Alguna vez en medio de una
animada charla con el más repentista conversador de toda la comarca, Luis
Eduardo ‘Lucho’ Garzón, le sugerí que tratara de verter esa chispa en una
columna semanal, por ejemplo para El Unicornio, y salió con una respuesta que me puso a dudar hasta
de la utilidad del periodismo: “eso de escribir columnas es como pedalear en
una bicicleta estática. Usted no se mueve de ahí, no pasa nada, todo sigue
igual afuera, nadie se da por aludido”.
Concluido el párrafo
anterior, confieso que la cita refleja el desasosiego producto del encierro, que
me tiene bastante desmotivado para escribir. Hasta ayer domingo (escribo el
lunes en la mañana) el tema iba a ser la voraz corrupción que se desató en
torno a los contratos de la cuarentena. Pero las noticias más recientes
le dan la triste razón a mi buen amigo Lucho el exalcalde, en cuanto a que
advertir sobre lo que pasa es como pedalear en bicicleta estática, como llover
sobre mojado: no hay denuncia que valga, los corruptos seguirán haciendo de la
suyas con la íntima convicción de que en "el país más corrupto del mundo" no les va a pasar nada.
Apenas iniciado el tercer
párrafo de lo que aún no sé si tendrá pies o cabeza, descubro horrorizado esta
noticia: el fiscal Francisco Barbosa ordena abrir “indagación preliminar” contra
la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por “presunta violación de medida
sanitaria (artículo 368 del Código Penal)”. (Ver noticia). ¿Puede haber decisión más política que esta, en
medio del choque de trenes que se viene dando entre la alcaldesa y el
subpresidente Duque?
Pero esto no es casual,
forma parte del mismo aparato de persecución que desde la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) le abrió “indagación preliminar” a Daniel Samper
Ospina por publicar dentro de un meme una foto de la familia de Iván Duque. Nombre
del oprobioso delito: “Explotación económica de niños para fines publicitarios
y de marketing”. (Ver noticia). Ejemplarizante actuación la del superintende
Andrés Barreto, así como la del fiscal Barbosa, pues se trataba de impedir que
la alcaldesa y el youtuber siguieran actuando -quién sabe si
coordinados- de manera tan antisocial y criminal.
En este contexto, es de
caballeros reconocer que son tantos y tan agobiantes los casos de corrupción
que hoy inundan la geografía nacional en casi todas las dependencias oficiales
(¿habrá alguna que se salve…?), que el ente acusador se ha visto impedido para
reaccionar de un modo tan presto y diligente como sí se le vio frente al
proceder delictivo de la más seria rival política que hoy tiene el amigazo y
compañero de estudios de Barbosa.
Sea como fuere, ante la
ausencia de tema para mi columna de hoy -que francamente no sé cómo se ha ido
resolviendo- no sobrará dejar por aquí a modo de recorderis algunos de los
casos donde la Fiscalía General no ha tenido tiempo de actuar… o si ha actuado
ha sido para conceder jugosas rebajas de penas a ciertos corruptos condenados:
Por segunda vez el director
de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, es vinculado a un faltante de
más de 5.000 millones de pesos por la construcción de un conjunto de casas
fiscales en San Luis (Tolima), llamado “Ciudadela Policial (CENOP)”. (Ver noticia). La primera vez lo había denunciado el general
William Salamanca, Inspector General de la Policía, y lo que obtuvo con la
denuncia fue su destitución. La segunda fue mediante oficio de la Contraloría,
donde se le notifica del hallazgo. Pero se le ve más tranquilo que una lechuga
y nadie le pide la renuncia…
Fernando Marín Valencia, empresario
y exembajador (uribista) de Colombia en Venezuela, acaba de ser condenado por
ayudar a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y al empresario Emilio Tapia a
robar miles de millones de pesos. ¿A cuántos años creen que ascendió la pena?
Más bien descendió: seis años de cárcel gracias al jugoso “preacuerdo” que
negoció con la Fiscalía. (Ver noticia).
Pero el verdadero negocio
de su vida lo hizo Germán Trujillo Manrique, conocido como el zar de la comida
escolar y quien compró apartamento con plata de comida para niños. Pese a que
fue el gran protagonista de un saqueo por más de 35.000 millones de pesos a los
contratos del PAE en Santander y a que estuvo fugitivo por varios meses, obtuvo
una irrisoria condena de 36 meses de cárcel. ¿Gracias a qué?: al jugoso
“preacuerdo” que negoció con la Fiscalía. (Ver noticia).
Sin salirnos de Santander,
la exsecretaria de Infraestructura durante la gobernación de Richard Aguilar,
Claudia Toledo Bermúdez, había confesado que recibió 150 millones de pesos como
coima del contrato para la remodelación del estado Alfonso López de
Bucaramanga, pero luego se vino a saber que el acto de contrición era fingido,
pues pretendía ocultar que la coima no había sido por 150 sino por 1.500
millones. (Ver noticia).
De otro lado, en días
pasados se supo que directivos de Finagro concedieron más de $226 mil millones
en créditos que iban para productores del campo, pero terminaron en manos de
grandes empresas. Cualquier parecido con el Agro Ingreso Seguro de Andrés
Felipe Arias no es simple coincidencia, tienen el mismo origen: un gobierno
uribista dedicado a regalarles plata a manos llenas a sus amigos los
empresarios. (Ver noticia).
Hiede a corrupción a
diestra y siniestra, pero desde esta humilde tribuna de opinión solo estamos
autorizados para confiar en que luego de haber aplicado el merecido castigo que
le corresponde a la alcaldesa de Bogotá por andar de comprar no autorizadas con
su señora, el fiscal Francisco Barbosa logre por fin sacar tiempo y se ocupe de
algunos de los casos de corrupción más sonados que agobian a esta Colombia
enferma de tanto uribismo nefasto galopante.
DE REMATE: Aquí entre nos, ¿a qué obedece que los entes de
investigación luzcan tan ágiles ágiles en castigar la corrupción del gobernador
del Chocó o el alcalde de Calarcá, pero a la gobernadora del Atlántico Elsa
Noguera con sus latas de atún a $19.000 ni la tocan?
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