Una eventual
elección de Álvaro Uribe Vélez como senador –que se da por descontada- trae un
elemento central de intriga: ¿en qué situación de inmunidad o de vulnerabilidad
quedaría ante la justicia en caso de que decidiera descender de la majestad de
expresidente de la República a la condición ya más terrenal de congresista?
Como se
sabe, la Constitución establece que Uribe responde solamente ante la Comisión
de Acusaciones de la Cámara por los delitos que hubiera podido cometer no sólo
como presidente, sino de ahí para atrás. En otras palabras, está blindado por
el fuero presidencial, que lo protege de ser juzgado tanto por las chuzadas del
DAS o los falsos positivos (a cuyos presuntos autores él considera perseguidos
por la Fiscalía y “héroes de la patria”), como de acusaciones por delitos
cometidos en años anteriores, entre estas la de haber integrado un grupo
paramilitar en la hacienda Guacharacas, siendo gobernador de Antioquia.
Es cierto que
en caso de ser elegido senador Uribe no perdería esa inmunidad, pero también lo
es que a partir del 20 de julio de 2014 quedaría como aforado de la Corte
Suprema de Justicia en lo penal, y del Consejo de Estado en lo disciplinario,
así como de los organismos de control, en particular la Procuraduría y la Contraloría
General de la República. Estos serían entonces sus nuevos jueces naturales, si
como senador cometiera alguna conducta en contra de la ley.
Ahora bien,
un elemento de incertidumbre aparece al considerar que unas son las leyes hoy,
y otra la interpretación que se les pueda dar mañana. Es conocido por ejemplo
el caso de los senadores y representantes que durante el primer gobierno de Uribe
eran llamados a juicio por parapolítica y de inmediato renunciaban a su curul
(y por ende al fuero) para evitar ser juzgados por la Corte Suprema, hasta que
esta comenzó a notar que los que se acogían a la justicia ordinaria se daban
sus mañas para torcerle el cuello al castigo, y decidió cambiar de
jurisprudencia, y el resultado fue que muchos parapolíticos no lograron
‘coronar’ la impunidad que estaban buscando.
Esto significa
que en sus relaciones con la justicia a Uribe le convendría más conservar ‘prístino’
su fuero presidencial, que quedar expuesto como senador a nuevos jueces. Se
trata muy seguramente de un escenario que el propio Uribe y/o sus asesores ya han
contemplado, y ese sería el motivo por el cual viene tomando fuerza el rumor
según el Álvaro Uribe sí iría como cabeza de su propia lista al Senado, pero que
después de hacerse elegir y haber conformado mediante ‘arrastre’ su propia
bancada, no se posesionaría.
En las filas
del Centro Democrático los cálculos más optimistas hablan de que pondrían entre
20 y 25 senadores, pero un cálculo más real los ubica entre 8 y 10. En
cualquier caso, se trata de un importante capital político que podría
conquistarse relativamente fácil, con solo ponerle como rótulo a la fachada de
esa empresa electoral el nombre de Álvaro Uribe.
Esto es algo
que sus electores no saben ni intuyen, pues nadie votaría por un candidato del
que ya se sabe no se posesionará, a no ser que forme parte de la lista de
cómplices de la artimaña. Y es que, no nos llamemos a engaños: que Uribe esté
pensando en prestar su nombre y luego retirarse, con el único propósito de
conformar su equipo de choque en el Congreso, eso no puede recibir otro nombre
que el de artimaña. Algo que por supuesto no sería motivo de estupor general,
pues se ajusta al modus operandi que imperó durante su administración, el del ‘todo
vale’.
Es posible
que yo esté equivocado en mi apreciación, pero habría un modo de salir de toda
duda: consistiría en encontrar un político rival (o incluso un adepto suyo
convencido de que esto es una falacia) que reclame de Álvaro Uribe una
declaración pública mediante la cual se comprometa a que, en caso de ser
elegido senador, se posesionará y permanecerá en el Congreso hasta el final de
la legislatura.
¿Alguien se
le apunta?
@Jorgomezpinilla
No hay comentarios:
Publicar un comentario