Con motivo de la captura del coronel Hugo Aguilar el miércoles 11 de
diciembre en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, la Corte Suprema de
Justicia en su cuenta de Twitter informó que esta obedeció a que el reo habría
incumplido los acuerdos que se registraron después de que se decretó su
libertad condicional. (Ver trino).
Hablando de acuerdos incumplidos, su detención permite traer a
colación cómo la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma
Regional de Santander (CAS) se ha convertido en todo un manual de componendas,
alianzas non sanctas y jugadas por debajo de la mesa, al parecer con el
propósito de imponer un candidato a la conveniencia del coronel Aguilar, cuyo
hijo mayor acaba de ser elegido gobernador de ese departamento.
En la mesa está un botín que supera los 25 mil millones de pesos
anuales en inversión y un fortín burocrático para cumplir compromisos de
campaña, poder que maneja la CAS desde San Gil para la protección y
preservación ambiental en 74 municipios de Santander.
El coronel Aguilar, exgobernador de Santander y condenado por
parapolítica, mantuvo el poder en la CAS durante el tiempo que gobernó su hijo menor
Richard Aguilar, a través de la directora Flor María Rangel Guerrero, quien fue
detenida en diciembre de 2016 y renunció formalmente a su cargo en noviembre de
2017, inmersa en un escándalo por un presunto peculado por apropiación y
contratación sin el lleno de requisitos legales, por más de 3.400 millones de
pesos, por un contrato de reforestación en Sabana de Torres. (Ver
Noticia).
Flor María Rangel ocupaba la dirección de la CAS desde junio de 2012,
cuando fue nombrada para remplazar a Héctor Murillo, otra ficha del mismo
coronel Aguilar, quien ostentó ese cargo entre 2007 y 2012 y quien también fue
detenido y está siendo investigado por el mismo proceso que su sucesora Rangel
Guerrero. (Ver recuadro).
Para elegir al nuevo director de la CAS se requieren siete de los doce
votos habilitados para la elección; actualmente el coronel Aguilar con Flor
María Rangel tiene asegurados los votos de los dos delegados de los gremios,
Santos Medina y Arelis Neyra; y de María del Carmen Velásquez, una de los dos
delegados de las ONG en el consejo directivo.
El coronel Hugo Aguilar estableció una alianza con el senador Jaime
Durán para lograr que el alcalde de Los Santos, Jaime Arenas, sumara su voto a
la coalición que pretende llevar a la dirección a Luis Francisco Oliveros.
Los 74 alcaldes cuentan con cuatro asientos en el consejo directivo,
que se eligen entre ellos cada año en la asamblea corporativa, para períodos
anuales.
La representación del Gobierno Nacional habría llegado mediante una
alianza con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar
Villamizar, hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado por corrupción y
compra de notarías.
Villamizar controla el voto del delegado del presidente Iván Duque,
William Mantilla, quien a su vez es geólogo de profesión y asiste a eventos de
minería acompañando a Danny Villamizar, hermano menor del Representante.
La consigna es dilatar
Hasta el momento la coalición del coronel Aguilar parece contar con
cinco de los siete votos que necesita, por lo que han realizado maniobras para conseguir
en lo que resta de este año los dos votos pendientes, o dilatar la elección
hasta el próximo año, cuando se presenta el cambio de gobierno y con ello se sumaría
el voto del nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, hijo mayor del coronel; y el de
los otros alcaldes que inicien sus mandatos.
Entre las ‘jugadas’ que ha hecho la coalición figura la de tratar de
cambiar el delegado de los indígenas, para sumar este voto.
Este cambio lo lograron a medias con una acción de tutela interpuesta
por el abogado Gerardo Rugeles Plata actuando como agente oficioso, en la que
hicieron creer a un juez en Barichara que las comunidades indígenas habían
hecho una nueva elección de delegado. Esto obligó a la CAS a reconocerlo y
darle asiento en el consejo directivo.
Rugeles Plata actualmente es contratista del Idesan y muy cercano al
senador Jaime Durán. La participación del abogado fue más allá, tratando de
manipular el voto de la delegada del Ministerio de Ambiente, según se conoció en
un audio que fue filtrado a las redes sociales.
La medida cautelar fue desmentida por la propia comunidad, por lo que
el delegado de la comunidad indígena -elegido por un período de cuatro años y
acreditado ante el Ministerio del Interior- se mantuvo. Esto terminó
descabezando al secretario general de la CAS, Jairo Jaimes Yáñez, quien fuera Secretario
General de la gobernación de Santander en el período de Richard Aguilar, el
otro hijo del coronel.
La coalición armada por el coronel Aguilar se ha levantado de las dos
últimas asambleas de la CAS para impedir que haya quorum decisorio, otra medida
que busca dilatar la elección hasta el próximo año o ganar tiempo para
conquistar los votos pendientes.
El papel del delegado del presidente Iván Duque, William Mantilla, es
el más cuestionado hasta el momento, pues para los demás miembros del consejo
directivo no tiene presentación que llegue a las sesiones y se levante de la
mesa al momento del llamado a lista, actuando de manera incoherente frente al
proceder del otro delegado del Gobierno Nacional, quien representa los
intereses del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Al ser el delegado del presidente, queda en el consejo directivo la
duda de si este actuar es una instrucción del mismo Duque, o si su delegatura
le permite un margen de maniobra con tanto alcance como para prestarse a la
dilación del proceso que por ley se debe cumplir este año.
El otro candidato
Fuentes consultadas por esta redacción relataron que el nombre de Luis
Francisco Oliveros no era el primero en la lista de opcionados para ser el
candidato del coronel Aguilar, pero resultó ser el que le daba garantías a
Jaime Durán y a Óscar Villamizar para sumarse en la coalición.
Sin embargo, el respaldo a Oliveros se mantendría, siempre y cuando la
elección suceda en lo que resta del presente año.
Si la elección del director de la CAS se hace el año entrante, el clan
Aguilar lograría sin ayuda de Durán y Villamizar los siete votos que necesita y
el ungido sería Farley Parra Rodríguez, expersonero de San Gil, funcionario del
Gobierno del coronel Aguilar y pareja sentimental de la exdirectora Flor María
Rangel.
Farley es hermano de Jáider Parra Rodríguez, capturado como miembro de
la banda ‘Los Castores’, que se dedicaban a la tala y comercialización ilegal
de madera en Vélez, Landázuri, Cimitarra y Santa Helena del Opón, todos
municipios en jurisdicción de la CAS. (Ver
noticia de la Fiscalía).
Los enredos de Flor María Rangel
Luego de los efectos de la ola invernal de 2011 y 2012, el Gobierno
Nacional giró recursos a la CAS a través de convenios para que adelantara la
construcción de obras de mitigación de riesgos, entre ellos un Jarillón en el
margen del río Lebrija, en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres.
El contrato tuvo un valor superior a los 12 mil millones de pesos y se
firmó con la empresa General de Ingeniería de Santander (GEINGSA S.A.S.), de la
que figuraba como representante legal Ariel Pérez Carvajal.
La obra tenía como objeto la construcción de un jarillón de 9
kilómetros de extensión, con una base de 12 metros, una corona de 6 metros y un
volumen de 260 mil metros cúbicos.
Sin embargo, la obra cambió el diseño técnico, solo construyó 3,8
kilómetros con un volumen de 146.863 metros cúbicos, alcanzando pagos parciales
por 5.734 millones de pesos.
Para la Contraloría General de la República, no hubo justificación
para el cambio de los diseños; además, demostró que la CAS no cumplió con
informar al ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de los cambios que
propuso y aplicó el contratista Pérez Carvajal y su empresa GEINGSA S.A.S.,
razón por la cual dicho ministerio solicitó a la CAS el reintegro de los
recursos girados hasta ese momento, que superaban los 5.700 millones de pesos.
(Ver
noticia).
Por esta razón avanza el proceso por el daño fiscal por más de 5.700
millones de pesos en la Gerencia Santander de la Contraloría General de la
República, contra los dos exdirectores de la CAS Héctor Murillo y Flor María
Rangel; el contratista GEIGSA S.A.S., Ariel Pérez Carvajal; el interventor del
contrato, Yergo Construcciones e Interventorías S.A.S.; y el supervisor por
parte de la CAS y su secretario de Planeación, Luis Francisco Oliveros Patiño,
candidato a la dirección de la CAS por parte de la coalición Aguilar. (Ver Informe
Final de Auditoría Financiera).
En cuanto al representante legal de la firma contratista,
Ariel Pérez Carvajal, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en enero de
2016, donde se le adelanta un juicio en una corte del distrito sur de Florida,
por el delito de narcóticos, requerido desde julio de 2015. (Ver
Resolución ejecutiva
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