Cada día que pasa es más claro que Ordóñez viene librando una verdadera
cruzada por la imposición de sus creencias religiosas en la vida nacional, pero
no puede reconocerlo porque no solo sería políticamente incorrecto, sino causal
para su propia destitución, por aplicar normas de cumplimiento confesional en un
Estado laico.
La suya es por supuesto una cruzada fundamentalista, y para probarlo dan
‘fe’ algunas decisiones que ha tomado, pero basta con remitirse a la tesis con
la que se graduó, titulada Presupuestos Fundamentales del Estado Católico y a
buena hora revelada por Mauricio Albarracín para La
Silla Vacía.
No es de extrañar en su título la palabra “Fundamentales”, pues es precisamente
la manifestación del fundamentalismo religioso que ha venido aplicando con celo
y devoción, para gloria del Creador y de la Santísima Virgen, a quien en la
dedicatoria le suplica “la restauración del Orden Cristiano y el aplastamiento
del comunismo ateo, para que brille por doquier la Fe Católica, pues sin ella
no hay esperanza para las sociedades y para los hombres”.
Entre las decisiones que ha tomado, un espectador desprevenido podría
pensar que con Piedad Córdoba obró en justicia, por sus aparentes relaciones de
cercanía y/o cooperación con las Farc (aunque según el abogado Ramiro Bejarano
con base en pruebas obtenidas ilegalmente). Pero hay un caso donde actuó movido
por la urgencia de infligir castigo y penitencia sobre un pecador: nos
referimos a Alonso Salazar, a quien destituyó e inhabilitó por 12 años por intervenir
en política, cuando este denunció supuestos vínculos criminales de su rival a
la alcaldía de Medellín, Luis Pérez.
Lo llamativo es que no le pareció participación en política el
homenaje que en mayo de este año le rindió en esa misma ciudad el conservatismo
antioqueño en pleno, donde quizás el único asistente no conservador fue el ex
arquero René Higuita (del partido de Pablo Escobar, según Blu Radio), y donde entre
los oferentes figuraba el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien durante su
intervención dijo que “Ordóñez tiene los valores para ser Presidente”, y de
quien en solidaria retribución la Procuraduría solicitó que fuera dejado en
libertad “inmediatamente”, luego de la detención que la Corte Suprema ordenó en
su contra por sus vínculos con grupos paramilitares.
El verdadero motivo –de índole estrictamente religiosa- por el cual Alonso
Salazar fue objeto de tan severa sanción, es porque mientras fue alcalde de
Medellín trató de poner a funcionar la Clínica de la Mujer, como había
prometido en su campaña electoral, y donde se realizarían abortos para los tres
casos permitidos por la Corte Constitucional: violencia sexual o incesto,
riesgo para la vida o la salud de la madre, o inviabilidad del feto. Y Ordóñez
puede perdonar todo –por ejemplo, la orgía de saqueos que disfrutaron sus copartidarios
con la DNE- pero no que aquello que para la soberana majestad de un Estado Católico
constituiría un delito, como es el aborto en cualquier modalidad, pudiera
quedarse sin castigo divino.
Por eso no se cae en error al hablar de un procurador que ejerce en la
práctica una tarea fundamentalista cristiana (“la cosmovisión católica del Estado”, según el propio Ordóñez), mientras
en la teoría, o sea de labios para afuera, asegure que lo que hace es defender
la Constitución.
Una circunstancia idéntica a la de Salazar opera con Gustavo Petro,
otra personificación del mal a los ojos de alguien que percibe la tolerancia y
permisividad del Distrito Capital con la comunidad gay (para citar un solo
ejemplo de dicha “cosmovisión atea y comunista”) como la instauración de una
especie de Sodoma y Gomorra a los pies del santuario del Señor de Monserrate, y
por tanto debe ser sometida al “aplastamiento”, pues en caso contrario estaría
faltando al deber de ejercer la autoridad en los términos que corresponden,
siendo que “la autoridad viene de Dios y el poder terrenal está limitado por el
plan divino”, como lo determina con celestial sapiencia la tesis de marras.
Así las cosas, a no ser que en respuesta a la demanda de Petro la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le imponga una medida
cautelar al Estado colombiano, al eminentísimo señor Procurador General de la
Nación no le quedará salida diferente a la de retirar de su cargo al Alcalde
Mayor de Bogotá y sancionarlo por un periodo de tiempo sujeto a lo que el
Espíritu Santo tenga a bien iluminarle, pues en caso contrario se estaría
traicionando a sí mismo y a la causa que representa, como humilde cruzado de
Cristo Redentor.
@Jorgomezpinilla
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