La más sagrada misión del periodismo es la búsqueda de
la verdad y, frente al páramo de Santurbán, la más grande verdad nos dice que
ahí hay por lo menos 9 millones de onzas de oro. Y hay una empresa minera árabe
dispuesta a mover cielo y tierra para que le dejen extraer el mineral, pero un
obstáculo de marca mayor se le atraviesa: la señalada afectación al agua de más
de tres millones de santandereanos, que podría provenir del uso industrial de
aguas subterráneas. A no ser que Minesa logre demostrar que eso no pasará, y
que puede garantizar la calidad del preciado líquido.
Está pendiente la re-delimitación del área que quedará
comprendida como páramo, o sea como santuario inviolable, y en el interregno de
su definición se mueven diversas fuerzas.
Aunque la norma establece que no es posible hacer minería en paramos, el
debate se mueve muy político, unos a favor y otros en contra de la explotación
del oro, así como también vigorosos poderosos económicos, todos a favor.
La mayor fuerza política a favor
de explotar el oro está representada en el Centro Democrático, partido de
bolsillo de Álvaro Uribe, en cuyos dos primeros periodos de gobierno se otorgó
la bobadita de 7.869 títulos mineros, muchos de ellos en páramos. (Ver noticia).
Igual hay voces contra el “ambientalismo
fundamentalista”, como la del abogado y jurista Ramiro Bejarano, quien,
consultado por este columnista, afirmó de modo tajante: “yo no creo que en
Santurbán vaya a pasar una tragedia, porque un uso regulado del agua sí se
puede hacer. Y hay técnicas para lograrlo. Obviamente, estamos hablando de la
minería legal. El problema con los ambientalistas es que quieren demostrar que
la minería ilegal es igual a la legal”.
En este punto, los defensores del proyecto consideran
que Minesa cumple con la ley en lo de no hacer minería dentro de un páramo,
puesto que la zona que pretenden explotar es “cerca de Santurbán”, y en tal
sentido afirman que “se bajaron 1.500 metros por debajo de lo que podría ser la
línea de páramo”.
También hay un video de una
reunión donde al presidente de la empresa árabe se le escucha decir que “si
tengo el mundo incendiado pero en Bogotá estamos bien, estamos bien”. Como dijo
La Silla Santandereana sobre ese
video, “es normal que se pongan sobre la mesa esa clase de planteamientos,
(pero) que hayan quedado al descubierto afectó el discurso que había tratado de
vender la minera”. (Ver
video). Ahora bien, esto a
su vez significa que por mucha marcha en defensa del agua -como la de este
viernes 10 en Bucaramanga-, los de Minesa la tienen clara: “Si los tomadores de
decisión se sienten tranquilos, a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria
(…), nos funciona”. (Ver
video).
O sea, los tomadores de
decisiones en el gobierno central se sienten tranquilos con esa empresa en
particular y con la megaminería en general, pues en la presidencia de Colombia
el señor Uribe sentó a alguien al que durante la campaña le pusieron a decir -después
de teñirle el pelo- que se oponía al fracking, porque eso daba votos: “en
Colombia no se hará”, dijo en Bucaramanga (Ver video). Pero ya elegido le tocó aceptar que el fracking
va, pues “una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”.
Algo similar se avecina con la explotación del oro en
Santurbán, en cuanto a que “poderoso caballero es don dinero”, y a que tienen
de su lado al gobierno de… Uribe. Es de esperar que la empresa esté haciendo un
trámite legítimo y ajustado a la ley para obtener su permiso, pero no es para
hacerse ilusiones: en Colombia un pesimista es un optimista bien informado.

Sea como fuere, teniendo en cuenta que con el gobierno
actual (tercer periodo de Uribe) es más factible que triunfen los intereses de
la megaminería que las fuerzas “fundamentalistas” a favor del medio ambiente, habría
que preguntarse si la lucha no debería enfocarse -adicionalmente- a dos temas
prioritarios: garantizar que de ningún modo el agua del páramo se vería
afectada con la explotación minera, y revisar el tema de las regalías.
¿Sabe usted cuál es el porcentaje
de regalías por concepto de explotación minera que les queda a los gobiernos de
Chile y Bolivia?: 30 y 35 por ciento, respectivamente. ¿Y sabe cuál es el que
le queda a Colombia?: 3,2 por ciento…
DE REMATE: La mejor prueba de que por los lados de Minesa
están tranquilos, es que después del video arriba citado solo sacaron un
comunicado. Así han operado siempre, nunca dicen nada. Si tuvieran algún temor,
habrían salido a dar explicaciones. En eso me baso para pensar que la licencia
de explotación del oro “va porque va”. ¿O será que esa confianza está sustentada
en el rigor técnico…? Y por último, la pregunta del millón: ¿qué pasará con la
región de Soto Norte y con el oro allí depositado si Minesa se va? ¿Se quedará
enterrado ahí, por los siglos de los siglos?
De otro lado, escuchen lo
que le dijo a Vanguardia el director
de Fendipetróleo, Farid Jones: “De ser sancionado por el presidente el Plan de
Desarrollo (PND), se le estaría dando luz verde a las compañías que han
solicitado licencias ante la autoridad ambiental para que inicien sus labores”.
Se refiere a licencias de fracking, pero traza el camino a seguir para las
demás. Ya sabemos, pues, lo que nos corre pierna arriba. (Ver noticia).
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