse, mediante el testimonio de Barrera Barrera que en efecto se ordenó el pago de sumas de dinero a favor del senador Gustavo Petro para financiar su campaña o facilitar la implementación de un proceso de negociación, se podría establecer el monto, fechas, forma en que dichos pagos se realizaron, la identidad de otros partícipes y las verdaderas motivaciones para la toma de decisiones de carácter penal". En otras palabras, no se necesitan tres dedos de frente para entender que el “Propósito de la solicitud de asistencia” era el de investigar a Petro. Y eso tiene un nombre: abuso de atribuciones.

Ante esta nueva evidencia de un proceder contrario a la legalidad por parte del fiscal general, ¿debemos resignarnos a esperar a que lo investigue la inoperante Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara? ¿O sea que su impunidad está garantizada para que haga y siga haciendo lo que le venga en gana ad aeternum, y para que de paso los más poderosos medios de comunicación asuman como que el asunto no es con ellos?

Es que el artículo de Semana no es una simple reseña sino un hallazgo periodístico, filtrado quizá por la misma embajada, que actúa como denuncia de una (otra) actuación incorrecta de Néstor Humberto Martínez, y en tal sentido debería tener alguna consecuencia -penal o social- para quien de ese modo subvierte una norma infranqueable, la que le prohíbe a la Fiscalía investigar a “funcionarios públicos adscritos al Congreso de la República, facultados para hacer leyes”.

Una segunda situación anómala se presenta con la carta que el embajador de Colombia en EE. UU., Francisco Santos, le dirigió a Christopher J. Smith, director de la División Criminal del Departamento de Justicia, para abogar por el recluso Andrés Felipe Arias: “El gobierno de Colombia apreciaría la pronta implementación de los pasos necesarios para asegurar que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, a fin de que pueda pasar tiempo con su esposa e hijos pequeños, especialmente durante esta temporada de fiestas”. (Ver noticia).

Ambas cartas -la de NHM y la de ‘Pachito’- tienen en común que piden lo que ningún gobierno autónomo podría conceder, pero la de este último raya en lo infantil y muestra a Colombia como la república bananera que expuso Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, donde un embajadorcito (para ellos) cree que por ser la más alta representación ante un Estado extranjero puede lograr que este desconozca la separación de poderes y le ordene a un juez liberar a un convicto, además prófugo de la justicia colombiana. ¿Hasta dónde puede llegar tal grado de ingenuidad, ah?

Como dijo María Jimena Duzán en su última columna (Todo por Uribito), “la carta de Pacho Santos no solo es la vergüenza diplomática del año, sino que también revela un abuso del cargo, que debería ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría colombiana”.

Así las cosas, digámoslo sin ambages: el fiscal general de la nación y el embajador de Colombia en EE. UU. son dos funcionarios que han abusado de las atribuciones de sus respectivos cargos. Se trata de una situación denigrante para la imagen del país, salida de toda lógica, que ninguna nación que se precie de democrática debería permitir ni tolerar.

DE REMATE: Según editorial de El Tiempo del 20 de diciembre, “el Gobierno se ha ceñido a la ley para enviar de vuelta a su país a Carlos Pino”, ciudadano venezolano casado con la colombiana Gloria Flórez y residente hace 19 años en nuestro país con ella y un hijo de ambos. Como dije en trino reciente, hubo un tiempo en que El Tiempo era un periódico de ideas liberales y defendía el pluralismo ideológico. Carlos Pino fue deportado como un delincuente por sus ideas de izquierda. Destrozaron a una familia, actuaron como solo actúan los déspotas. Al mejor estilo Maduro, mejor dicho.