Uribe ante el derrumbe de su estantería

El anuncio que hizo Álvaro Uribe de declarar como testigo en el proceso que se le sigue a Bernardo Moreno tiene un especial valor histórico y coyuntural, pues podría encarnar el punto de quiebre en la enconada lucha que libra el expresidente para evitar que se le derrumbe la estantería del ‘todo vale’ que con tanto empeño –y sigilo- construyó en sus ocho años de gobierno.

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Es cierto que también ha intervenido con fiereza a favor de Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt o Luis Carlos Restrepo –como en su momento lo hizo por Jorge Noguera, hoy condenado por homicidio y concierto para delinquir- pero lo llamativo en el caso de su exsecretario privado es que por primera vez Uribe quiere testificar bajo juramento.

Y no lo hará para defenderlo por lo de las ‘chuzadas’ del DAS, que es lo que lo tiene pagando prisión, sino por un caso en apariencia menor: una acusación de tráfico de influencias según la cual Moreno le habría pedido la renuncia al entonces director de la ESAP, por no haber nombrado a gente cercana al parlamentario Tony Jozame, para pagarle así su voto a favor de la relección. Lo cierto es que el expresidente asumió la responsabilidad, al afirmar en carta a la Fiscalía que “determiné, de manera personal y motivado por las necesidades de mi programa de gobierno, el cambio en la ESAP”.

El problema para Uribe es que todo apunta a que las pruebas en este caso son contundentes (más que en lo de las ‘chuzadas’), y ello podría significar que Moreno estuviera cerca de dar el paso extremo de colaborar con la justicia, para que no se cierre aun más sobre su pescuezo la soga. De donde se concluye que los extremos se juntan, pues es la posibilidad de que Moreno claudique en su silencio cómplice lo que estaría llevando a Uribe al extremo de involucrarse tan de lleno en este proceso.

El asunto adquiere ya características de modus operandi, si recordamos que para evitar que María del Pilar Hurtado fuera a prisión, el propio Uribe viajó hasta Panamá a gestionarle el asilo, mediante intermediación directa ante su amigo el presidente Ricardo Martinelli. En este contexto es ilustrativa la visita que antes de huir (en noviembre de 2010) le hizo Hurtado a su ex‘chuzado’ Daniel Coronell, ya que mostraría un estado emocional en trance de desmoronarse, y donde dijo cosas como que “al DAS le correspondía proteger la figura presidencial”.

Asumiendo de contera la hipótesis de que hubiera sido Uribe quien impartió las órdenes para el espionaje a magistrados, opositores y demás, por simple lógica se infiere que los poseedores de la prueba reina de esta “empresa criminal” serían precisamente María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. Es aquí donde el perfil sicológico de los acusados pudiera terminar por jugarle la peor de las partidas a Uribe, ante la eventualidad de que la Cancillería de Panamá le revocara el asilo a la primera, mientras el segundo fuera encontrado culpable –además- de tráfico de influencias.

Como quedó planteado en columna anterior (La perversión casi obligada del poder) es factible que personajes como Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado o Sabas Pretelt hubieran actuado apegados a la norma en otras circunstancias. Sólo que, ya subidos sobre la cresta de una ola caudillista en la que bastaba una insinuación para que se entendiera como una orden, quizá fueron impelidos a actuar desde la ilegalidad.

Ésta es una tarea que deberán dilucidar los jueces, pero es un hecho indiscutible que con el paso de los días crece la audiencia de los que le pierden el miedo a ‘cantar’ (verbi gratia Juan Camilo Salazar y Camila Reyes contra Andrés Felipe Arias), y que en caso de que personajes como Bernardo Moreno o María del Pilar Hurtado se vieran también forzados a colaborar con la justicia, significaría tanto la cerradura del círculo para Álvaro Uribe Vélez, como el punto de quiebre para el derrumbe de su estantería.